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La Seguridad Social reclama 4,8 millones a Adif

La inspección de trabajo ha destapado que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) no cumplió con las cotizaciones establecidas para determinados trabajadores, entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015. La empresa dio una calificación de personal de oficina a trabajadores que no desempeñaban esas funciones, cotizando por ellos sólo un 1% en lugar de un 2,1%, ahorrándose así un 1,1%. La Seguridad Social le reclama ahora 4,8 millones por cotizaciones irregulares.

Fuentes de la empresa aseguran que el gestor «viene cotizando anualmente a la Seguridad Social más de 166 millones de euros y que se encuentra actualmente al corriente de todos los pagos». No obstante, en cuanto a las actas levantadas tras la inspección, la empresa justifica que se trata de un «primer resultado provisional» contra el que Adif presentó las alegaciones correspondientes, que están aún por resolver. «No cabe, por tanto, hablar de deuda como si esta fuera una decisión firme derivada de la inspección, ya que se está a la espera de los resultados definitivos de dicha inspección y del análisis de las mencionadas alegaciones», defendió el portavoz consultado, que precisó que Adif se ha opuesto a los criterios utilizados por la inspección de trabajo. Es más, contempla recurrir la resolución en caso de que salga en contra de la empresa.

Los diputados de Ciudadanos Sergio del Campo, Fernando Navarro, Saúl Ramírez Freire y José Cano Fuster han registrado una batería de preguntas en las que cuestionan al Ejecutivo si conocía “esta manera de proceder” y las medidas que tiene previsto adoptar para evitar que esta situación se repita. Según relata Ciudadanos, que referencia una información publicada en el diario ‘El Mundo’, la Tesorería de la Seguridad Social reclama en cuatro actas de liquidación de cuotas un importe total de 4,8 millones de euros por “cotizaciones irregulares” entre los años 2011 y 2015, ambos incluidos.

Según estas informaciones, Adif no cumplió con las cotizaciones establecidas para determinados trabajadores, configuró conceptos salariales como dietas y calificó como horas de fuerza mayor horas extraordinarias, obteniendo rebajas en los porcentajes a aplicar a estas horas (siendo la retribución la misma. En 2015, el 80% de las horas extraordinarias fueron consideradas de fuerza mayor, reclamándose un importe de 437.137 euros.

“De confirmarse estos hechos, resultaría alarmante que una empresa estatal hubiera actuado de esta manera, eludiendo el cumplimiento de la normativa laboral”, aseveran los diputados en su iniciativa. Los diputados de la formación naranja también se refieren al conflicto laboral de los trabajadores que prestan servicios en varios de sus trenes, el personal de a bordo de la empresa adjudicataria Ferrovial. Estos trabajadores, apunta Ciudadanos, “han visto cómo han retrocedido sus condiciones laborales en los últimos años, lo que les ha llevado a la huelga”, por lo que también preguntan al Gobierno si conoce la situación de estos empleados y sus reclamaciones.

A instancias de una pregunta parlamentaria del diputado de EH Bildu Oskar Matute, el Gobierno reconoció que el Grupo Renfe acumula un total de 50 infracciones denunciadas por las diferentes Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social desde el 1 de enero de 2015 hasta el 15 de marzo de 2017. Interesándose por “las numerosas multas” impuestas al operador público, Matute denunciaba la existencia de “diferentes irregularidades vinculadas a la relación laboral y contractual que la dirección de Renfe mantiene con sus empleados y empleadas” y por ello preguntaba por el número de denuncias y sanciones recibidas.

El Gobierno confirma que en los últimos dos años la Inspección de Trabajo ha levantado 50 actas de infracción, confirmándose la sanción en tres de ellas, dos en vía administrativa y una en fase judicial. El Ejecutivo apostilla que en otras seis el Grupo Renfe ha presentado demanda, estando pendientes todas ellas de la correspondiente resolución judicial. Sin embargo, el Gabinete que preside Rajoy no da respuesta a dos de las tres preguntas registradas por Matute, que también pedía información por la evolución de las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo al Gobierno en los diferentes organismos autónomos, entidades públicas, empresariales, agencias de comunidades autónomas y entidades locales y el detalle de las imputadas a cada una de las entidades y organismos sancionados.

El tren convencional necesita atención

El presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Juan Bravo, admite en la comisión de presupuestos del Senado que la red convencional de ferrocarriles “necesita una apuesta decidida” y confirma que están abordando ya los trabajos de planificación. Bravo dice que el presupuesto destinado a Adif es “de transición” y subraya como objetivos principales el inicio de la mejora de la red convencional “como garantía de vertebración del territorio” y completar la red de alta velocidad “como elemento de competitividad en clave de corredores”.

El consejo de administración de Adif autorizó a finales de abril la licitación de un nuevo contrato para su mantenimiento, por importe de 275,9 millones de euros y hasta 2019. También Renfe, a lo largo de 2018, abordará un nuevo plan de infraestructuras con una apuesta por los servicios de cercanías y regionales, que incluye la adquisición de nuevos trenes. Con respecto a la dotación presupuestaria, el presidente de Adif destaca que incluye una nueva propuesta de cánones.

Adif propone renunciar a la subvención de 585 millones de euros que hasta ahora estaba fijada en los Presupuestos Generales del Estado, y que, en su lugar, esa partida se destine a compensar a Renfe, el operador que actualmente se encarga de prestar los servicios ferroviarios de cercanías y media distancia bajo la obligación de Servicio Público. El sistema propuesto por Adif, según el cual recuperará los costes del uso de sus infraestructuras a través de los cánones ferroviarios que cobrará a Renfe (no vía Presupuestos Generales del Estado), será más transparente a la hora de evaluar las obligaciones del Servicio Público.

Bravo apunta a que “por primera vez se ve la posibilidad” de que el tráfico ferroviario de mercancías “vaya sustituyendo” al que se hace por carretera. El ferrocarril juega un peso muy minoritario en el tráfico de mercancías. Su utilización ha sufrido un dramático declive desde mediados del siglo XX, teniendo actualmente una cuota modal inferior al 5%. Muy lejos queda el año 1951 cuando su participación en el transporte terrestre era de un 53%. Cambios en la regulación, como la transferencia de funciones en manos de Fomento a la CNMC, la regulación del alquiler de trenes o cambios en las tarifas de Adif, que promuevan inversiones en infraestructuras, son aspectos en los que conviene incidir para aumentar estos porcentajes.

El presidente de Adif asegura que es “consciente del problema” en el servicio de Cercanías de varias comunidades y añade ya se trabaja en “mejoras que se articularán en un plan general”, al igual que en el norte de España con la línea de ferrocarriles de vía estrecha, para que pasen a ser de ancho métrico. Bravo recuerda que Renfe invertirá un total de 266 millones de euros este año en acometer reformas y mejoras en el parque de trenes con que cuenta la compañía ferroviaria pública para transporte de viajeros, que suma unos 1.360 vehículos. El parque copará así más de la mitad (el 57,7%) del presupuesto inversor total de 461 millones con que la operadora cuenta este 2017.

Taquilleros de Adif pasan a Renfe

Renfe ha asumido los 844 trabajadores de Adif que se encargan de vender billetes de tren en las estaciones, según informaron las dos compañías ferroviarias públicas. Con este traspaso de personal, las dos operadores concluyen un aspecto que quedó pendiente cuando en 2005, ante el inicio de la liberalización del sector, la antigua Renfe se segregó en dos empresas, de forma que Adif pasó a ostentar las vías, estaciones y resto de infraestructura ferroviaria y Renfe Operadora, los trenes y el servicio. No obstante, el proceso de paso de estos trabajadores de una compañía a otra, que lleva años negociándose, concluye justo cuando el Ministerio de Fomento sopesa volver a unir las dos firmas en un ‘holding’.

Con esta medida, Renfe y Adif aseguran pretender mejorar el servicio al cliente, dado que a partir de ahora la operadora será responsable de todo el procesos de venta de sus billetes de tren. Las dos compañías ferroviarias han acordado mantener un plan de transición durante seis meses para solventar cualquier incidencia que pueda surgir en el proceso de cambio.

La conclusión del traspaso a Renfe del colectivo de empleados del canal de venta permitirá a la compañía habilitar a partir del 1 de julio, tal como ya había anunciado, nuevos teléfonos de información y comunicación con sus clientes que sustituyan a los cuatro que tiene disponibles actualmente, todos ellos 902. Tras el cambio, la compañía ferroviaria pondrá a disposición de los clientes una línea 900, esto es, gratuita, para informar sobre incidencias y atender reclamaciones a escala nacional. El resto de números serán de tarificación provincial, esto es, líneas fijas precedidas por el correspondiente prefijo provincial.

En la actualidad, de los cuatro número 902 que tiene Renfe para comunicarse con sus clientes, uno es para facilitar información y venta de billetes, otro de asistencia a la venta por internet, un tercero de información sobre estaciones y otro más para reservar personal de asistencia en estaciones de tren.

Renfe y Adif ponen fin a una situación pendiente desde hace una década. En el marco del inicio de la liberalización ferroviaria en España, la antigua Renfe se dividió en dos empresas para segregar a Adif las infraestructuras ferroviarias para quedarse con los trenes y la explotación del servicio de transporte, separando al personal asociado a cada negocio. En ese momento la operadora ferroviaria se quedó con el personal y la actividad de venta de billetes de Cercanías en estaciones; los trabajadores y la actividad de venta de billetes para el resto de trenes (Media Distancia, Alta Velocidad y Larga Distancia) se traspasó al Adif.

Con el acuerdo alcanzado ahora, no sólo se pondrá fin a esta situación anómala, sino que Renfe ya no tendrá que abonar la cantidad que anualmente paga a Adif para compensar por la actividad de venta de billetes. Este monto se suma al canon que la operadora paga a la gestora por el uso de las vías y otras instalaciones ferroviarias.

La compañía ferroviaria asumirá el personal de estaciones que vende sus billetes mientras aborda distintas iniciativas comerciales para atraer un mayor número de viajeros por tren y convierte a su página de Internet en el principal canal de venta de plazas. En la actualidad la web de Renfe vende el 44% del total de billetes que la empresa comercializas, por delante de las estaciones, que canalizan alrededor del 30%, y de las agencias de viajes, que gestionan otro 20% de las ventas.

Adif busca sistema para regular el tráfico

Adif invertirá 9,55 millones de euros en dotarse de un nuevo sistema de regulación del tráfico de trenes, que mejore y presente más funcionalidades que el actual para mejorar así calidad del servicio ferroviario. La compañía promotora y gestora de la red ferroviaria prevé comenzar a desplegar en 2019 el nuevo sistema, cuyo desarrollo e implantación acaba de sacar a concurso.

Adif seleccionará a la compañía que implante el sistema a través de un concurso negociado, en el que el adjudicatario saldrá de una segunda parte en la que negociará con la cuatro empresas que resulten finalistas.

El tráfico ferroviario circula coordinadamente por una inmensa red en la que cada día se producen cientos de cruces de trenes, salidas y llegadas a estaciones. Para mantener todo este complicado mecanismo funcionando a pleno rendimiento, y evitar, en la medida de lo posible, que las incidencias afecten a la normalidad del tráfico, se cuenta con una red de Centros de Gestión de Tráfico, que controlan y coordinan la explotación ferroviaria.

Los trenes de Alta Velocidad se controlan mediante la plataforma tecnológica DaVinci, una gestión integral de todos los procesos, sistemas y usuarios en una única plataforma de arquitectura abierta, que tiene, además, la posibilidad de telemandar y monitorar líneas gestionadas por otros centros de control. Este concepto se aplica en los Centros de Regulación y Control (CRC), que integran todos los sistemas que intervienen en la regulación del tráfico ferroviario, desde la señalización a la información al viajero, dando respuesta a las exigencias de la alta velocidad.

El sistema DaVinci es una plataforma integradora de gestión del tráfico ferroviario diseñada para las nuevas líneas de alta velocidad, aunque también es capaz de adaptarse a otros tipos de tráfico ferroviario en líneas convencionales de vía de ancho convencional y estrecha, metros, tranvías, etc. Esta plataforma supone una evolución en la integración multidisciplinar del entorno ferroviario orientada hacia la gestión integral de procesos, sistemas y usuarios, al agrupar en un mismo sistema todos los subsistemas antes independientes. Se trata de uno de los sistemas de gestión de tráfico ferroviario más avanzados del mundo.

Adif cuenta 20 Centros de Regulación y Control, 16 de ellos en la red convencional y 4 en la de alta velocidad; un Centro de Gestión de Red H24, Gabinetes de Circulación y Servicios Itinerantes de Circulación (SIC). La comunicación desde los Centros de Regulación y Control con los trenes se realiza a través de sistemas de telecomunicaciones de explotación propia como GSM-R (Telefonía móvil GSM específica para el ferrocarril), en explotación en las líneas de alta velocidad, y Radiotelefonía Tren-Tierra, que es el sistema actualmente operativo en prácticamente todas las líneas de la red convencional.

El Control de Tráfico Centralizado consiste en la regulación de todas las señales y agujas situadas en el trayecto desde un punto único y mediante sistemas informáticos, lo que permite establecer la ruta de los diferentes trenes con las mayores garantías de seguridad y fiabilidad. Las operaciones se realizan mediante un sistema de retroproyectores que reproducen la topografía de las vías y visualizan los diferentes trenes en circulación y una serie de ordenadores que dictan y ejecutan las órdenes.

¿Hay futuro en el poblado de Monfragüe?

Corregido. El poblado ferroviario de Monfragüe cuenta con nuevo proyecto básico de recuperación. Tantas veces se ha hablado de sus salvación, que ya nadie cree en que se pueda hacer realidad. Aunque ahora parece que sí, que la cosa va en serio. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) propone declarar el poblado de Monfragüe como Bien de Interés Cultural (BIC) de cara a impulsar el desarrollo de este recinto, ubicado en el municipio de Malpartida de Plasencia (Cáceres). El proyecto pretende salvar este espacio que en su momento fue uno de los nudos de comunicación más importante del país. En breve se creará una mesa de trabajo, compuesta por todas las entidades y organismos implicados, para garantizar el impulso a este proyecto y el seguimiento de las actuaciones.

Después de variosmeses de trabajo se ha concluido la redacción del proyecto básico para impulsar el desarrollo del Poblado, localizado en el recinto de la estación de Monfragüe, en el municipio de Malpartida de Plasencia en Cáceres. Este antiguo poblado ya contaba con un Plan Director, redactado por un equipo multidisciplinar de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, y tiene incoado un expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural por parte del Ministerio de Cultura.

El poblado perdió toda su funcionalidad con el fin de la tracción vapor y el ulterior cierre de la Ruta de la Plata, por lo cual sufrió un proceso de abandono de viviendas y edificios de servicios. Aunque durante varias décadas tuvo su importancia para la Compañía de Ferrocarriles del Oeste de España, al hilo de la conexión en la Dehesa de Palazuelo del Ferrocarril Madrid-Cáceres-Portugal con el nuevo Ferrocarril Palazauelo-Astorga,

Más de setecientas personas llegaron a vivir en los pabellones y casas bajas que se dispusieron al sur del trazado del FC Madrid-Cáceres, inmuebles que se acompañaron de capilla, escuela, economato, dispensario médico… En total estos edificios se distribuyeron sobre una parcela de aproximadamente 30.000 metros cuadrados de los cuales la superficie construida supera los 10.000.

El nuevo estudio rescata la premisa inicial del original Plan Director de 2005, es decir, culminar la declaración del poblado como Bien de Interés Cultural (BIC) para favorecer la financiación de las actuaciones y la necesaria adaptación de los suelos que integran este proyecto al planeamiento urbanístico a través de un plan especial.

El nuevo proyecto básico se presnetó hace unos días en las inmediaciones del poblado ferroviario, acto que contó contado con la asistencia de representantes de Turismo y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, así como de otros organismos implicados en el proyecto, como la Diputación de Cáceres y el ayuntamiento de Malpartida de Plasencia.

El proyecto identifica el futuro desarrollo de este poblado ferroviario, tal como decía el original Plan Director, con un doble componente medioambiental y turístico, añadiendo ahora las facetas de accesibilidad y la eficiencia energética como algunos de sus principales atributos, dada su cercanía al Parque Nacional.

El equipo redactor ha identificado las cuatro áreas de desarrollo interconectadas entre sí: Una dotacional que contiene los principales elementos singulares del poblado (vivienda del médico, posada, capilla, bazar, escuela, vivienda de maestros…) y equipada con una gran aparcamiento de 3.500 metros cuadrados. Una zona de poblado dedicada al ámbito educativo, compuesta por varios pabellones y antiguas viviendas. Un espacio dedicado a la investigación medioambiental, con el aprovechamiento de varios pabellones. Y una zona reservada a la actividad empresarial mediante el aprovechamiento de varios pabellones y grupos de viviendas y dormitorios como zonas de hospedaje.

El coste estimado de la rehabilitación de este conjunto asciende a unos 5,7 millones de euros, correspondiendo a la primera fase o de desarrollo del área dotacional una inversión de 2,7 millones de euros. Una vez analizadas las principales conclusiones del estudio realizado, todas las administraciones participantes, incluida Adif, han mostrado la conveniencia de la firma de un protocolo general de actuaciones para la futura cesión del uso de los elementos que conforman el poblado (suelo y edificios) a las administraciones competentes en su desarrollo.

La redacción del proyecto básico para el desarrollo del Poblado Ferroviario de Monfragüe se ha elaborado mediante una serie de trabajos de campo y reuniones sectoriales que han contado con 67 participantes del sector público y privado. Dicho proyecto contiene una serie de actuaciones, entre las que destacan las siguientes: Diagnóstico sobre la situación actual, detallando el aspecto urbanístico y el estado de conservación del poblado. Plan Director de Usos con el fin de exponer de forma participativa las propuestas de la empresa consultora y sumar ideas u observaciones técnicas, sociales, económicas o medioambientales a la propuesta de desarrollo prevista. Anteproyecto de rehabilitación de inmuebles, identificando obras de edificación y urbanización, que contendrá una memoria descriptiva, planimetría suficiente y costes estimados para futuras tomas de decisiones. Y plan de actuación y posibilidad de financiación pública y privada de las intervenciones u opciones planteadas.

Todas estas actuaciones serán trasladadas próximamente a un documento definitivo que supone una actualización del contenido del Plan Director del Poblado Ferroviario de Monfragüe, elaborado en el año 2005.

Adif marca tiempos máximos para atender averías en líneas ferroviarias de Cercanías y regionales

Adif fija tiempos máximos para atender y dar respuesta a las averías que se registren en las líneas ferroviarias convencionales, las que no son de Alta Velocidad, por las que circulan trenes de Cercanías, regionales y de larga distancia. Las incidencias en la infraestructura que afecten al servicio de Cercanías deben tener un tiempo máximo de respuesta de una hora y media.

El contrato sale a concurso repartido en siete lotes, en función de las distintas zonas geográficas, en vez de en los veinte lotes en los que se solía contratar hasta ahora, con el fin “optimizar recursos humanos y materiales”

El nuevo plazo será de dos horas y media para el caso de los servicios de larga distancia y de cuatro horas para las líneas con escaso tráfico o de mercancías. El tiempo de respuesta es el que tarden en llegar al lugar de la avería los efectivos humanos y materiales necesarios para repararla. La respuesta rápida ante una incidencia de la red ferroviaria convencional no tendrá que darla Adif, sino la empresa o empresas que se adjudiquen el contrato de su mantenimiento que acaba de sacar a concurso.

El contrato introducirá también penalizaciones para el caso de que no se cumplan estos tiempos. Se trata de un contrato valorado en 276 millones de euros y abarca un periodo de dos años, prorrogable para otros dos, según informó la compañía ferroviaria dependiente del Ministerio de Fomento. Adif asegura que su importe supone un incremento en la inversión en mantenimiento de la red ferroviaria convencional, que suma una longitud de unos 13.000 kilómetros, que cifra en el 36%. Ello responde al hecho de que, además de atender el mantenimiento regular de las vías y fijar tiempos máximos para dar respuesta a las averías, el contrato incluirá otras actuaciones adicionales y medidas de mejora.

En primer término contempla los trabajos regulares de mantenimiento de la red ferroviaria por el que Adif pagará 68,6 millones de euros anuales, si bien el importe final queda vinculado al cumplimiento de unos objetivos e indicadores de calidad. Además, incluye 33,80 millones adicionales al año para actuaciones extraordinarias, las que deriven de inspecciones o incidencias, y una tercera partida, de 31,5 millones anuales para realizar trabajos de mejora de las líneas que deriven en ahorros futuros de mantenimiento y especialmente centrados en suprimir las limitaciones de velocidad que presentan la red.

Adif cede a Renfe su ayuda de 585 millones tras multiplicar por 8 el peaje por sus infraestructuras

Adif ha propuesto ceder a Renfe la subvención pública anual de 585 millones de euros que hasta ahora venía recibiendo del Estado para costear el correcto mantenimiento de la red ferroviaria convencional, tras anunciar que multiplicará por ocho el peaje que cobra a la operadora por que sus trenes usen estas infraestructuras. La compañía que preside Juan Bravo prefiere obtener los recursos para mantener las líneas de tren convencionales del peaje que Renfe le abone por usarlas, a pesar de que los fondos para pagar ese peaje procedan igualmente de las arcas públicas. Adif pretende subir este peaje para que cubra el 95% del coste de explotación de estas líneas y no el 10% como hasta ahora.

Adif considera que el importe que cada año recibe del Estado para costear el mantenimiento de las vías se destine a Renfe para que pueda afrontar el fuerte incremento del canon. De su lado, Renfe sumará esta prestación a la de unos 600 millones de euros que ya recibe para sufragar las conexiones de transporte de viajeros en tren consideradas de servicio públicos, la mayor parte de las de Cercanías y de Media Distancia, esto es, las que circulan por las vías convencionales. Se trata de servicios deficitarios económicamente, pero rentables socialmente, que hay que mantener para garantizar la vertebración y la movilidad de los ciudadanos.

La operadora pública pasará a percibir una aportación estatal de unos 1.000 millones de euros, la mitad va para pagar el peaje a Adif por el uso de las vías, y la otra mitad para costear la explotación de los viajes en tren de Cercanías y Media distancia que realiza por ellas.

Esta subida de cánones y traspaso de subvención de Adif a Renfe ha transcendido al publicar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el informe que ha realizado para valorarla, en la que la da su visto bueno. La CNMC considera “más transparente” que Adif recupere el coste de mantener las vías convencionales con el peaje que le paga Renfe que a través de aportaciones presupuestarias.

Esta reestructuración de la aportación de los 1.000 millones de euros que el ferrocarril convencional supone para el Estado entre Renfe y Adif puede constituir un paso hacia la concreción de las cuentas de ambas compañías de cara a su eventual integración en un ‘holding’ que actualmente analiza el Ministerio de Fomento.

El mismo informe de la CNMC también revela que Adif Alta Velocidad articulará un sistema de multas y rebajas en los peajes que cobra a Renfe por cada tren que circula por su red AVE, con el fin de garantizar su máximo aprovechamiento y fomentar el transporte en tren.

La optimización y mayor uso de la infraestructura de Alta Velocidad y el consiguiente descuento en el peaje que Renfe paga a Adif (unos 500 millones de euros anuales) podría a su vez traducirse en una reducción del precio de los billetes que la operadora cobra a los viajeros.

Adif prevé multar a Renfe cuando reserve un surco (‘slot’) en una de vía de Alta Velocidad y luego no lo explote correctamente. La sanción propuesta consiste en pagar dos veces el peaje de este surco. No obstante, la CNMC considera que se trata de una multa “excesiva”. Por contra, la empresa propietaria de la red AVE rebajará el peaje a los trenes AVE de Renfe cuando registren un incremento en el número de viajeros transportados superior al crecimiento medio esperado para el sector.

El ‘superregulador’ insta a Adif a rebajar a la mitad su previsión de incremento de viajeros del AVE, el porcentaje de aumento de usuarios a partir del cual rebajaría el canon, desde el 3% que estima la empresa pública hasta un 1,4%.

Relevo en la cúpula de Adif que deberá preparar a la compañía para la integración con Renfe

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Nuevos directivos para Adif. El presidente del gestor ferroviario, Juan Bravo, ha cerrado los fichajes para formar un nuevo equipo de alta dirección con el que afrontar una nueva etapa marcada por la posible integración con Renfe bajo un único holding, la reactivación de las obras del AVE, paralizadas por la falta de fondos, y la aprobación de un nuevo sistema de contratación que reduzca el peso de la oferta económica.

La renovada cúpula directiva de Adif está formada por Manuel Fresno Castro, ex de Renfe, como director Financiero y Corporativo del gestor; Miguel Nieto Menor, exsecretario general del Metro de Madrid, que ocupa el cargo de director general de Servicios a Clientes y Patrimonio; y Elena Marín Argarate, que es la nueva directora de Comunicación. Marín, que viene de la agencia Estudio de Comunicación, ha sido directora de comunicación del Ministerio de Justicia y trabajó en La Gaceta de los Negocios. Los nuevos directivos ya han ocupado sus puestos y se ha informado a la plantilla con una nota interna.

Los nuevos directivos se caracterizan por tener una larga trayectoria en el sector ferroviario. Manuel Fresno es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y miembro del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado (Ministerio de Economía y Hacienda). Hasta su nombramiento en Adif, desempeñaba el puesto de director general Económico-Financiera de Renfe Operadora, compañía a la que se incorporó en 2012. Miguel Nieto Menor es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado. Ha trabajado en el Ministerio de Fomento, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y desde 2012 era secretario general de Metro de Madrid. También ha trabajado para Ineco y Aena.

Los recién nombrados sustituyen a los directivos que dejan la compañía: Iñaki Garay (Comunicación), Miguel Miaja (Financiero), Jorge Segrelles (Clientes y Patrimonio), y Ana Galindo (gabinete de presidencia). El consejo de administración de Adif ultima los preparativos para aprobar en su próxima reunión de esta semana el nombramiento oficial de los cuatro nuevos miembros de la cúpula, según publica El Economista.

Los exdirectivos salientes ya tienen nueva ocupación. Iñaki Garay trabaja en la dirección de Comunicación de Renfe; Miaja volverá a su plaza en la Intervención General del Estado; y Segrelles se dedicará en exclusiva a ser el presidente del consorcio del AVE a La Meca. Sólo queda por esclarecer el futuro de Ana Gómez Galindo, directora de Gabinete de Presidencia. El nombre de la directiva ha desaparecido del organigrama que Adif tiene colgado en su web.

Según asegura la citada publicación, Francisco Javier Fernández Arévalo, que lleva en Adif desde el año 2000, seguirá al frente de la dirección de auditoria interna. Alicia Portas se mantendrá como directora de Recursos Humanos e Isabel Pardo seguirá como directora de Explotación y Construcción.

¿Cuantas kilómetros de vía hay en construcción?

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reclama a Adif y a Adif Alta Velocidad que articulen una página de Internet en la que ofrezcan “información actualizada” sobre las obras de líneas en construcción y la fecha en que está previsto se pongan en servicio. Así lo indica el ‘superregulador’ con el fin de contribuir a contar con una ordenada planificación ferroviaria y a aumentar la transparencia para los operadores que explotan la red (Renfe y empresas privadas de transporte de mercancías).

El órgano que preside José María Marín Quemada realiza esta recomendación en el informe sobre declaración de red de Adif y Adif Alta Velocidad de 2017, el documento en el que las empresas promotoras y gestoras de las infraestructuras ferroviarias actualizan la información sobre estas dotaciones con los cambios registrados en 2016. La CNMC aprovecha el informe para volver a reclamar a Adif que incluya un sistema de ‘sanciones’ y ‘bonificaciones’ en el canon o peaje que cobra a Renfe y al resto de operadores ferroviarios por usar las vías del tren, las instalaciones y el resto de dotaciones férreas.

Este sistema permitiría a la compañía que preside Juan Bravo sancionar a las operadoras que perturben el normal funcionamiento de la red y otorgar bonificaciones a las que sufran dichas alteraciones o incluso presenten ratios de eficiencia en la explotación de servicios ferroviarios superiores a lo previsto.

La CNMC recuerda además a Adif que tiene pendiente de facilitar una “explicación detallada” sobre los principios y parámetros de costes que utiliza para fijar el canon. Los correspondientes a 2017 están aún pendientes de aprobar, a la espera de que a su vez se aprueben los Presupuestos Generales del Estado.

Adif pretendía subir un 15% el peaje que cobra a Renfe por circular por líneas ferroviarias en 2017, pero la CNMC se opone y limita la subida al 4,2%, por temor a que se traslade al precio del billete de los viajeros.

En la actualidad, la red española de alta velocidad tiene más de 3.100 km en servicio. Más de 33 millones de usuarios anuales (datos año 2015: 33.423 millones de viajeros) utilizan los trenes de la operadora pública Renfe, que circulan por estas líneas a una velocidad comercial media de 222 km/h, superior a la de Japón (218 km/h) y Francia (216 km/h). Uno de los aspectos más valorados por los usuarios es la puntualidad del servicio, que roza el 99%.

Adif relanza el plan para suprimir los pasos a nivel

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Adif vuelve a poner en marcha su plan para suprimir progresivamente los pasos a nivel que más intensidad de tráfico de vehículos registran de entre los que aún presenta la red ferroviaria convencional española. El programa, que tiene un horizonte de ejecución hasta 2024, comenzará con la eliminación de un primer lote de 74 cruces entre carreteras y líneas de tren repartidos por once comunidades autónomas. La compañía pública que preside Juan Bravo ha licitado la redacción de los proyectos constructivos de estas supresiones, unos trabajos estimados en 5,84 millones. Una vez los proyectos estén listos, en un plazo estimado de un año o año y medio, se sacarán a concurso las obras de supresión.

Adif ya licitó el pasado verano esta primera fase de trabajos del plan de supresión de pasos a nivel, si bien lo paralizó para introducir mejoras en los pliegos, y ahora vuelve a relanzarlo con el fin de continuar con su política de sucesiva eliminación de estas infraestructuras. La compañía pública encargada de construir y gestionar las infraestructuras ferroviarias ha invertido unos 300 millones de euros en los últimos siete años en suprimir o mejorar este tipo de infraestructuras.

Con el nuevo el plan de supresión de pasos a nivel a 2024 Adif pretende la “progresiva” supresión de aquellos pasos a nivel cuyo uso por parte de vehículos de carretera ha crecido en los últimos años “como consecuencia del desarrollo urbano de distintos núcleos de población”. Por el momento, Adif ha sacado este viernes a concurso el contrato de redacción de proyectos constructivos para la supresión del primer lote de 74 cruces. De ellos, 33 corresponden a las vías convencionales y otros 41 a las vías estrechas heredadas de la extinta Feve.

Con este contrato, la empresa pública pretende hacerse con “la solución técnica más adecuada” para cada paso a nivel” y contar en un mismo proyecto con todas las medidas y aspectos necesarios para después acometer las obras de eliminación del cruce. La compañía ha sacado a concurso la redacción de estos proyectos de supresión de pasos a nivel en nueve lotes, que agrupan los cruces a eliminar en una determinada zona geográfica.

Las comunidades en las que se reparte este primer conjunto de pasos a nivel son Asturias, Galicia, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Aragón y Andalucía. En virtud de la actual legislación, que data de 2001, el tráfico de vehículos que registra un paso a nivel es el factor determinante para determinar si ese cruce de la carretera con una línea de tren debe suprimirse o bien contar con distintos niveles de protección (instalación de barreras o semibarreras automáticas, señalización vertical, señales sonoras o acústicas, entre otras).

La ley dice que “deben suprimirse, siempre que exista disponibilidad presupuestaria, los pasos a nivel de las líneas en las que los trenes circulen a más de 160 kilómetros por hora y los que registren un tránsito de más de 1.500 vehículos al día“.