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Adif sigue con el plan de liberalización

Adif Alta Velocidad (AV) ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) los expedientes correspondientes a los acuerdos marco que regularán el proceso de la liberalización del transporte ferroviario de viajeros, que sigue su curso, para su supervisión previa a la firma con las empresas preadjudicatarias. El gestor de las infraestructuras ferroviarias ha informado este miércoles que dicho envío se ha producido tras prestar su consentimiento las empresas preadjudicatarias de la capacidad -Renfe Viajeros, Intermodalidad de Levante, Ilsa (la valenciana Air Nostrum y Trenitalia) y Rielsfera (SNCF)-, para que continúe la tramitación administrativa.

Adif AV ha explicado que, una vez se disponga de la aprobación del regulador, se procederá a comunicarlo a las citadas empresas, con el objetivo de firmar los acuerdos marco correspondientes para poder operar con prioridad en las principales líneas de alta velocidad de la red española: Madrid-Barcelona-Frontera francesa, Madrid-Levante (Valencia/Alicante) y Madrid-Sur (Sevilla/Málaga). La firma podrá realizarse por medios telemáticos, en caso de ser necesario, ha puntualizado Adif AV.

El Consejo de Administración de Adif AV aprobó el pasado mes de febrero la ampliación del plazo para la firma hasta el próximo 13 de abril (inicialmente previsto de tres meses, en mes y medio adicional, hasta el 9 de abril, que siendo inhábil, pasó al día 13 del mismo mes). Esta prórroga se realizó a petición de una de las empresas preadjudicatarias de la capacidad, ante la imposibilidad de contar con un texto definitivo de acuerdo marco antes del 27 de febrero de 2020, y no supondrá ningún retraso en la liberalización del transporte ferroviario de viajeros, prevista para el próximo 14 de diciembre, ha agregado Adif AV.

La ampliación de plazo se hizo extensiva a los otros dos preadjudicatarios, para no perjudicar sus derechos en la coordinación de los diferentes acuerdos marco que se estaban llevando a cabo por Adif AV con todos ellos, conforme a lo establecido en la Declaración sobre la Red (DR).

La regulación del sector ferroviario prevé una importante atribución de funciones en materias de tipo técnico y económico a los reguladores, y especialmente a la CNMC. Se abre así una gran oportunidad para los operadores, que pueden contribuir decisivamente a que se produzca una exitosa liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril, mediante su participación en los procesos de información pública que vaya poniendo a su disposición el regulador. Esta configuración legal del sector ferroviario hace que tengan una especial importancia las decisiones que adopten los reguladores en asuntos como, por ejemplo, el acceso a los espacios comerciales en las estaciones, la disponibilidad de talleres de reparación de material rodante, o la mencionada compatibilidad de los servicios liberalizados con los servicios sujetos a obligaciones de servicio público.

Fuentes del sector creen que, aunque los contratos se firmen a tiempo y Adif insista en que la apertura del mercado se ejecutará el 14 de diciembre tal y como estaba previsto, es improbable que las empresas puedan explotar toda la capacidad asignada en tiempo y forma. Más allá de que Renfe, Trenitalia y SNCF hayan reducido radicalmente su actividad en sus países por el aislamiento de la población a cuenta del Covid-19 y de que el operador español haya suspendido sine die la inauguración del AVE de bajo coste Avlo, las compañías tienen que cumplir varios trámites antes de poder operar. La compañía francesa y la italiana tienen que homologar los trenes en España antes de empezar a operar, lo que requiere realizar pruebas durante al menos seis meses en la red española. Unas pruebas que requieren la presencia personal y permisos de Adif. Así, habrá que esperar a que se levanten las restricciones y ver los plazos de reactivación de la actividad

La CNMC multa a Adif por el canon

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con una multa grave a Adif por lo que considera una errónea estructura de cánones por el uso de la infraestructura ferroviaria y el caso omiso a las correcciones solicitadas, según publica Cinco Días. La CNMC recomienda a Adif que incluya “bonificaciones” en el canon que cobra por el uso de las vías y las estaciones de tren a Renfe y a sus futuros competidores para “favorecer la consolidación” de las nuevas compañías a partir del próximo 14 de diciembre, fecha en que entra en vigor la liberalización ferroviaria.

El objetivo es que los operadores trasladen esta rebaja al precio que cobran por los billetes de Alta Velocidad. La entrada de competencia al AVE prevé un aumento del 50% del tráfico ferroviario, “pero para que se confirmen estas previsiones es necesario estimular la demanda con distintas medidas, como puede ser la reducción del precio de los servicios de Alta Velocidad”, señala la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Además, la CNMC solicita a Adif que mejore el sistema de consultas que ya ha comenzado a mantener con los operadores ferroviarios de la red para fijar el canon y que les conceda “un papel más relevante a los operadores ferroviarios y aprovecharlas así como un instrumento para mejorar sus propuestas de canon”.

Este es el análisis que el superregulador realiza del canon que Adif y Adif Alta Velocidad ha diseñado con la confianza de aplicarlo cuando a partir del próximo 14 de diciembre el transporte de viajeros en tren se abra a la competencia y Renfe empiece a tener competencia en el AVE. La CNMC recuerda que este tipo de bonificaciones están contempladas en la Ley Ferroviaria. En concreto, permite aplicarlas a los operadores “por los incrementos de tráfico que consigan en comparación con el crecimiento histórico de la actividad ferroviaria”. El órgano que preside José María Marín Quemada recuerda que la entrada de competencia en el AVE puede elevar en unas un 50% el tráfico ferroviario.

“Pero para que se confirmen estas previsiones es necesario estimular la demanda con distintas medidas, como puede ser la reducción del precio de los servicios de Alta Velocidad”, remarca la comisión. De hecho, el nuevo modelo de canon que Adif ha diseñado ante la liberalización, además de bajar el canon en determinadas líneas, también contempla descuentos. Este nuevo canon está pendiente, para su puesta en vigor, o bien de que se aprueben unos nuevos Presupuestos Generales, de los que depende, o bien de la reforma de la Ley Ferroviaria iniciada para, precisamente, lograr el pretendido objetivo de desligarlos de los Presupuestos y que Adif tenga más flexibilidad para diseñarlos.

En su análisis sobre estos “peajes”, la comisión también insta a la compañía titular y gestora de la red ferroviaria a mejorar el sistema por el que calcula los costes que debe recuperar con el canon. Este coste se cifra en 873,23 millones de euros. De hecho, le pide presentar antes del próximo 31 de mayo una propuesta de mejora de esta fórmula de cálculo de costes. También se lo pide para el caso del “peaje” que cobra a los operadores por usar las estaciones, con el fin de que determine el coste que suponen los distintos tipos de servicios.

Según las previsiones iniciales, el canon o peaje que cobra la compañía titular y gestora de la red ferroviaria seguirá siendo el que se fijó en los Presupuestos de 2018, los últimos aprobados y que han vuelto a ser prorrogados de nuevo en 2020 por segundo año consecutivo. En la actualidad, este canon tiene carácter de tasa, con lo que su modificación debe realizarse en el marco de los Presupuestos. No obstante, el Ministerio de Fomento ya ha avanzado que pretende impulsar la modificación de la Ley Ferroviaria con el fin de que estos cánones dejen de tener dicha consideración de tasas y, por tanto, Adif pueda contar con más flexibilidad para modificarlos coincidiendo con la entrada de competencia en el AVE.

De hecho, la compañía ya tiene diseñado un nuevo sistema de cánones, que contempla reducciones y bonificaciones, con el fin de que Renfe y los nuevos operadores que entren en la Alta Velocidad puedan trasladarlos al precio de los billetes. No obstante, su aprobación y aplicación pasa por que se se apruebe la reforma legal que desvincule el canon de los Presupuestos.

Adif mantiene su canon para 2020

Adif mantendrá en 2020 los cánones que actualmente cobra a los operadores ferroviarios por la circulación de trenes por las vías y el uso de estaciones, toda vez que no se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año. De esta forma, el canon o peaje que cobra la compañía titular y gestora de la red ferroviaria seguirá siendo el que se fijó en los Presupuestos de 2018, los últimos aprobados y que volverán a ser prorrogados de nuevo en 2020 por segundo año consecutivo.

En la actualidad, este canon tiene carácter de tasa, con lo que su modificación debe realizarse en el marco de los Presupuestos. No obstante, el Ministerio de Fomento ya ha avanzado que pretende impulsar la modificación de la Ley Ferroviaria con el fin de que estos cánones dejen de tener dicha consideración de tasas y, por tanto, Adif pueda contar con más flexibilidad para modificarlos coincidiendo con la entrada de competencia en el AVE. De hecho, la compañía que preside Isabel Pardo ya tiene diseñado un nuevo sistema de cánones, que contempla reducciones y bonificaciones, con el fin de que Renfe y los nuevos operadores que entren en el AVE puedan trasladarlos al precio de los billetes. No obstante, su aprobación y aplicación pasa por que se forme un nuevo Gobierno y se apruebe la reforma legal que desvincule el canon de los Presupuestos.

La Declaración de Red de Adif y Adif Alta Velocidad es el documento que recoge y describe todas las infraestructuras que gestionan y las posibilidades y prestaciones para que los operadores las exploten, así como el sistema de cánones a pagar y los procesos necesarios para pedir capacidad. Se trata del primer documento de este tipo que Adif aprueba que tendrá vigencia de cara a la liberalización del transporte de viajeros en tren, que arranca el 14 de diciembre de 2020 en toda la UE.

La aprobación de la Declaración de Red tiene lugar tras las preceptivas consultas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y las empresas ferroviarias. De hecho, según Adif, “recoge buena parte de las alegaciones presentadas” en este proceso de consultas. Además, el documento incluye un catálogo con todas las instalaciones de servicio que oferta el administrador de infraestructuras, desde las estaciones de tren o los cambiadores de ancho de vía, hasta las instalaciones de mantenimiento.

Acciona e Ilsa, competencia de Renfe

Acciona ha comunicado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el acuerdo al que ha llegado recientemente con Ilsa, la sociedad creada por los dueños de Air Nostrum, para convertirse en el primer operador ferroviario privado que entre a competir con Renfe en el AVE. Acciona es una empresa de promoción y gestión de infraestructuras (agua, concesiones, construcciones, industria y servicios) y energías renovables. La familia Entrecanales posee el 55,73% de la sociedad.

Ilsa ya tiene autorización para operar un servicio privado internacional por tren entre Madrid y Montpellier (Francia), dado que las líneas transfronterizas están liberalizadas. Se trata de una línea que, a pesar de su carácter internacional, contempla realizar paradas en Zaragoza y la Barcelona. Así, en la práctica, competiría con el AVE y el ‘puente aéreo’ en el trayecto Madrid-Barcelona, el corredor que más demanda y más viajeros registra del país.

La firma promovida por los dueños de Air Nostrum tiene desde el pasado mes de septiembre autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para empezar a operar esta línea. No obstante, no ha podido comenzar a prestar servicio por las dificultades que, según indicó en el momento de obtener la autorización, encuentra para alquilar trenes AVE a Renfe. El proyecto ofrece precios más baratos y tiempos de viaje un 10% inferiores a los de Renfe.

Sin embargo, Ilsa no dispone de material rodante. La operadora pública esgrime que no dispone de las locomotoras S-100 con capacidad para 347 pasajeros que el grupo valenciano pretende arrendarle. La operadora asegura que, aunque las tuviera, no están homologadas para circular por territorio francés. Para esclarecer este punto, Competencia está instruyendo un informe sobre la capacidad de Renfe para alquilar material a la competencia. En previsión de lo que pueda suceder, Ilsa estaría buscando alternativas para alquilar este material en países como Italia, donde la liberalización ferroviaria se acometió años atrás.

Ilsa suma ahora con Acciona un socio para arrancar este servicio de AVE o plantear otras conexiones domésticas cuando en 2020 se abran a la competencia los tráficos dentro del país. Para Acciona, la entrada en transporte de viajeros en AVE encaja con su estrategia de negocios sostenibles. Pero Renfe desconfía de que Ilsa pueda cumplir con la obligación de que el 30% de los billetes que venda se destinen al trayecto internacional.

¿Renfe bloquea los planes de Air Nostrum?

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que el lanzamiento del nuevo servicio privado internacional por tren entre Madrid y Montpellier (Francia) por Ilsa, empresa de los socios de Air Nostrum, «tendrá efectos positivos para los usuarios». El regulador de la competencia ha comunicado que el objetivo principal de este nuevo servicio de transporte es el tráfico internacional de viajeros, como respuesta a la solicitud de Renfe, por lo que no ha puesto objeciones al proyecto. Sin embargo, la compañía que preside Isaías Táboas se resiste a la posibilidad de encontrarse con un competidor en la vía.

La operadora ferroviaria pública alegó el pasado 29 de junio ante la CNMC que el proyecto de Ilsa de operar una ruta de alta velocidad privada Madrid-Montpellier, con paradas en Zaragoza y Barcelona, no cumplía con los requisitos para ser considerado transporte internacional. La CNMC añade que la nueva línea proyectada por Ilsa «triplicará las frecuencias actuales» entre Madrid y la ciudad francesa y las incrementará en un 50% desde Barcelona. El análisis subraya que los tiempos de viaje propuestos por Ilsa son un 10% inferiores a los de Renfe y serán, según la información remitida por el operador, más baratos.

El organismo regulador analizará a partir de este momento la solicitud de intervención solicitada por Ilsa para poder utilizar los trenes de la serie S-100 de Alstom propiedad de Renfe Alquiler. Sin embargo, la compañía que preside Isaías Táboas ha advertido al regulador de que no dispone del material ferroviario necesario para alquilar a Ilsa en la operación de esta ruta, como figura en el plan de negocio del grupo valenciano. Ilsa lleva meses trabajando en alternativas para saltarse las trabas de Renfe. Al parecer, baraja alquilar material móvil en Italia, donde la liberalización del sistema ferroviario se encuentra en una fase mucho más avanzada.

El Ministerio de Fomento parece que se está planteando recurrir por la vía contenciosa-administrativa la resolución de la CNMC, lo que en primera instancia, si se admitiera, podría retrasar la entrada de operadores privados en el sector ferroviario. La posición de bloqueo se extiende también a Renfe Alquiler, que argumenta razones de disponibilidad para negar a Ilsa el arrendamiento de los trenes, pese a que sus líneas están lejos de alcanzar la plena ocupación. La mercantil sostiene además que los S-100 “ni están homologados para circular por la red ferroviaria francesa ni son aptos técnicamente para ello”, y hace referencia al coste que supuso para ella adecuar los trenes a la red española. El regulador examina con lupa la situación desde hace semanas y tiene abierto un expediente. La filial de la sociedad pública ha retirado de su web la oferta de alquiler de trenes de pasajeros, tanto los S-100 de Alstom como los convoyes CAF S120, que también maneja.

El perador privado cumple con todos los requisitos y certificaciones para ser la primera empresa que ofrece rutas de pasajeros en territorio español, anticipándose así a la liberalización completa en trayectos de media y larga distancia prevista para 2020. La CNMC establece como requisito para que una ruta de alta velocidad sea considerada como transporte internacional y no doméstico aún no liberalizado, que sus trenes deben recorrer al menos el 20% del trayecto fuera de España y conseguir allí el 30% de sus ingresos y transportar, al menos, a tres de cada diez viajeros más allá de la frontera. Competencia puntualiza que sus conclusiones se basan en el análisis del plan de negocio aportado por Ilsa, así como en previsiones de demanda y datos reales del número de viajeros y precios de los servicios internacionales que actualmente presta Renfe.

También recuerda que, en la actualidad, los servicios de tráfico internacional de pasajeros -entre diversos Estados miembros- están abiertos a la competencia, mientras que, en el caso de los servicios nacionales, los diferentes países de la Unión Europea tienen de plazo hasta 2020 para completar su liberalización.

El canon de Renfe, en Bruselas

El Ministerio de Fomento está trabajando en Bruselas para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no sea el órgano encargado de fijar el canon ferroviario una vez que el transporte de viajeros en tren se abra a la competencia el 1 de enero de 2021. Las directivas europeas sobre liberalización ferroviaria establecen que el ‘superregulador’ debe encargarse de fijar el peaje que Renfe y los operadores que entren a competir con la compañía pública paguen a Adif por el uso de las líneas de tren, las estaciones y el resto de infraestructuras ferroviarias. No obstante, este supuesto sería contrario a la legislación española, según indica el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar.

El ‘número dos’ del Ministerio de Fomento explica que los cánones ferroviarios tienen consideración de tributos y que, como tal, corresponde fijarlos “por ley”. Por ello, el Gobierno está tratando con la UE sobre este aspecto de las directivas sobre la apertura a la competencia del transporte ferroviario que España debe trasponer antes de fin de año, según detalló el secretario de Estado de Infraestructuras. Durante su intervención en un foro organizado por ‘Vozpopuli’ y Executive Forum, Gómez-Pomar indicó que Fomento ya ha emprendido la reforma la Ley Ferroviaria para adaptarla a las nuevas directivas europeas sobre liberalización, una reforma que “estará lista antes de fin de año”.

Gómez Pomar avanza que la CNMC, a pesar de considerar que, en virtud de la legislación española, no debe encargarse de fijar los cánones, tendrá un papel “esencial” en la próxima apertura del transporte de viajeros en tren. Según asegura, el ‘superregulador’ estará encargado de dirimir en los conflictos que surjan entre los servicios públicos (Cercanías y regionales) y los comerciales (AVE y Larga Distancia) que se presten por las mismas líneas, sobre todo cuando estos servicios se realicen por distintos operadores. También tendrá que interceder cuando se generen problemas en relación con los ‘surcos’ o los ‘slot’, esto es, las franjas horarias que logren Renfe y otros operadores para circular por las líneas de tren.

La entidad reguladora que preside José María Marín Quemada trata de asegurar un marco de competencia de cara a la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril, que España deberá asumir con todas las consecuencias a partir de 2020. El actual organismo único de supervisión ha impulsado un sistema de bonificaciones y multas en los peajes que Adif cobra a Renfe con el fin de optimizar el mejor uso de la red de alta velocidad.

Adif aplicará una penalización a la empresa operadora cada vez que Renfe reserve un surco en una de las vías que luego no sea explotado correctamente. La sanción implicará el pago doble del ‘slot’. En lógica contrapartida, el propietario de la vía férrea rebajará el peaje de los trenes cuando el número de pasajeros transportados supere el crecimiento medio previamente establecido. Todas estas medidas serán adoptadas con una primacía de criterio por parte de Adif, lo que demuestra que el administrador de la infraestructura tiene, hoy por hoy, la iniciativa en el proceso de negociaciones emprendido con vistas a la reestructuración del sector.

Semaf defiende a Renfe frente a la CNMC

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) considera que la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de imponer condiciones a Renfe en la contratación de maquinistas no respeta el derecho a la libertad de empresa. A través de un comunicado, este sindicato muestra su “disconformidad” y “perplejidad” por la resolución del organismo regulador y asegura que la posición de la CNMC evidencia “un claro y preocupante desconocimiento” de las condiciones en las que prestan sus servicios las empresas privadas.

Según el sindicato, las condiciones laborales de los maquinistas en el sector privado “influyen decisivamente en el deseo de los trabajadores de abandonar esas empresas”. El Semaf pide a la CNMC que recomiende a la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP) que hagan un esfuerzo por mantener a sus trabajadores ofreciendo “unas condiciones sociales y laborales dignas”. El problema, según el sindicato, “no viene de los procesos de selección de Renfe” sino de “la manera de gestionar el personal” por parte de algunas empresas privadas.

El Semaf recuerda a la CNMC que “velar por el libre mercado es velar por el cumplimiento de las normas establecidas”, en este caso la ley de la oferta y la demanda, y que “deben ser los trabajadores quienes puedan elegir donde trabajar y en qué condiciones”. La CNMC ha impuesto una serie de condiciones a Renfe en la contratación de maquinistas para garantizar que las empresas competidoras cuenten con suficientes conductores para desarrollar su actividad en igualdad de condiciones. Renfe deberá informar con antelación de sus planes de contratación de maquinistas y tendrá que ofrecer un servicio mayorista de tracción a las empresas competidoras que hayan perdido a más del 20% de su plantilla de conductores como consecuencia de las convocatorias del operador público.

Según la CNMC, Renfe, que emplea al 97% de los maquinistas de España, captó un número elevado de profesionales de sus empresas rivales entre 2015 y 2016, lo que mermó su capacidad de competir. La AEFP, que representa a la mayoría de los competidores de Renfe en el mercado de mercancías, el único liberalizado, denunció a la operadora pública ante la CNMC por las contrataciones que realizó en 2015 y 2016. Renfe ha impugnado las condiciones impuestas por el organismo regulador y ha avanzado su intención de pedir la suspensión cautelar de la resolución. Según Renfe, la resolución de la CNMC “es inviable y no favorece en ningún caso” la competencia en el transporte de mercancías por ferrocarril.

Mientras, el presidente de Renfe, Juan Alfaro, anuncia que su compañía se prepara para competir con otros operadores ferroviarios tanto dentro como fuera de España, una vez que el transporte de viajeros por ferrocarril se liberalice en Europa a partir de 2020. “Renfe se está preparando para ese momento, para competir dentro y también preparando para aprovechar las oportunidades que puedan surgir para competir fuera“, dice Alfaro en su intervención en el IV Foro de Innovación Turística Hotusa Explora.

Tras recordar que el transporte de mercancías ya está liberalizado, señala que a partir de 2020 se liberalizará el de viajeros, por lo que cualquier operador que quiera venir, podrá competir “de buena lid” con Renfe en los trayectos que quiera, ya sea Madrid-Barcelona o Madrid-Sevilla. Alfaro mantienen que el reto claro de 2020 para Renfe es la liberalización, mantener la cuota de mercado, el cupo de pasajeros y prepararse para la competencia, que considera que “siempre es buena”. Además recuerda que dado que las directivas europeas y la regulación les obliga a ello, tendría “poco sentido” estar en contra.

El transporte de viajeros por ferrocarril es una parte “importantísima” del negocio de Renfe, por lo que la operadora tiene que tratar de ser parte de “la cadena global” del turismo. En una primera fase, explica Alfaro que esto pasa por proveer soluciones de movilidad, lo que tiene mucho que ver con la “intermodalidad”. En una segunda fase, tiene que ver con alojamiento y con actividades de ocio, cuestiones que se irán desarrollando en los próximos años.

Alfaro pone de relieve que el transporte por ferrocarril es uno de los más utilizados por los turistas y que su crecimiento permite un desarrollo importante del turismo interior tanto de extranjeros como de nacionales. Destaca también la importancia de la intermodalidad y recalca los acuerdos tanto con Balearia como con Iberia, como por ejemplo el billete Buenos Aires-Valladolid.

Renfe y la CNMC, a la greña por los maquinistas

Renfe recurre a los tribunales, por la vía contencioso-administrativa, las medidas que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le ha impuesto para evitar que los operadores privados se queden sin maquinistas. La compañía ferroviaria pública pedirá además la suspensión cautelar de la aplicación de las medidas en tanto se resuelve el proceso judicial. En virtud de estas medidas, Renfe estará obligada a dar y costear durante tres meses un servicio de tracción a las empresas privadas que pierdan a más del 20% de su plantilla de maquinistas como consecuencia de una convocatoria de empleo de conductores de la operadora dominante. Renfe considera que se trata de una iniciativa “inviable” y que además “no favorece en ningún caso la competencia en el transporte de mercancías en tren”, un negocio liberalizado en España desde 2005.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto a Renfe el cumplimiento de una serie de medidas para garantizar que las operadoras ferroviarias privadas que compiten con la compañía pública en tráfico de mercancías no se queden sin maquinistas. La CNMC indica que las convocatorias de incorporación de nuevos maquinistas por parte de Renfe provoca un efecto llamada sobre los conductores de las operadoras alternativas, “que no pueden igualar las ventajas de contratación del operador público”. El ‘superregulador’ considera que el hecho de que no exista en el mercado una suficiente bolsa de maquinistas de tren impide la competencia en el transporte de mercancía en tren, un sector liberalizado desde 2005.

La operadora española denuncia que, al exigir estas medidas, el ‘superregulador’ atenta contra “la libertad de empresa e invade la capacidad de Renfe para organizar sus propios recursos”. La compañía que preside Juan Alfaro considera que no es posible atender este servicio, dado que su división de Mercancías tiene la capacidad de producción “adaptada a sus propias necesidades”. Renfe reacciona de esta forma a las medidas impuestas por la CNMC con el fin de que exista en el mercado una bolsa de maquinistas formados a disposición de todas las empresas que operan en el sector con el fin último de garantizar la competencia en este mercado.

La comisión ha “constatado” que Renfe, que emplea al 97% de los maquinistas de tren del país, paralizó en 2012 los cursos de formación de maquinistas, requisito imprescindible para acceder a la profesión, y que no los reanudó hasta 2016. No obstante, en 2015 lanzó una oferta de empleo con el referido efecto en las plantillas de conductores de las empresas rivales. Por ello, y ante la denuncia presentada al respecto por la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP), el órgano que preside José María Marín Quemada ha resuelto imponer un conjunto de requisitos a Renfe para garantizar que cuenten con maquinistas suficientes sus competidores, por el momento en tráfico de mercancías.

El ‘superregulador’ impone estas medidas a Renfe un año después de que le pusiera la mayor multa a una sola empresa, una sanción de 65 millones de euros por no facilitar la competencia también en mercancías. En la actualidad, Renfe aborda un plan de saneamiento y reestructuración en Renfe Mercancías con el fin de que sea rentable y genere beneficios. Este plan culminará con una alianza de esta filial con un operador logístico privado.

El objetivo del ‘superregulador’ es dar transparencia a la planificación sobre la formación de maquinistas con el fin de que siempre exista una bolsa de este tipo de profesionales en el mercado. La CNMC insta a Renfe a cuantificar y comunicar antes del 31 de enero de cada año a este órgano, los centros de formación y las empresas ferroviarias “su mejor estimación” sobre las necesidades de conductores de tren para al menos los dos años siguientes. La compañía también deberá garantizar que las convocatorias de empleo que realice para contratar maquinistas tenga un plazo de al menos tres meses entre el anuncio y el primer examen o prueba de selección. La CNMC indica que estas medidas estarán vigentes hasta que el mercado asegure por sí mismo el correcto funcionamiento. En caso de que se produzca algún cambio, analizará la pertinencia de mantenerlas.

Monopolio en Cercanías, competencia en AVE

Una de cal y otra de arena. Renfe tendrá garantizado el monopolio en la explotación de los trenes de Cercanías y de Media Distancia convencional (regionales) durante al menos una década más, hasta 2027. Así lo ha decidido el Gobierno, que ha optado por que la operadora pública mantenga en exclusiva estos servicios, los de carácter público y los que mayor número de viajeros transportan, en vez de sacar a concurso su explotación una vez que en 2020 el transporte de viajeros en tren en la UE se abra a la competencia. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado ‘luz verde’ para romper el monopolio de Renfe en transporte de viajeros en tren AVE y Larga Distancia.

El Ejecutivo ha aprovechando una prerrogativa que incluyen las directivas europeas sobre liberalización del tráfico ferroviario de pasajeros en la UE para garantizarse el monopolio en Cercanías y Regionales. Será así, al menos, una década más. Por contra, se prepara para comenzar a competir con otros operadores privados en el AVE y Larga Distancia de 2020. Como contraprestación, la compañía deberá invertir en las instalaciones y el parque de trenes de dichos servicios públicos, según indican las mismas fuentes. De hecho, ya trabaja en un plan de compra y mejora de trenes convencionales.

Renfe viene prestando el servicio público de Cercanías y Media Distancia en función de una encomienda que anualmente le realiza el Estado. Se trata de conexiones ferroviarias consideradas de carácter público, necesarias para garantizar la movilidad y cohesión del país, aunque en su mayor parte deficitarias económicamente. Por ello, la operadora recibe a cambio una subvención anual de unos 600 millones de euros. El resto de trenes, el AVE y la Larga Distancia, tienen carácter comercial, y Renfe los programa y explota libremente sin recibir subvención alguna.

Las directivas europeas sobre liberalización ferroviaria marcan 2020 como fecha tope para que los países de la UE abran a la competencia el tráfico de viajeros en tren. No obstante, en el caso de los servicios ferroviarios públicos (Cercanías y los regionales), permiten aplicar un periodo de transición. Así, los países pueden seguir confiando estos servicios ferroviarios públicos a las compañías ‘incumbentes o dominantes’, esto es, a las que los han venido prestando hasta ahora. En el caso de España, Fomento se acogerá a esta prerrogativa y confiará el servicio a Renfe, en vez de sacarlo a concurso, al considerar que, “en una primera etapa, es la mejor opción”.

El Ministerio ultima conceder su prestación a Renfe durante un periodo de diez años, lo que aprovechará la operadora para la revisión del listado de trenes de Cercanías y Media Distancia que integran el servicio público, que debe tener preparada antes de fin de año. Los trenes de Cercanías y la Media Distancia son los que mayor número de viajeros transportan, a pesar de los récord que el AVE y la Larga Distancia vienen encadenando en los últimos años, con los que actualmente suman unos 32 millones de usuarios. Los servicios Cercanías que Renfe presta en una docena de ciudades contabilizaron un total de 409 millones de pasajeros en 2016. Los de Media Distancia trasladaron 23,31 millones que, sumados a los de Media Distancia AVE (los Avant), se elevan a 30,6 millones.

En cuanto al listado de condiciones que se impone a los operadores ferroviarios internacionales que quieran prestar nuevos servicios en España, figura el hecho de que al menos el 30% del todos los viajeros que transporten deberán tener origen o destino internacional. Además, el 20% de los trayectos que ofrezcan deberán discurrir fuera del territorio español. Además, la CNMC deberá comprobar que existe una demanda potencial de viajeros para el transporte internacional que se ofrezca en función de las ciudades que conecte y la oferta de otros modos de transporte.

La comisión también considerará la estrategia de comercialización y márketing del operador (canales de venta, presencia comercial en España y en el país europeo destino del servicio, horarios y paradas, entre otros términos). Además, examinará el parque de trenes destinados al servicio y si existen ya conexiones similares en el mercado español a las que propone la nueva empresa, tanto por parte de Renfe como por alguna de sus filiales.

La fusión de Renfe y Adif choca con la CNMC

El Ministerio de Fomento se ha encontrado con la posición contraria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a su proyecto de volver a fusionar Renfe y Adif en un nuevo ‘holding’ ferroviario público. El ‘superregulador’ considera que unir de nuevo la compañía que gestiona la infraestructura ferroviaria y la empresa que la explota constituye “un paso atrás” que obstaculizaría la próxima liberalización del transporte de viajeros en tren. Con la fusión de Renfe y Adif, el Ministerio busca conformar un ‘holding’ ferroviario “fuerte y competitivo” ante la apertura a la competencia del transporte de viajeros en tren en la UE en 2020, según explicó De la Serna a comienzos de este año, cuando transcendió la operación.

La fusión de Renfe y Adif en la que Fomento trabaja desde que Íñigo de la Serna tomó las riendas de este Departamento no requiere la preceptiva autorización por parte de la CNMC. No obstante, el órgano que preside José María Marín Quemada se tendría que pronunciar sobre la modificación de la Ley del Sector Ferroviario que obligaría a realizar la integración. La opinión contraria de la CNMC está así demorando los planes de Fomento que, no obstante, avanza mientras tanto en la fusión previa de Adif y Adif Alta Velocidad, según detallan fuentes del sector.

“España tiene que estar fuerte y con un proyecto sólido ante la liberalización del sector, ante la que tenemos grandes competidores, porque Alemania y Francia ya tienen ‘holdings’ ferroviarios sólidos”, según detalló hace unos meses De la Serna. No obstante, la CNMC considera que la liberalización de una industria en red, como es la ferroviaria, pasa por separar la gestión de la infraestructura de la explotación del servicio.

En el caso de Renfe y Adif, su eventual fusión en un ‘holding’ tendría así lugar más de diez años después de que en enero de 2005 se constituyeran las dos empresas fruto de la segregación del entonces conglomerado público Renfe, precisamente con el fin de iniciar la liberalización del sector, que arrancó por el transporte de mercancías.

No obstante, en el caso de la posible nueva unión, otras fuentes del sector la achacan a la necesidad de compensar la situación económica y financiera de Adif con la más saneada de Renfe. La operadora espera cerrar este año en beneficios y ha contenido su deuda por debajo de la cota de los 4.000 millones (3.990 millones al cierre de 2016).

Adif Alta Velocidad cerró 2016 con ‘números rojos’ de 328,14 millones de euros, al contabilizar provisiones de 320 millones para afrontar litigios con constructoras de los tramos de AVE que registraron problemas y la quiebra de las sociedades constituidas para integrar el ferrocarril en distintas ciudades, y con un endeudamiento de 14.339,9 millones. Estas pérdidas y esta deuda se suman a las de Adif, de 79,1 millones y 488 millones, respectivamente.