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Semaf defiende a Renfe frente a la CNMC

El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) considera que la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de imponer condiciones a Renfe en la contratación de maquinistas no respeta el derecho a la libertad de empresa. A través de un comunicado, este sindicato muestra su “disconformidad” y “perplejidad” por la resolución del organismo regulador y asegura que la posición de la CNMC evidencia “un claro y preocupante desconocimiento” de las condiciones en las que prestan sus servicios las empresas privadas.

Según el sindicato, las condiciones laborales de los maquinistas en el sector privado “influyen decisivamente en el deseo de los trabajadores de abandonar esas empresas”. El Semaf pide a la CNMC que recomiende a la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP) que hagan un esfuerzo por mantener a sus trabajadores ofreciendo “unas condiciones sociales y laborales dignas”. El problema, según el sindicato, “no viene de los procesos de selección de Renfe” sino de “la manera de gestionar el personal” por parte de algunas empresas privadas.

El Semaf recuerda a la CNMC que “velar por el libre mercado es velar por el cumplimiento de las normas establecidas”, en este caso la ley de la oferta y la demanda, y que “deben ser los trabajadores quienes puedan elegir donde trabajar y en qué condiciones”. La CNMC ha impuesto una serie de condiciones a Renfe en la contratación de maquinistas para garantizar que las empresas competidoras cuenten con suficientes conductores para desarrollar su actividad en igualdad de condiciones. Renfe deberá informar con antelación de sus planes de contratación de maquinistas y tendrá que ofrecer un servicio mayorista de tracción a las empresas competidoras que hayan perdido a más del 20% de su plantilla de conductores como consecuencia de las convocatorias del operador público.

Según la CNMC, Renfe, que emplea al 97% de los maquinistas de España, captó un número elevado de profesionales de sus empresas rivales entre 2015 y 2016, lo que mermó su capacidad de competir. La AEFP, que representa a la mayoría de los competidores de Renfe en el mercado de mercancías, el único liberalizado, denunció a la operadora pública ante la CNMC por las contrataciones que realizó en 2015 y 2016. Renfe ha impugnado las condiciones impuestas por el organismo regulador y ha avanzado su intención de pedir la suspensión cautelar de la resolución. Según Renfe, la resolución de la CNMC “es inviable y no favorece en ningún caso” la competencia en el transporte de mercancías por ferrocarril.

Mientras, el presidente de Renfe, Juan Alfaro, anuncia que su compañía se prepara para competir con otros operadores ferroviarios tanto dentro como fuera de España, una vez que el transporte de viajeros por ferrocarril se liberalice en Europa a partir de 2020. “Renfe se está preparando para ese momento, para competir dentro y también preparando para aprovechar las oportunidades que puedan surgir para competir fuera“, dice Alfaro en su intervención en el IV Foro de Innovación Turística Hotusa Explora.

Tras recordar que el transporte de mercancías ya está liberalizado, señala que a partir de 2020 se liberalizará el de viajeros, por lo que cualquier operador que quiera venir, podrá competir “de buena lid” con Renfe en los trayectos que quiera, ya sea Madrid-Barcelona o Madrid-Sevilla. Alfaro mantienen que el reto claro de 2020 para Renfe es la liberalización, mantener la cuota de mercado, el cupo de pasajeros y prepararse para la competencia, que considera que “siempre es buena”. Además recuerda que dado que las directivas europeas y la regulación les obliga a ello, tendría “poco sentido” estar en contra.

El transporte de viajeros por ferrocarril es una parte “importantísima” del negocio de Renfe, por lo que la operadora tiene que tratar de ser parte de “la cadena global” del turismo. En una primera fase, explica Alfaro que esto pasa por proveer soluciones de movilidad, lo que tiene mucho que ver con la “intermodalidad”. En una segunda fase, tiene que ver con alojamiento y con actividades de ocio, cuestiones que se irán desarrollando en los próximos años.

Alfaro pone de relieve que el transporte por ferrocarril es uno de los más utilizados por los turistas y que su crecimiento permite un desarrollo importante del turismo interior tanto de extranjeros como de nacionales. Destaca también la importancia de la intermodalidad y recalca los acuerdos tanto con Balearia como con Iberia, como por ejemplo el billete Buenos Aires-Valladolid.

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Renfe y la CNMC, a la greña por los maquinistas

Renfe recurre a los tribunales, por la vía contencioso-administrativa, las medidas que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) le ha impuesto para evitar que los operadores privados se queden sin maquinistas. La compañía ferroviaria pública pedirá además la suspensión cautelar de la aplicación de las medidas en tanto se resuelve el proceso judicial. En virtud de estas medidas, Renfe estará obligada a dar y costear durante tres meses un servicio de tracción a las empresas privadas que pierdan a más del 20% de su plantilla de maquinistas como consecuencia de una convocatoria de empleo de conductores de la operadora dominante. Renfe considera que se trata de una iniciativa “inviable” y que además “no favorece en ningún caso la competencia en el transporte de mercancías en tren”, un negocio liberalizado en España desde 2005.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto a Renfe el cumplimiento de una serie de medidas para garantizar que las operadoras ferroviarias privadas que compiten con la compañía pública en tráfico de mercancías no se queden sin maquinistas. La CNMC indica que las convocatorias de incorporación de nuevos maquinistas por parte de Renfe provoca un efecto llamada sobre los conductores de las operadoras alternativas, “que no pueden igualar las ventajas de contratación del operador público”. El ‘superregulador’ considera que el hecho de que no exista en el mercado una suficiente bolsa de maquinistas de tren impide la competencia en el transporte de mercancía en tren, un sector liberalizado desde 2005.

La operadora española denuncia que, al exigir estas medidas, el ‘superregulador’ atenta contra “la libertad de empresa e invade la capacidad de Renfe para organizar sus propios recursos”. La compañía que preside Juan Alfaro considera que no es posible atender este servicio, dado que su división de Mercancías tiene la capacidad de producción “adaptada a sus propias necesidades”. Renfe reacciona de esta forma a las medidas impuestas por la CNMC con el fin de que exista en el mercado una bolsa de maquinistas formados a disposición de todas las empresas que operan en el sector con el fin último de garantizar la competencia en este mercado.

La comisión ha “constatado” que Renfe, que emplea al 97% de los maquinistas de tren del país, paralizó en 2012 los cursos de formación de maquinistas, requisito imprescindible para acceder a la profesión, y que no los reanudó hasta 2016. No obstante, en 2015 lanzó una oferta de empleo con el referido efecto en las plantillas de conductores de las empresas rivales. Por ello, y ante la denuncia presentada al respecto por la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP), el órgano que preside José María Marín Quemada ha resuelto imponer un conjunto de requisitos a Renfe para garantizar que cuenten con maquinistas suficientes sus competidores, por el momento en tráfico de mercancías.

El ‘superregulador’ impone estas medidas a Renfe un año después de que le pusiera la mayor multa a una sola empresa, una sanción de 65 millones de euros por no facilitar la competencia también en mercancías. En la actualidad, Renfe aborda un plan de saneamiento y reestructuración en Renfe Mercancías con el fin de que sea rentable y genere beneficios. Este plan culminará con una alianza de esta filial con un operador logístico privado.

El objetivo del ‘superregulador’ es dar transparencia a la planificación sobre la formación de maquinistas con el fin de que siempre exista una bolsa de este tipo de profesionales en el mercado. La CNMC insta a Renfe a cuantificar y comunicar antes del 31 de enero de cada año a este órgano, los centros de formación y las empresas ferroviarias “su mejor estimación” sobre las necesidades de conductores de tren para al menos los dos años siguientes. La compañía también deberá garantizar que las convocatorias de empleo que realice para contratar maquinistas tenga un plazo de al menos tres meses entre el anuncio y el primer examen o prueba de selección. La CNMC indica que estas medidas estarán vigentes hasta que el mercado asegure por sí mismo el correcto funcionamiento. En caso de que se produzca algún cambio, analizará la pertinencia de mantenerlas.

Monopolio en Cercanías, competencia en AVE

Una de cal y otra de arena. Renfe tendrá garantizado el monopolio en la explotación de los trenes de Cercanías y de Media Distancia convencional (regionales) durante al menos una década más, hasta 2027. Así lo ha decidido el Gobierno, que ha optado por que la operadora pública mantenga en exclusiva estos servicios, los de carácter público y los que mayor número de viajeros transportan, en vez de sacar a concurso su explotación una vez que en 2020 el transporte de viajeros en tren en la UE se abra a la competencia. Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado ‘luz verde’ para romper el monopolio de Renfe en transporte de viajeros en tren AVE y Larga Distancia.

El Ejecutivo ha aprovechando una prerrogativa que incluyen las directivas europeas sobre liberalización del tráfico ferroviario de pasajeros en la UE para garantizarse el monopolio en Cercanías y Regionales. Será así, al menos, una década más. Por contra, se prepara para comenzar a competir con otros operadores privados en el AVE y Larga Distancia de 2020. Como contraprestación, la compañía deberá invertir en las instalaciones y el parque de trenes de dichos servicios públicos, según indican las mismas fuentes. De hecho, ya trabaja en un plan de compra y mejora de trenes convencionales.

Renfe viene prestando el servicio público de Cercanías y Media Distancia en función de una encomienda que anualmente le realiza el Estado. Se trata de conexiones ferroviarias consideradas de carácter público, necesarias para garantizar la movilidad y cohesión del país, aunque en su mayor parte deficitarias económicamente. Por ello, la operadora recibe a cambio una subvención anual de unos 600 millones de euros. El resto de trenes, el AVE y la Larga Distancia, tienen carácter comercial, y Renfe los programa y explota libremente sin recibir subvención alguna.

Las directivas europeas sobre liberalización ferroviaria marcan 2020 como fecha tope para que los países de la UE abran a la competencia el tráfico de viajeros en tren. No obstante, en el caso de los servicios ferroviarios públicos (Cercanías y los regionales), permiten aplicar un periodo de transición. Así, los países pueden seguir confiando estos servicios ferroviarios públicos a las compañías ‘incumbentes o dominantes’, esto es, a las que los han venido prestando hasta ahora. En el caso de España, Fomento se acogerá a esta prerrogativa y confiará el servicio a Renfe, en vez de sacarlo a concurso, al considerar que, “en una primera etapa, es la mejor opción”.

El Ministerio ultima conceder su prestación a Renfe durante un periodo de diez años, lo que aprovechará la operadora para la revisión del listado de trenes de Cercanías y Media Distancia que integran el servicio público, que debe tener preparada antes de fin de año. Los trenes de Cercanías y la Media Distancia son los que mayor número de viajeros transportan, a pesar de los récord que el AVE y la Larga Distancia vienen encadenando en los últimos años, con los que actualmente suman unos 32 millones de usuarios. Los servicios Cercanías que Renfe presta en una docena de ciudades contabilizaron un total de 409 millones de pasajeros en 2016. Los de Media Distancia trasladaron 23,31 millones que, sumados a los de Media Distancia AVE (los Avant), se elevan a 30,6 millones.

En cuanto al listado de condiciones que se impone a los operadores ferroviarios internacionales que quieran prestar nuevos servicios en España, figura el hecho de que al menos el 30% del todos los viajeros que transporten deberán tener origen o destino internacional. Además, el 20% de los trayectos que ofrezcan deberán discurrir fuera del territorio español. Además, la CNMC deberá comprobar que existe una demanda potencial de viajeros para el transporte internacional que se ofrezca en función de las ciudades que conecte y la oferta de otros modos de transporte.

La comisión también considerará la estrategia de comercialización y márketing del operador (canales de venta, presencia comercial en España y en el país europeo destino del servicio, horarios y paradas, entre otros términos). Además, examinará el parque de trenes destinados al servicio y si existen ya conexiones similares en el mercado español a las que propone la nueva empresa, tanto por parte de Renfe como por alguna de sus filiales.

La fusión de Renfe y Adif choca con la CNMC

El Ministerio de Fomento se ha encontrado con la posición contraria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a su proyecto de volver a fusionar Renfe y Adif en un nuevo ‘holding’ ferroviario público. El ‘superregulador’ considera que unir de nuevo la compañía que gestiona la infraestructura ferroviaria y la empresa que la explota constituye “un paso atrás” que obstaculizaría la próxima liberalización del transporte de viajeros en tren. Con la fusión de Renfe y Adif, el Ministerio busca conformar un ‘holding’ ferroviario “fuerte y competitivo” ante la apertura a la competencia del transporte de viajeros en tren en la UE en 2020, según explicó De la Serna a comienzos de este año, cuando transcendió la operación.

La fusión de Renfe y Adif en la que Fomento trabaja desde que Íñigo de la Serna tomó las riendas de este Departamento no requiere la preceptiva autorización por parte de la CNMC. No obstante, el órgano que preside José María Marín Quemada se tendría que pronunciar sobre la modificación de la Ley del Sector Ferroviario que obligaría a realizar la integración. La opinión contraria de la CNMC está así demorando los planes de Fomento que, no obstante, avanza mientras tanto en la fusión previa de Adif y Adif Alta Velocidad, según detallan fuentes del sector.

“España tiene que estar fuerte y con un proyecto sólido ante la liberalización del sector, ante la que tenemos grandes competidores, porque Alemania y Francia ya tienen ‘holdings’ ferroviarios sólidos”, según detalló hace unos meses De la Serna. No obstante, la CNMC considera que la liberalización de una industria en red, como es la ferroviaria, pasa por separar la gestión de la infraestructura de la explotación del servicio.

En el caso de Renfe y Adif, su eventual fusión en un ‘holding’ tendría así lugar más de diez años después de que en enero de 2005 se constituyeran las dos empresas fruto de la segregación del entonces conglomerado público Renfe, precisamente con el fin de iniciar la liberalización del sector, que arrancó por el transporte de mercancías.

No obstante, en el caso de la posible nueva unión, otras fuentes del sector la achacan a la necesidad de compensar la situación económica y financiera de Adif con la más saneada de Renfe. La operadora espera cerrar este año en beneficios y ha contenido su deuda por debajo de la cota de los 4.000 millones (3.990 millones al cierre de 2016).

Adif Alta Velocidad cerró 2016 con ‘números rojos’ de 328,14 millones de euros, al contabilizar provisiones de 320 millones para afrontar litigios con constructoras de los tramos de AVE que registraron problemas y la quiebra de las sociedades constituidas para integrar el ferrocarril en distintas ciudades, y con un endeudamiento de 14.339,9 millones. Estas pérdidas y esta deuda se suman a las de Adif, de 79,1 millones y 488 millones, respectivamente.

Adif cede a Renfe su ayuda de 585 millones tras multiplicar por 8 el peaje por sus infraestructuras

Adif ha propuesto ceder a Renfe la subvención pública anual de 585 millones de euros que hasta ahora venía recibiendo del Estado para costear el correcto mantenimiento de la red ferroviaria convencional, tras anunciar que multiplicará por ocho el peaje que cobra a la operadora por que sus trenes usen estas infraestructuras. La compañía que preside Juan Bravo prefiere obtener los recursos para mantener las líneas de tren convencionales del peaje que Renfe le abone por usarlas, a pesar de que los fondos para pagar ese peaje procedan igualmente de las arcas públicas. Adif pretende subir este peaje para que cubra el 95% del coste de explotación de estas líneas y no el 10% como hasta ahora.

Adif considera que el importe que cada año recibe del Estado para costear el mantenimiento de las vías se destine a Renfe para que pueda afrontar el fuerte incremento del canon. De su lado, Renfe sumará esta prestación a la de unos 600 millones de euros que ya recibe para sufragar las conexiones de transporte de viajeros en tren consideradas de servicio públicos, la mayor parte de las de Cercanías y de Media Distancia, esto es, las que circulan por las vías convencionales. Se trata de servicios deficitarios económicamente, pero rentables socialmente, que hay que mantener para garantizar la vertebración y la movilidad de los ciudadanos.

La operadora pública pasará a percibir una aportación estatal de unos 1.000 millones de euros, la mitad va para pagar el peaje a Adif por el uso de las vías, y la otra mitad para costear la explotación de los viajes en tren de Cercanías y Media distancia que realiza por ellas.

Esta subida de cánones y traspaso de subvención de Adif a Renfe ha transcendido al publicar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el informe que ha realizado para valorarla, en la que la da su visto bueno. La CNMC considera “más transparente” que Adif recupere el coste de mantener las vías convencionales con el peaje que le paga Renfe que a través de aportaciones presupuestarias.

Esta reestructuración de la aportación de los 1.000 millones de euros que el ferrocarril convencional supone para el Estado entre Renfe y Adif puede constituir un paso hacia la concreción de las cuentas de ambas compañías de cara a su eventual integración en un ‘holding’ que actualmente analiza el Ministerio de Fomento.

El mismo informe de la CNMC también revela que Adif Alta Velocidad articulará un sistema de multas y rebajas en los peajes que cobra a Renfe por cada tren que circula por su red AVE, con el fin de garantizar su máximo aprovechamiento y fomentar el transporte en tren.

La optimización y mayor uso de la infraestructura de Alta Velocidad y el consiguiente descuento en el peaje que Renfe paga a Adif (unos 500 millones de euros anuales) podría a su vez traducirse en una reducción del precio de los billetes que la operadora cobra a los viajeros.

Adif prevé multar a Renfe cuando reserve un surco (‘slot’) en una de vía de Alta Velocidad y luego no lo explote correctamente. La sanción propuesta consiste en pagar dos veces el peaje de este surco. No obstante, la CNMC considera que se trata de una multa “excesiva”. Por contra, la empresa propietaria de la red AVE rebajará el peaje a los trenes AVE de Renfe cuando registren un incremento en el número de viajeros transportados superior al crecimiento medio esperado para el sector.

El ‘superregulador’ insta a Adif a rebajar a la mitad su previsión de incremento de viajeros del AVE, el porcentaje de aumento de usuarios a partir del cual rebajaría el canon, desde el 3% que estima la empresa pública hasta un 1,4%.

Adif pretende subir un 15% el canon que cobra a Renfe, aunque la CNMC limita el aumento al 4,2%

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Adif pretende subir un 15% en 2017 el canon o peaje que cobra a Renfe y al resto de operadores ferroviarios por circular por la red AVE y las líneas ferroviarias convencionales y por utilizar las estaciones de tren y otras infraestructuras férreas. La compañía pública dependiente del Ministerio de Fomento se ha encontrado no obstante con el rechazo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que limita a un tercio dicho incremento, concretamente al 4,2%.

En su preceptivo informe sobre la propuesta de actualización del canon de la red ferroviaria para el año que viene, el ‘superregulador’ considera que una mayor subida de esta tasa supondría una “barrera” al crecimiento del transporte en tren y “podría repercutir en los viajeros del AVE” a través del precio de los billetes de tren. “Los pasajeros que no pudieran afrontar el coste del servicio quedarían excluidos del mercado”, advierte el organismo que preside José María Marín Quemada. La CNMC considera que, “a largo plazo, todo ello afectaría a la demanda, lo que se traduciría en menores ingresos para Adif y Adif Alta Velocidad”.

La propuesta de Adif “podría suponer una barrera a la entrada de nuevos operadores que frenaría la liberalización“, apertura actualmente sólo efectiva para el transporte de mercancía en tren, pero que se ultima para el tráfico de viajeros, advierte el ‘superregulador’.

El canon o peaje que Renfe paga a Adif por utilizar las vías, estaciones y otras infraestructuras ferroviarias, constituye una de las principales partidas de gastos de la operadora, dado que le supone unos 600 millones de euros anuales. La compañía promotora y gestora de las infraestructuras ferroviarias cobra este canon para contribuir a costear la inversión que realiza en la construcción y mantenimiento de las líneas y las estaciones. Además de con el canon, la firma también se financia con bonos, créditos con banca pública y privada, y fondos europeos.

A cierre de 2015, Adif Alta Velocidad presentaba un endeudamiento de 13.983 millones de euros, pasivo un 5% superior al del año anterior y que la sitúa como una de las empresa públicas con mayor endeudamiento.

En su informe sobre el canon que cobra esta compañía, la CNMC también la alerta de que está incluyendo alguno de sus costes fijos en la estructura de diseño del peaje, algo contrario a la legislación europea. El ‘superregulador’ indica que Adif, a la hora de calcular su canon, parte de que el tráfico de viajeros en AVE se “congelará” en los próximos años, una previsión que estima “demasiado conservadora” ante los incrementos récord de usuarios que viene registrando desde 2013.

La CNMC reclama a Adif que explique “con detalle” cómo se fija el canon que cobra a Renfe

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) insta a Adif a explicar “detalladamente” los “principios y la metodología” que sigue para fijar el canon que cobra a Renfe por utilizar las vías del tren y el resto de las infraestructuras ferroviarias. Se trata de uno de los puntos de la gestión de la red ferroviaria que el ‘superregulador’ demanda a Adif a aclarar y a ampliar información antes de que concluya el primer semestre del año.

Renfe debe pagar tres cánones por uso de las vía: el canon por adjudicación de capacidad (por el ‘slot’, el tramo de vía y el horario por el que Adif le autorice a prestar servicio), el canon por utilización de la vía y el canon por utilización de instalaciones de energía (por suministro de energía eléctrica para la tracción de los trenes). Además debe satisfacer otros cinco desembolsoss por otros tantos servicios: uso de estaciones de viajeros, por cambio de ancho de vía (instalaciones para que los trenes pasen de una línea de AVE a una convencional), utilización de vías con andén, uso de vías en otras instalaciones de servicio y el canon por utilización de puntos de carga para mercancías.

La compañía promotora y gestora de las infraestructuras ferroviarias realiza y remite a la CNMC todos los años la denominada Declaración sobre la Red, un documento en el que proporciona información para garantizar el acceso a la red ferroviaria de potenciales nuevos competidores de forma transparente y no discriminatoria. En el caso de la declaración correspondiente a 2016, la comisión considera que “no cumple con los requisitos exigidos en la nueva Ley Ferroviaria que entró en vigor a finales de 2015″, con lo que interpela a Adif para que remita una nueva declaración “completando sus tarifas y cánones” en la primera mitad del año.

Uno de los aspectos que la CNMC insta a aclarar es la forma en la que Adif fija sus cánones, el importe que cobra por usar las infraestructuras ferroviarias. Este importe de los cánones es uno de los factores que señalan las compañías interesadas en entrar a competir con Renfe en tráfico de viajeros en tren ante la inminente apertura de este mercado para apuntar la escasa rentabilidad que presenta este negocio.

Entre el resto de puntos que el organismo que preside José María Marín Quemada pide completar a Adif figuran el listado de las instalaciones de servicio y el de las secciones transfronterizas de la red ferroviaria. También reclama explicaciones sobre las condiciones económicas de prestación de servicios auxiliares.

El canon que las operadoras deben pagar a Adif ha sido la principal crítica de las empresas que estudian la posibilidad de comenzar a competir con Renfe, que consideran el pago fijo excesivo como para rentabilizar el servicio. En los últimos siete años el importe de los cánones que Renfe paga a Adif se han multiplicado por cinco.

(Imagen Renfe/Patier)

El superregulador determinará el número de potenciales competidores privados de Renfe

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha encargado un estudio para evaluar el número de potenciales operadores ferroviarios privados que podrían entrar a competir con Renfe en función de determinados factores, entre ellos el canon que Adif cobra por usar las vías, las estaciones y el resto de infraestructuras ferroviarias. El ‘superregulador’ considera “necesario” determinar la demanda potencial y real de las distintas líneas de tren , fundamentalmente del AVE, y el número de compañías ferroviarias que podrían prestar servicio de manera “sostenible” ante la próxima apertura del sector a la competencia.

La CNMC aborda este análisis al considerar que el éxito de la liberalización del transporte en tren depende de la apertura de los corredores de más demanda y al contemplar un eventual escenario de subida del canon ferroviario.

El organismo que preside José María Marín Quemada invertirá 181.500 euros en este estudio, que deberá estar listo en seis meses y que ha sido licitado este martes con la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La CNMC encarga el estudio mientras el Ministerio de Fomento ultima el lanzamiento del concurso público por el que se seleccionará al primer operador privado que entrará a competir con Renfe.

No obstante, el Gobierno ha diseñado una apertura progresiva del sector, que en una primera fase de siete años sólo permite competir con la compañía pública a un único operador y sólo en una línea, el Corredor de Levante.

La CNMC licita su estudio un mes después de que el propio Adif, la compañía encargada de gestionar la explotación de las líneas e infraestructuras ferroviarias a cambio de cobrar un canon a los operadores, también encargara un análisis sobre la demanda actual y futura que presentan las líneas AVE y su rentabilidad.

En el caso del estudio del ‘superregulador’, según los pliegos del contrato, tendrá dos partes. La primera de ellas se centrará realizar un análisis comparativo con otros países europeos, fundamentalmente Austria, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza. La segunda parte consistirá en determinar la demanda potencial del transporte en función de determinados parámetros (tipo de línea, precio, tiempos de viaje y oferta, entre otros), en calcular el número de empresas privadas que podrían entrar en el mercado y fijar la capacidad del sector para absorber subidas de cánones.

Con todo, la CNMC pretende determinar “la capacidad del mercado para aceptar aumentos del canon” y su impacto en la demanda de viajeros por los distintas líneas de tren, especialmente las de Alta Velocidad, en el precio de los billetes, y en el número de operadores privados potencialmente interesados en entrar en el mercado.

El superregulador insta a Renfe a que privatice su filial de alquiler de trenes para evitar ventajas

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Sin ventajas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) apremia a Renfe para privatice o segregue totalmente su nueva filial de alquiler de trenes. El ‘superregulador’ quiere “contrarrestar” las ventajas” de Renfe y favorecer la entrada de nuevos operadores privados que compitan con la compañía ferroviaria pública.

La CNMC recomienda que la operadora segregue su filial en el informe elaborado en la nueva Ley Ferroviaria, aprobada recientemente en Consejo de Ministros y actualmente en trámite parlamentario, que debe aprobarse antes de que concluya la Legislatura. El ‘superregulador’ pretende “contrarrestar” las ventajas” con que cuenta Renfe como “operador ya establecido, y evitar así que “pueda llevar a cabo comportamientos tendentes a obstaculizar la entrada de potenciales operadores”.

Renfe constituyó en mayo del pasado año una filial de alquiler de trenes a terceros operadores. La firma cuenta con un parque de 51 vehículos, 19 de ellos de Alta Velocidad, otros doce de ancho variable, 49 locomotoras y 1.173 vagones para transporte de distintos tipo de mercancías.

El Ministerio de Fomento espera obtener el visto bueno del Consejo de Estado para sacar a concurso el primer ‘título habilitante’ que permitirá a la compañía que lo consiga entrar a competir con Renfe en transporte de viajeros por tren en el Corredor AVE a Levante. Entre las compañías que ya han conseguido licencia de operador ferroviario y están interesadas en entrar en este mercado, figuran las constructoras ACS, Acciona, Ferrovial y Comsa, las compañías de transporte en autobús Alsa e Interbús, el grupo Planeta, a través de su sociedad Veloi Rail, el grupo Globalia y la firma andaluza Eco Rail.

La CNMC insta a fijar previamente un marco de obligaciones para Renfe que “contrarresten las ventajas” de la compañía como operador dominante. El organismo cree “necesario” desvincular completamente de la compañía su filial de alquiler de trenes “bien mediante su privatización o bien vinculándola a un Ministerio distinto de aquel al que están vinculados Renfe y Adif”.

El ‘superrregulador’ estima que Renfe debería estar obligada a informar de forma previa a su lanzamiento comercial de las tarifas y precios de los billetes que prevé aplicar en los corredores AVE en los que entre competencia. De esta forma, “se podrían valorar desde el punto de vista de la competencia sus efectos sobre los viajeros y sobre el nuevo operador”.

La CNMC quiere evitar que “Renfe incurra en actuaciones comerciales encaminadas a limitar la entrada de competencia mediante la aplicación de descuentos“. “Estos descuentos, financiados a través de los recursos que la operadora pública obtiene por el servicio que presta aún en monopolio pueden hacer que la actividad del nuevo operador no sea rentable“, advierte el organismo que preside José María Marín Quemada.

La CNMC cree que Renfe sale favorecida al darle automáticamente el título habilitante en Levante

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Trato de favor. ¿Realmente resulta factible que una empresa privada pueda competir con Renfe en el Corredor de Levante? La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que el proceso abierto por Fomento no guarda garantías de igualdad. El organismo auditor identifica “asimetrías” que favorecen a Renfe Operadora en el procedimiento para conceder un título habilitante para el Corredor de Levante, al obtenerlo de manera automática. Estas “asimetrías” observadas en este procedimiento se centran, sobre todo, en la mayor flexibilidad que se concede al operador público en la prestación de servicios, al no serle de aplicación los límites impuestos en la oferta base de Servicios Ferroviarios.

La CNMC realiza varias observaciones en el proceso donde se favorece claramente a la operadora pública. En un informe que caba de hacer público analiza el proyecto de liberalización. El organismo que preside José María María Quemada aporta una serie de elementos que, a su juicio, pueden contribuir a conseguir una mayor eficiencia y transparencia en el procedimiento que se plantea. Competencia incide en la necesidad de definir los elementos básicos de ordenación del sistema, antes de que comience el procedimiento de licitación, para conceder “una mayor certidumbre y seguridad jurídica a los operadores ferroviarios y promover una mayor participación”.

La CNMC recomienda reforzar las obligaciones del operador público en lo que respecta a la contabilidad de costes. Entiende que la obligación en esta materia “debería ser más estricta” que la impuesta a los que entren en el mercado. Por una parte, incluye no sólo la contabilidad separada del Corredor Levante, sino la contabilidad analítica de toda la actividad de viajeros. Competencia propone la publicación de una contabilidad analítica separada y detallada por línea o por corredor ferroviario, que impute de manera transparente el coste del servicio a cada uno de los trayectos y que pueda ser supervisada por la CNMC.

La Comisión plantea además que Renfe tenga la obligación de comunicar a la CNMC, de forma previa a su lanzamiento comercial, los descuentos y tarifas que pretende aplicar en el corredor del Levante, “de forma que se pudiera prevenir los daños que, dado su peso económico, podría ocasionar al operador entrante”.

Ante las dificultades de acceso al material rodante por parte de los otros operadores y la estrechez del mercado de material ferroviario español, la CNMC aconseja que la unidad de Alquiler de Material Ferroviario de Renfe publique una oferta de referencia con las unidades puestas a disposición de terceros, así como las condiciones de acceso, precios y plazos de suministro. También insiste en la necesidad de desvincular esta unidad de Renfe para poder ofrecer una alternativa “real y orientada” por los principios de objetividad y neutralidad a los operadores ferroviarios.

La CNMC advierte sobre la necesidad de valorar la adecuación sobre la actual cuantía de los cánones, porque presenta un diseño “muy independiente” del tráfico gestionado, generando así un coste medio mayor para el operador que entre de nuevas que para el ya establecido.

El 13 de junio de este año, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que daba comienzo el proceso de liberalización en el Corredor de Levante a través de la concesión de un título habilitante por un período de siete años, tras el cual, el corredor quedará abierto a la competencia. El plan analizado por la CNMC diseña el procedimiento por el que se concederá el derecho a la empresa adjudicataria a explotar los servicios de transporte ferroviario en ese corredor, en régimen de competencia con el operador que ya cubre el trayecto, Renfe.