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Pulso de los ferroviarios contra Macron

La huelga de los trabajadores ferroviarios ha costado ya “un centenar de millones de euros” (123 millones de dólares) a la SNCF, la compañía estatal de ferrocarriles francesa, declaró este lunes su director general Guillaume Pepy. El costo de la huelga “es de unos 20 millones de euros diarios“, explicó Pepy, en declaraciones a la radio RMC y la televisión BFM.

Los franceses volvieron a vivir una jornada caótica porque, pese a que el número de huelguistas se redujo (el 24,9 % frente al 29,7 % del pasado día 4), fue de tres cuartos entre los maquinistas, lo que impidió que circularan la mayor parte de los trenes. Es una estrategia clásica en Francia en huelgas que se anuncian largas concentrar los paros en los puestos claves para que la mayor parte de los trabajadores no se vean penalizados en sus salarios, mientras se crean fondos subsidiarios para ayudar a los huelguistas. Solo circuló un tren de alta velocidad de cada cinco, uno de cada tres regionales y uno de cada cinco ferrocarriles clásicos de larga distancia. Se anuló únicamente una de cada cuatro conexiones internacionales, aunque en el caso de España solo se mantuvo una de cada cinco previstas.

Las organizaciones de trabajadores del sector que convocaron la huelga protestan contra una reforma anunciada por el gobierno de Emmanuel Macron que prevé modificar los estatutos de le empresa estatal de ferrocarriles y de sus trabajadores. Los sindicatos tienen programado un total de 36 días de huelga intermitente, a razón de dos días por semana, hasta finales de junio. Las manifestaciones empezaron el 3 de abril. Este lunes, cuarto día de huelga, apenas uno de cada cinco trenes de alta velocidad (TGV) circulaban en Francia.

El gobierno asegura que no retrocederá en su reforma. Los sindicatos afirman contar con un amplio apoyo público, con más de 510.000 euros prometidos en un fondo para compensar la pérdida de salarios de los trabajadores en huelga. El presidente Emmanuel Macron, que no ha hablado públicamente sobre el conflicto desde que inició, dará una entrevista el jueves.

El movimiento de protesta de los ferroviarios franceses contra la reforma de la empresa pública de ferrocarriles que promueve el presidente del país, Emmanuel Macron, no se detiene y mantiene la presión, el mismo día en el que los diputados comenzaron a estudiar la propuesta del Ejecutivo. La cuarta jornada de paros en el pulso que los sindicatos han lanzado al Gobierno no ha hecho cambiar los planes del mandatario, dispuesto a llevar el duelo al campo de batalla de la imagen.

De esa forma, se repitieron, por cuarta vez en una semana, las imágenes de estaciones ferroviarias atestadas de pasajeros bloqueados, con el corolario de autopistas con largos atascos, que en la región de París superaron los 400 kilómetros, más del doble que en condiciones normales. Los ferroviarios se manifestaron, además, frente a la Asamblea Nacional, donde los diputados comenzaron el examen de los textos que reformarán la empresa pública SNCF.

El líder del sindicato CGT, Philippe Martinez, considerado el rostro de la protesta, reprochó al Ejecutivo su falta de voluntad de diálogo, mientras el presidente de la Asamblea Nacional, François de Rugy, rechazaba todo diálogo sobre el fondo de la reforma. Frente al peligro de que el movimiento de protesta se eternice, el Gobierno ha comenzado a dar ya la batalla de la imagen, para tratar de desacreditar las peticiones de los ferroviarios.

Macron saltará a la palestra el jueves próximo, en vísperas del quinto día de huelga, en una extensa entrevista en el telediario de la tarde de la cadena TF1 para explicar su reforma. Se trata de un informativo muy seguido entre sectores de bajos ingresos y en territorios rurales, los más afectados por los paros de trenes, lo que se considera una maniobra para desacreditar las peticiones de los sindicatos.

Mientras, quien dio la cara hoy fue el presidente de la SNCF, Guillaume Pepy, que en declaraciones al canal de televisión BFMTV aseguró que las huelgas han costado ya 100 millones de euros a sus cuentas e importantes problemas de abastecimiento a empresas del país, ante la escasez de trenes de mercancías. Pepy defendió la reforma del estatuto de sus trabajadores como imprescindible para que la SNCF pueda afrontar con garantías la apertura a la competencia del tráfico ferroviario que exige Bruselas. Los sindicatos denuncian que es un paso previo a la privatización de la empresa, lo que negó la ministra francesa de Transportes, Élisabeth Borne, quien afirmó que el Ejecutivo ya ha hecho algunas concesiones a los sindicatos.

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La contestada reforma ferroviaria de Francia

El primer ministro francés, Edouard Philippe, subraya su “determinación” a sacar adelante su reforma del sistema ferroviario, pese a las sucesiones de huelgas que le quieren hacer plegar, y avisa de que no cederá en los principales puntos que han suscitado el rechazo sindical. En una entrevista a la emisora de radio France Inter, Philippe señala que su Gobierno no renunciará a la supresión del estatuto laboral ventajoso de los trabajadores de la compañía estatal de trenes SNCF para los que sean contratados en el futuro, el aspecto más conflictivo con las centrales.

“La rigidez operativa de la empresa es un problema”, subraya después de haber señalado que la consecuencia es que el costo de funcionamiento de los trenes en Francia “es excesivo”. Y para mejorar esa situación -argumenta-, hay que abordar la cuestión de la deuda de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF), de 46.600 millones de euros al finalizar 2017, la falta de inversiones y también que las nuevas contrataciones no se hagan con el controvertido estatuto, que entre otras cosas permite a los empleados jubilarse a partir de los 57 años, e incluso a partir de los 52 en el caso de los conductores de trenes.

Francia está en jaque. Los sindicatos han decidido parar dos días cada cinco, hasta el 28 de junio. El martes y el miércoles se sucedieron las dos primeras jornadas de huelga en los trenes franceses y los sindicatos han previsto dos más, el domingo y el lunes, dentro de un calendario de 36 días en menos de tres meses. Cabe recordar que la SNCF ha sido siempre la locomotora de todas las luchas sociales en Francia y gracias a su poder de perturbación, ha sido siempre la bestia negra de todos los gobernantes que han osado intentar equiparar el estatus especial de los ferroviarios con el del común de los trabajadores del país.

El plan gubernamental quiere acabar con el estatuto especial del que disfrutan más de 130.000 de los 160.000 trabajadores de la SNCF y que les confería a los conductores la posibilidad de jubilarse con 50 años. En 2024, se retirarán a los 52. A los 57 los trabajadores “sedentarios”. Otras ventajas de este estatuto son la seguridad de contar con un empleo de por vida (los EREs no les afectan); 22 días de reposo al año –aparte vacaciones- por desbordar su horario oficial en 45 minutos por día; billetes gratuitos y precios reducidos para la familia, incluidos los suegros, alquiler de pisos de renta baja, primas diversas, como la de hablar algo de español (58,98 euros al mes)…

El primer ministro señala que tampoco es negociable la apertura a la competencia del ferrocarril, aunque sí las modalidades, porque mejorará el funcionamiento de los trenes, a la vista de las experiencias en otros sectores de actividad y de países donde hay competencia en el sistema ferroviario, en particular Alemania. Amparándose en el ejemplo alemán, dijo que “si (la apertura a la competencia) funciona allí, por qué no va a funcionar aquí”.

Sobre la deuda de la SNCF, Philippe indica que su Gobierno estaría dispuesto a que el Estado la asumiera, pero a condición de que en primer lugar la organización de la empresa cambie primero para garantizar que no volverá a inflarse en el futuro. Las espadas están en alto y se prevén unas jornadas difíciles para el transporte en todo el país y sus conexiones con el exterior, que también afectarán a España.

Huelga de trenes en Portugal

La huelga secundada por trabajadores de la empresa pública Infraestructuras de Portugal (IP) para exigir aumentos salariales ha afectado durante sus primeras horas a 170 trenes, que han sido paralizados en todo el país. Fuentes de la empresa ferroviaria Comboios de Portugal (CP) explican que, entre la pasada medianoche y las 10.00 hora local (09.00 GMT), 170 trayectos ferroviarios no han podido realizarse como consecuencia de este paro, convocado por varios sindicatos del sector. Se ha visto afectado el 37% del total de recorridos que se realizan habitualmente en ese periodo, agregaron las fuentes.

El de este lunes es el segundo paro que realizan los trabajadores de IP en apenas tres semanas, ya que el pasado 12 de marzo hubo una huelga similar que paralizó más de 150 trenes en todo el país. Comboios de Portugal avisó este fin de semana en un comunicado de que debido a la huelga se preveían “supresiones en todos los servicios” y que no se pondrían transportes alternativos a disposición de los usuarios. A diferencia del paro del 12 de marzo, para el que existían servicios mínimos del 25% en las zonas de Lisboa y Oporto, no se ha decretado esta medida para la huelga.

Los trabajadores de IP -que gestiona las infraestructuras ferroviarias del país, entre otras- protestan para exigir un aumento salarial, algo que no ocurre desde 2009. Aunque el sábado se celebró una reunión en el Ministerio de Planificación e Infraestructuras entre representantes del Gobierno, de IP y de los sindicatos, no se pudo alcanzar un acuerdo.

Ante esta reivindicación, Infraestructuras de Portugal propuso incrementar el valor de los complementos destinados a alimentación que reciben los empleados, lo que no ha convencido a los sindicatos, que insisten en que se actualicen las tablas salariales.

36 días de huelga de los ferroviarios franceses

Los principales sindicatos de la compañía estatal de ferrocarriles de Francia (SNCF) convocan una serie de 36 días de huelga entre abril y junio para protestar por la reforma del sector impulsada por el Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron. Cuatro sindicatos ampliamente mayoritarios en la empresa (CGT, Unsa, SUD-Rail y CFDT) lanzan este desafío, que se traducirá en dos días de huelga de cada cinco entre el 3 de abril y el 28 de junio, después de que el Consejo de Ministros adoptara el miércoles la primera disposición para poder legislar por decreto en este asunto. Los detalles de esta serie de paros se conocerán una vez que estas cuatro centrales se vuelvan a reunir el miércoles próximo.

El punto que más ha crispado a los representantes de los 150.000 empleados de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) es el fin del estatuto laboral del que gozan -que contiene numerosas ventajas con respecto al régimen general de los trabajadores, sobre todo de cara a la jubilación-, que ya no se aplicará a los que sean contratados en el futuro. También se oponen frontalmente a los planes de apertura a la competencia de las líneas regionales y de larga distancia, que el Ejecutivo ha programado de acuerdo con sus compromisos europeos.

Otro punto que genera fricción es que el primer ministro francés, Edouard Philippe, justificó hace tres semanas el recurso a legislar por decreto para que los textos de la reforma puedan entrar en aplicación en verano, al tiempo que abría un proceso de concertación, pero limitado a dos meses. Philippe partía de un informe que había encargado, que advertía de que hacer circular un tren en Francia cuesta un 30% más que en otros países europeos; que la deuda de la empresa ha pasado en 20 años de 20.000 a 50.000 millones de euros; y que si no se hace nada aumentará en otros 15.000 millones en diez años.

Los sindicatos rechazan al unísono la propuesta de reforma. Recuerdan que los casi 46 000 millones de euros de deuda de la empresa se explican por la multiplicación de líneas a gran velocidad, casi todas deficitarias, aunque movilizan cerca de 110 millones de viajeros cada año. Entre 2010 y 2016 la deuda de la empresa aumentó 15 000 millones de euros, en gran parte por causa de ese tipo de servicio (el TGV, tren de gran velocidad) que aunque permite un transporte muy rápido cuesta muy caro. Estiman que el proyecto de reforma conducirá a un incremento en el precio de los pasajes, que perjudicará sobre todo a las personas de bajos recursos.

La supresión del “régimen especial” es la línea roja que el gobierno no debería intentar atravesar, según los sindicatos. Como referencia citan los ejemplos de la empresa de teléfonos y la del Correo, cuyo estatuto -similar al de la SNCF- fue modificado hace varios años. Cierre de oficinas, aumento exponencial de la subcontratación, precarización de las condiciones de trabajo, y no pocos suicidios.

El secretario general de la sección ferroviaria de la CGT, Laurent Brun, asegura que “el Gobierno no tiene ninguna voluntad de negociar” y “asume la responsabilidad de un conflicto intensivo en un periodo muy largo”.

Metro Madrid en pie de guerra por el amianto

Amplio seguimiento en el primer día de huelga convocada por el sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro Madrid para denunciar “la mala gestión” en el caso del amianto y exigir la dimisión de su consejero delegado, Borja Carabante. Los empleados se han puesto en pie de guerra, pero el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos ha sido “escrupuloso” y sin incidencias, informa una portavoz. El colectivo ha convocado estas movilizaciones, con paros previstos también para el 13 y 15 de marzo, en protesta por la falta de medidas de seguridad de cara a los trabajadores ante la presencia de amianto en trenes y estaciones.

La jornada coincide además con la comparecencia en la Comisión de Transportes de la Asamblea de Madrid del consejero delegado del suburbano, Borja Carabante, para explicar precisamente la gestión que ha desplegado la compañía en relación a la presencia y eliminación de este material tras su prohibición, al ser potencialmente cancerígeno. Por ello, el colectivo se manifestaba a las puertas de la Asamblea para pedir la dimisión del consejero delegado y que sea sustituido “por alguien más competente”.

La Fiscalía ha abierto una investigación para determinar si existe algún tipo de responsabilidad penal a raíz del acta de Inspección de Trabajo que proponía una sanción de 191.000 euros a Metro al entender que no tomó suficientes medidas de seguridad, después de que se reconociera la enfermedad profesional a un empleado de mantenimiento que contrajo cáncer por exposición a dicho material. La compañía remitió una circular a los empleados de Metro para informar de que más de 90 coches de trenes de la serie 2000, de los más antiguos, tenían un disruptor que contenía amianto y remarcaba a los empleados la prohibición de manipularlo.

Desde el sindicato aseguran que tanto Borja Carabante como sus antecesores “han ocultado durante años información a todos los trabajadores sobre la crisis del amianto”. Asimismo, asegura que el consejero delegado de Metro tachó las pasadas huelgas de “cabezonería” por parte de los maquinistas que pedían “un estudio de seguridad e higiene que analizase las condiciones laborales”. El sindicato de Maquinistas ha planteado al consejero delegado de Metro que está dispuesto a desconvocar los paros si firmaba un documento en el que se hace responsable de que, en la actualidad, los usuarios y trabajadores de Metro no están expuestos a amianto. Según los maquinistas, la jornada de huelga de hoy ha sido un “éxito”, con el 100% de seguimiento y con el cumplimiento “escrupuloso” de los servicios mínimos establecidos.

El consejero delegado de Metro de Madrid, Borja Carabante, anuncia la contratación de una empresa para retirar “de manera inmediata” el amianto “de muchos de los trenes” del suburbano madrileño afectados por este material nocivo para la salud, que cifra entre 72 y 96 convoyes. Los trenes del suburbano afectados por amianto representan entre un 3% y un 4% de los 2.400 que hay en circulación, lo que supondría entre 72 y 96, según Carabante.

En su comparecencia en la comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Asamblea de Madrid, Carabante explica que la empresa adjudicataria está registrada en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo por Amianto) y ya ha presentado un plan en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad. “Una vez aprobado (el plan), procederemos a su retirada inmediata“, añade en referencia al amianto.

El consejero dice que “el porcentaje máximo” del peso del amianto en cada uno de los trenes afectados es del 0,0009%, aunque indica que puede “ser menor” debido al “recambio de algunas de las piezas”. En concreto, el amianto está en el 10% de un componente eléctrico denominado “apagachispas”, que tiene un tamaño similar al de “una caja de zapatos”, y en los suplementos de contractores, lo que supone una “ínfima” parte de los trenes.

Metro de Madrid no sólo eliminará el amianto de los trenes sino también de las estaciones e instalaciones del suburbano con presencia de este material nocivo para la salud, cuya fabricación, utilización y comercialización está prohibida en España desde 2002. Carabante indica que la eliminación del amianto en las estaciones tendrá un coste de alrededor de los 100 millones de euros, mientras que el presupuesto para los trenes será “más reducido”.

El plan previsto por Metro para eliminar el amianto de aquí a 2021 afectará a 23 estaciones pero todavía quedarían “una docena” con esta sustancia cancerígena de las que no ha dado plazos de intervención, aunque ha asegurado que “se actuará de la forma más rápida posible”. Carabante convocará el próximo lunes una reunión con los sindicatos para coordinar el plan estratégico que haga “compatible” la intervención con el servicio del suburbano y “no se ponga en riesgo la posible inhalación del amianto por parte de los usuarios ni trabajadores”.

(Imagen Panhard-Creative Commons)

Menos trenes en la jornada del 8 de marzo

Renfe suspenderá un total de 105 trenes de AVE y Larga Distancia de su oferta habitual este jueves 8 de marzo, en virtud de la resolución de servicios mínimos fijada por el Ministerio de Fomento para el transporte ferroviario con ocasión de la jornada de huelga convocada por distintas organizaciones con motivo del Día de la Mujer . Los servicios esenciales garantizan el 72% de las circulaciones de este tipo de trenes, esto es, 271 trenes del total de 376 que habitualmente componen la oferta de Renfe en un día comparable.

En el caso de los servicios de Cercanías, los servicios mínimos garantizan la circulación de 50% de los trenes habituales, porcentaje que se eleva al 75% en ‘hora punta’. La compañía considera ‘hora punta’ las franjas horarias comprendidas entre las 6.00 y las 9.00 horas de la mañana, entre las 13.30 y las 15.30 horas de mediodía y entre las 18.30 y las 20.30 horas de la tarde. Respecto a los trenes de Media Distancia (regional) los servicios mínimos garantizan la circulación de 369 trenes del total de 568 inicialmente programados para el jueves, el 65% del total. De esta forma, la operadora suspenderá unos 200 servicios.

La resolución de servicios mínimos también abarca al tráfico de trenes de mercancías, si bien en este caso sólo un 25% de las circulaciones se consideran esenciales. Así, se pondrán en marcha 84 trenes de carga de los 339 inicialmente previstos.

Fomento justifica la necesidad de fijar servicios mínimos ferroviarios ante la huelga del 8 de marzo con el fin de “garantizar a los ciudadanos los desplazamientos más urgentes, compaginándolo con el libre ejercicio del derecho a la huelga“. El Ministerio argumenta que la jornada de paro está convocada en una jornada laboral, con lo que ve “imprescindible” garantizar el transporte en Cercanías, dados los “numerosos desplazamientos” que se registran entre las grandes ciudades y sus poblaciones periféricas.

“Si se paralizase o restringiese en exceso este servicio se saturaría el tráfico rodado por carretera, dado que el transporte en autobús no podría absorber todos los viajeros que transporta Cercanías”, indica Fomento. En cuanto al AVE y la Larga Distancia, el Ministerio argumenta que, de no fijarse servicios mínimos, “podría ocasionarse un especial trastorno a los usuarios” y se “perjudicaría gravemente el derecho a la libre circulación por el territorio nacional”.

“No todos los trayectos quedan cubiertos por otros modos de transporte, con lo que se afectaría de forma especial a las personas que no tienen vehículo propio, las personas mayores y las de movilidad reducida”, argumenta el Ministerio.

El Semaf convoca paros en Renfe para marzo

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) ha convocado seis jornadas de huelga en Renfe para marzo, desde el próximo viernes, 2, con 24 horas de duración, y paros parciales los días 9, 11, 12, 13 y 14, que afectarán a todos los servicios de viajeros: Alta Velocidad, Larga y Media distancia, Cercanías y Mercancías. Los maquinistas denuncian “continuos fallos y carencias en la operación diaria”, tanto en la conservación de las infraestructuras y del material rodante, como en la gestión dentro de la empresa ferroviaria. El secretario general del Semaf, Juan Jesús García Fraile, asegura que esas deficiencias “ponen en peligro la calidad del servicio y la seguridad de los ciudadanos”.

El personal de conducción de Renfe, además de la huelga de 24 horas del próximo viernes, parará su actividad de manera parcial con el siguiente calendario: viernes, 9 de marzo (de 12.00 a 16.00 y de 18.00 a 22.00); domingo, 11, (de 19.00 a 23.00); lunes, 12, (de 05.00 a 09.00; de 14.00 a 16.00 y de 18.00 a 22.00); martes, 13, (de 05.30 a 09.30; de 13.00 a 15.00, y de 19.00 a 23.00), y el miércoles, 14, (de 06.00 a 10.00).

Están llamados a secundar la huelga 5.500 trabajadores del personal de conducción de Renfe, de los que cerca del medio millar pertenece a la gestión o desarrolla cursos de formación. De los 5.000 maquinistas activos, 650 pertenecen a mercancías y el resto a transporte de viajeros.

El secretario general del Semaf vaticina un “seguimiento importante” en la huelga que comenzará el próximo viernes, aunque el sindicato prevé que el Ministerio de Fomento fije unos servicios mínimos “abusivos” y que la empresa “compense los retrasos” que se produzcan con trenes de doble composición (con el doble número de vagones). El Semaf denuncia “la profunda desinversión que afecta de manera grave al mantenimiento de la infraestructura sobre todo en lo que no es Alta Velocidad”.

Según el criterio del sindicato, que espera que en próximas fechas se unan a estas movilizaciones otras fuerzas sindicales, “se ha dejado de lado la parte convencional de ancho ibérico, sobre manera en Cercanías y transporte interurbano en las grandes ciudades”. Denuncian un “deterioro absoluto con problemas con las catenarias, roturas de carril y otros desperfectos” en infraestructura, como la que afecta desde agosto al funcionamiento de las escaleras mecánicas en la estación madrileña de Atocha.

El Semaf también deja patente la “falta de personal” en el colectivo de conductores y la “imposibilidad para contratar ni de manera temporal” por parte de Renfe sin el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Según indica García Fraile, en los últimos 4 años se han computado 1.600 bajas de maquinistas, frente a la incorporación de 1.150 nuevos conductores y personal de talleres. Añade que a solo dos años para la liberalización ferroviaria en España, Renfe “está en una mala posición de salida y no está preparada para competir.

Los independentistas cortan el transporte

Con pancartas y gritando “libertad”, independentistas catalanes cortaron este miércoles autopistas, carreteras, calles y vías de ferrocarril en protesta por el encarcelamiento de sus líderes, en una jornada de huelga general con menos seguimiento del esperado. A diferencia del paro general del 3 de octubre, convocado en protesta por las cargas policiales contra el referéndum de independencia dos días antes, la mayoría de mercados, tiendas y restaurantes de Barcelona abrieron sus puertas y las fábricas de la región funcionaban con normalidad.

Grupos de manifestantes han cortado a primera hora las vías de trenes de cercanías de Barcelona y, pasadas las 8.30 horas, sólo funcionan en su totalidad las líneas R-2 y R-8, al tiempo que han invadido las vías del AVE de Girona, con motivo de la huelga general convocada por el sindicato minoritario Intersindical CSC.

“El seguimiento de la huelga ha sido mínimo y residual en la práctica totalidad de los sectores, salvo en el de la enseñanza”, asegura desde Barcelona Juan Antonio Puigserver, secretario del ministerio del Interior. Convocada por las asociaciones y un sindicato independentistas, la huelga buscaba paralizar esta región con una quinta parte de la riqueza española en protesta por el encarcelamiento de varios dirigentes y la intervención de la autonomía catalana desde Madrid.

Los huelguistas concentraron su acción en perturbar el transporte, cortando hasta 60 puntos de la red de carreteras, incluyendo las dos principales autopistas que unen la región con Francia y Madrid y los principales accesos a Barcelona, informa el servicio de tráfico regional. También quedó cortada la circulación de trenes de alta velocidad entre Barcelona y Francia, cuando un grupo de manifestantes con banderas independentistas invadieron las vías de la estación de Girona gritando “¡libertad, libertad!”.

“Estamos muy indignados, muy enfadados en contra de lo que está haciendo el Gobierno español”, decía irritada Elisabet Nistal, una ortodontista de 33 años, que se manifestó junto a otros miles de personas enfrente de la sede del Gobierno catalán en Barcelona. Otro grupo de manifestante forzó el cierre de la principal atracción turística de la ciudad, la basílica de la Sagrada Familia, en cuyas puertas colgaron una enorme pancarta con el mensaje “La represión no es una solución” en inglés.

Su antiguo inquilino, el expresidente regional Carles Puigdemont, se encuentra desde el 30 de octubre en Bruselas con cuatro miembros de su gobierno tras haber sido destituido por parte del Ejecutivo español de Mariano Rajoy, que ahora controla la administración regional, El resto de dirigentes, ocho en total, se encuentran en prisión preventiva, investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación tras la proclamación de una efímera república catalana el 27 de octubre que fue anulada este miércoles por el Tribunal Constitucional.

La misma acusación recae sobre Puigdemont y sus compañeros en Bruselas, pendientes de la decisión de belga sobre la extradición solicitada por la justicia española. En el Congreso de Madrid, Rajoy afirmó que “las cosas están funcionando bien” y se mostró esperanzado en que las elecciones convocadas para el 21 de diciembre sirvan “para abrir una nueva etapa política, que necesariamente debe ser una etapa de tranquilidad, normalidad, de convivencia”.

Los sondeos apuntan a un resultado similar al de las elecciones de 2015, donde los independentistas consiguieron una mayoría de escaños pero no de votos.En esos comicios, se presentaron en coalición pero en esta ocasión lo harán por separado pese a los intentos de Puigdemont de formar una lista unitaria que se ofreció él mismo a liderar desde Bruselas. Su presencia en Bélgica en busca de un altavoz internacional generó incomodidad en ese país y obligó a intervenir a su primer ministro Charles Michel, en coalición con nacionalistas flamencos empáticos con la causa catalana. “Hay una crisis política en España, no en Bélgica”, dice Michel en el parlamento belga, descartando cualquier interferencia en la futura decisión de la Justicia sobre su extradición.

La huelga fue convocada por la intersindical independentista CSC poco después de la decisión de la Audiencia Nacional de Madrid de encarcelar a ocho de los dirigentes regionales cesados, pero carece del apoyo de los principales sindicatos. Las mayores incidencias se notaron en el sector educativo, cuyo principal sndicato respaldó la protesta.

Fomento ofrece diálogo para evitar la huelga

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, confía en el diálogo para que finalmente se pueda evitar la huelga convocada por CCOO en Renfe y Adif para el viernes 29 de septiembre. “Confío en que sentándonos, hablando y explicando con transparencia asuntos que, es cierto que quizá aún no hemos explicado, podamos resolver el conflicto”, explica De la Serna en declaraciones a TVE.

El ministro atribuye el “déficit de información” sobre determinados planes y proyectos en materia ferroviaria “en unos casos a que aún se está trabajando en ellos y, en otros, porque aún no se tiene concreción de las ideas”. El sector ferroviario de CCOO ha decidido convocar huelga en Adif y el Grupo Renfe desde las 00.00 horas hasta las 23.00 horas del próximo 29 de septiembre como medida de presión por “la falta de información sobre temas esenciales en la viabilidad y futuro de ambas empresas”.

CCOO convocó este martes a los trabajadores de Renfe y Adif a secundar una jornada de huelga en protesta por la disminución de empleo en estas compañías y la falta de información que, según el sindicato, recibe del Ministerio y de las operadoras sobre temas “que afectan a su viabilidad y su futuro”.

El sindicato que preside Unai Sordo denuncia que Renfe y Adif suman una plantilla total de 26.000 trabajadores, frente a los 32.000 con que contaban en 2005, antes del inicio de la liberalización del transporte en tren, que arrancó entonces por el negocio de mercancías. “Se han perdido casi 6.000 puestos de trabajo que habrá que recuperar si se quieren mantener los estándares de calidad del ferrocarril en España”, considera el sindicato.

Respecto al “déficit” de información CCOO denuncia la falta de diálogo de las compañías y Fomento sobre la revisión de las conexiones de tren regional y cercanías consideradas de servicio público que actualmente se aborda, el “deterioro de las infraestructuras por falta de mantenimiento” y la próxima liberalización del transporte de viajeros en tren.

CCOO plantea la necesidad de recuperar para el sector público múltiples actividades externalizadas que en opinión del sindicato “empeoran el servicio, además de servir para precarizar el empleo a través de contratos casi temerarios”, y exige una tasa de reposición muy superior al 100%. El secretario general del Sector Ferroviario de CCOO, Manuel Nicolás Taguas, considera “intolerable la disminución de poder adquisitivo que, desde el año 2010, han sufrido todos los empleados públicos, ya que a finales de 2017 acumularán una pérdida que rondará el 15%“.

Taguas denuncia el “oscurantismo del ministerio y las empresas ferroviarias” en asuntos “tan importantes” como la definición de las Obligaciones de Servicio Público para 2018, el deterioro de las infraestructuras y el material rodante por falta de mantenimiento, la liberalización en ciernes del transporte de viajeros, “así como una falta de previsión ante el escenario de competencia que se avecina”.

Aviso de huelga en Renfe y Adif

Otoño viene caliente. El escenario ferroviario se complica de cara a la nueva temporada. A las protestas de Extremadura y Andalucía por la escasa atención del tren en su territorio, se suman las movilizaciones de algunos sindicatos, que organizan paros y protestas que afectan al personal de servicio en los convoyes y a la totalidad de las plantillas sujetas al convenio, que exigen la contratación den más trabajadores.

CCOO convoca una jornada de huelga de 23 horas en Adif y el grupo Renfe para el próximo 29 de septiembre “como medida de presión por la falta de información sobre temas esenciales en la viabilidad y futuro de ambas empresas”. El secretario general del sector ferroviario de CCOO, Manuel Nicolás Taguas, explica que, al sindicato, “no le ha quedado otra salida” que la convocatoria de esta protesta, que se llevará a cabo desde las 00.00 horas hasta las 23.00, ante “el oscurantismo” del Ministerio de Fomento y las empresas ferroviarias, Renfe y Adif, en varios asuntos.

Taguas menciona algunos asuntos como la definición de las Obligaciones de Servicio Público (financiación pública de servicios de Cercanías y Media Distancia) para 2018, el deterioro de las infraestructuras y el material rodante por falta de mantenimiento, la liberalización en ciernes del transporte de viajeros, así como una falta de previsión ante el escenario de competencia que se avecina. Según CCOO, se pretende “revertir” la tendencia a una disminución de las plantillas que persiste desde que entró en vigor la Ley del Sector Ferroviario.

En 2005, las plantillas de las empresas públicas ferroviarias sumaban 32.000 trabajadores, mientras que ahora apenas superan los 26.000, lo que significa la pérdida de casi 6.000 empleos que “habrá que recuperar si se quieren mantener los estándares de calidad del ferrocarril en España”. CCOO plantea la necesidad de recuperar para el sector público múltiples actividades externalizadas que empeoran el servicio, además de servir para precarizar el empleo a través de contratos “casi temerarios”, en múltiples ocasiones.

El sindicato exige un plan de ingresos de personal “muy por encima” de las bajas que se producen en las empresas, es decir, una tasa de reposición muy superior al 100%, que “haga innecesaria la política de privatización continua de actividades, una política que atenta contra los intereses de las y los usuarios”, ha denunciado. En cuanto a las posibles razones de índole económica, aunque “sin ser un motivo expreso de esta convocatoria”, CCOO considera “intolerable” la disminución de poder adquisitivo desde 2010 que rondará a finales del presente ejercicio un 15%.

En los próximos días, es posible que se sumen a la convocatoria otras fuerzas sindicales del sector e incluso se organicen nuevas movilizaciones contra la política que mantienen Renfe y Adif y la escasa respuesta que hasta el momento han dado a los planteamientos de los trabajadores.