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León defenderá en la calle el tren de Feve

El próximo 19 de septiembre los leoneses saldrán a la calle para reivindicar la recuperación y pleno servicio de la línea del Ferrocarril de Vía Estrecha (Feve). La fecha elegida no es casualidad, ya que ese día se cumple el séptimo aniversario del cierre de la línea del tramo La Asunción-León, momento en que el servicio ferroviario inició su declive hasta llegar a la crítica situación que vive en estos momentos.

«Estamos ante un ferrocarril que pudiendo ser un servicio público viable, da pena, provocando quejas en los usuarios por las constantes supresiones de servicios por averías, falta de material, de personal, sin aire acondicionado, fallos en las máquinas auto-venta de billetes y un a largo etcétera», denuncian los comités de empresade Adif y Renfe -COO, UGT, SF y CGT- de la provincia de León.

Como han advertido los comités de empresa, es sobradamente conocida la situación del servicio de la extinta Feve por los gestores de Renfe y Adif, sin que hasta la fecha se hayan querido acometer las actuaciones que pudieran evitar la actual situación. «Es imprescindible y urgente la reposición de material y de personal -en trenes, estaciones y mantenimiento- que permitan devolver el carácter de Servicio Público que debe prestar este ferrocarril», advierten los sindicatos.

Un cúmulo de situaciones a lo que se une su «irrisoria» velocidad que impide a la antigua Feve competir con otros medios de transportes, pero lo que es más preocupante para la representación sindical, el viajero no sabe con certeza si realizará su viaje en tren o en autobús y a qué hora llegará a su destino.

«Exigimos a las jefaturas de ambas empresas que corrijan su nefasta gestión y adopten las medidas necesarias para revertir la situación actual de abandono que sufre tanto el servicio como la propia línea de Feve en León», exigen los comités de empresa. También solicitan la puesta en servicio a la mayor brevedad del tramo urbano entre las estaciones de La Asunción y León, cerrado desde el 19 de septiembre de 2011. Los sindicatos recuerdan la gran inversión ya realizada y que los continuos retrasos en la reapertura deterioran la imagen y la viabilidad de la línea. «No entendemos que todo esto sea fruto de la casualidad, y no se nos ocurre otra cosa que achacarlo a una gestión irresponsable; o tal vez lo que se persigue es la liquidación de la línea y con ella la desaparición del servicio social que presta», recalcan los sindicatos.

Por todo ello, los comités de empresa han solicitado una implicación de todos en defensa de un «bien que es de todos» ya que consideran que sólo la unidad de acción de todos los agentes implicados conseguirá detener todo este deterioro y recuperar un servicio público, de calidad, viable y sostenible.

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Francia adopta la polémica reforma ferroviaria

La polémica reforma de la empresa pública de transporte ferroviario de Francia (SNCF) queda definitivamente adoptada tras el voto mayoritario en el Senado, que siguió al registrado el miércoles en la Asamblea Nacional. El proyecto de ley recibió 145 votos a favor y 82 en contra en la Cámara Alta, y otros 452 y 80, respectivamente, en la votación de este jueves.

El texto prevé transformar la SNCF en sociedad anónima, fija el calendario de la apertura a la competencia y pone fin al ventajoso estatuto laboral de los trabajadores de la empresa estatal, un punto contra el que se han rebelado particularmente los sindicatos. Para la ministra francesa de Transporte, Élisabeth Borne, tiene como objetivo “ofrecer un mejor servicio público ferroviario”, al mejor coste para viajeros y contribuyentes.

Conforme al calendario impuesto por la Unión Europea (UE) a Francia para liberalizar su sector ferroviario, el proyecto contempla la apertura progresiva a la competencia en diciembre de 2019 para los trenes regionales y a partir de finales de 2020 para los de alta velocidad. Un paso que el Gobierno ve positivo tanto para los viajeros, que dispondrán de una mayor oferta, como para las regiones, que podrán escoger a qué operador confían sus trenes.

El punto más conflictivo es su voluntad de poner en igualdad de condiciones a todos los trabajadores del sector ferroviario, que hace que a partir de enero de 2020 ningún nuevo empleado sea contratado bajo ese estatuto histórico. Un marco laboral que entre otras cosas permite ahora a los empleados jubilarse a partir de los 57 años, e incluso a partir de los 52 en el caso de los conductores de trenes.

El texto establece igualmente que el Estado francés asumirá en dos fases 35.000 millones de euros de deuda de la SNCF para sanearla y retomar un margen de maniobra financiero que le evite caer en el futuro en un agujero de ese calibre, actualmente cifrado en unos 50.000 millones.

Los principios de la reforma fueron presentados a finales de febrero y las reuniones de concertación con los representantes del sector no han evitado las huelgas. Las protestas, impulsadas por los sindicatos CGT, Unsa, SUD y CFDT, comenzaron el pasado 3 de abril, a razón de dos días de cada cinco, y está previsto que se prolonguen hasta el próximo 28 de junio.

La ministra defiende que ningún otro Ejecutivo se ha implicado tanto en la mejora del sector y avanza que a partir de ahora volverá a reunirse con los sindicatos para contar con ellos en las siguientes negociaciones.

El Estado asumirá la deuda de la SNCF

El Estado francés asumirá en dos fases 35.000 millones de euros de deuda de la compañía pública de trenes SNCF para sanearla de cara a la apertura de la competencia en el transporte ferroviario interior de viajeros. El anuncio lo hizo el primer ministro, Edouard Philippe, durante los encuentros que mantuvo, sucesivamente, con los sindicatos para discutir algunos puntos de su reforma del sector ferroviario e intentar poner fin a la huelga intermitente en la SNCF que se prolonga desde comienzos de abril, con 22 días de paros hasta ahora.

Según el esquema presentado por Philippe, el Estado haría propios 20.000 millones de euros de esa deuda en 2020, a los que se sumarían 10.000 millones adicionales en 2022. Hasta finales del pasado año, la Sociedad Nacional de Ferrocarriles tenía un agujero de 46.600 millones de euros por los que ha de pagar 1.500 millones de euros en intereses cada año. Al ritmo actual, ese agujero aumenta en unos 3.000 millones de euros cada año.

El principal sindicato de la empresa, la Confederación General del Trabajo (CGT), consideró a su salida del encuentro con el primer ministro que el Gobierno está “más abierto” pero reafirmó su voluntad para seguir adelante con la protesta. El secretario general de la CGT en la SNCF, Laurent Brun, aunque reconoció ante los medios que los 35.000 millones de euros constituyen una parte “significativa”, se quejó de que el Ejecutivo no ha admitido que esa deuda es consecuencia de sus propias decisiones, en particular sobre la construcción de líneas de alta velocidad. Brun consideró que “la movilización es más que nunca necesaria” y que “es responsabilidad del Gobierno buscar una salida al conflicto“.

El porcentaje de huelguistas ha disminuido significativamente desde comienzos de abril, cuando era de casi el 34%, hasta algo menos del 15% el jueves, en la última jornada de protesta hasta ahora. El Gobierno espera que su anuncio de reducción de la deuda sirva para que la Unión Nacional de Sindicatos Autónomos (UNSA) y la Confederación Francesa de Trabajadores (CFDT) se desmarquen de los otros sindicatos en la continuidad de los paros.

En paralelo, la ley de reforma del sector ferroviario que está en el origen de la protesta, continúa su tramitación parlamentaria en el Senado. Los aspectos más polémicos de esa ley, sobre los que el Ejecutivo no está dispuesto a transigir, son el fin del particularmente ventajoso estatuto laboral de los trabajadores de la SNCF y la transformación de la empresa estatal en sociedad anónima.

CCOO anuncia huelgas en Renfe y Adif

El sector sindical ferroviario de Comisiones Obreras (CC OO) anuncia este sábado su intención de convocar paros en Renfe y Adif durante los próximos cuatro meses, entre junio y septiembre, que coincidirían así con las vacaciones de verano. El objetivo del sindicato, uno de los mayoritarios en las dos empresas ferroviarias públicas, es manifestar su rechazo al actual modelo de ferrocarril, y reclamar más personal y la recuperación de los salarios de los empleados de ambas compañías.

El sector ferroviario de CC OO manifiesta en un comunicado su intención de sumar a sus paros al resto de sindicatos con representación en Renfe y Adif, dado su “convencimiento de que coinciden en el análisis de la situación y en la necesidad de pasar a la movilización“. En concreto, el sindicato denuncia la disminución del número de empleados que acumulan Renfe y Adif, y reclama un “plan plurianual de empleo que suponga mayores ingresos de trabajadores que los registrados en los últimos años para rejuvenecer las plantillas y garantizar la prestación de servicio”.

CC OO reivindica también una “recuperación” de los sueldos de la actual plantilla que, según indica, ha perdido un 5% de poder adquisitivo “tras cinco años de congelación salarial y otros dos subiendo al 1%”. Además, denuncia el actual modelo ferroviario “basado sólo en el AVE” y en “golpes publicitarios con promesas de inversiones”.

También manifiesta su rechazo a las externalizaciones de trabajos, como los de mantenimiento y los venta de billetes, y a la situación del negocio de transporte de mercancías en tren, y denuncia la “inconcrección” del nuevo acuerdo con el Estado sobre prestación de servicios públicos, pendiente aún de firmarse desde su aprobación en diciembre de 2017.

El pasado verano también se produjeron paros en Renfe. La huelga coincidió con la segunda fase de la operación salida, el 29 de julio. Renfe aseguraba que “los viajeros que se han visto afectados por cancelaciones de trenes por esta convocatoria han sido más de 20.000 solo en los servicios de AVE, Larga y Media Distancia”, cifra a la que habría que añadir “los viajeros de Cercanías afectados en todos los núcleos de España”. En Media Distancia circularon el 65% de los trenes y en Alta Velocidad, el 78% de los trenes.

Con esta huelga convocada por CGT, se quería protestar por “el desmantelamiento del ferrocarril público y la destrucción de empleo en el sector ferroviario”. El sindicato exigía, entre otras cuestiones, soluciones en materia de empleo y la calidad del mismo, compromisos que garanticen el servicio público del ferrocarril, frenar las externalizaciones de las cargas de trabajo o plantear “salidas” dignas de las empresas, a través de mecanismos como la jubilación parcial con contrato de relevo.

Tres empleados del metro enfermos por amianto

Ya son tres los trabajadores del Metro de Madrid con enfermedad profesional como consecuencia de la exposición a fibras procedentes del amianto, de los cuales dos han sido reconocidos el pasado 20 de abril. Uno de los últimos casos es el de un empleado, que ingresó en la empresa en 1979 para dedicarse al mantenimiento de trenes, primero como peón ayudante y más tarde como oficial. Se encuentra de baja laboral desde el 9 de junio del año pasado por asbestosis, tuvo una intervención de corazón en 2017 y otra operación para extraerle un tumor cerebral este año, pero este último se le ha reproducido, por lo que permanece ingresado desde hace un mes para someterse a un tratamiento de radioterapia.

El otro caso reconocido este mes es el de un trabajador de 58 años que ingresó en la compañía en 1976 para ocuparse del mantenimiento de las escaleras mecánicas, aunque en los últimos años su tarea se ha ampliado a otras instalaciones como las estaciones y el alumbrado. Hace cuatro años, a la vista de una radiografía de tórax, los médicos le preguntaron si manipulaba amianto, y en febrero de 2016 le diagnosticaron asbestosis, si bien, en la actualidad, se mantiene activo.

El secretario general de CCOO en el suburbano madrileño, Juan Carlos de la Cruz, señala que los dos trabajadores, afiliados al sindicato, emprenderán acciones legales para reclamar una indemnización a la empresa porque no adoptó las medidas necesarias para evitar su exposición al amianto.

El primer trabajador del Metro de Madrid con una enfermedad profesional por la exposición a fibras procedentes del amianto presentará en breve una demanda ante los Juzgados de lo Social para reclamar al suburbano una indemnización de aproximadamente 400.000 euros. Se trata de Julián M., de 60 años, quien comenzó a trabajar en 1979 en mantenimiento del Metro de Madrid, como mecánico de material móvil, y permaneció toda su vida laboral en la compañía. En su trabajo, estuvo en contacto con “unos elementos que estaban compuestos de amianto, sin que le facilitaran ningún tipo de medidas de protección, en ningún momento, ni siquiera una triste mascarilla”, explica su abogado, Fernando Morillo, del despacho Bercovitz-Carvajal.

Como consecuencia de la enfermedad profesional, según el letrado, el trabajador estuvo en situación de incapacidad temporal desde junio de 2017 hasta que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconoció la incapacidad laboral permanente el 12 de marzo de este año, previo informe de un Equipo de Valoración de Incapacidades. Hasta el momento, se han realizado exámenes médicos a 371 trabajadores de Metro de Madrid de un total de 470 previstos y todos ellos han dado un resultado negativo en enfermedades relacionadas con la exposición a fibras procedentes del amianto.

Estas pruebas médicas se han desarrollado en el marco de las acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores, que realiza la compañía, y “siempre teniendo en cuenta que no hay riesgo de exposición al amianto ni para los trabajadores ni para los usuarios”, subraya la empresa. El plan de retirada del amianto del Metro de Madrid ya ha comenzado con una primera fase, autorizada por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permitirá actuar en un total de 33 trenes de dos modelos antiguos. La compañía invertirá un total de 140 millones de euros para la eliminación de este mineral en toda la red, tanto en el material móvil como en estaciones y otras instalaciones.

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha abierto recientemente una investigación penal por un posible delito contra los derechos de los trabajadores de Metro, a partir de la denuncia de la Inspección de Trabajo por la presencia de amianto en el suburbano

La contestada reforma ferroviaria de Francia

El primer ministro francés, Edouard Philippe, subraya su “determinación” a sacar adelante su reforma del sistema ferroviario, pese a las sucesiones de huelgas que le quieren hacer plegar, y avisa de que no cederá en los principales puntos que han suscitado el rechazo sindical. En una entrevista a la emisora de radio France Inter, Philippe señala que su Gobierno no renunciará a la supresión del estatuto laboral ventajoso de los trabajadores de la compañía estatal de trenes SNCF para los que sean contratados en el futuro, el aspecto más conflictivo con las centrales.

“La rigidez operativa de la empresa es un problema”, subraya después de haber señalado que la consecuencia es que el costo de funcionamiento de los trenes en Francia “es excesivo”. Y para mejorar esa situación -argumenta-, hay que abordar la cuestión de la deuda de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF), de 46.600 millones de euros al finalizar 2017, la falta de inversiones y también que las nuevas contrataciones no se hagan con el controvertido estatuto, que entre otras cosas permite a los empleados jubilarse a partir de los 57 años, e incluso a partir de los 52 en el caso de los conductores de trenes.

Francia está en jaque. Los sindicatos han decidido parar dos días cada cinco, hasta el 28 de junio. El martes y el miércoles se sucedieron las dos primeras jornadas de huelga en los trenes franceses y los sindicatos han previsto dos más, el domingo y el lunes, dentro de un calendario de 36 días en menos de tres meses. Cabe recordar que la SNCF ha sido siempre la locomotora de todas las luchas sociales en Francia y gracias a su poder de perturbación, ha sido siempre la bestia negra de todos los gobernantes que han osado intentar equiparar el estatus especial de los ferroviarios con el del común de los trabajadores del país.

El plan gubernamental quiere acabar con el estatuto especial del que disfrutan más de 130.000 de los 160.000 trabajadores de la SNCF y que les confería a los conductores la posibilidad de jubilarse con 50 años. En 2024, se retirarán a los 52. A los 57 los trabajadores “sedentarios”. Otras ventajas de este estatuto son la seguridad de contar con un empleo de por vida (los EREs no les afectan); 22 días de reposo al año –aparte vacaciones- por desbordar su horario oficial en 45 minutos por día; billetes gratuitos y precios reducidos para la familia, incluidos los suegros, alquiler de pisos de renta baja, primas diversas, como la de hablar algo de español (58,98 euros al mes)…

El primer ministro señala que tampoco es negociable la apertura a la competencia del ferrocarril, aunque sí las modalidades, porque mejorará el funcionamiento de los trenes, a la vista de las experiencias en otros sectores de actividad y de países donde hay competencia en el sistema ferroviario, en particular Alemania. Amparándose en el ejemplo alemán, dijo que “si (la apertura a la competencia) funciona allí, por qué no va a funcionar aquí”.

Sobre la deuda de la SNCF, Philippe indica que su Gobierno estaría dispuesto a que el Estado la asumiera, pero a condición de que en primer lugar la organización de la empresa cambie primero para garantizar que no volverá a inflarse en el futuro. Las espadas están en alto y se prevén unas jornadas difíciles para el transporte en todo el país y sus conexiones con el exterior, que también afectarán a España.

Huelga de trenes en Portugal

La huelga secundada por trabajadores de la empresa pública Infraestructuras de Portugal (IP) para exigir aumentos salariales ha afectado durante sus primeras horas a 170 trenes, que han sido paralizados en todo el país. Fuentes de la empresa ferroviaria Comboios de Portugal (CP) explican que, entre la pasada medianoche y las 10.00 hora local (09.00 GMT), 170 trayectos ferroviarios no han podido realizarse como consecuencia de este paro, convocado por varios sindicatos del sector. Se ha visto afectado el 37% del total de recorridos que se realizan habitualmente en ese periodo, agregaron las fuentes.

El de este lunes es el segundo paro que realizan los trabajadores de IP en apenas tres semanas, ya que el pasado 12 de marzo hubo una huelga similar que paralizó más de 150 trenes en todo el país. Comboios de Portugal avisó este fin de semana en un comunicado de que debido a la huelga se preveían “supresiones en todos los servicios” y que no se pondrían transportes alternativos a disposición de los usuarios. A diferencia del paro del 12 de marzo, para el que existían servicios mínimos del 25% en las zonas de Lisboa y Oporto, no se ha decretado esta medida para la huelga.

Los trabajadores de IP -que gestiona las infraestructuras ferroviarias del país, entre otras- protestan para exigir un aumento salarial, algo que no ocurre desde 2009. Aunque el sábado se celebró una reunión en el Ministerio de Planificación e Infraestructuras entre representantes del Gobierno, de IP y de los sindicatos, no se pudo alcanzar un acuerdo.

Ante esta reivindicación, Infraestructuras de Portugal propuso incrementar el valor de los complementos destinados a alimentación que reciben los empleados, lo que no ha convencido a los sindicatos, que insisten en que se actualicen las tablas salariales.

36 días de huelga de los ferroviarios franceses

Los principales sindicatos de la compañía estatal de ferrocarriles de Francia (SNCF) convocan una serie de 36 días de huelga entre abril y junio para protestar por la reforma del sector impulsada por el Gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron. Cuatro sindicatos ampliamente mayoritarios en la empresa (CGT, Unsa, SUD-Rail y CFDT) lanzan este desafío, que se traducirá en dos días de huelga de cada cinco entre el 3 de abril y el 28 de junio, después de que el Consejo de Ministros adoptara el miércoles la primera disposición para poder legislar por decreto en este asunto. Los detalles de esta serie de paros se conocerán una vez que estas cuatro centrales se vuelvan a reunir el miércoles próximo.

El punto que más ha crispado a los representantes de los 150.000 empleados de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) es el fin del estatuto laboral del que gozan -que contiene numerosas ventajas con respecto al régimen general de los trabajadores, sobre todo de cara a la jubilación-, que ya no se aplicará a los que sean contratados en el futuro. También se oponen frontalmente a los planes de apertura a la competencia de las líneas regionales y de larga distancia, que el Ejecutivo ha programado de acuerdo con sus compromisos europeos.

Otro punto que genera fricción es que el primer ministro francés, Edouard Philippe, justificó hace tres semanas el recurso a legislar por decreto para que los textos de la reforma puedan entrar en aplicación en verano, al tiempo que abría un proceso de concertación, pero limitado a dos meses. Philippe partía de un informe que había encargado, que advertía de que hacer circular un tren en Francia cuesta un 30% más que en otros países europeos; que la deuda de la empresa ha pasado en 20 años de 20.000 a 50.000 millones de euros; y que si no se hace nada aumentará en otros 15.000 millones en diez años.

Los sindicatos rechazan al unísono la propuesta de reforma. Recuerdan que los casi 46 000 millones de euros de deuda de la empresa se explican por la multiplicación de líneas a gran velocidad, casi todas deficitarias, aunque movilizan cerca de 110 millones de viajeros cada año. Entre 2010 y 2016 la deuda de la empresa aumentó 15 000 millones de euros, en gran parte por causa de ese tipo de servicio (el TGV, tren de gran velocidad) que aunque permite un transporte muy rápido cuesta muy caro. Estiman que el proyecto de reforma conducirá a un incremento en el precio de los pasajes, que perjudicará sobre todo a las personas de bajos recursos.

La supresión del “régimen especial” es la línea roja que el gobierno no debería intentar atravesar, según los sindicatos. Como referencia citan los ejemplos de la empresa de teléfonos y la del Correo, cuyo estatuto -similar al de la SNCF- fue modificado hace varios años. Cierre de oficinas, aumento exponencial de la subcontratación, precarización de las condiciones de trabajo, y no pocos suicidios.

El secretario general de la sección ferroviaria de la CGT, Laurent Brun, asegura que “el Gobierno no tiene ninguna voluntad de negociar” y “asume la responsabilidad de un conflicto intensivo en un periodo muy largo”.

Metro Madrid en pie de guerra por el amianto

Amplio seguimiento en el primer día de huelga convocada por el sindicato del Colectivo de Maquinistas de Metro Madrid para denunciar “la mala gestión” en el caso del amianto y exigir la dimisión de su consejero delegado, Borja Carabante. Los empleados se han puesto en pie de guerra, pero el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos ha sido “escrupuloso” y sin incidencias, informa una portavoz. El colectivo ha convocado estas movilizaciones, con paros previstos también para el 13 y 15 de marzo, en protesta por la falta de medidas de seguridad de cara a los trabajadores ante la presencia de amianto en trenes y estaciones.

La jornada coincide además con la comparecencia en la Comisión de Transportes de la Asamblea de Madrid del consejero delegado del suburbano, Borja Carabante, para explicar precisamente la gestión que ha desplegado la compañía en relación a la presencia y eliminación de este material tras su prohibición, al ser potencialmente cancerígeno. Por ello, el colectivo se manifestaba a las puertas de la Asamblea para pedir la dimisión del consejero delegado y que sea sustituido “por alguien más competente”.

La Fiscalía ha abierto una investigación para determinar si existe algún tipo de responsabilidad penal a raíz del acta de Inspección de Trabajo que proponía una sanción de 191.000 euros a Metro al entender que no tomó suficientes medidas de seguridad, después de que se reconociera la enfermedad profesional a un empleado de mantenimiento que contrajo cáncer por exposición a dicho material. La compañía remitió una circular a los empleados de Metro para informar de que más de 90 coches de trenes de la serie 2000, de los más antiguos, tenían un disruptor que contenía amianto y remarcaba a los empleados la prohibición de manipularlo.

Desde el sindicato aseguran que tanto Borja Carabante como sus antecesores “han ocultado durante años información a todos los trabajadores sobre la crisis del amianto”. Asimismo, asegura que el consejero delegado de Metro tachó las pasadas huelgas de “cabezonería” por parte de los maquinistas que pedían “un estudio de seguridad e higiene que analizase las condiciones laborales”. El sindicato de Maquinistas ha planteado al consejero delegado de Metro que está dispuesto a desconvocar los paros si firmaba un documento en el que se hace responsable de que, en la actualidad, los usuarios y trabajadores de Metro no están expuestos a amianto. Según los maquinistas, la jornada de huelga de hoy ha sido un “éxito”, con el 100% de seguimiento y con el cumplimiento “escrupuloso” de los servicios mínimos establecidos.

El consejero delegado de Metro de Madrid, Borja Carabante, anuncia la contratación de una empresa para retirar “de manera inmediata” el amianto “de muchos de los trenes” del suburbano madrileño afectados por este material nocivo para la salud, que cifra entre 72 y 96 convoyes. Los trenes del suburbano afectados por amianto representan entre un 3% y un 4% de los 2.400 que hay en circulación, lo que supondría entre 72 y 96, según Carabante.

En su comparecencia en la comisión de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Asamblea de Madrid, Carabante explica que la empresa adjudicataria está registrada en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo por Amianto) y ya ha presentado un plan en el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad. “Una vez aprobado (el plan), procederemos a su retirada inmediata“, añade en referencia al amianto.

El consejero dice que “el porcentaje máximo” del peso del amianto en cada uno de los trenes afectados es del 0,0009%, aunque indica que puede “ser menor” debido al “recambio de algunas de las piezas”. En concreto, el amianto está en el 10% de un componente eléctrico denominado “apagachispas”, que tiene un tamaño similar al de “una caja de zapatos”, y en los suplementos de contractores, lo que supone una “ínfima” parte de los trenes.

Metro de Madrid no sólo eliminará el amianto de los trenes sino también de las estaciones e instalaciones del suburbano con presencia de este material nocivo para la salud, cuya fabricación, utilización y comercialización está prohibida en España desde 2002. Carabante indica que la eliminación del amianto en las estaciones tendrá un coste de alrededor de los 100 millones de euros, mientras que el presupuesto para los trenes será “más reducido”.

El plan previsto por Metro para eliminar el amianto de aquí a 2021 afectará a 23 estaciones pero todavía quedarían “una docena” con esta sustancia cancerígena de las que no ha dado plazos de intervención, aunque ha asegurado que “se actuará de la forma más rápida posible”. Carabante convocará el próximo lunes una reunión con los sindicatos para coordinar el plan estratégico que haga “compatible” la intervención con el servicio del suburbano y “no se ponga en riesgo la posible inhalación del amianto por parte de los usuarios ni trabajadores”.

(Imagen Panhard-Creative Commons)

Plan de bajas para el 5,8% de empleados de Renfe

Renfe ha planteado un plan de bajas voluntarias para un máximo de 805 trabajadores de la compañía ferroviaria, alrededor del 5,8% de la plantilla de unos 13.720 empleados con que cuenta actualmente. El programa de desvinculaciones que se acometerá durante este ejercicio 2018 se suma a los abordados los dos últimos años, de 750 empleados en 2016 y 2017 respectivamente, y el de unos 500 efectivos de 2015. Estos ajustes se enmarcan en el plan de empleo que la compañía ferroviaria pactó con los sindicatos en el marco de su actual convenio colectivo, que vincula las salidas voluntarias de personal con la incorporación de nuevos efectivos.

El objetivo último de esta medida es transformar y rejuvenecer la plantilla de Renfe, que presenta una edad media de 54 años, incorporando además nuevos profesionales que generen valor y permitan a la empresa atender el crecimiento de algunos de sus negocios y cubrir nuevos perfiles profesionales. La compañía que preside Juan Alfaro cerró en el último trimestre de 2017 la quinta oferta de empleo que lanza desde 2015, que además figura como la mayor de su historia, dado que incorporó 675 empleados, de los que más de la mitad son maquinistas. En la actualidad, tiene abierta una nueva convocatoria para incorporar seis nuevos profesionales entre asesores jurídicos y tributarios, comerciales e ingenieros.

Renfe acomete esta reestructuración de su plantilla en el marco de su estrategia de prepararse para la apertura a la competencia de transporte de viajeros en tren, prevista en 2020, cuando la compañía pública perderá su monopolio en AVE y Larga Distancia y empezará a competir con nuevos operadores privados que entren en el mercado. “Este es nuestro principal foco de atención hasta 2020, mantener la cuota de mercado y prepararnos para dicha apertura“, indicó recientemente el presidente de Renfe. Con este mismo fin, la compañía, que espera cerrar el ejercicio 2017 con sus primeros beneficios de la historia, lanzará a finales de este trimestre un plan de compra de nuevos trenes.

En cuanto al plan de bajas voluntarias que Renfe ejecutará este año plantea que, del máximo de 805 trabajadoras que se pueden sumar, hasta 208 sean maquinistas, 119 comerciales y otros 103 operarios de talleres. También plantea la posibilidad de salida para personal corporativo, tanto en la dirección, como en las estructuras de apoyo y gestión.

Los sindicatos manifestaron su satisfacción por el aumento del número de trabajadores que pueden sumarse al plan respecto a anteriores ejercicios, cuando las solicitudes de adhesión y salida sobrepasaron a las bajas propuestas.