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Choque de trenes en Egipto: al menos, 42 muertos

Al menos 42 personas murieron y 84 resultaron heridas este viernes en un choque entre dos trenes en las afueras de la ciudad de Alejandría, en el norte de Egipto. En imágenes difundidas por la televisión pública, se veía uno de los trenes volcado en parte y a los miembros de los equipos de rescate que transportaban muertos y heridos hacia ambulancias.

El tren 13 Exprés, de la línea Cairo-Alejandría, chocó por detrás con el tren número 351, de la línea Port Said-Alejandría, cerca de la estación Jorshed, al este de Alejandría, según informaciones de la agencia oficial Mena. Como resultado del choque, volcaron la locomotora del primer tren y dos coches de cola del segundo tren, según fuentes de la Autoridad de Ferrocarril citadas por Mena.

La televisión estatal indicó, citando a responsables del ministerio de Transporte, que el accidente se debió probablemente a un fallo en uno de los trenes, que lo llevó a detenerse en la vía. Uno de los trenes se dirigía a la capital egipcia, El Cairo, y el otro viajaba hacia Puerto Said. Alejandría es la capital de la provincia homónima y el principal puerto de Egipto, así como la segunda ciudad más importante del país después de El Cairo.

Al menos 30 ambulancias fueron desplegadas para socorrer a las víctimas, según fuentes de seguridad, y la Autoridad Ferroviaria envió varias grúas para retirar los vagones que volcaronSegún la agencia oficial, cuatro heridos que se encuentran en estado crítico fueron trasladados al Hospital Universitario, que está en alerta para recibir a más víctimas.

Los accidentes de tren en Egipto son relativamente frecuentes. En 2013, 19 personas murieron por un descarrilamiento en Badrashin (Giza). En 2002, el incendio de un tren causó cerca de 370 muertos a unos 40 kilómetros al sur de El Cairo, en el accidente ferroviario más mortífero de la historia de Egipto. Un total de 75 personas murieron y 150 resultaron heridas en un accidente ferroviario ocurrido el 21 de diciembre de 1975 a la altura de la estación de Badrashin, a 25 kilómetros al sur de El Cairo, cuando un tren, que se encontraba detenido por la niebla, fue embestido por detrás por otro convoy.

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Más de cien consistorios reclaman una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois

Más de 100 ayuntamientos en toda España reclaman la constitución de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para depurar eventuales responsabilidades políticas por el accidente del tren Alvia en Angrois, que dejó 80 muertos y 144 heridos. En torno a 30 de estas peticiones han sido respaldadas en municipios gobernados por el Partido Popular, mientras que otra treintena, aproximadamente, salió adelante en corporaciones presididas por el Partido Socialista.

La asociación de afectados es la impulsora de un texto que también demanda una comisión técnica para que determine las causas del siniestro. Una vez recabados más de un centenar de apoyos de consistorios por todo el conjunto estatal (39 en Galicia, a la espera de su debate en más localidades), la plataforma hará una entrega simbólica de las mociones y declaraciones institucionales este miércoles 31 de mayo en la Cámara Baja, con un documento dirigido, precisamente, a la presidenta Ana Pastor, otrora ministra de Fomento.

Coincidiendo con esta ocasión, los afectados por el descarrilamiento en la curva de A Grandeira se concentrarán a las 18.00 horas en la plaza de las Cortes, donde contarán con el respaldo de varios diputados de distintas formaciones que ya han confirmado su asistencia. En esta concentración tienen previsto participar el socialista Odón Elorza, Joan Capdevilla de ERC, Sergio Pascual de Podemos, Yolanda Díaz de Esquerda Unida (diputada por En Marea) y Alexandra Fernández, de Anova, ambas diputadas por En Marea.

La asociación, que agrupa a la mayoría de las víctimas del accidente ocurrido en julio de 2013, ha remitido cartas a todos los parlamentarios en las que destacan que los más de 100 gobiernos municipales que les respaldan representan a 16 millones de ciudadanos. A lo largo de estos casi cuatro años desde la tragedia, primero el BNG y después En Marea trataron de promover el debate en el Congreso acerca de la creación de una comisión de investigación parlamentaria, pero solo el partido instrumental en el que se integran Podemos, Anova y Esquerda Unida logró que se llegase a abordar la iniciativa, y fue rechazada con el voto en contra de PP y de PSOE.

La plataforma ve “difícil” de entender que los populares voten a favor o se abstengan “en el casi cien por cien de los ayuntamientos” donde se ha abordado su petición pero que luego voten en contra de la misma propuesta en el Congreso. Además de “totalmente incoherente”, critican que “se está desoyendo la opinión de los representantes de 16 millones de ciudadanos, lo que es una actitud absolutamente antidemocrática”. Así se lo recuerdan las víctimas a los diputados del PP en alguna de sus misivas. Le advierten de que, en concreto, el Partido Popular solo se ha negado en uno de los 106 ayuntamientos a la creación de la comisión de investigación.

En el caso del PSOE, con una argumentación casi idéntica, le dicen que también es “difícil entender cómo su partido puede votar a favor en 103 ocasiones y abstenerse en tres de los ayuntamientos y luego votar en contra de la misma propuesta en el Congreso”. Pero a los socialistas, además, le recuerdan que “recientemente su partido votó a favor de instar al Gobierno a crear estas comisiones en las Cortes de Castilla y León y en el Parlamento gallego”.

Los motivos para la creación de ambas comisiones son “claros” para la asociación de afectados. Así, sobre la de tipo técnico, apuestan por “seguir la recomendación de la Agencia Ferroviaria Europea y del Parlamento Europeo de que se haga una investigación independiente (…) ya que la que se hizo (CIAF) no lo era, pues la realizaron miembros de Renfe y Adif, que son parte en la causa”. Para justificar la necesidad de la comisión de investigación parlamentaria -la más controvertida a nivel político-, apelan a “la gravedad” y “la magnitud del accidente”, que “implica” a empresas públicas estatales, así como las “contradicciones y ocultaciones” que aseguran que se están produciendo en este caso.

“Consideramos que es imprescindible realizar una comisión de investigación parlamentaria. El objetivo es que se depuren las posibles responsabilidades políticas, dando así cumplimiento al artículo 52.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados”, inciden las víctimas. Como “ciudadanos con derechos”, defienden solicitar “algo muy democrático” y destacan que “solo” buscan “saber la verdad para poder descansar en paz y aminorar” su sufrimiento. “Porque solo la verdad evitará que una catástrofe como está vuelva a ocurrir”, aseguran en su demanda.

Archivan la causa del accidente de metro de Valencia

La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha archivado la investigación del accidente de metro ocurrido el 3 de julio de 2006, que costó la vida a 43 personas, por haber descartado responsabilidades penales y la imposibilidad de acreditar un fallo en el vehículo o la vía. En un auto de más de 200 folios, hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la jueza concluye que no existen responsables penales porque según los expertos en seguridad ferroviaria, las instalaciones se encontraban en estado apropiado para mantener las condiciones de seguridad a 40 kilómetros por hora, pero el tren circulaba al doble de velocidad.

La jueza rechaza así la petición de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, que representa a trece de las noventa víctimas, para que se tomara declaración a la exdirectora de FGV y a los cuatro técnicos investigados. Considera que ni a ellos ni a los otros tres trabajadores investigados que sí han declarado se les puede exigir responsabilidades penales por 43 delitos de homicidio y 47 de lesiones por imprudencia profesional, ya que ninguna norma obligaba a la colocación de una baliza que protegiese al tren ante un exceso de velocidad en la curva donde descarriló.

La instructora se remite a los informes periciales para subrayar que en 2006, la inexistencia de balizas ante las curvas era una pauta de actuación común en otras administraciones ferroviarias que hasta entonces se había mostrado segura. Apunta además que ni maquinistas, ni trabajadores de infraestructuras ni sindicatos advirtieron nunca del peligro de la misma.

La decisión de archivar la causa y de rechazar nuevas periciales llega días después de que la Audiencia Provincial respaldara a la instructora y rechazara la petición de la Fiscalía para que los peritos de la Inspección de Trabajo y de Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo ampliaran los informes.

La investigación por el accidente del metro se archivó a petición de la Fiscalía en diciembre de 2007. Esta decisión fue confirmada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial en mayo de 2008, pero en enero de 2014 la Audiencia, en este caso la Sección Segunda, ordenó la reapertura a petición de la Fiscalía y contra del criterio de la instructora. Desde entonces se han practicado las diligencias ordenadas por la Audiencia, otras que solicitaron las partes y aquellas que la jueza acordó de oficio.

La causa consta de más de 8.200 folios distribuidos en 30 tomos, a los que hay que añadir numerosos archivos informáticos con un volumen superior a los 2.000 folios; se ha tomado declaración a tres investigados y a 100 testigos. Desde la reapertura, en enero de 2014, han comparecido ante la jueza veintiún maquinistas de la Línea 1. Ninguno tuvo problema o incidente en la curva donde descarriló el vehículo, por donde pasaron dos millones de trenes desde que entró en funcionamiento la línea, en 1988, según expone la jueza.

Las víctimas de Angrois exigen objetividad

La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Santiago en julio de 2013 pide al nuevo equipo de fiscales que se hará cargo de la causa que sea “objetivo e imparcial”, y lamenta que Antonio Roma, que ha dejado la Fiscalía del área compostelana, “solo habló de dinero”, en relación a las indemnizaciones. El portavoz de la asociación, Jesús Domínguez, valora que el fiscal Antonio Roma cometió “dejación de funciones” en su participación en este caso.

Antonio Roma ha dejado la Fiscalía del área de Santiago tras casi tres años de investigación judicial y un sumario que suma más de 70 tomos y 32.000 folios. Según fuentes del Ministerio Fiscal, Roma ha pasado a servicios especiales de la carrera fiscal para desempeñar el cargo de coordinador del área de justicia del programa de cooperación para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada en América Latina, financiado por el instrumento de cooperación al desarrollo de la Unión Europea (UE).

Domínguez asegura que, en primavera de 2014, cuando afectados por el siniestro ferroviario se reunieron con Roma en Madrid, le trasladaron la necesidad de investigar el incumplimiento de la normativa de seguridad por parte de Adif y Renfe, denuncia que presentaron en la Unión Europea. No obstante, recuerda que, en varias ocasiones, Roma se mostró contrario a la atribución de responsabilidades a altos cargos de Adif, si bien ahora respalda la decisión de investigar al exdirector de seguridad en la circulación de esta empresa pública.

En un escenario en el que “se está juzgado al Estado”, ya que Adif, Renfe y el Ministerio de Fomento, según recalca Domínguez, están implicados en la tragedia que dejó 80 muertos y 144 heridos, las víctimas demandan a los nuevos fiscales “objetividad, aunque sea difícil”, toda vez que la Fiscalía tiene una jerarquía y “depende del Gobierno”.

Antonio Roma firmó el nuevo contrato el pasado viernes día 5 y desarrollará este trabajo entre Madrid y Latinoamérica. El caso lo llevará a partir de este momento un equipo de fiscales de la Fiscalía de área de Santiago, bajo la dirección del fiscal jefe, sin perjuicio de que, avanzado el proceso, esta labor vuelva a ser asumida por un solo fiscal.

La Eurocámara pide “una investigación independiente y exhaustiva” sobre el accidente del tren Alvia en Santiago

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El Parlamento Europeo reclama a la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, “que se realice una investigación exhaustiva e independiente” del accidente del tren Alvia acaecido en Angrois en julio de 2013, y que ocasionó 80 muertes y más de 100 heridos. Esta reclamación se produce después de la comparecencia de una representación de la plataforma de víctimas del siniestro, el pasado 24 de enero en Bruselas. El portavoz de la asociación, Jesús Domínguez, destaca las normas que supuestamente ha incumplido el Estado español en materia de seguridad ferroviaria, motivo al que los afectados atribuyen los fallecimientos.

Tras atender a sus requirimientos, la presidenta de la comisión de peticiones, Cecilia Wikström, clama por la realización de una investigación independiente que esclarezca todas las causas detrás del descarrilamiento en la curva de A Grandeira, al margen del despiste del maquinista, que circulaba a velocidad excesiva kilómetros antes de la estación de Santiago. Ahora, un mes después, la plataforma ha recibido una carta de Wikström, en la que expone la existencia de un debate después de la comparecencia.

“Esta comisión decidió, tras un debate, escribir a la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, para solicitar que se realice una investigación exhaustiva e independiente del accidente acaecido en Galicia en 2013”, les dice. El objetivo, indica, es que “las conclusiones de este informe sirvan para recomendar medidas para mejorar la seguridad de los servicios ferroviarios en Europa”. En su misiva, Cecilia Wikström se refiere a Domínguez para informarle de que la comisión seguirá examinando sus peticiones “tan pronto” como disponga de “la información solicitada”.

El 24 de enero, además de Domínguez y Teresa Gómez-Limón -que expuso una denuncia por supuesta publicidad engañosa en relación con el servicio de alta velocidad-, intervinieron un representante de la Comisión Europea y otro de la Agencia Ferroviaria Europea.

La Plataforma Víctimas Alvia 04155 continúa su ronda de contactos con miembros del Congreso de los Diputados, después de que los recibiese el socialista Odón Elorza la semana pasada. Este miércoles se reunirán con Fernando Navarro, diputado de Ciudadanos por Islas Baleares y portavoz de la formación en la comisión de Fomento.

La asociación exige la apertura de una comisión de investigación parlamentaria para depurar posibles responsabilidades políticas y la conformación de otra comisión de carácter técnico que elabore un nuevo informe, para sustituir el hecho por la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios), duramente criticado por Europa.

Tras el rechazo de PP y PSOE en anteriores ocasiones en la Cámara Baja, ahora albergan “cierta esperanza” en un cambio de postura de los socialistas, sobre todo tras conocer las iniciativas promovidas por Elorza.

Montcada, el punto más negro de Renfe

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A los vecinos se les agota la paciencia. Montcada i Reixac se ha puesto en pie de guerra. Las movilizaciones del pasado miércoles provocaron el caos ferroviario, con retrasos en la circulación que se alargaron hasta la madrugada. Inicialmente solo querían cortar la línea R2. Pero parte de ellos se desplazó hasta la línea de Manresa, por donde discurren los trenes de las R4 y la R7, con el mismo resultado. Esto provocó un caos con retrasos que hicieron que algunos usuarios llegasen de madrugada a su destino. También se produjo un corte en la carretera C-17, con retenciones que se alargaron hasta primera hora de la noche.

Es el punto más negro de Renfe en España; una trampa mortal. Están hartos de promesas y palabras vacías. Ya van 168 atropellos, dos en lo que va de año. Y saben que habrá más. Porque todos los vecinos de este pueblo cruzan las vías con la barrera de seguridad bajada. Es es casi un acto reivindicativo ante el Ministerio de Fomento, que se comprometió en 2007 a soterrar las vías. Diez años después todo sigue igual.

El último atropello fue la gota que colmó el vaso. Ocurrió el martes pasado, poco antes de las ocho de la mañana. Un joven de 16 años fue arrollado por un convoy. Un mes antes, el 9 enero, falleció un hombre 75 años. Y así una cuenta regresiva hasta alcanzar 168 vidas. Tan interiorizado tienen el horror de los trenes en Montcada que hasta han levantado un monumento a las víctimas del tren junto a uno de los dos pasos con barrera, en el centro del pueblo, y han instaurado un día de homenaje a los vecinos arrollados. Se celebra el jueves de la segunda semana de Cuaresma y hay exhibición de ‘castellers’, concurso de dibujo infantil por el soterramiento de las vías, minuto de silencio, parlamentos oficiales y ofrenda floral al monumento.

La protesta impulsada de manera conjunta por el Ayuntamiento y la Plataforma Tracte Just Soterrament Total acabó convirtiéndose en una de las tardes más caóticas que se recuerdan en la red de Rodalies de Barcelona. Las 600 personas que se reunieron para recordar la última víctima que ha perdido en las vías montcadenses, un joven de 16 años que se suicidó, en la zona de Can Sant Joan, decidieron ocupar vías y calles, provocando cortes que se alargaron varias horas.

La invasión de vías ha supuesto un cruce de acusaciones entre el ayuntamiento y Renfe. Mientras la empresa asegura que no recibió ninguna comunicación por parte del consistorio, la alcaldesa, Laura Campos, mantiene que se trasladó la previsión de alteraciones alrededor de las vías. Además, Renfe recuerda que no es de su competencia evitar la invasión de las vías, por lo que no se responsabiliza de la alteración que sufrió la circulación de los trenes.

La ciudad ya no se cree las buenas palabras del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que se ha comprometido a poner soluciones provisionales para reforzar la seguridad en los pasos a nivel. “Nos tememos que estas medidas de seguridad se quedarían como una solución permanente, por esto advertí al ministro de que no vamos a renunciar a que el futuro de nuestro municipio pase por el soterramiento total”, apunta Campos.

Vecinos y ayuntamiento seguirán insistiendo para que el Estado tome cartas en el asunto. Pese a ello, todos son conscientes de que tendrán que lamentar más víctimas hasta que se actúe en las vías. La pregunta que se hacen es cuánto tardarán en volver a lamentar la próxima víctima mortal. Montcada i Reixac no lo podría aguantar.

(Imagen Podem Montcada)

Nueva decepción para las víctimas del Alvia

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Más decepciones. Tampoco a la tercera. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, mantiene la misma línea que sus antecesores y se niega a cumplir con las demandas de las víctimas del accidente de Angrois. Representantes de esta asociación le entregaron un escrito en el que solicitan la creación de dos comisiones sobre el accidente, una formada por técnicos para aclarar sus causas, y otra de investigación parlamentaria, donde se depuraran posibles responsabilidades políticas. Dos peticiones que el propio Íñigo de la Serna hizo suyas y solicitó al Gobierno que cumpliera el pasado 29 de julio, cuando era alcalde de Santander y que ahora no asume.

«Ha sido una decepción total, una hipocresía más, una utilización de las víctimas cuando era alcalde y ahora que es ministro donde dijo digo dice Diego», dice Jesús Domínguez, presidente de la plataforma de las víctimas del tren de Santiago.«No va a hacer absolutamente nada, ni va a pedir públicamente que se cree la comisión de investigación parlamentaria ni tampoco la técnica, para él todo está correcto», añade.

La asociación se muestra “atónita” ante el rechazo por parte del ministro de Fomento de crear una comisión técnica independiente del accidente ferroviario de Santiago de Compostela, que se saldó con 80 muertos y más de 140 heridos, y otra de investigación parlamentaria. La asociación se ha reunido en la tarde del jueves con De la Serna en la sede del Ministerio, después de meses solicitando este encuentro.

Al término de la reunión, Domínguez explica que De la Serna ahora dice que no va a pedir públicamente la creación de la comisión de investigación parlamentaria ni tampoco va a crear la comisión técnica. “Es una tomadura de pelo más”, dice Domínguez que considera que personajes como él “no pueden ser ministros de nada porque representan a todos los ciudadanos y lo que pedimos es algo muy transparente y democrático”.

En su opinión, es “una auténtica vergüenza, una vergüenza nacional, que encima utilicen el dolor de las víctimas y de la gente que perdió a los hijos, a los hermanos y a los padres” en el descarrilamiento del tren Alvia en una curva del barrio de Angrois en las afueras de la capital gallega ocurrido el 24 de julio de 2013.

La portavoz de la asociación, Teresa Gómez Limón, añade que De la Serna es “mucho peor” que la anterior ministra de Fomento (Ana Pastor), quien dijo no desde principio, mientras que el actual titular “ha tenido la desfachatez, la hipocresía y el cinismo de pedirlo cuando era alcalde de Santander porque nunca pensó que iba a ser ministro”. Según Gómez, el ministro dice ahora que cuando lo pidió no sabía que ya se había solicitado una comisión en el Congreso y se había dicho que no y “como ya han dicho que no, pues es que no”.

Vamos a seguir luchando porque tenemos la verdad de nuestra parte porque Europa nos ha dado la razón y el 24 de enero estaremos en Bruselas, defendiendo las dos denuncias que pusimos por el incumplimiento de la seguridad ferroviaria, la normativa y por publicidad engañosa”, añade la portavoz. “Lamentablemente, tenemos que ir al extranjero para encontrar objetividad y profesionalidad”, concluye.

Fomento cita a las víctimas del Alvia el día 29

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Cita después de los Inocentes. Las víctimas del accidente del tren Alvia acudirán al Ministerio de Fomento el próximo jueves, 29 de diciembre, a las 18.30 horas. Una “muy mala fecha”, en época navideña, pero la plataforma de afectados asistirá a la cita con el ministro. El portavoz de la asociación, Jesús Domínguez, destaca que exigirán al nuevo titular del departamento, Íñigo de la Serna, que cumpla aquello con lo que ya se comprometió como alcalde de Santander: la creación de una comisión parlamentaria sobre el siniestro y una investigación independiente que aborde las causas del mismo.

De la Serna pidió en julio, como alcalde de Santander, que “el futuro Gobierno de la Nación” abra una comisión de investigación en sede parlamentaria “para establecer posibles responsabilidades políticas” en relación con el descarrilamiento ocurrido en Santiago en 2013, en el barrio de Angrois, en el que murieron 80 personas y más de un centenar resultaron heridas. La moción respaldada por el PP santanderino también solicitaba una comisión de expertos y técnicos independientes. Ahora, De la Serna tiene las competencias directas en materia ferroviaria.

Domínguez recuerda que estas peticiones “ya las tiene el ministerio”, pues las víctimas las llevaron el pasado julio al encuentro en el que ya no estuvo la extitular de la cartera Ana Pastor -recién nombrada presidenta del Congreso-, y en el que tampoco estuvo su sustituto al frente del cargo, el responsable de Justicia, Rafael Catalá. Aquella cita apenas duró cinco minutos; en este encuentro sí estuvieron presentes el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar y los por entonces presidentes de Adif, Gonzalo Jorge Ferre y Renfe, Pablo Vázquez.

La plataforma de víctimas solicitó una entrevista en cuanto De la Serna ocuó el despacho. Hasta el momento, solo habían recibido como respuesta una carta-tipo en la que se les contestaba dándoles las gracias “por su felicitación con motivo de mi nombramiento como ministro de Fomento”. “Lo que no queremos son más palabras, queremos hechos”, advierte el portavoz de los afectados por el accidente, que hace referencia a que la llamada del ministerio llega este lunes, precisamente, tras la publicación en el diario ‘El Mundo’ de la denuncia de una víctima, Margarita Viguera, que pide que el médico que le atendió estos tres años le haga la cirugía que le falta tras destrozarse la cara en el accidente. Durante el encuentro del día 29 este será otro punto clave que le plantearán las víctimas al ministro. “Nos da igual el seguro. No nos tenemos que estar peleando y el tema de las operaciones se tiene que arreglar“, advierte Jesús Domínguez.

Margarita Viguera reclama que sea el médico de maxilofacial del hospital universitario de A Coruña que le atendió durante estos tres años el que le haga una operación de cirugía que todavía le falta después de destrozarse la cara en el siniestro. Esta víctima critica que, después de destrozarse “el cuerpo entero” y todo lo que ha tenido que afrontar y sigue afrontando, “ahora, además”, ha de “pelearse” con el Servicio Gallego de Salud (Sergas). “Cuando nos tenían que dar todo tipo de facilidades”, contrapone.

El Sergas asegura que está “acelerando los trámites administrativos para que pueda ser operada” en A Coruña, ya que no tiene tarjeta sanitaria gallega, porque no reside en la comunidad. Para tener esta tarjeta, debería empadronarse en la ciudad herculina, algo al respecto de lo cual se queja Viguera, que nació en A Coruña y tiene familia allí, pero ha vivido siempre en Madrid. “El accidente lo tuve allí, lo tuve en Santiago; esto es de vergüenza, que me pague la operación el área sanitaria de Madrid, pero lo que no puede ser es esto”, critica.

Después de recibir la carta del servicio gallego de salud, Margarita Viguera se puso en contacto con sus abogados, y acudieron a la vía de las aseguradoras de Renfe y Adif, pero estas compañías tampoco le han dado una solución, al estar el proceso judicial todavía sin resolver. La Audiencia Provincial de A Coruña ordenó al juez reabrir la investigación, para esclarecer si, además del maquinista, existen otros responsables por parte de Renfe y Adif, que son los encargados de velar por la seguridad en el convoy y en la vía.

La instrucción se encuentra en un nuevo momento de ‘impasse’ ya que el magistrado ha pedido nuevos informes a los tres peritos y tanto el fiscal como las víctimas y la defensa del conductor exigen que la Agencia Ferroviaria Europea se pronuncie sobre si Adif realizó de forma correcta la preceptiva evaluación de riesgos en la línea que conecta Ourense con la capital gallega. Los afectados comparecerán en enero en la comisión de peticiones del Parlamento europeo, para exponer sus dos denuncias, una con la que acusan al estado español de incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria y la segunda sobre un posible delito de publicidad engañosa.

Víctimas del accidente del Alvia plantean nuevos interrogantes a la Agencia Ferroviaria Europea

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La plataforma de víctimas del accidente del Alvia ocurrido en Angrois en julio de 2013 ha planteado al juez una serie de nuevas preguntas para que las responda la Agencia Ferroviaria Europea, por ser “un organismo independiente, experto en la materia y en la regulación legislativa ferroviaria”. Las cuestiones, que ha presentado este martes el abogado que representa al colectivo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, están relacionadas, entre otros aspectos, con el análisis de riesgos en la línea en la que descarriló el tren, provocando 80 muertos y más de 100 heridos.

El representante legal de los afectados por el siniestro considera que, “por si quedan aún dudas”, el ente ferroviario europeo debe pronunciarse sobre si “era exigible la realización previa de una evaluación integral de riesgos”, del proyecto inicial de la línea Ourense-Santiago, de antes de su puesta en funcionamiento, “cuando se había modificado el proyecto inicial”, y de después de la desconexión del sistema de control de velocidades ERTMS embarcado. “En esos tres momentos debe realizarse un análisis de riesgo integral de la línea, pues así lo dispone la legislación”, asevera el letrado, antes de citar a la Directiva 2004/49/CE, el Real Decreto 810/2007, el Reglamento de la Comisión sobre un método común de seguridad para la evaluación y valoración de riesgo y las normas europeas CENELEC-RAMS 50126 y 50129.

Este documento se le entrega al magistrado instructor de la causa después de que el fiscal solicitara un informe por parte de la Agencia Ferroviaria Europea para clarificar puntos relativos al análisis de riesgos. Al Ministerio Público le respondió primero la defensa del maquinista -único imputado-, que amplió las preguntas y criticó el planteamiento de Antonio Roma, al asegurar que “olvida” aspectos en su escrito. Ahora es el turno de la plataforma de víctimas, que coinciden con el abogado Manuel Prieto, que representa a Francisco Garzón Amo, en que, si el juez accede a llamar a declarar a los responsables de la UTE y de Ineco, que elaboraron informes de evaluación de riesgos, debe citarlos en calidad de investigados, y no como testigos.

Todas estas peticiones se producen después de la reapertura de la investigación que ordenó la Audiencia Provincial de A Coruña, que solicitó al juez dilucidar si se había realizado de manera correcta el análisis del riesgo antes de que se produjese el accidente en la curva de A Grandeira.

Miembros de la plataforma comparecerán en enero en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, para exponer sus dos denuncias, una con la que las víctimas acusan al Estado español de incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria y la segunda sobre un posible delito de publicidad engañosa. Su participación en esta comisión se producirá el 23 o el 24 de enero, toda vez que el PSOE se ha unido a los grupos de Los Verdes-ALE y GUE-NGL (Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica) y votó este lunes a favor de su incorporación en el orden del día. El BNG valora que finalmente “se desbloquea este asunto”, al vincular con las diferentes elecciones la actitud en contra de los socialistas. Además avanza que, coincidiendo con su visita a las instituciones comunitarias en esas fechas, pedirá una tercera reunión de las víctimas con los responsables de la Agencia Ferroviaria Europea.

Representantes de la plataforma viajaron a Bruselas a finales de 2015 y mantuvieron encuentros con distintos cargos relacionados con la seguridad ferroviaria en Europa. Ya en julio de 2016, la mencionada agencia les aportó en persona el informe que elaboró y que es muy crítico con la investigación elaborada sobre el accidente por la CIAF (órgano colegiado del Ministerio de Fomento). Las víctimas expondrán sus denuncias y también participarán, previsiblemente, un director político con competencias en seguridad y un representante de la agencia ferroviaria, para ratificar su posición. A continuación habrá un turno de los grupos y se decidirá en ese momento si el procedimiento queda abierto o si, por el contrario, se cierra.

En el escrito presentado este martes, el abogado traslada una veintena de nuevas cuestiones para que sea la Agencia Ferroviaria la que las responda. Entre otros puntos, pregunta si existe en Europa “consenso técnico” sobre la necesidad de protección de las transiciones significativas de velocidad mediante sistemas de control continuo o puntual y si la construcción de una nueva línea se considera un “cambio significativo” en el sistema ferroviario. También pide concretar “en qué consiste la evaluación de riesgos, cómo se determina el nivel de riesgo y su aceptabilidad técnica y cómo se debe llevar a cabo su documentación y sus diferentes fases”.

Las víctimas recuerdan la tragedia de Angrois

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Hace ahora tres años Santiago de Compostela se vistió de luto. El 24 de julio de 2013 será un día inolvidable para los vecinos de Angrois y, sobre todo, para las víctimas del accidente ferroviario más grave de la historia de España. El descarrilamiento del Alvia sigue en la memoria de todos y aún se mantiene en las portadas de toda la Prensa. La Audiencia decide reabrir la instrucción y rectifica el dictamen que apuntaba como único culpable al maquinista del tren, Francisco José Garzón. Las víctimas luchan también para que la causa elimine algunos informes parciales y sea más objetiva.

Bruselas concluye que la investigación de la CIAF, organismo dependiente de Fomento, “no fue independiente, ni determina las causas raíz/estructurales del accidente”. Además la Comisión Europea muestra su “preocupación” por el hecho de que “la autorización del tren pudiese no haber sido conforme a la legislación de la UE”. Todo ello mantiene viva la polémica sobre el accidente en Galicia.

El abogado que representa a la Plataforma Víctimas Alvia 04155 solicita que se excluya del caso el informe de la CIAF porque “carece de la objetividad necesaria”, “no se ajusta a la normativa aplicable en la materia” y “no analiza todas las posibles causas del accidente”. El informe de la Agencia Ferroviaria Europea -hecho público tras diversos retrasos el 7 de julio en un encuentro de miembros del organismo con las víctimas en Bruselas- “se muestra especialmente crítico con las autoridades españolas” al entender que el accidente “no ha sido correctamente investigado“. “Uno de los motivos principales por los que se ataca el informe de la CIAF es por las personas que realizaron el informe, todas ellas vinculadas a Adif, Renfe e Ineco, incumpliendo la Directiva Europea de Seguridad Ferroviaria, en particular los artículos 21.1 y 21.2″, subraya en lo tocante a lo afirmado por Bruselas.

Las víctimas ven “claro y notorio” que la investigación de la CIAF la realizó un equipo que no fue independiente, “tal y como requiere la normativa”. “Por tanto, se concluye que la obligación de investigar el accidente en la forma establecida no se ha cumplido por la autoridades españolas”, advierten, de forma que esperan que el juez instructor del caso, Andrés Lago Louro, excluya ese informe de la CIAF.

A finales de mayo, la Audiencia Provincial de A Coruña ordenó reabrir la instrucción que investiga las causas del accidente del tren Alvia que provocó la muerte de 80 pasajeros y más de un centenar de heridos el 24 de julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois, después de que Lago Louro decidiese en octubre del año pasado cerrar la investigación judicial con el maquinista del tren, Francisco Garzón, como único imputado. Antes que él, instruyó la causa Luis Aláez, que imputó a la responsables de Adif hasta en dos ocasiones, en las que la Audiencia respondió levantando las imputaciones

Los afectados por el accidente ponen el foco en que la Agencia Ferroviaria Europea (ERA en sus siglas en inglés) censura que la investigación de la CIAF “se centra exclusivamente en las causas últimas o directas del accidente”, pero “sin valorar mínimamente las causas raíz y estructurales”. Unas causas estructurales, según avisan las víctimas en su petición, que “inciden en la posible responsabilidad de Adif, Renfe e Ineco“. Como ejemplo exponen que la ERA se queja de que la CIAF “no aclara qué cpche fue el primero en descarrilar”, lo que al parecer de Bruselas “puede ser determinante para la comprensión del accidente”.

También hacen hincapié en que el estudio de la Agencia Ferroviaria Europea “echa de menos” en el informe de la CIAF “conclusiones sobre el diseños de la línea y la evaluación de riesgos”, así como la “metodología utilizada en dicha evaluación y las decisiones tomadas sobre el diseño de la línea”.

Todo ello cuando se cumple el tercer aniversario de la tragedia, en el que las víctimas tienen prevista una completa agenda de actos reivindicativos. Este sábado han mantenido una asamblea en Santiago para analizar estos tres años y una concentración en la plaza del Obradoiro este domingo por la mañana. Ya por la tarde acudirán a Angrois, lugar del accidente, para hacer un acto de homenaje a los fallecidos que comenzará sobre las 19.00 horas, poco antes del paso del tren.

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