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Huelga en el metro de Barcelona en la Mercè

El comité de empresa del metro de Barcelona ha convocado paros parciales para los próximos 21, 22, 23 y 24 de septiembre, con lo que coincidirá con la celebración de las fiestas de la Mercè. Fuentes del Departament de Treball de la Generalitat confirman que el comité ha registrado este lunes en la ‘conselleria’ la convocatoria de los paros, que serán de dos horas por turno. Los sindicatos protestan con esta acción por el supuesto incumplimiento por parte de la dirección del metro del convenio y de los últimos acuerdos alcanzados con la representación de los trabajadores.

El comité del metro y la dirección de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) rubricaron hace poco más de un año, en julio de 2017, un acuerdo sobre el contenido del convenio colectivo para el periodo 2016-2019. El texto aseguraba “la estabilidad laboral y organizativa” para los próximos años, así como “unas condiciones laborales de calidad para la plantilla, con una mejora de las condiciones económicas y sociales”, según asegura TMB. El convenio, que afecta a 3.500 trabajadores, preveía la recuperación de 46 puestos de trabajo y que 372 contratos parciales pasaran a jornada completa, además de un incremento salarial del 4,5% consolidable en tablas hasta 2019 y tres pagos únicos no consolidables.

El pasado viernes, 7 de septiembre, un grupo de trabajadores del transporte metropolitano se manifestó en la estación de Foc, durante la inauguración de la ampliación de las dos estaciones (Foc y Foneria), en el barrio de La Marina, de la L-10, por los paros por la “mala gestión” de los dirigentes del transporte metropolitano. ‘Los directivos de metro engañan a los trabajadadores. Son los culpables de la huelga’, se leía en una de las pancartas. La convocatoria de paro ya ha tenido las primeras reacciones políticas. El líder del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha exigido al Gobierno de Ada Colau “soluciones inmediatas para no perjudicar más a los ciudadanos”. El dirigente socialista ha avanzado en varios apuntes en Twitter que pedirán la comparecencia del ejecutivo municipal para explicar “cómo puede ser que un año después se reabra el conflicto del metro y vuelvan las huelgas“, después de que se acordara el convenio colectivo el verano pasado.

“Este Gobierno, en lugar de solucionar problemas, crea nuevos y cierra los conflictos en falso. Los barceloneses no podemos pagar la incompetencia de un Gobierno en forma de huelgas”, ha aseverado Collboni, que ha exigido negociación y soluciones.

El 23 de julio del 2017 la plantilla del metro ponía fin a tres meses de huelga, todos los lunes, al votar los trabajadores ‘sí’ a la propuesta del convenio que ya había aceptado la empresa. El acuerdo significaba unas mejoras por valor de 23 millones de euros. Estas se concretaban en revertir la externalización de los trabajos de mantenimiento con la recuperación de 46 empleados; incrementar los salarios (un 1% anual y un 4,5% en complementos que no se consolidan pasada la vigencia del convenio); y reducir notablemente los contratos parciales y temporales. Un total de 372 contratos parciales pasarían a jornada completa y 190 trabajadores de verano, a fijos en el 2022. Con estos incrementos, se solucionaría la falta total de personal para atender a los usuarios en algunas estaciones del metro.

El resultado de las votaciones del pasado año no fue contundente. Se registró un ajustado 57% de votos favorables y solo votaron 838 empleados de una plantilla de 3.500 (un tercio estaba de vacaciones). El presidente del comité de empresa, Pere Ramon (CGT), declaró que la propuesta de convenio, elaborada con la mediación de la Generalitat, recogía “casi todos los puntos” de la plataforma que habían acordado los trabajadores. También aseguró que la negociación mostró que la dirección de TMB “no es de fiar” y aseguró que velarían por el cumplimiento de lo acordado. Ahora, dicen, ante el incumplimiento de la empresa, los trabajadores han decidido volver a los paros, y hacerlo a lo grande: con las fiestas de la patrona de la ciudad como telón de fondo.

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Paros en el metro de Granada

Un total de 96 trabajadores, 47 de ellos conductores, del metro de Granada están llamados desde este lunes a secundar los paros parciales convocados por el comité de empresa para reivindicar mejoras laborales en el marco de la negociación del convenio colectivo. Hay previstos servicios mínimos con un 40% de los trenes habituales.

Los paros serán entre las 6.30 y las 9.30 horas, entre las 13.30 y las 16.00 horas, y entre las 20.00 y las 22.30 horas, periodos de tiempo en los que están prevista concentraciones de trabajadores en la parada del Cerrillo de Maracena. Está previsto que estos mismos paros parciales se repitan los días 12, 14, 17 y 19 de septiembre, mientras que hay convocada huelga de 24 horas para el 21 de septiembre, primer aniversario de la puesta en servicio comercial del metro.

Los trabajadores reivindican que se les dote de un convenio colectivo, y mejoras como la equiparación salarial con los conductores y operarios de los metros de Sevilla y Málaga. El pasado jueves por la tarde, la asamblea de trabajadores de Avanza, adjudicataria del servicio del metro, votó por mayoría a favor de mantener los paros parciales y la jornada de huelga para este mes de septiembre, anunciados formalmente a mediados de agosto. La decisión llegaba después de una semana en la que se han intensificado las negociaciones para la mejora de las condiciones laborales de conductores y operarios, y la articulación de un convenio colectivo.

la Junta, administración responsable del metro, ha fijado el establecimiento de los servicios mínimos, conforme a la determinación de la autoridad laboral, en un 40% De la oferta habitual de trenes en los periodos afectados por los paros laborales este lunes. En concreto, “los servicios mínimos fijados por ley obligan a un 40% de la oferta habitual de trenes, y en el caso de los viernes 14 y 21 de septiembre, por ser jornadas de mayor demanda, a un 50% del servicio habitual”. Esto significa que los trenes pasarán “con una frecuencia de 22 a 25 minutos durante las horas de paros parciales, y en el caso de los dos viernes, incluida la jornada completa del 21 de septiembre, con frecuencias de paso de cada 15 minutos”.

El resto de la jornada que no se ve afectada por los paros parciales, la frecuencia de paso será la habitual, aunque también puede verse “afectada mínimamente debido a la dificultad en la regulación de los trenes“. Durante las jornadas de huelga y paros parciales, tanto el Puesto de Control Central como la Oficina de Atención a los Usuarios situada en la estación de Recogidas no se verán afectados, ya que “se ha establecido un 100% del servicio como obligatorio durante las jornadas de huelga”.

La SNCF pierde 790 millones por la huelga

El movimiento de trabajadores contra la reforma ferroviaria del gobierno francés costó un total de 790 millones de euros a la SNCF, o más de 21 millones por cada uno de los 37 días de huelga entre el 22 de marzo y el 28 de junio, según un documento interno de la operadora ferroviaria. Este monto, calculado teniendo en cuenta la información más reciente, como la reducción en los ingresos por peaje para SNCF Réseau, está en línea con las estimaciones ya dadas en primavera por la Administración. El responsable de la SNCF, Guillaume Pepy, estimaba a principios de abril un costo “del orden de 20 millones de euros por día”.

La pérdida de 790 millones de euros sufrida debido a la huelga supera el beneficio neto registrado por el grupo en 2017 (679 millones de euros). La mayor parte de la lista se debe a una pérdida de ingresos de 770 millones de euros. De esta cantidad, 600 millones de euros de ingresos se perdieron por la inactividad de los pasajeros, ya que muchas personas han dejado el tren debido a las interrupciones del tráfico. Además, se perdieron 60 millones de euros de ventas en transporte de mercancías; algunas empresas prefirieron recurrir a otros modos de transporte. El resto proviene de una reducción en las contribuciones de las autoridades de transporte vinculadas a reembolsos de facturación de peajes, informa eldiario ‘Le Monde’.

A los ingresos perdidos se agrega un coste de 160 millones de euros por las medidas comerciales implementadas por la empresa ferroviaria para reducir el daño sufrido por sus clientes. En particular, SNCF otorgó una compensación por sus suscripciones a usuarios de TGV, Intercités, TER y Transilien. Las medidas comerciales también incluyen suscripciones TGV Max gratuitas para el mes de abril, billetes con descuento, el servicio gratuito de viaje compartido IDVroom en días de huelga … Estos descuentos cuestan 120 millones de euros. Entre otras medidas, SNCF contrató muchos autobuses de sustitución durante las huelgas, a un costo de 40 millones de euros.

Por otro lado, el movimiento de los trabajadores ferroviarios también provocó una reducción en los gastos de la compañía de 140 millones de euros. Esta disminución proviene de deducciones de nómina por 100 millones de euros y menores gastos (en electricidad en particular) relacionados con el uso de menor número de equipos de trabajo.

“El coste total de la huelga refleja tanto la pérdida de facturación sufrida por la empresa como la cantidad sin precedentes de 160 millones de euros de medidas comerciales decididas por la SNCF para apoyar a sus clientes y limitar el impacto financiero de la huelga sobre ellos”, comenta la gerencia deloperador ferroviario francés.

Francia adopta la polémica reforma ferroviaria

La polémica reforma de la empresa pública de transporte ferroviario de Francia (SNCF) queda definitivamente adoptada tras el voto mayoritario en el Senado, que siguió al registrado el miércoles en la Asamblea Nacional. El proyecto de ley recibió 145 votos a favor y 82 en contra en la Cámara Alta, y otros 452 y 80, respectivamente, en la votación de este jueves.

El texto prevé transformar la SNCF en sociedad anónima, fija el calendario de la apertura a la competencia y pone fin al ventajoso estatuto laboral de los trabajadores de la empresa estatal, un punto contra el que se han rebelado particularmente los sindicatos. Para la ministra francesa de Transporte, Élisabeth Borne, tiene como objetivo “ofrecer un mejor servicio público ferroviario”, al mejor coste para viajeros y contribuyentes.

Conforme al calendario impuesto por la Unión Europea (UE) a Francia para liberalizar su sector ferroviario, el proyecto contempla la apertura progresiva a la competencia en diciembre de 2019 para los trenes regionales y a partir de finales de 2020 para los de alta velocidad. Un paso que el Gobierno ve positivo tanto para los viajeros, que dispondrán de una mayor oferta, como para las regiones, que podrán escoger a qué operador confían sus trenes.

El punto más conflictivo es su voluntad de poner en igualdad de condiciones a todos los trabajadores del sector ferroviario, que hace que a partir de enero de 2020 ningún nuevo empleado sea contratado bajo ese estatuto histórico. Un marco laboral que entre otras cosas permite ahora a los empleados jubilarse a partir de los 57 años, e incluso a partir de los 52 en el caso de los conductores de trenes.

El texto establece igualmente que el Estado francés asumirá en dos fases 35.000 millones de euros de deuda de la SNCF para sanearla y retomar un margen de maniobra financiero que le evite caer en el futuro en un agujero de ese calibre, actualmente cifrado en unos 50.000 millones.

Los principios de la reforma fueron presentados a finales de febrero y las reuniones de concertación con los representantes del sector no han evitado las huelgas. Las protestas, impulsadas por los sindicatos CGT, Unsa, SUD y CFDT, comenzaron el pasado 3 de abril, a razón de dos días de cada cinco, y está previsto que se prolonguen hasta el próximo 28 de junio.

La ministra defiende que ningún otro Ejecutivo se ha implicado tanto en la mejora del sector y avanza que a partir de ahora volverá a reunirse con los sindicatos para contar con ellos en las siguientes negociaciones.

El Estado asumirá la deuda de la SNCF

El Estado francés asumirá en dos fases 35.000 millones de euros de deuda de la compañía pública de trenes SNCF para sanearla de cara a la apertura de la competencia en el transporte ferroviario interior de viajeros. El anuncio lo hizo el primer ministro, Edouard Philippe, durante los encuentros que mantuvo, sucesivamente, con los sindicatos para discutir algunos puntos de su reforma del sector ferroviario e intentar poner fin a la huelga intermitente en la SNCF que se prolonga desde comienzos de abril, con 22 días de paros hasta ahora.

Según el esquema presentado por Philippe, el Estado haría propios 20.000 millones de euros de esa deuda en 2020, a los que se sumarían 10.000 millones adicionales en 2022. Hasta finales del pasado año, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles tenía un agujero de 46.600 millones de euros por los que ha de pagar 1.500 millones de euros en intereses cada año. Al ritmo actual, ese agujero aumenta en unos 3.000 millones de euros cada año.

El principal sindicato de la empresa, la Confederación General del Trabajo (CGT), consideró a su salida del encuentro con el primer ministro que el Gobierno está “más abierto” pero reafirmó su voluntad para seguir adelante con la protesta. El secretario general de la CGT en la SNCF, Laurent Brun, aunque reconoció ante los medios que los 35.000 millones de euros constituyen una parte “significativa”, se quejó de que el Ejecutivo no ha admitido que esa deuda es consecuencia de sus propias decisiones, en particular sobre la construcción de líneas de alta velocidad. Brun consideró que “la movilización es más que nunca necesaria” y que “es responsabilidad del Gobierno buscar una salida al conflicto“.

El porcentaje de huelguistas ha disminuido significativamente desde comienzos de abril, cuando era de casi el 34%, hasta algo menos del 15% el jueves, en la última jornada de protesta hasta ahora. El Gobierno espera que su anuncio de reducción de la deuda sirva para que la Unión Nacional de Sindicatos Autónomos (UNSA) y la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT) se desmarquen de los otros sindicatos en la continuidad de los paros.

En paralelo, la ley de reforma del sector ferroviario que está en el origen de la protesta, continúa su tramitación parlamentaria en el Senado. Los aspectos más polémicos de esa ley, sobre los que el Ejecutivo no está dispuesto a transigir, son el fin del particularmente ventajoso estatuto laboral de los trabajadores de la SNCF y la transformación de la empresa estatal en sociedad anónima.

CCOO anuncia huelgas en Renfe y Adif

El sector sindical ferroviario de Comisiones Obreras (CC OO) anuncia este sábado su intención de convocar paros en Renfe y Adif durante los próximos cuatro meses, entre junio y septiembre, que coincidirían así con las vacaciones de verano. El objetivo del sindicato, uno de los mayoritarios en las dos empresas ferroviarias públicas, es manifestar su rechazo al actual modelo de ferrocarril, y reclamar más personal y la recuperación de los salarios de los empleados de ambas compañías.

El sector ferroviario de CC OO manifiesta en un comunicado su intención de sumar a sus paros al resto de sindicatos con representación en Renfe y Adif, dado su “convencimiento de que coinciden en el análisis de la situación y en la necesidad de pasar a la movilización“. En concreto, el sindicato denuncia la disminución del número de empleados que acumulan Renfe y Adif, y reclama un “plan plurianual de empleo que suponga mayores ingresos de trabajadores que los registrados en los últimos años para rejuvenecer las plantillas y garantizar la prestación de servicio”.

CC OO reivindica también una “recuperación” de los sueldos de la actual plantilla que, según indica, ha perdido un 5% de poder adquisitivo “tras cinco años de congelación salarial y otros dos subiendo al 1%”. Además, denuncia el actual modelo ferroviario “basado sólo en el AVE” y en “golpes publicitarios con promesas de inversiones”.

También manifiesta su rechazo a las externalizaciones de trabajos, como los de mantenimiento y los venta de billetes, y a la situación del negocio de transporte de mercancías en tren, y denuncia la “inconcrección” del nuevo acuerdo con el Estado sobre prestación de servicios públicos, pendiente aún de firmarse desde su aprobación en diciembre de 2017.

El pasado verano también se produjeron paros en Renfe. La huelga coincidió con la segunda fase de la operación salida, el 29 de julio. Renfe aseguraba que “los viajeros que se han visto afectados por cancelaciones de trenes por esta convocatoria han sido más de 20.000 solo en los servicios de AVE, Larga y Media Distancia”, cifra a la que habría que añadir “los viajeros de Cercanías afectados en todos los núcleos de España”. En Media Distancia circularon el 65% de los trenes y en Alta Velocidad, el 78% de los trenes.

Con esta huelga convocada por CGT, se quería protestar por “el desmantelamiento del ferrocarril público y la destrucción de empleo en el sector ferroviario”. El sindicato exigía, entre otras cuestiones, soluciones en materia de empleo y la calidad del mismo, compromisos que garanticen el servicio público del ferrocarril, frenar las externalizaciones de las cargas de trabajo o plantear “salidas” dignas de las empresas, a través de mecanismos como la jubilación parcial con contrato de relevo.

Pulso de los ferroviarios contra Macron

La huelga de los trabajadores ferroviarios ha costado ya “un centenar de millones de euros” (123 millones de dólares) a la SNCF, la compañía estatal de ferrocarriles francesa, declaró este lunes su director general Guillaume Pepy. El costo de la huelga “es de unos 20 millones de euros diarios“, explicó Pepy, en declaraciones a la radio RMC y la televisión BFM.

Los franceses volvieron a vivir una jornada caótica porque, pese a que el número de huelguistas se redujo (el 24,9 % frente al 29,7 % del pasado día 4), fue de tres cuartos entre los maquinistas, lo que impidió que circularan la mayor parte de los trenes. Es una estrategia clásica en Francia en huelgas que se anuncian largas concentrar los paros en los puestos claves para que la mayor parte de los trabajadores no se vean penalizados en sus salarios, mientras se crean fondos subsidiarios para ayudar a los huelguistas. Solo circuló un tren de alta velocidad de cada cinco, uno de cada tres regionales y uno de cada cinco ferrocarriles clásicos de larga distancia. Se anuló únicamente una de cada cuatro conexiones internacionales, aunque en el caso de España solo se mantuvo una de cada cinco previstas.

Las organizaciones de trabajadores del sector que convocaron la huelga protestan contra una reforma anunciada por el gobierno de Emmanuel Macron que prevé modificar los estatutos de le empresa estatal de ferrocarriles y de sus trabajadores. Los sindicatos tienen programado un total de 36 días de huelga intermitente, a razón de dos días por semana, hasta finales de junio. Las manifestaciones empezaron el 3 de abril. Este lunes, cuarto día de huelga, apenas uno de cada cinco trenes de alta velocidad (TGV) circulaban en Francia.

El gobierno asegura que no retrocederá en su reforma. Los sindicatos afirman contar con un amplio apoyo público, con más de 510.000 euros prometidos en un fondo para compensar la pérdida de salarios de los trabajadores en huelga. El presidente Emmanuel Macron, que no ha hablado públicamente sobre el conflicto desde que inició, dará una entrevista el jueves.

El movimiento de protesta de los ferroviarios franceses contra la reforma de la empresa pública de ferrocarriles que promueve el presidente del país, Emmanuel Macron, no se detiene y mantiene la presión, el mismo día en el que los diputados comenzaron a estudiar la propuesta del Ejecutivo. La cuarta jornada de paros en el pulso que los sindicatos han lanzado al Gobierno no ha hecho cambiar los planes del mandatario, dispuesto a llevar el duelo al campo de batalla de la imagen.

De esa forma, se repitieron, por cuarta vez en una semana, las imágenes de estaciones ferroviarias atestadas de pasajeros bloqueados, con el corolario de autopistas con largos atascos, que en la región de París superaron los 400 kilómetros, más del doble que en condiciones normales. Los ferroviarios se manifestaron, además, frente a la Asamblea Nacional, donde los diputados comenzaron el examen de los textos que reformarán la empresa pública SNCF.

El líder del sindicato CGT, Philippe Martinez, considerado el rostro de la protesta, reprochó al Ejecutivo su falta de voluntad de diálogo, mientras el presidente de la Asamblea Nacional, François de Rugy, rechazaba todo diálogo sobre el fondo de la reforma. Frente al peligro de que el movimiento de protesta se eternice, el Gobierno ha comenzado a dar ya la batalla de la imagen, para tratar de desacreditar las peticiones de los ferroviarios.

Macron saltará a la palestra el jueves próximo, en vísperas del quinto día de huelga, en una extensa entrevista en el telediario de la tarde de la cadena TF1 para explicar su reforma. Se trata de un informativo muy seguido entre sectores de bajos ingresos y en territorios rurales, los más afectados por los paros de trenes, lo que se considera una maniobra para desacreditar las peticiones de los sindicatos.

Mientras, quien dio la cara hoy fue el presidente de la SNCF, Guillaume Pepy, que en declaraciones al canal de televisión BFMTV aseguró que las huelgas han costado ya 100 millones de euros a sus cuentas e importantes problemas de abastecimiento a empresas del país, ante la escasez de trenes de mercancías. Pepy defendió la reforma del estatuto de sus trabajadores como imprescindible para que la SNCF pueda afrontar con garantías la apertura a la competencia del tráfico ferroviario que exige Bruselas. Los sindicatos denuncian que es un paso previo a la privatización de la empresa, lo que negó la ministra francesa de Transportes, Élisabeth Borne, quien afirmó que el Ejecutivo ya ha hecho algunas concesiones a los sindicatos.

La contestada reforma ferroviaria de Francia

El primer ministro francés, Edouard Philippe, subraya su “determinación” a sacar adelante su reforma del sistema ferroviario, pese a las sucesiones de huelgas que le quieren hacer plegar, y avisa de que no cederá en los principales puntos que han suscitado el rechazo sindical. En una entrevista a la emisora de radio France Inter, Philippe señala que su Gobierno no renunciará a la supresión del estatuto laboral ventajoso de los trabajadores de la compañía estatal de trenes SNCF para los que sean contratados en el futuro, el aspecto más conflictivo con las centrales.

“La rigidez operativa de la empresa es un problema”, subraya después de haber señalado que la consecuencia es que el costo de funcionamiento de los trenes en Francia “es excesivo”. Y para mejorar esa situación -argumenta-, hay que abordar la cuestión de la deuda de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF), de 46.600 millones de euros al finalizar 2017, la falta de inversiones y también que las nuevas contrataciones no se hagan con el controvertido estatuto, que entre otras cosas permite a los empleados jubilarse a partir de los 57 años, e incluso a partir de los 52 en el caso de los conductores de trenes.

Francia está en jaque. Los sindicatos han decidido parar dos días cada cinco, hasta el 28 de junio. El martes y el miércoles se sucedieron las dos primeras jornadas de huelga en los trenes franceses y los sindicatos han previsto dos más, el domingo y el lunes, dentro de un calendario de 36 días en menos de tres meses. Cabe recordar que la SNCF ha sido siempre la locomotora de todas las luchas sociales en Francia y gracias a su poder de perturbación, ha sido siempre la bestia negra de todos los gobernantes que han osado intentar equiparar el estatus especial de los ferroviarios con el del común de los trabajadores del país.

El plan gubernamental quiere acabar con el estatuto especial del que disfrutan más de 130.000 de los 160.000 trabajadores de la SNCF y que les confería a los conductores la posibilidad de jubilarse con 50 años. En 2024, se retirarán a los 52. A los 57 los trabajadores “sedentarios”. Otras ventajas de este estatuto son la seguridad de contar con un empleo de por vida (los EREs no les afectan); 22 días de reposo al año –aparte vacaciones- por desbordar su horario oficial en 45 minutos por día; billetes gratuitos y precios reducidos para la familia, incluidos los suegros, alquiler de pisos de renta baja, primas diversas, como la de hablar algo de español (58,98 euros al mes)…

El primer ministro señala que tampoco es negociable la apertura a la competencia del ferrocarril, aunque sí las modalidades, porque mejorará el funcionamiento de los trenes, a la vista de las experiencias en otros sectores de actividad y de países donde hay competencia en el sistema ferroviario, en particular Alemania. Amparándose en el ejemplo alemán, dijo que “si (la apertura a la competencia) funciona allí, por qué no va a funcionar aquí”.

Sobre la deuda de la SNCF, Philippe indica que su Gobierno estaría dispuesto a que el Estado la asumiera, pero a condición de que en primer lugar la organización de la empresa cambie primero para garantizar que no volverá a inflarse en el futuro. Las espadas están en alto y se prevén unas jornadas difíciles para el transporte en todo el país y sus conexiones con el exterior, que también afectarán a España.

Huelga de trenes en Portugal

La huelga secundada por trabajadores de la empresa pública Infraestructuras de Portugal (IP) para exigir aumentos salariales ha afectado durante sus primeras horas a 170 trenes, que han sido paralizados en todo el país. Fuentes de la empresa ferroviaria Comboios de Portugal (CP) explican que, entre la pasada medianoche y las 10.00 hora local (09.00 GMT), 170 trayectos ferroviarios no han podido realizarse como consecuencia de este paro, convocado por varios sindicatos del sector. Se ha visto afectado el 37% del total de recorridos que se realizan habitualmente en ese periodo, agregaron las fuentes.

El de este lunes es el segundo paro que realizan los trabajadores de IP en apenas tres semanas, ya que el pasado 12 de marzo hubo una huelga similar que paralizó más de 150 trenes en todo el país. Comboios de Portugal avisó este fin de semana en un comunicado de que debido a la huelga se preveían “supresiones en todos los servicios” y que no se pondrían transportes alternativos a disposición de los usuarios. A diferencia del paro del 12 de marzo, para el que existían servicios mínimos del 25% en las zonas de Lisboa y Oporto, no se ha decretado esta medida para la huelga.

Los trabajadores de IP -que gestiona las infraestructuras ferroviarias del país, entre otras- protestan para exigir un aumento salarial, algo que no ocurre desde 2009. Aunque el sábado se celebró una reunión en el Ministerio de Planificación e Infraestructuras entre representantes del Gobierno, de IP y de los sindicatos, no se pudo alcanzar un acuerdo.

Ante esta reivindicación, Infraestructuras de Portugal propuso incrementar el valor de los complementos destinados a alimentación que reciben los empleados, lo que no ha convencido a los sindicatos, que insisten en que se actualicen las tablas salariales.