El Gobierno ha recomendado prohibir los trayectos que se realizan en avión y que tengan una alternativa para viajar en tren inferior a las 2,5 horas de duración, con el objetivo de disminuir el impacto medioambiental del transporte aéreo. Así figura en el informe presentado este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que hace un diagnóstico de la situación social y económica de España y detalla las propuestas para alcanzar una estrategia nacional con la vista puesta en 2050. Esta medida se alinea con una ley aprobada recientemente en Francia que marca el camino legislativo necesario para prohibir en ese país los vuelos de corto recorrido que tengan alternativa en tren, el medio de transporte más sostenible. «Se recomienda prohibir los vuelos en aquellos trayectos que puedan realizarse en tren en menos de 2,5 horas», señala el plan en uno de sus objetivos medioambientales orientado a reducir a 2 millones de toneladas las emisiones del sector del transporte español para ese año.
Francia y Alemania han sido los últimos países en anunciar importantes medidas para limitar los viajes en avión y potenciar al ferrocarril como el medio estrella de los viajes domésticos. Los planes de ambas potencias europeas persiguen el mismo objetivo: conseguir un drástico recorte en las emisiones de CO2. Una meta que tiene como fecha marcada en el calendario a 2030, año en el que los socios comunitarios se han comprometido a presentar los primeros logros en materia de sostenibilidad.
Representantes de Adif, el gestor público de la infraestructura ferroviaria, ya han trasladado en varias ocasiones que la eliminación de los vuelos de corto recorrido ocurrirá «más temprano que tarde», algo que aseguran que no impactaría en las aerolíneas, cuyo modelo de negocio se basa sobre todo en el tráfico internacional. El Ejecutivo también propone la introducción de una tasa de viajero frecuente o el establecimiento de impuestos sobre los billetes de avión según la cercanía del destino, lo que ayudaría a limitar sus externalidades negativas y a aproximar su tratamiento fiscal al de otros medios de transporte.
Para conseguir ese objetivo, el Gobierno también plantea ajustar la fiscalidad del transporte por carretera al uso real del vehículo, es decir, pasando de los actuales figuras fiscales sobre sobre la compra, circulación y combustibles, a un impuesto sobre el uso medido real del vehículo que tenga en cuenta sus características, como el peso, potencia, emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero. Asimismo, plantea llevar a cabo una mejora de las red ferroviaria tanto para el transporte de personas como de mercancías, una actividad esta última que todavía se realiza en su mayoría por carretera, con las elevadas emisiones que esto supone.
El Gobierno justifica que el mayor uso de las carreteras para el transporte, sector que más emisiones genera, responde a la construcción a gran escala de autovías, en detrimento de las líneas de ferrocarril, la dependencia del vehículo privado en la movilidad interurbana, el aumento del tamaño y la potencia media de los automóviles durante los últimos años, la baja presión fiscal sobre el transporte y la distribución desigual de la población en el territorio. «En lo que respecta a mercancías, es necesario ampliar la electrificación de la red ferroviaria, utilizar trenes híbridos con hidrógeno renovable para los tramos no electrificados, aumentar la eficiencia de las terminales intermodales, e incorporar vía férrea en aquellos puertos y aeropuertos que carecen de ella», describe el texto. En cuanto al transporte de personas, plantea ampliar las redes de cercanías existentes, modernizar las líneas que no son de alta velocidad, relanzar los servicios de tren nocturno, actualizar y finalizar las conexiones transfronterizas y fomentar la demanda aplicando un sistema tarifario justo que contemple el menor impacto en el medio ambiente y en salud del ferrocarril frente a otros medios de transporte.
Otra de las medidas incluidas en el informe ‘España 2050’ en el ámbito de la carretera es seguir implementando zonas de emisiones bajas y ultrabajas, como las que ha hay en Barcelona o Madrid, peajes urbanos, como los establecidos en Estocolmo, Londres, Milán, o supermanzanas, como en Barcelona también, con el objetivo de reducir la contaminación del aire y la contaminación acústica hasta los niveles recomendados por la OMS, así como la siniestralidad vial.
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