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La Eurocámara pide “una investigación independiente y exhaustiva” sobre el accidente del tren Alvia en Santiago

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El Parlamento Europeo reclama a la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, “que se realice una investigación exhaustiva e independiente” del accidente del tren Alvia acaecido en Angrois en julio de 2013, y que ocasionó 80 muertes y más de 100 heridos. Esta reclamación se produce después de la comparecencia de una representación de la plataforma de víctimas del siniestro, el pasado 24 de enero en Bruselas. El portavoz de la asociación, Jesús Domínguez, destaca las normas que supuestamente ha incumplido el Estado español en materia de seguridad ferroviaria, motivo al que los afectados atribuyen los fallecimientos.

Tras atender a sus requirimientos, la presidenta de la comisión de peticiones, Cecilia Wikström, clama por la realización de una investigación independiente que esclarezca todas las causas detrás del descarrilamiento en la curva de A Grandeira, al margen del despiste del maquinista, que circulaba a velocidad excesiva kilómetros antes de la estación de Santiago. Ahora, un mes después, la plataforma ha recibido una carta de Wikström, en la que expone la existencia de un debate después de la comparecencia.

“Esta comisión decidió, tras un debate, escribir a la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, para solicitar que se realice una investigación exhaustiva e independiente del accidente acaecido en Galicia en 2013”, les dice. El objetivo, indica, es que “las conclusiones de este informe sirvan para recomendar medidas para mejorar la seguridad de los servicios ferroviarios en Europa”. En su misiva, Cecilia Wikström se refiere a Domínguez para informarle de que la comisión seguirá examinando sus peticiones “tan pronto” como disponga de “la información solicitada”.

El 24 de enero, además de Domínguez y Teresa Gómez-Limón -que expuso una denuncia por supuesta publicidad engañosa en relación con el servicio de alta velocidad-, intervinieron un representante de la Comisión Europea y otro de la Agencia Ferroviaria Europea.

La Plataforma Víctimas Alvia 04155 continúa su ronda de contactos con miembros del Congreso de los Diputados, después de que los recibiese el socialista Odón Elorza la semana pasada. Este miércoles se reunirán con Fernando Navarro, diputado de Ciudadanos por Islas Baleares y portavoz de la formación en la comisión de Fomento.

La asociación exige la apertura de una comisión de investigación parlamentaria para depurar posibles responsabilidades políticas y la conformación de otra comisión de carácter técnico que elabore un nuevo informe, para sustituir el hecho por la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios), duramente criticado por Europa.

Tras el rechazo de PP y PSOE en anteriores ocasiones en la Cámara Baja, ahora albergan “cierta esperanza” en un cambio de postura de los socialistas, sobre todo tras conocer las iniciativas promovidas por Elorza.

Montcada, el punto más negro de Renfe

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A los vecinos se les agota la paciencia. Montcada i Reixac se ha puesto en pie de guerra. Las movilizaciones del pasado miércoles provocaron el caos ferroviario, con retrasos en la circulación que se alargaron hasta la madrugada. Inicialmente solo querían cortar la línea R2. Pero parte de ellos se desplazó hasta la línea de Manresa, por donde discurren los trenes de las R4 y la R7, con el mismo resultado. Esto provocó un caos con retrasos que hicieron que algunos usuarios llegasen de madrugada a su destino. También se produjo un corte en la carretera C-17, con retenciones que se alargaron hasta primera hora de la noche.

Es el punto más negro de Renfe en España; una trampa mortal. Están hartos de promesas y palabras vacías. Ya van 168 atropellos, dos en lo que va de año. Y saben que habrá más. Porque todos los vecinos de este pueblo cruzan las vías con la barrera de seguridad bajada. Es es casi un acto reivindicativo ante el Ministerio de Fomento, que se comprometió en 2007 a soterrar las vías. Diez años después todo sigue igual.

El último atropello fue la gota que colmó el vaso. Ocurrió el martes pasado, poco antes de las ocho de la mañana. Un joven de 16 años fue arrollado por un convoy. Un mes antes, el 9 enero, falleció un hombre 75 años. Y así una cuenta regresiva hasta alcanzar 168 vidas. Tan interiorizado tienen el horror de los trenes en Montcada que hasta han levantado un monumento a las víctimas del tren junto a uno de los dos pasos con barrera, en el centro del pueblo, y han instaurado un día de homenaje a los vecinos arrollados. Se celebra el jueves de la segunda semana de Cuaresma y hay exhibición de ‘castellers’, concurso de dibujo infantil por el soterramiento de las vías, minuto de silencio, parlamentos oficiales y ofrenda floral al monumento.

La protesta impulsada de manera conjunta por el Ayuntamiento y la Plataforma Tracte Just Soterrament Total acabó convirtiéndose en una de las tardes más caóticas que se recuerdan en la red de Rodalies de Barcelona. Las 600 personas que se reunieron para recordar la última víctima que ha perdido en las vías montcadenses, un joven de 16 años que se suicidó, en la zona de Can Sant Joan, decidieron ocupar vías y calles, provocando cortes que se alargaron varias horas.

La invasión de vías ha supuesto un cruce de acusaciones entre el ayuntamiento y Renfe. Mientras la empresa asegura que no recibió ninguna comunicación por parte del consistorio, la alcaldesa, Laura Campos, mantiene que se trasladó la previsión de alteraciones alrededor de las vías. Además, Renfe recuerda que no es de su competencia evitar la invasión de las vías, por lo que no se responsabiliza de la alteración que sufrió la circulación de los trenes.

La ciudad ya no se cree las buenas palabras del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que se ha comprometido a poner soluciones provisionales para reforzar la seguridad en los pasos a nivel. “Nos tememos que estas medidas de seguridad se quedarían como una solución permanente, por esto advertí al ministro de que no vamos a renunciar a que el futuro de nuestro municipio pase por el soterramiento total”, apunta Campos.

Vecinos y ayuntamiento seguirán insistiendo para que el Estado tome cartas en el asunto. Pese a ello, todos son conscientes de que tendrán que lamentar más víctimas hasta que se actúe en las vías. La pregunta que se hacen es cuánto tardarán en volver a lamentar la próxima víctima mortal. Montcada i Reixac no lo podría aguantar.

(Imagen Podem Montcada)

Nueva decepción para las víctimas del Alvia

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Más decepciones. Tampoco a la tercera. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, mantiene la misma línea que sus antecesores y se niega a cumplir con las demandas de las víctimas del accidente de Angrois. Representantes de esta asociación le entregaron un escrito en el que solicitan la creación de dos comisiones sobre el accidente, una formada por técnicos para aclarar sus causas, y otra de investigación parlamentaria, donde se depuraran posibles responsabilidades políticas. Dos peticiones que el propio Íñigo de la Serna hizo suyas y solicitó al Gobierno que cumpliera el pasado 29 de julio, cuando era alcalde de Santander y que ahora no asume.

«Ha sido una decepción total, una hipocresía más, una utilización de las víctimas cuando era alcalde y ahora que es ministro donde dijo digo dice Diego», dice Jesús Domínguez, presidente de la plataforma de las víctimas del tren de Santiago.«No va a hacer absolutamente nada, ni va a pedir públicamente que se cree la comisión de investigación parlamentaria ni tampoco la técnica, para él todo está correcto», añade.

La asociación se muestra “atónita” ante el rechazo por parte del ministro de Fomento de crear una comisión técnica independiente del accidente ferroviario de Santiago de Compostela, que se saldó con 80 muertos y más de 140 heridos, y otra de investigación parlamentaria. La asociación se ha reunido en la tarde del jueves con De la Serna en la sede del Ministerio, después de meses solicitando este encuentro.

Al término de la reunión, Domínguez explica que De la Serna ahora dice que no va a pedir públicamente la creación de la comisión de investigación parlamentaria ni tampoco va a crear la comisión técnica. “Es una tomadura de pelo más”, dice Domínguez que considera que personajes como él “no pueden ser ministros de nada porque representan a todos los ciudadanos y lo que pedimos es algo muy transparente y democrático”.

En su opinión, es “una auténtica vergüenza, una vergüenza nacional, que encima utilicen el dolor de las víctimas y de la gente que perdió a los hijos, a los hermanos y a los padres” en el descarrilamiento del tren Alvia en una curva del barrio de Angrois en las afueras de la capital gallega ocurrido el 24 de julio de 2013.

La portavoz de la asociación, Teresa Gómez Limón, añade que De la Serna es “mucho peor” que la anterior ministra de Fomento (Ana Pastor), quien dijo no desde principio, mientras que el actual titular “ha tenido la desfachatez, la hipocresía y el cinismo de pedirlo cuando era alcalde de Santander porque nunca pensó que iba a ser ministro”. Según Gómez, el ministro dice ahora que cuando lo pidió no sabía que ya se había solicitado una comisión en el Congreso y se había dicho que no y “como ya han dicho que no, pues es que no”.

Vamos a seguir luchando porque tenemos la verdad de nuestra parte porque Europa nos ha dado la razón y el 24 de enero estaremos en Bruselas, defendiendo las dos denuncias que pusimos por el incumplimiento de la seguridad ferroviaria, la normativa y por publicidad engañosa”, añade la portavoz. “Lamentablemente, tenemos que ir al extranjero para encontrar objetividad y profesionalidad”, concluye.

Fomento cita a las víctimas del Alvia el día 29

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Cita después de los Inocentes. Las víctimas del accidente del tren Alvia acudirán al Ministerio de Fomento el próximo jueves, 29 de diciembre, a las 18.30 horas. Una “muy mala fecha”, en época navideña, pero la plataforma de afectados asistirá a la cita con el ministro. El portavoz de la asociación, Jesús Domínguez, destaca que exigirán al nuevo titular del departamento, Íñigo de la Serna, que cumpla aquello con lo que ya se comprometió como alcalde de Santander: la creación de una comisión parlamentaria sobre el siniestro y una investigación independiente que aborde las causas del mismo.

De la Serna pidió en julio, como alcalde de Santander, que “el futuro Gobierno de la Nación” abra una comisión de investigación en sede parlamentaria “para establecer posibles responsabilidades políticas” en relación con el descarrilamiento ocurrido en Santiago en 2013, en el barrio de Angrois, en el que murieron 80 personas y más de un centenar resultaron heridas. La moción respaldada por el PP santanderino también solicitaba una comisión de expertos y técnicos independientes. Ahora, De la Serna tiene las competencias directas en materia ferroviaria.

Domínguez recuerda que estas peticiones “ya las tiene el ministerio”, pues las víctimas las llevaron el pasado julio al encuentro en el que ya no estuvo la extitular de la cartera Ana Pastor -recién nombrada presidenta del Congreso-, y en el que tampoco estuvo su sustituto al frente del cargo, el responsable de Justicia, Rafael Catalá. Aquella cita apenas duró cinco minutos; en este encuentro sí estuvieron presentes el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar y los por entonces presidentes de Adif, Gonzalo Jorge Ferre y Renfe, Pablo Vázquez.

La plataforma de víctimas solicitó una entrevista en cuanto De la Serna ocuó el despacho. Hasta el momento, solo habían recibido como respuesta una carta-tipo en la que se les contestaba dándoles las gracias “por su felicitación con motivo de mi nombramiento como ministro de Fomento”. “Lo que no queremos son más palabras, queremos hechos”, advierte el portavoz de los afectados por el accidente, que hace referencia a que la llamada del ministerio llega este lunes, precisamente, tras la publicación en el diario ‘El Mundo’ de la denuncia de una víctima, Margarita Viguera, que pide que el médico que le atendió estos tres años le haga la cirugía que le falta tras destrozarse la cara en el accidente. Durante el encuentro del día 29 este será otro punto clave que le plantearán las víctimas al ministro. “Nos da igual el seguro. No nos tenemos que estar peleando y el tema de las operaciones se tiene que arreglar“, advierte Jesús Domínguez.

Margarita Viguera reclama que sea el médico de maxilofacial del hospital universitario de A Coruña que le atendió durante estos tres años el que le haga una operación de cirugía que todavía le falta después de destrozarse la cara en el siniestro. Esta víctima critica que, después de destrozarse “el cuerpo entero” y todo lo que ha tenido que afrontar y sigue afrontando, “ahora, además”, ha de “pelearse” con el Servicio Gallego de Salud (Sergas). “Cuando nos tenían que dar todo tipo de facilidades”, contrapone.

El Sergas asegura que está “acelerando los trámites administrativos para que pueda ser operada” en A Coruña, ya que no tiene tarjeta sanitaria gallega, porque no reside en la comunidad. Para tener esta tarjeta, debería empadronarse en la ciudad herculina, algo al respecto de lo cual se queja Viguera, que nació en A Coruña y tiene familia allí, pero ha vivido siempre en Madrid. “El accidente lo tuve allí, lo tuve en Santiago; esto es de vergüenza, que me pague la operación el área sanitaria de Madrid, pero lo que no puede ser es esto”, critica.

Después de recibir la carta del servicio gallego de salud, Margarita Viguera se puso en contacto con sus abogados, y acudieron a la vía de las aseguradoras de Renfe y Adif, pero estas compañías tampoco le han dado una solución, al estar el proceso judicial todavía sin resolver. La Audiencia Provincial de A Coruña ordenó al juez reabrir la investigación, para esclarecer si, además del maquinista, existen otros responsables por parte de Renfe y Adif, que son los encargados de velar por la seguridad en el convoy y en la vía.

La instrucción se encuentra en un nuevo momento de ‘impasse’ ya que el magistrado ha pedido nuevos informes a los tres peritos y tanto el fiscal como las víctimas y la defensa del conductor exigen que la Agencia Ferroviaria Europea se pronuncie sobre si Adif realizó de forma correcta la preceptiva evaluación de riesgos en la línea que conecta Ourense con la capital gallega. Los afectados comparecerán en enero en la comisión de peticiones del Parlamento europeo, para exponer sus dos denuncias, una con la que acusan al estado español de incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria y la segunda sobre un posible delito de publicidad engañosa.

Víctimas del accidente del Alvia plantean nuevos interrogantes a la Agencia Ferroviaria Europea

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La plataforma de víctimas del accidente del Alvia ocurrido en Angrois en julio de 2013 ha planteado al juez una serie de nuevas preguntas para que las responda la Agencia Ferroviaria Europea, por ser “un organismo independiente, experto en la materia y en la regulación legislativa ferroviaria”. Las cuestiones, que ha presentado este martes el abogado que representa al colectivo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, están relacionadas, entre otros aspectos, con el análisis de riesgos en la línea en la que descarriló el tren, provocando 80 muertos y más de 100 heridos.

El representante legal de los afectados por el siniestro considera que, “por si quedan aún dudas”, el ente ferroviario europeo debe pronunciarse sobre si “era exigible la realización previa de una evaluación integral de riesgos”, del proyecto inicial de la línea Ourense-Santiago, de antes de su puesta en funcionamiento, “cuando se había modificado el proyecto inicial”, y de después de la desconexión del sistema de control de velocidades ERTMS embarcado. “En esos tres momentos debe realizarse un análisis de riesgo integral de la línea, pues así lo dispone la legislación”, asevera el letrado, antes de citar a la Directiva 2004/49/CE, el Real Decreto 810/2007, el Reglamento de la Comisión sobre un método común de seguridad para la evaluación y valoración de riesgo y las normas europeas CENELEC-RAMS 50126 y 50129.

Este documento se le entrega al magistrado instructor de la causa después de que el fiscal solicitara un informe por parte de la Agencia Ferroviaria Europea para clarificar puntos relativos al análisis de riesgos. Al Ministerio Público le respondió primero la defensa del maquinista -único imputado-, que amplió las preguntas y criticó el planteamiento de Antonio Roma, al asegurar que “olvida” aspectos en su escrito. Ahora es el turno de la plataforma de víctimas, que coinciden con el abogado Manuel Prieto, que representa a Francisco Garzón Amo, en que, si el juez accede a llamar a declarar a los responsables de la UTE y de Ineco, que elaboraron informes de evaluación de riesgos, debe citarlos en calidad de investigados, y no como testigos.

Todas estas peticiones se producen después de la reapertura de la investigación que ordenó la Audiencia Provincial de A Coruña, que solicitó al juez dilucidar si se había realizado de manera correcta el análisis del riesgo antes de que se produjese el accidente en la curva de A Grandeira.

Miembros de la plataforma comparecerán en enero en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, para exponer sus dos denuncias, una con la que las víctimas acusan al Estado español de incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria y la segunda sobre un posible delito de publicidad engañosa. Su participación en esta comisión se producirá el 23 o el 24 de enero, toda vez que el PSOE se ha unido a los grupos de Los Verdes-ALE y GUE-NGL (Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica) y votó este lunes a favor de su incorporación en el orden del día. El BNG valora que finalmente “se desbloquea este asunto”, al vincular con las diferentes elecciones la actitud en contra de los socialistas. Además avanza que, coincidiendo con su visita a las instituciones comunitarias en esas fechas, pedirá una tercera reunión de las víctimas con los responsables de la Agencia Ferroviaria Europea.

Representantes de la plataforma viajaron a Bruselas a finales de 2015 y mantuvieron encuentros con distintos cargos relacionados con la seguridad ferroviaria en Europa. Ya en julio de 2016, la mencionada agencia les aportó en persona el informe que elaboró y que es muy crítico con la investigación elaborada sobre el accidente por la CIAF (órgano colegiado del Ministerio de Fomento). Las víctimas expondrán sus denuncias y también participarán, previsiblemente, un director político con competencias en seguridad y un representante de la agencia ferroviaria, para ratificar su posición. A continuación habrá un turno de los grupos y se decidirá en ese momento si el procedimiento queda abierto o si, por el contrario, se cierra.

En el escrito presentado este martes, el abogado traslada una veintena de nuevas cuestiones para que sea la Agencia Ferroviaria la que las responda. Entre otros puntos, pregunta si existe en Europa “consenso técnico” sobre la necesidad de protección de las transiciones significativas de velocidad mediante sistemas de control continuo o puntual y si la construcción de una nueva línea se considera un “cambio significativo” en el sistema ferroviario. También pide concretar “en qué consiste la evaluación de riesgos, cómo se determina el nivel de riesgo y su aceptabilidad técnica y cómo se debe llevar a cabo su documentación y sus diferentes fases”.

Las víctimas recuerdan la tragedia de Angrois

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Hace ahora tres años Santiago de Compostela se vistió de luto. El 24 de julio de 2013 será un día inolvidable para los vecinos de Angrois y, sobre todo, para las víctimas del accidente ferroviario más grave de la historia de España. El descarrilamiento del Alvia sigue en la memoria de todos y aún se mantiene en las portadas de toda la Prensa. La Audiencia decide reabrir la instrucción y rectifica el dictamen que apuntaba como único culpable al maquinista del tren, Francisco José Garzón. Las víctimas luchan también para que la causa elimine algunos informes parciales y sea más objetiva.

Bruselas concluye que la investigación de la CIAF, organismo dependiente de Fomento, “no fue independiente, ni determina las causas raíz/estructurales del accidente”. Además la Comisión Europea muestra su “preocupación” por el hecho de que “la autorización del tren pudiese no haber sido conforme a la legislación de la UE”. Todo ello mantiene viva la polémica sobre el accidente en Galicia.

El abogado que representa a la Plataforma Víctimas Alvia 04155 solicita que se excluya del caso el informe de la CIAF porque “carece de la objetividad necesaria”, “no se ajusta a la normativa aplicable en la materia” y “no analiza todas las posibles causas del accidente”. El informe de la Agencia Ferroviaria Europea -hecho público tras diversos retrasos el 7 de julio en un encuentro de miembros del organismo con las víctimas en Bruselas- “se muestra especialmente crítico con las autoridades españolas” al entender que el accidente “no ha sido correctamente investigado“. “Uno de los motivos principales por los que se ataca el informe de la CIAF es por las personas que realizaron el informe, todas ellas vinculadas a Adif, Renfe e Ineco, incumpliendo la Directiva Europea de Seguridad Ferroviaria, en particular los artículos 21.1 y 21.2″, subraya en lo tocante a lo afirmado por Bruselas.

Las víctimas ven “claro y notorio” que la investigación de la CIAF la realizó un equipo que no fue independiente, “tal y como requiere la normativa”. “Por tanto, se concluye que la obligación de investigar el accidente en la forma establecida no se ha cumplido por la autoridades españolas”, advierten, de forma que esperan que el juez instructor del caso, Andrés Lago Louro, excluya ese informe de la CIAF.

A finales de mayo, la Audiencia Provincial de A Coruña ordenó reabrir la instrucción que investiga las causas del accidente del tren Alvia que provocó la muerte de 80 pasajeros y más de un centenar de heridos el 24 de julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois, después de que Lago Louro decidiese en octubre del año pasado cerrar la investigación judicial con el maquinista del tren, Francisco Garzón, como único imputado. Antes que él, instruyó la causa Luis Aláez, que imputó a la responsables de Adif hasta en dos ocasiones, en las que la Audiencia respondió levantando las imputaciones

Los afectados por el accidente ponen el foco en que la Agencia Ferroviaria Europea (ERA en sus siglas en inglés) censura que la investigación de la CIAF “se centra exclusivamente en las causas últimas o directas del accidente”, pero “sin valorar mínimamente las causas raíz y estructurales”. Unas causas estructurales, según avisan las víctimas en su petición, que “inciden en la posible responsabilidad de Adif, Renfe e Ineco“. Como ejemplo exponen que la ERA se queja de que la CIAF “no aclara qué cpche fue el primero en descarrilar”, lo que al parecer de Bruselas “puede ser determinante para la comprensión del accidente”.

También hacen hincapié en que el estudio de la Agencia Ferroviaria Europea “echa de menos” en el informe de la CIAF “conclusiones sobre el diseños de la línea y la evaluación de riesgos”, así como la “metodología utilizada en dicha evaluación y las decisiones tomadas sobre el diseño de la línea”.

Todo ello cuando se cumple el tercer aniversario de la tragedia, en el que las víctimas tienen prevista una completa agenda de actos reivindicativos. Este sábado han mantenido una asamblea en Santiago para analizar estos tres años y una concentración en la plaza del Obradoiro este domingo por la mañana. Ya por la tarde acudirán a Angrois, lugar del accidente, para hacer un acto de homenaje a los fallecidos que comenzará sobre las 19.00 horas, poco antes del paso del tren.

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“La verdad, por fin”, del accidente de Metrovalencia

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El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado, con el voto en contra del PP, el dictamen de la comisión parlamentaria de investigación sobre el accidente de Metrovalencia de 2006 que costó la vida a 43 personas, que concluye que el siniestro era “previsible y evitable”. El dictamen elaborado por la comisión sobre el accidente cita a trece responsables, entre ellos, el expresident de la Generalitat Francisco Camps.

Los diputados del PSPV-PSOE, Compromís, Ciudadanos y Podemos que han intervenido en el pleno han coincidido en que Francisco Camps “mintió” y que el gobierno autonómico del PP ocultó la verdad, manipuló y cometió abuso de poder.

Ante la presencia en el pleno como invitados de representantes de la asociación de víctimas del accidente, el PP ha calificado la comisión de investigación de “parcial, sesgada e incompleta”, ha concluido que la línea 1 de Metrovalencia era segura y ha afirmado que se hizo “todo lo humanamente posible” para ayudar a las víctimas.

El dictamen concluye que el accidente de 2006 “era previsible y evitable”, que sus causas fueron “múltiples y todas tuvieron su origen en la falta de inversión y mala gestión” de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat, y que el Gobierno valenciano no llevó a cabo ninguna actuación para esclarecer las causas.

También cita a trece responsables, entre ellos el expresident de la Generalitat Francisco Camps y el exconseller Juan Cotino, e incluye varias recomendaciones, como que el Consell elabore una ley de seguridad sobre el transporte ferroviario y cree un organismo independiente de FGV para la seguridad de todos los medios de transporte.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J), Rosa Garrote, ha celebrado que las Corts valencianas hayan aprobado el dictamen que elaboró la Comisión de Investigación porque supone que “una verdad que ya se sabía en 2006” pero que “estaba en el aire”, “hoy quede reflejada como una verdad oficial“.

La diputada socialista Ana Barceló ha considerado “imposible” que al PP no le haya conmovido “ni los testimonios, ni la asociación de víctimas ni la plaza llena de gente pidiendo que se aclare la verdad”. “El perdón nos humaniza, hace que los ciudadanos sientan las instituciones suyas, que les representan, que sepan que van a estar con ellos, que todo no depende de la palmadita en la espalda, que depende de cómo se trata”, ha manifestado.

Barceló ha arrancado los aplausos de la Cámara cuando ha preguntado a los diputados del PP si, en caso de que hubieran tenido una madre, un padre, un hijo o un nieto entre las víctimas del accidente, no se habrían acostado todas las noches preguntándose “por qué, por qué, por qué”.

Desde Compromís, la diputada Isaura Navarro se ha preguntado si “se puede ser más indigno” culpando al maquinista del tren siniestrado, y ha acusado a Francisco Camps de ser “un expresidente indigno” por no haber recibido a las víctimas y decir que desconocía qué era H&M Sanchis, que “adoctrinó” a los comparecientes en la primera comisión. Según Navarro, la dirección de FGV “impuso la ley del silencio” y el gobierno valenciano “controló desde primer momento toda la información relevante y la manipulación informativa en RTVV”.

El portavoz de Ciudadanos, Alexis Marí, ha acusado también a Camps de mentir al decir que no conocía el adoctrinamiento a los comparecientes en la primera comisión de investigación. “Si no mintió, me preocuparía más porque sería un ser inhumano y habríamos estado en manos de un ser incapaz de gestionar y de tener la más mínima sensibilidad”, ha manifestado.

Según la diputada de Podemos Fabiola Meco, la comisión de investigación ha hecho el trabajo que el PP “no hizo en 2006”, una responsabilidad que a partir de ahora llevará “en su mochila” y por el que “algún día deberán pedir perdón”.

Desde el grupo popular, Alfredo Castelló ha dicho que en la comisión han faltado comparecientes que “se han vetado”, así como información y documentación, como los dos últimos años de instrucción judicial que la Abogacía de la Generalitat no ha querido facilitar.

Castelló ha defendido que lo relevante es lo que dicen los datos, “el resto son especulaciones“, y ha asegurado que la línea 1 era segura al “99,9918 %” y la curva donde ocurrió el accidente “al 99,995 %”.

El choque frontal de dos trenes regionales en el sur de Italia deja al menos 27 muertos

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Al menos 27 personas han muerto y 50 han resultado heridas, siete de ellas en estado grave, a causa del choque frontal de dos trenes que ha tenido lugar este martes en la región de Apulia, en el sur de Italia, según el último balance de víctimas. El siniestro ha tenido lugar poco después de las 11.00 de este martes entre las localidades de Corato y Andría, en una zona de vía única por la que pasan cada día decenas de convoyes. Los equipos de rescate intentan rescatar a posibles víctimas de entre los escombros, ya que algunas de las partes de los trenes han quedado completamente dañadas.

“Hay muchos muertos”, admite el comandante de la Policía de Andría, Riccardo Zingaro. Los trenes siniestrados cubren rutas regionales y viajan habitualmente con numerosas personas a bordo, si bien no existe una estimación aproximada de cuántos pasajeros podrían haberse visto afectados. De uno de los trenes quedó intacto sólo el último coche y del otro dos vehículos.

La empresa responsable de la infraestructura, Ferrotramviaria, señala que todavía es “pronto” para saber las causas de este siniestro. “Una cosa es cierta: uno de los dos trenes no debía estar allí“, dice el director general de la agencia ferroviaria, Massimo Nitti.

La Fiscalía de Trani ha abierto ya una investigación por homicidio, aunque aún no está claro contra quien se dirige. Según el diario italiano ‘La Repubblica’, la principal prueba sería el sistema telefónico instalado en la estación para las comunicaciones internas. “Con la tecnología que tenemos, es absurdo que puedan seguir produciéndose este tipo de incidentes”, ha declarado el portavoz del Movimiento 5 Estrellas, Diego De Lorenzis.

Por su parte, la comisaria de Transportes europea, Violeta Bulc, ha expresado en Twitter su pésame tras la tragedia y ha mostrado la disposición de la Agencia Europea del Ferrocarril a prestar la ayuda necesaria.

El primer ministro italiano, Matteo Renzi, interrumpió la visita que estaba realizando a un museo de Milán para viajar a Roma y seguir desde la capital las informaciones sobre el accidente. “No vamos a parar hasta esclarecer lo que ha pasado“, ha subrayado Renzi, que también ha querido mostrar su apoyo a los familiares de las víctimas.

El último gran accidente ferroviario vivido por Italia tuvo lugar en el año 2009, cuando un transporte de mercancías descarriló en el centro de Viareggio y provocó un incendio con más de 30 víctimas mortales, en su mayoría personas que residían cerca de las vías.

“Ha sido un accidente de proporciones enormes. Un choque muy violento”, aseguró el ministro de Transporte, Graziano Delrio, quien no quiso dar un balance de la tragedia tras llegar al lufar del siniestro. Unos 200 socorristas, entre bomberos, policía y agentes de la protección civil trabajaron durante muchas horas bajo un calor asfixiante de cerca 40 grados para extraer los heridos atrapados entre los hierros retorcidos del tren. Las labores de búsqueda de supervivientes u otros cadáveres en el lugar de los hechos se ha prolongado durante toda la noche.

No se conocen las razones del accidente, en una región donde numerosas personas se transportan en tren, y no se excluye un error humano. La colisión fue frontal entre dos trenes formados cada uno por cuatro coches, los cuales transitaban en dirección opuesta por la misma línea.

“Son trenes en los que viajamos todos, todos los días. Jamás había ocurrido algo tan impresionante”, dijo la periodista italiana Lucia Oliveri, entre las primeras personas que llegaron al lugar del siniestro, que contó al canal de noticias RaiNews24 que vio “una escena apocalíptica, me dieron ganas de vomitar”. La reportera precisó que en esa línea, gestionada por Ferrotramviaria, una compañía privada, suelen viajar numerosos estudiantes de la Universidad de Bari, que habitan en localidades cercanas y que en estos días presentan exámenes semestrales.

Las imágenes aéreas difundidas por las bomberos muestran claramente el choque con los convoyes delanteros totalmente destruidos y restos esparcidos alrededor.

El último accidente de tren ocurrió el 24 de noviembre de 2012, cuando un tren regional en Calabria (sur) chocó contra un vehículo que transportaba a los trabajadores rumanos matando a seis personas. Hace dos años, el descarrilamiento de un tren de pasajeros tras un deslizamiento de tierra en la región de Merano (norte) causó nueve muertos y 28 heridos.

Bruselas da un contundente varapalo a la investigación del accidente de Angrois

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Varapalo europeo al Gobierno español. El informe de la Agencia Ferroviaria Europea, encargado por la Comisión Europea, sobre el accidente de tren de Angrois -en el que fallecieron 80 personas y hubo más de un centenar de heridos- concluye que la investigación realizada en España por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) no fue independiente y que en ella no se abordaron “elementos clave”. El informe critica que la investigación de la CIAF “se concentre en la causa directa, un error humano” -el del maquinista del tren- pero “no responde a preguntas esenciales sobre las causas raíz del accidente”.

Bruselas ha hecho público el informe sobre el accidente en una reunión con representantes de las víctimas y con el BNG. En este documento se relatan a lo largo de diferentes puntos “las debilidades” que la Agencia Ferroviaria Europea identifica en la actuación de la CIAF. Entre ellas, reprocha que se centre únicamente en la causa directa del siniestro, “un error humano”, pero no ahonde en las “causas fundamentales y subyacentes” del siniestro, ocurrido en Santiago en julio de 2013, y en “elementos clave” relacionados con la línea y el propio tren que pudieron influir. La ERA aconseja además la apertura de una investigación “que cumpla los requerimientos de independencia y aborde las irregularidades identificadas”

La Agencia Ferroviaria Europea (ERA) cree que la composición de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) “no aseguró la independencia de la investigación” del accidente del Alvia en Angrois (España) en 2013, según su informe. La ERA subraya en sus conclusiones no cumplió con los requerimientos de independencia que establece la directiva comunitaria y que “la obligación de investigar accidentes no se ha cumplido adecuadamente”. En concreto, el documento dice que hay “preguntas sin responder” sobre la inclusión en la investigación de Renfe, Adif e Ineco.

Tras conocer el veredicto de la Agencia Ferroviaria, el presidente de la asociación de víctimas, Jesús Domínguez, pidió la dimisión de la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, porque “hay claramente un incumplimiento de la directiva de seguridad europea” en la investigación del accidente. El líder de la asociación criticó a Pastor por “haber mentido a los familiares” de las víctimas del accidente durante una reunión.

Domínguez declaró que el informe es “demoledor” y que “tira por tierra todo lo que ha dicho el Ministerio de Fomento”. “Hemos tenido que venir hasta Europa porque España nos ha negado la verdad, la justicia y la transparencia“, lamentó la vocal de la asociación Teresa Gómez, quien también instó a Ana Pastor a dimitir. Gómez criticó que Renfe y Adif “actuaron como juez y parte” en la investigación del accidente.

La eurodiputada y portavoz del Bloque Nacionalista Gallego en Europa, Ana María Miranda, expuso que el informe “cuestiona la investigación errónea que ha hecho la CIAF” y que, tras este veredicto, “hay responsabilidades políticas” que deben ser depuradas.

El dictamen de la ERA se produce poco más de un mes después de que la Comisión Europea (CE) cerrara el expediente que abrió a España tras el accidente del Alvia por la independencia de la CIAF, al considerar que ya se cumplían los requisitos que estipula la legislación comunitaria. La propia CE dijo antes de que el informe saliera a la luz (apoyó que no se hiciera público) que las conclusiones de la Agencia Ferroviaria Europea no estaban vinculadas al accidente en sí mismo y que su propósito era “alimentar un procedimiento de infracción anterior al accidente”, según el portavoz comunitario de Transporte, Jakub Adamowicz.

Fuentes de la Agencia Ferroviaria Europea aseguran que se trata de un informe interno que se realizó a partir de una petición de la CE. El siniestro del tren de Alta Velocidad Ourense-Santiago-A Coruña, que descarriló el 24 de julio de 2013 a la altura de la localidad de Angrois, cerca de Santiago de Compostela, causó 81 víctimas mortales y fue el accidente ferroviario más grave de la historia reciente de España.

El accidente del metro de Valencia era “previsible y evitable” y el “túnel no era seguro”

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La comisión de investigación de Les Corts sobre el accidente de metro de Valencia ha concluido que la Línea 1 de Metrovalencia no era segura y señala como responsables políticos del siniestro al expresident de la Generalitat, Francisco Camps y al exconseller Juan Cotino, entre otros. Así figura en el documento de 296 páginas sobre el siniestro que costó la vida a 43 personas que han presentado este viernes los grupos parlamentarios del PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos, mientras que el PP ha anunciado que presentará un voto particular y que ve “una barbaridad” pedir responsabilidades políticas ahora.

La primera conclusión es que el accidente “era previsible y evitable” pues el túnel de la línea 1 “no era seguro”, justo lo contrario de lo que concluyó la anterior comisión de investigación, que, según añaden, estuvo controlada por el PP y FGV para impedir que se impusiera cualquier versión distinta a la oficial.

“Las causas del accidente fueron múltiples“, remarcan los citados grupos, pero todas ellas tuvieron su origen “en la falta de inversión y la mala gestión de FGV, especialmente en materia de seguridad en la circulación”, que se hizo descansar “en el factor humano”. En concreto, se cita la incompleta instalación del sistema de frenado FAP, por la falta de instalación y reprogramación de balizas el punto del accidente; la obsolescencia de los trenes que cubrían la Línea 1; el desgaste y escasez de material rodante, y el deficitario mantenimiento de la vía en ese punto.

Otras de las 44 conclusiones alcanzadas apuntan a una gestión política “negligente, interesadamente apresurada y opaca” del accidente del 3 de julio de 2006, y a una manipulación informativa por parte de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) que ofreció “información sesgada” y se sometió a los intereses del PP.

El documento señala como responsables políticos, además de a Camps y Cotino, al exvicepresidente Víctor Campos, al ex director general de Transportes Vicente Dómine y al exportavoz del PP en Les Corts Serafín Castellano. En el ámbito de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) se apunta a varios exdirectivos, entre ellos la exgerente Marisa Gracia, mientras que en RTVV responsabilizan al entonces director general, Pedro García, y al director de Informativos de Canal 9 en el momento del siniestro, Lluís Motes.

Destacan que esa falta de financiación en este transporte público “contrasta con las grandes inversiones que ese mismo año anunciaba el Gobierno valenciano” en cuestiones como la Copa del América, el Aeropuerto de Castellón o Mundo Ilusión, entre otros asuntos.

Entre las conclusiones se señala también la falta de interés del Consell y de FGV por esclarecer las causas del accidente y “el menosprecio” al que los gobiernos del PP han sometido a la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio (AVMJ) en estos diez años.

El documento también recoge una serie de recomendaciones, como elaborar una ley de seguridad sobre el transporte ferroviario, crear un organismo independiente que vele por la seguridad en el transporte, y revisar y mejorar los protocolos de actuación en grandes accidentes y mecanismos de coordinación, entre otras.

El PP ha considerado “una barbaridad” pedir responsabilidades políticas del accidente diez años después del siniestro, y ha anunciado que presentará un voto particular a las conclusiones elaboradas. El diputado popular Alfredo Castelló, portavoz de este grupo en la comisión de investigación, ha acusado al resto de partidos de ejercer de “tribunal de excepción” y ha considerado que el único sentido de la comisión es manifestar las cosas que se hicieron bien y las que se hicieron mal, y como reparación moral a las víctimas.

La Asociación de Víctimas, por su parte, se ha mostrado contenta con las conclusiones, pero sobre todo con el trabajo “serio” y “exhaustivo” realizado por la comisión en estos meses, y ha valorado que se planteen recomendaciones para que “no vuelva a suceder” un accidente de esta magnitud.

El dictamen presentado este viernes se debatirá en la comisión del próximo 5 de julio y se prevé que pueda aprobarse definitivamente en el último pleno ordinario de Les Corts Valencianes, previsto para los días 13 y 14 de julio.