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Cuatro años de la tragedia de Angrois

Hace cuatro años un tren Alvia en el que viajaban 218 personas descarriló en la curva de A Grandeira, a escasos kilómetros de la estación de Santiago. Allí, viajeros, vecinos del barrio de Angrois y otros ciudadanos que junto a los servicios de emergencias se lanzaron a socorrer a las víctimas, vivieron momentos de enorme tensión, con el resultado final de 80 fallecidos y 144 heridos. Una tragedia que se producía a pocas horas de la celebración del día grande del Día de Galicia.

El convoy procedía de Madrid-Chamartín y se dirigía a Ferrol, pero tenía prevista su parada en Compostela minutos antes de las nueve de la noche. Pasadas las 20,40 horas, el exceso de velocidad con el que circulaba el maquinista tras atender una llamada del interventor -que le indicaba por dónde entrar en Pontedeume para que se pudiese bajar una familia- provocó el descarrilamiento.

Este lunes, la comunidad gallega conmemorará el cuarto aniversario del siniestro ferroviario más grave de la democracia española, que se produce en un contexto marcado por dos frentes más claros ahora que nunca en estos últimos cuatro años: el judicial y el político. En los juzgados, al conductor, Francisco Garzón, se le ha unido el exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, al que el juez también atribuye 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave.

Cortabitarte obtuvo la calidad de investigado en la causa en marzo de este año, aunque anteriormente ya había sido imputado por el primer instructor, Luís Aláez, en septiembre de 2013 y en mayo de 2014. En esas dos ocasiones se libró de lo que Aláez le atribuía a él y a otras 21 y 11 personas, respectivamente -todos ellos altos cargos o excargos de Adif-, por la decisión de la Audiencia Provincial. Los mismos magistrados que, sin embargo, el pasado 28 de junio confirmaron la investigación a Cortabitarte por el nuevo juez, Andrés Lago, al ver “indicios de una actuación deficiente, por incompleta y parcial, en la evaluación de riesgos”.

El pasado 4 de abril, el hombre al que Adif ha reubicado en una subdirección de nueva creación -y al que las víctimas del accidente de metro de Valencia cuestionan por su papel como perito en aquel caso- se acogió a su derecho a no declarar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago. Este 27 de julio, tres días después del aniversario, vuelve a estar citado en sede judicial. Algunas fuentes dan por hecho que otra vez optará por no declarar o que, si lo hace, solo responderá a su abogado. Otras fuentes, no obstante, tienen la impresión de que sí intervendrá, algo que creen que preocupa a su letrado, por lo que pueda decir sobre las implicaciones de otros dirigentes o empresas públicas como Renfe.

La conmemoración este 24 de julio se da, además, con un cambio fundamental sobre el tablero político: el PSOE, que en su día votó que no, apoya ahora y de hecho ya ha registrado una petición de comisión de investigación política en el Congreso de los Diputados. La reivindicación, justamente, por la que clama la plataforma de víctimas desde un primer momento, para conocer “la verdad” y que se haga “justicia”, y que le llevó a las calles ya el 17 de diciembre de 2013, precisamente frente a las Cortes.

Podemos y en concreto En Marea -el partido instrumental en el que se integran Anova, Esquerda Unida y la formación morada, que impulsó la iniciativa la pasada legislatura y también esta, pero dio con el veto de la Mesa del Congreso- ya ha mostrado su disposición a votar a favor de la iniciativa socialista, y ni siquiera descarta una actuación conjunta.

La pelota está sobre el tejado de Ciudadanos, del que los afectados quieren saber si volverá a favorecer el veto a esta solicitud en la Mesa, que controla el Partido Popular junto a esta organización. Todo esto se resolverá en septiembre, a la vuelta de las vacaciones de los parlamentarios.

Si el primer aniversario será recordado por la polémica de las Medallas de Galicia a las víctimas y el cambio del día de su entrega al 24 -movimiento en el que estas vieron una utilización política-, el segundo se conmemoró poco antes de que el juez cerrase la causa con el maquinista como único imputado (en octubre de 2015) y el tercero coincidió con la reapertura del caso (en mayo de 2016) y el impulso que supuso el informe de la Agencia Ferroviaria Europea, crítica con la investigación que realizó España del siniestro. Este cuarto año desde el accidente de Angrois será el primero con un cargo de Adif investigado al que ratificó la Audiencia, y también el más cercano a una eventual comisión de investigación en la Cámara Baja.

El presidente de la plataforma de afectados, Jesús Domínguez, cree que es un momento de “sentimientos encontrados”: “La gente está por una parte muy ilusionada y esperanzada, porque parece que ya se empieza a destapar todo; pero, a la vez, ese día, para quien ha perdido a un familiar…”, reflexiona. La sensación entre los afectados es “que se está cambiando el discurso”, puesto que “antes” estaba centrado en la responsabilidad del maquinista y el dinero para indemnizar a las víctimas y “ahora Europa avala” su “lucha” por la “verdad”. Pero, advierte, “no quita para que aún se esté muy lejos” de conocerla.

Después de “tanto sufrimiento”, Domínguez indica que “ya era hora” de contar con “alguna buena noticia”, como el giro de los socialistas, o la carta que acaban de dirigir a la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios). “Que se pongan colorados” los responsables de la seguridad ferroviaria a los que acusan de poner “trabas” a la justicia es algo que, reconoce, también provoca “satisfacción”, e incluso ver que la defensa de Adif es ahora hasta burda, al alegar que los Estados miembro tuvieron “dificultades” en aplicar las normas.

Las víctimas y familiares del Alvia 04155 no olvidan y este lunes conmemorarán el cuarto aniversario del accidente con una marcha por las calles céntricas de Santiago de Compostela. “Justicia y verdad” será la reivindicación de una movilización que afrontan con el ánimo renovado tras el cambio en la causa, tanto político como judicial. La manifestación concluirá en la Plaza del Obradoiro pero partirá de la estación de tren de la capital gallega, una forma con la que los afectados por el accidente quieren hacer visibles la responsabilidad que según ellos tienen Renfe y Adif por la falta de sistemas de seguridad en el propio convoy y en la vía al no tener instalado el mecanismo de seguridad ERTMS, con el que el tren nunca habría llegado tan rápido a la curva de A Grandeira.

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Más de cien consistorios reclaman una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois

Más de 100 ayuntamientos en toda España reclaman la constitución de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para depurar eventuales responsabilidades políticas por el accidente del tren Alvia en Angrois, que dejó 80 muertos y 144 heridos. En torno a 30 de estas peticiones han sido respaldadas en municipios gobernados por el Partido Popular, mientras que otra treintena, aproximadamente, salió adelante en corporaciones presididas por el Partido Socialista.

La asociación de afectados es la impulsora de un texto que también demanda una comisión técnica para que determine las causas del siniestro. Una vez recabados más de un centenar de apoyos de consistorios por todo el conjunto estatal (39 en Galicia, a la espera de su debate en más localidades), la plataforma hará una entrega simbólica de las mociones y declaraciones institucionales este miércoles 31 de mayo en la Cámara Baja, con un documento dirigido, precisamente, a la presidenta Ana Pastor, otrora ministra de Fomento.

Coincidiendo con esta ocasión, los afectados por el descarrilamiento en la curva de A Grandeira se concentrarán a las 18.00 horas en la plaza de las Cortes, donde contarán con el respaldo de varios diputados de distintas formaciones que ya han confirmado su asistencia. En esta concentración tienen previsto participar el socialista Odón Elorza, Joan Capdevilla de ERC, Sergio Pascual de Podemos, Yolanda Díaz de Esquerda Unida (diputada por En Marea) y Alexandra Fernández, de Anova, ambas diputadas por En Marea.

La asociación, que agrupa a la mayoría de las víctimas del accidente ocurrido en julio de 2013, ha remitido cartas a todos los parlamentarios en las que destacan que los más de 100 gobiernos municipales que les respaldan representan a 16 millones de ciudadanos. A lo largo de estos casi cuatro años desde la tragedia, primero el BNG y después En Marea trataron de promover el debate en el Congreso acerca de la creación de una comisión de investigación parlamentaria, pero solo el partido instrumental en el que se integran Podemos, Anova y Esquerda Unida logró que se llegase a abordar la iniciativa, y fue rechazada con el voto en contra de PP y de PSOE.

La plataforma ve “difícil” de entender que los populares voten a favor o se abstengan “en el casi cien por cien de los ayuntamientos” donde se ha abordado su petición pero que luego voten en contra de la misma propuesta en el Congreso. Además de “totalmente incoherente”, critican que “se está desoyendo la opinión de los representantes de 16 millones de ciudadanos, lo que es una actitud absolutamente antidemocrática”. Así se lo recuerdan las víctimas a los diputados del PP en alguna de sus misivas. Le advierten de que, en concreto, el Partido Popular solo se ha negado en uno de los 106 ayuntamientos a la creación de la comisión de investigación.

En el caso del PSOE, con una argumentación casi idéntica, le dicen que también es “difícil entender cómo su partido puede votar a favor en 103 ocasiones y abstenerse en tres de los ayuntamientos y luego votar en contra de la misma propuesta en el Congreso”. Pero a los socialistas, además, le recuerdan que “recientemente su partido votó a favor de instar al Gobierno a crear estas comisiones en las Cortes de Castilla y León y en el Parlamento gallego”.

Los motivos para la creación de ambas comisiones son “claros” para la asociación de afectados. Así, sobre la de tipo técnico, apuestan por “seguir la recomendación de la Agencia Ferroviaria Europea y del Parlamento Europeo de que se haga una investigación independiente (…) ya que la que se hizo (CIAF) no lo era, pues la realizaron miembros de Renfe y Adif, que son parte en la causa”. Para justificar la necesidad de la comisión de investigación parlamentaria -la más controvertida a nivel político-, apelan a “la gravedad” y “la magnitud del accidente”, que “implica” a empresas públicas estatales, así como las “contradicciones y ocultaciones” que aseguran que se están produciendo en este caso.

“Consideramos que es imprescindible realizar una comisión de investigación parlamentaria. El objetivo es que se depuren las posibles responsabilidades políticas, dando así cumplimiento al artículo 52.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados”, inciden las víctimas. Como “ciudadanos con derechos”, defienden solicitar “algo muy democrático” y destacan que “solo” buscan “saber la verdad para poder descansar en paz y aminorar” su sufrimiento. “Porque solo la verdad evitará que una catástrofe como está vuelva a ocurrir”, aseguran en su demanda.

Las víctimas de Angrois exigen objetividad

La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Santiago en julio de 2013 pide al nuevo equipo de fiscales que se hará cargo de la causa que sea “objetivo e imparcial”, y lamenta que Antonio Roma, que ha dejado la Fiscalía del área compostelana, “solo habló de dinero”, en relación a las indemnizaciones. El portavoz de la asociación, Jesús Domínguez, valora que el fiscal Antonio Roma cometió “dejación de funciones” en su participación en este caso.

Antonio Roma ha dejado la Fiscalía del área de Santiago tras casi tres años de investigación judicial y un sumario que suma más de 70 tomos y 32.000 folios. Según fuentes del Ministerio Fiscal, Roma ha pasado a servicios especiales de la carrera fiscal para desempeñar el cargo de coordinador del área de justicia del programa de cooperación para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada en América Latina, financiado por el instrumento de cooperación al desarrollo de la Unión Europea (UE).

Domínguez asegura que, en primavera de 2014, cuando afectados por el siniestro ferroviario se reunieron con Roma en Madrid, le trasladaron la necesidad de investigar el incumplimiento de la normativa de seguridad por parte de Adif y Renfe, denuncia que presentaron en la Unión Europea. No obstante, recuerda que, en varias ocasiones, Roma se mostró contrario a la atribución de responsabilidades a altos cargos de Adif, si bien ahora respalda la decisión de investigar al exdirector de seguridad en la circulación de esta empresa pública.

En un escenario en el que “se está juzgado al Estado”, ya que Adif, Renfe y el Ministerio de Fomento, según recalca Domínguez, están implicados en la tragedia que dejó 80 muertos y 144 heridos, las víctimas demandan a los nuevos fiscales “objetividad, aunque sea difícil”, toda vez que la Fiscalía tiene una jerarquía y “depende del Gobierno”.

Antonio Roma firmó el nuevo contrato el pasado viernes día 5 y desarrollará este trabajo entre Madrid y Latinoamérica. El caso lo llevará a partir de este momento un equipo de fiscales de la Fiscalía de área de Santiago, bajo la dirección del fiscal jefe, sin perjuicio de que, avanzado el proceso, esta labor vuelva a ser asumida por un solo fiscal.

La Eurocámara reclama una investigación “independiente” y rápida del accidente de Angrois

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La Comisión de Peticiones de la Eurocámara reclama que se lleve a cabo una investigación “independiente” con celeridad sobre el accidente ferroviario del Alvia en Angrois, que dejó 80 muertos y 140 heridos el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela. “La Comisión (de Peticiones) se dirige hoy a la Comisión y pide que esta investigación independiente debe ser iniciada y realizada rápidamente con la supervisión de la Comisión Europea”, anuncia su presidenta, la eurodiputada sueca liberal Cecilia Wikström, tras debatir las denuncias de las víctimas.

Wikström justifica “la obligación” de la Comisión Europea de garantizar que haya una investigación “independiente” después de constatar que la propia Agencia Ferroviaria Europea (ERA) ha dejado “claro” que la composición del equipo de investigación creado en España “no garantizaba la independencia de la investigación” y no respondió a “preguntas esenciales de las causas en la raíz” del accidente. “El órgano de investigación (español) no cumplió los requisitos de independencia estipulados en el artículo 21 de la directiva sobre seguridad ferroviaria y por tanto la obligación de investigar los accidentes del artículo 19 no se ha cumplido adecuadamente“, esgrime la eurodiputada liberal.

El director ejecutivo de ERA, Josef Doppelbauer, recuerda que la agencia concluyó que el accidente no fue “investigado independientemente” por la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF) y tampoco investigó “adecuadamente” las causas en la raíz del accidente. “No podemos concluir si la evaluación del riesgo se llevó a cabo o no”, reconoce, si bien deja claro que la agencia europea no tiene competencias para realizar investigaciones “propias” y se limitó a evaluar “las fortalezas y debilidades” de la investigación en España.

El representante de Transportes de la Comisión Europea, Keir Fitch, defiende la normativa de seguridad ferroviaria y admite que “claramente este nivel de seguridad no se ha mantenido como hubiéramos esperado en este caso”, al tiempo que también se ha solidarizado con las víctimas del accidente. “En lugar de tener una actitud de confrontación, estamos trabajando con autoridades españolas y ferroviarias en toda Europa para intentar garantizar que tenemos todos los sistemas donde los precursores, las cosas que van mal aunque no han provocado un accidente, se denuncian eficazmente y que por tanto se dan los pasos adecuados antes de que accidentes catastróficos ocurran”, explica el funcionario comunitario.

Fitch deja claro que el papel de la Comisión no es “echar la culpa” y subraya que compete a las autoridades judiciales en España determinar “si hay responsabilidades criminales” en este caso, recordando que hay una investigación judicial abierta. También recuerda que las autoridades españolas han dado “los pasos suficientes” para garantizar la independencia de la CIAF “en el futuro”, algo que ha llevado a la Comisión Europea a cerrar el expediente de infracción que le abrió a España en 2013 por “problemas” que identificó respecto a “la independencia” de CIAF y sus obligaciones de informar a las víctimas de los progresos de la investigación. Pero deja claro que el Ejecutivo comunitario se reserva “la opción de tomar acciones futuras si hay pruebas” de que la independencia de CIAF no se está cumpliendo “adecuadamente” en “casos futuros”. “Si es necesario lo haremos”, zanja.

“Si se hubiera cumplido la normativa europea, el accidente no habría ocurrido, evitando 80 muertos y más de 140 heridos”, denuncia Jesús Domínguez, uno de los representantes de la Asociación de Víctimas del accidente, que ha presentado el caso ante la Comisión de Peticiones este martes. “Necesitamos a Europa y que se abra una verdadera investigación independiente”, reclama tras denunciar que se “han violado” sus derechos esenciales “a la vida y la seguridad”. “Si Europa falla, la Unión Europea no tiene sentido”, alerta Domínguez.

La Asociación de Víctimas del Alvia ha denunciado el incumplimiento del Estado español de varias normativas europeas, entre ellas la directiva de seguridad ferroviaria de 2004, así como la directiva de 2005 que regula las práctica desleales de empresas frente al consumidor, al considerar que han sido víctimas de la publicidad engañosa sobre la seguridad de la línea por parte de las autoridades españolas. La investigación del accidente, explica Domínguez, “no fue independiente” ya que de las empresas públicas “implicadas” en el accidente -Renfe, Adif e Ineco- formaba parte del equipo de investigación y sus responsables fueron “los mismos” que desconectaron el sistema de seguridad porque generaba “retrasos” y “no ahonda en las causas profundas”. Además, “no se evaluó el riesgo” en “tres ocasiones” como se debería haber hecho en virtud de la normativa europea: cuando se hizo un cambio del proyecto original y no se instaló el sistema de seguridad de frenado ERTMS “en el punto más peligroso del trazado”, tal y como si lo contemplaba el proyecto original; pero también cuando el jefe de maquinistas advirtió por escrito en un correo a sus superiores del “peligro” existente “en la curva de Angrois” en diciembre de 2011 sin que se hiciera “nada” tras ello, tal y como indica el informe de la ERA; y en tercer lugar, cuando se desconectó el sistema de seguridad “porque generaba retrasos”.

También critican que se declarara la línea interoperable “sin el certificado de la Unión Europea” y “sin el sistema de seguridad ERTMS”, uno de los requisitos de la normativa europea y deja claro que “no hay constancia de la homologación del tren en su conjunto”, ni del cumplimiento de las especificaciones técnicas de interoperabilidad a las que debía ajustarse su diseño, algo que, según la ERA, podría haber tenido “un papel importante en las consecuencias del accidente”.

Por su parte, Teresa Gómez-Limón, también de la Asociación, denuncia el “engaño” del Gobierno español en la publicidad “oficial” tras recordar que el entonces ministro de Fomento, José Blanco, presentó el tren de alta velocidad “con el sistema de seguridad ERTMS” y también “engañó a la Unión Europea” al asegurarle en un informe en 2013 que la línea estaba equipada con el ERTMS.

Todos los grupos políticos en la Eurocámara han apoyado a las víctimas y han respaldado, con la excepción del PP, que se abra una nueva investigación “independiente” del accidente. La eurodiputada popular Rosa Estaràs asegura que lo “importante” es la investigación judicial abierta y dice que la abogacía del Estado ya ha dicho “que no es competente para volver a pedir un informe” del accidente. “Tampoco el Gobierno puede abrir una comisión de investigación. Es el legislativo. Estamos mezclando poderes”, explica.

Tras escuchar el posicionamiento de los eurodiputados, las víctimas han aplaudido el respaldo de la institución y han confiado en que ello fuerce a la Comisión Europea a ejercer “presión” sobre el Gobierno español para que “abra una investigación lo antes posible”. “La Comisión nos ha explicado que legalmente no puede abrir una investigación, pero sí presionar, y esperamos que cumpla su palabra”, declara Domínguez.

Las víctimas recuerdan la tragedia de Angrois

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Hace ahora tres años Santiago de Compostela se vistió de luto. El 24 de julio de 2013 será un día inolvidable para los vecinos de Angrois y, sobre todo, para las víctimas del accidente ferroviario más grave de la historia de España. El descarrilamiento del Alvia sigue en la memoria de todos y aún se mantiene en las portadas de toda la Prensa. La Audiencia decide reabrir la instrucción y rectifica el dictamen que apuntaba como único culpable al maquinista del tren, Francisco José Garzón. Las víctimas luchan también para que la causa elimine algunos informes parciales y sea más objetiva.

Bruselas concluye que la investigación de la CIAF, organismo dependiente de Fomento, “no fue independiente, ni determina las causas raíz/estructurales del accidente”. Además la Comisión Europea muestra su “preocupación” por el hecho de que “la autorización del tren pudiese no haber sido conforme a la legislación de la UE”. Todo ello mantiene viva la polémica sobre el accidente en Galicia.

El abogado que representa a la Plataforma Víctimas Alvia 04155 solicita que se excluya del caso el informe de la CIAF porque “carece de la objetividad necesaria”, “no se ajusta a la normativa aplicable en la materia” y “no analiza todas las posibles causas del accidente”. El informe de la Agencia Ferroviaria Europea -hecho público tras diversos retrasos el 7 de julio en un encuentro de miembros del organismo con las víctimas en Bruselas- “se muestra especialmente crítico con las autoridades españolas” al entender que el accidente “no ha sido correctamente investigado“. “Uno de los motivos principales por los que se ataca el informe de la CIAF es por las personas que realizaron el informe, todas ellas vinculadas a Adif, Renfe e Ineco, incumpliendo la Directiva Europea de Seguridad Ferroviaria, en particular los artículos 21.1 y 21.2″, subraya en lo tocante a lo afirmado por Bruselas.

Las víctimas ven “claro y notorio” que la investigación de la CIAF la realizó un equipo que no fue independiente, “tal y como requiere la normativa”. “Por tanto, se concluye que la obligación de investigar el accidente en la forma establecida no se ha cumplido por la autoridades españolas”, advierten, de forma que esperan que el juez instructor del caso, Andrés Lago Louro, excluya ese informe de la CIAF.

A finales de mayo, la Audiencia Provincial de A Coruña ordenó reabrir la instrucción que investiga las causas del accidente del tren Alvia que provocó la muerte de 80 pasajeros y más de un centenar de heridos el 24 de julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois, después de que Lago Louro decidiese en octubre del año pasado cerrar la investigación judicial con el maquinista del tren, Francisco Garzón, como único imputado. Antes que él, instruyó la causa Luis Aláez, que imputó a la responsables de Adif hasta en dos ocasiones, en las que la Audiencia respondió levantando las imputaciones

Los afectados por el accidente ponen el foco en que la Agencia Ferroviaria Europea (ERA en sus siglas en inglés) censura que la investigación de la CIAF “se centra exclusivamente en las causas últimas o directas del accidente”, pero “sin valorar mínimamente las causas raíz y estructurales”. Unas causas estructurales, según avisan las víctimas en su petición, que “inciden en la posible responsabilidad de Adif, Renfe e Ineco“. Como ejemplo exponen que la ERA se queja de que la CIAF “no aclara qué cpche fue el primero en descarrilar”, lo que al parecer de Bruselas “puede ser determinante para la comprensión del accidente”.

También hacen hincapié en que el estudio de la Agencia Ferroviaria Europea “echa de menos” en el informe de la CIAF “conclusiones sobre el diseños de la línea y la evaluación de riesgos”, así como la “metodología utilizada en dicha evaluación y las decisiones tomadas sobre el diseño de la línea”.

Todo ello cuando se cumple el tercer aniversario de la tragedia, en el que las víctimas tienen prevista una completa agenda de actos reivindicativos. Este sábado han mantenido una asamblea en Santiago para analizar estos tres años y una concentración en la plaza del Obradoiro este domingo por la mañana. Ya por la tarde acudirán a Angrois, lugar del accidente, para hacer un acto de homenaje a los fallecidos que comenzará sobre las 19.00 horas, poco antes del paso del tren.

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Bruselas da un contundente varapalo a la investigación del accidente de Angrois

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Varapalo europeo al Gobierno español. El informe de la Agencia Ferroviaria Europea, encargado por la Comisión Europea, sobre el accidente de tren de Angrois -en el que fallecieron 80 personas y hubo más de un centenar de heridos- concluye que la investigación realizada en España por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) no fue independiente y que en ella no se abordaron “elementos clave”. El informe critica que la investigación de la CIAF “se concentre en la causa directa, un error humano” -el del maquinista del tren- pero “no responde a preguntas esenciales sobre las causas raíz del accidente”.

Bruselas ha hecho público el informe sobre el accidente en una reunión con representantes de las víctimas y con el BNG. En este documento se relatan a lo largo de diferentes puntos “las debilidades” que la Agencia Ferroviaria Europea identifica en la actuación de la CIAF. Entre ellas, reprocha que se centre únicamente en la causa directa del siniestro, “un error humano”, pero no ahonde en las “causas fundamentales y subyacentes” del siniestro, ocurrido en Santiago en julio de 2013, y en “elementos clave” relacionados con la línea y el propio tren que pudieron influir. La ERA aconseja además la apertura de una investigación “que cumpla los requerimientos de independencia y aborde las irregularidades identificadas”

La Agencia Ferroviaria Europea (ERA) cree que la composición de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) “no aseguró la independencia de la investigación” del accidente del Alvia en Angrois (España) en 2013, según su informe. La ERA subraya en sus conclusiones no cumplió con los requerimientos de independencia que establece la directiva comunitaria y que “la obligación de investigar accidentes no se ha cumplido adecuadamente”. En concreto, el documento dice que hay “preguntas sin responder” sobre la inclusión en la investigación de Renfe, Adif e Ineco.

Tras conocer el veredicto de la Agencia Ferroviaria, el presidente de la asociación de víctimas, Jesús Domínguez, pidió la dimisión de la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, porque “hay claramente un incumplimiento de la directiva de seguridad europea” en la investigación del accidente. El líder de la asociación criticó a Pastor por “haber mentido a los familiares” de las víctimas del accidente durante una reunión.

Domínguez declaró que el informe es “demoledor” y que “tira por tierra todo lo que ha dicho el Ministerio de Fomento”. “Hemos tenido que venir hasta Europa porque España nos ha negado la verdad, la justicia y la transparencia“, lamentó la vocal de la asociación Teresa Gómez, quien también instó a Ana Pastor a dimitir. Gómez criticó que Renfe y Adif “actuaron como juez y parte” en la investigación del accidente.

La eurodiputada y portavoz del Bloque Nacionalista Gallego en Europa, Ana María Miranda, expuso que el informe “cuestiona la investigación errónea que ha hecho la CIAF” y que, tras este veredicto, “hay responsabilidades políticas” que deben ser depuradas.

El dictamen de la ERA se produce poco más de un mes después de que la Comisión Europea (CE) cerrara el expediente que abrió a España tras el accidente del Alvia por la independencia de la CIAF, al considerar que ya se cumplían los requisitos que estipula la legislación comunitaria. La propia CE dijo antes de que el informe saliera a la luz (apoyó que no se hiciera público) que las conclusiones de la Agencia Ferroviaria Europea no estaban vinculadas al accidente en sí mismo y que su propósito era “alimentar un procedimiento de infracción anterior al accidente”, según el portavoz comunitario de Transporte, Jakub Adamowicz.

Fuentes de la Agencia Ferroviaria Europea aseguran que se trata de un informe interno que se realizó a partir de una petición de la CE. El siniestro del tren de Alta Velocidad Ourense-Santiago-A Coruña, que descarriló el 24 de julio de 2013 a la altura de la localidad de Angrois, cerca de Santiago de Compostela, causó 81 víctimas mortales y fue el accidente ferroviario más grave de la historia reciente de España.

El juez examinará el día 10 las conclusiones de los tres peritos judiciales sobre el accidente del Alvia

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El juez que instruye la investigación por el accidente ferroviario de Angrois, Andrés Lago Louro, ha citado para el próximo 10 de junio a José Manuel Lamela (ingeniero industrial), Juan Carlos Carballeira Rifón (ingeniero de caminos) y César Mariñas Davila (ingeniero de telecomunicaciones), los tres peritos judiciales que intervienen en la causa con el objetivo de que ratifiquen sus informes y se sometan a contradicción por las partes personadas. Los tres remitieron a los juzgados de Fontiñas sus informes definitivos sobre el accidente del Alvia.

El ingeniero de caminos reconocía “deficiencias en la señalización” en la curva de A Grandeira, el experto en telecomunicaciones aseguraba que con el ERTMS el accidente “no se habría producido” y el ingeniero industrial certificó que el material rodante y los frenos del convoy eran correctos.

Juan Carlos Carballeira Rifón apuntaba en su informe la existencia de “algunas deficiencias en la señalización” de la zona de A Grandeira, donde se produjo el accidente del Alvia el 24 de julio de 2013. El experto consideraba que la colocación de señales de limitación permanente de velocidad “podría haber servido para alertar al maquinista de la reducción de velocidad” y “podría haber producido una recuperación de su atención”. El perito aseguraba que, si el día del accidente hubiese estado operativo el sistema de seguridad ERTMS para cubrir el cambio de velocidad máxima en la zona donde se produjo el siniestro, “es probable que el accidente no se hubiera producido por la misma causa”.

A pesar de considerar que la seguridad aportada por el sistema ASFA digital es “análoga” a la del sistema ERTMS-ASFA del proyecto inicial, Carballeira Rifón afirmaba que, “ya que se ha hecho una inversión costosa en los dos sistemas” -ASFA y ERTMS-, y que han surgido “problemas importantes en la transición de uno a otro, podrían haberse utilizado los dos simultáneamente, ya que ello hubiera mejorado aún más la seguridad”. No obstante, reconoce que el “maquinista, obviamente, debería haber reducido la velocidad tal como está establecido” en el libro horario, teniendo en cuenta “la instrucción” recibida y que “disponía de suficiente experiencia en la línea como para conocer sus características”. Sobre la llamada telefónica que se produjo en las cercanías de la curva donde tuvo lugar el accidente, el perito cree que “fue muy probablemente la causa de la distracción del maquinista”, tal y como -añade- “se deduce de las grabaciones registradas”.

El informe de César Mariñas Dávila plantea que si el sistema de control de velocidades ERTMS hubiese estado instalado y activo, como estaba previsto en el proyecto inicial de la línea Ourense-Santiago, el accidente del Alvia “no se hubiera producido”. Para este perito la modificación del proyecto original de la línea “supuso el cambio de aspectos fundamentales del plan inicial, lo cual dio como resultado una variación significativa de los diseños originales en relación con la señalización, control y sistemas de protección de trenes”. Este experto determina que “algunos de estos cambios afectaron de forma determinante las causas y circunstancias del accidente”. Y establece que “de haberse desplegado la infraestructura ERTMS de vía necesaria para poder operar bajo supervisión completa del ETCS nivel 1 -el que va embarcado en el tren para conectar con la vía- hasta la misma estación de Santiago, tal y como estaba previsto en el proyecto original, y operando por tanto en este modo, el accidente no se hubiera producido“.

“El control continuo de velocidad ofrecido por el sistema ETCS hubiese originado una intervención del mismo para adecuar la velocidad o produciendo un frenado de emergencia llegado el caso, tanto en las proximidades de la curva de Angrois como en cualquier otro punto del trayecto protegido, si se superase la velocidad permitida en los márgenes establecidos”, asegura en su escrito. Además apunta a que, como fruto de la modificación del proyecto, se planteó una nueva situación respecto al sistema ERTMS, “afectando a los puntos de entrada y salida”, una cuestión que, aunque respeta la norma, no eleva al máximo la seguridad.

Sobre los procedimientos de autorización de puesta en servicio y de circulación del tren, que se
realizaron en dos fases, el tercer estudio concluye que “se ajustaron y cumplieron, en todo momento, con las normas reguladoras de estos procedimientos”. Sin embargo, el ingeniero industrial José Manuel Lamela puntualiza que, a su entender, hubiera sido “conveniente la participación ‘externa’ de un organismo de certificación“, cuya participación externa podría “proporcionar una perspectiva diferente al proceso de validación”, y el “informe elaborado por el organismo de certificación” se incorporaría “al resto de documentación”.

A la vista del informe elaborado por Talgo sobre la frenada, señala que del estudio se deduce que las prestaciones de frenado “han sido correctas“. El escrito constata que la excesiva velocidad que llevaba el tren al entrar en la curva de A Grandeira “fue la causa que provocó la salida del tren de la vía, aunque la información completa sobre las circunstancias -puntualiza- en que se produjo el descarrilamiento se podrán concretar con mayor precisión al disponer de los datos y de los informes técnicos que se obtengan de la simulación dinámica de la marcha del tren Alvia”.

La adherencia de las ruedas con el carril “fue buena“, porque el registrador no detecta la activación del sistema de antideslizamiento; y que ninguna de las actividades de mantenimiento no realizadas adecuadamente, ni en conjunto, ni cada una de ellas por separado, “pueden incluirse como causas que hayan podido contribuir al descarrilamiento”, certifica este tercer perito.

Víctimas del Alvia entregan en el Congreso 115.000 firmas para investigar el accidente de Angrois

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Mientan e intentan taparlo. La plataforma ‘Víctimas del Alvia 04155’ ha presentado este martes en el Congreso de los Diputados más de 115.000 firmas para pedir una comisión de investigación y responsabilidades a los gobiernos que “tuvieron que ver” con el accidente ferroviario del Alvia en Angrois en 2013 que costó la vida a 81 personas (dos fallecieron días después a consecuencia de las heridas).

Con estas 115.000 firmas, los afectados reclaman su derecho a “conocer todos los datos y a todos los responsables de seguridad” de un accidente “evitable“; y “el derecho a exigir responsabilidades políticas” a los gobiernos que han tenido que ver con el sinistro, PP y PSOE”. “Exigimos que no sigan premiando a los responsables políticos del Ministerio de Fomento y de las empresas públicas con puestos cada vez de mayor relevancia”, reclama el comunicado al que ha dado lectura Javier García, portavoz de la plataforma y padre de Curro García, fallecido a los 27 años en el accidente que tuvo lugar el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela. Las víctimas han mantenido una concentración en la Plaza de Neptuno, antes de proceder a la entrega de las firmas. “Se está tapando, se está ocultando y se está mintiendo, como mintió el presidente de Adif cuando dijo que la línea no era de Alta Velocidad. Están mintiendo para taparlo”, denuncia la asociación.

Las víctimas señalan a los “responsables políticos” que han sido “premiados” , entre los que figuran, según aseguran, el exministro de Fomento socialista y actual eurodiputado, José Blanco; el exsecretario de Estado ‘popular’ y actualmente ministro de Justicia, Rafael Catalá; el expresidente de Renfe y actualmente secretario de Estado del Ministerio de Fomento, Julio Gómez-Pomar; o el expresidente de Ineco y actualmente presidente de Renfe, Pablo Vázquez. La treintena de afectados han estado acompañados por los disputados del BNG Rosana Pérez; de la Izquierda Plural, Ascensión de las Heras; y de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, en representación de sus Grupos.

Los afectados portaban pancartas con fotos de varios de los políticos a los que culpan de su situación, acompañadas por el lema ’81 fallecidos y más de 140 heridos. Accidente de Santiago. Niegan Comisión de Investigación’, también reclaman “el deber del Gobierno y del PSOE de pedir perdón y dar a las víctimas una explicación por las negligencias, mentiras y chapuzas cometidas en la Alta Velocidad de Galicia”. “Lo único que quieren todos ellos es, como han hecho desde el principio, ocultar la verdad, negar la evidencia, tapar a los responsables y no poner en riesgo el negocio de la Alta Velocidad”, lamenta García.

Los afectados reclaman con las firmas recogidas “la creación de una comisión de investigación parlamentaria donde se depuren responsabilidades políticas” y “que el Gobierno y el PSOE pidan perdón y destituyan inmediatamente de sus cargos a todos aquellos que ocuparon puestos de responsabilidad en Fomento y en las empresas públicas Renfe , Adif e Ineco, cuya mala gestión, inacción o negligencia permitió que se produjera esta tragedia”.

Víctimas del Alvia buscan en Europa que el Estado español sea corresponsable del accidente

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Que Europa intervenga “ante la indefensión”. La plataforma que aglutina a las víctimas del accidente de tren ocurrido en Santiago de Compostela en julio de 2013 han presentado dos denuncias ante el Parlamento Europeo (PE), una porque consideran que se incumplió la normativa europea sobre seguridad ferroviaria y otra por publicidad engañosa. La Comisión Europea puede abrir procesos de infracción por incumplimiento de la normativa y exigir resarcimientos.

La asociación denuncia al Estado español por “engañar gravemente” a los ciudadanos respecto a la seguridad de la alta velocidad, diciendo que contaba con la última tecnología y sistemas de conducción automática (ERTMS). “Pero el tren lo único que tenía de alta velocidad era la velocidad, que además dependía de una única persona”, según ha explicado Teresa Gómez Limón, portavoz de la plataforma y diputada en la Asamblea de Madrid por el grupo de no adscritos, ya que tras el accidente abandonó el PP.

También denuncia a España por incumplir la normativa europea, ya que al poner en marcha esa línea con esos trenes “no se hizo una evaluación de riesgos” ni se verificó su seguridad tras la desconexión del sistema ERTMS en 2012, ni tampoco consta la homologación del convoy. “Todo está cerrado y absolutamente oscuro y nos vamos a Europa para ver si tenemos más suerte y son más democráticos, porque aquí no se cumplen las más mínimas normas de democracia”, resume Gómez Limón.

En la misma línea, Javier García Municio, padre de un joven de 27 años fallecido en el siniestro, explica que denuncian en Europa porque en España “no hay luz sobre el asunto” y asegura: “Es una batalla larga y estamos dispuestos a resistir hasta el final, porque yo incineré a mi hijo pero no van a incinerar la verdad”.

García ha anunciado que han decidido hacer un documental sobre la tragedia que ahora tratan de financiar mediante crowdfunding o micromecenazgo. Ya han elegido productora y ahora esperan recaudar el dinero necesario.

La misma sensación que las víctimas han expresado las diputadas de IU Caridad García, de UPyD Elvira García Piñeiro y del BNG Ana Miranda Paz, que coinciden que, además de la responsabilidad penal que pueda tener el conductor del tren, si así lo determina el juez, hay que dilucidar las responsabilidades políticas. La tres han criticado que el PP haya “vetado” en varias ocasiones una comisión de investigación en el Congreso sobre el accidente y han dicho que seguirán prestando su apoyo a los afectados.

Ana Miranda, portavoz del BNG en Europa, ha explicado que la denuncias interpuestas hoy se enviarán a Bruselas y entrarán en el orden del día de la Comisión Europea dentro de tres o cuatro meses, dándose una resolución para el próximo verano, previsiblemente.

Miranda, que ha sido eurodiputada del BNG y lo será en la próxima legislatura, ha anunciado que el presidente de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo, Michael Cramer, ya le ha expresado su apoyo.

“Se ríen de nosotros”, dicen indignadas las víctimas del accidente de Angrois, al ver un único imputado

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Indignadas. “Se están riendo de nosotros”. Las víctimas del accidente de Angrois están muy enfadadas. No les satisface la decisión del juez que ha decidido inculpar únicamente al maquinista del Alvia por el accidente que causó la muerte de 79 viajeros el 24 de julio de 2013, y dejar sin efecto las de 12 cargos de Adif.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, no ha compartido la visión del juez Luis Aláez acerca de que con más medidas de seguridad se habría evitado un siniestro previsible, por lo que ha dejado sin efecto las imputaciones a las personas que formaban parte de la cúpula de la empresa pública en 2011, cuando se puso en servicio la línea entre Santiago y Ourense.

“Estamos indignados y tristes con este tema. Lo que no entendemos es que cuando los peritos señalan responsabilidades porque hubo un cambio de proyecto y se desconectó el sistema ERTMS, la Audiencia retira la imputación a los responsables“, destaca uno de los portavoces de la Plataforma Víctimas Alvia 01455. Jesús Domínguez explica que siempre intenta creer en la Justicia, “pero cuando se llega a altas instancias, se ve que están politizadas y no es independiente”. “Las responsabilidades políticas no se asumen“, afirma, en alusión a su reiterada reclamación de apertura de una comisión de investigación, que ha sido rechazada tanto por el PP como por el PSOE en Madrid. “Es una vergüenza, se ríen en la cara de las víctimas, como en el caso del metro de Valencia”, sostiene. “Sabemos que el maquinista tiene parte de culpa y, de hecho, es el único que lo ha reconocido y ha pedido perdón”, pero cree que debe haber más inculpados.

La otra de las asociaciones constituidas tras el siniestro, la Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario del Alvia (Apafas), apunta que sus abogados estudian qué medidas tomar, después de un auto que era “esperado” pero llega “tarde” y con el que, lamenta, “el juez se queda solo”. Su portavoz, Cristóbal González, critica que el auto de los magistrados, que atienden al recurso interpuesto por la Fiscalía y la Abogacía de Estado, haya “tardado tanto”. “Es un tiempo que se ha perdido. Nos han dejado con la lejana esperanza de que resolviese a nuestro favor y ahora tenemos que acelerar el proceso“, subraya. “Estamos convencidos de que la única causa no ha sido el error humano y ha habido otros elementos que podrían haber evitado el accidente. El ERTMS, las balizas, la señalización, el tren , el trazado de la curva, el tiempo de aviso para reducir a 80 kilómetro por hora…”, dice el representante de Apafas.

Ambos apuestan por continuar peleando para que se sepa la verdad sobre las causas del descarrilamiento, “en la vía judicial y en la indemnizatoria”, según llama la atención González, y también en Europa, a donde la plataforma de Domínguez llevará las supuestas irregularidades del Estado español en materia ferroviaria.

El maquinista, Francisco José Garzón Amo, es en este momento, y de nuevo, el único imputado, después de que la Audiencia Provincial de A Coruña, ya en otra ocasión anterior, exonerase a los miembros del consejo de administración del gestor ferroviario Adif y a los cinco técnicos responsables de la seguridad en la circulación. La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, cree que no hay base normativa “que permita entender” que la ausencia de instalación de ERTMS, el sistema que supervisa de modo constante la velocidad del tren en la infraestructura, suponga una “infracción de un deber legal”. Los magistrados concluyen que la ausencia de ERTMS evidencia una conducta peligrosa, pero matizan que si este riesgo se mantiene dentro de un nivel “que haya de considerarse permitido”, no existe una infracción del deber de diligencia.

Del maquinista, indican que es “sencillamente absurdo” que por su experiencia profesional, puesto que conducía ese tren desde hacía meses, tuviese duda alguna sobre cuáles eran sus obligaciones o acerca de qué normativa había de cumplir, sobre todo, en lo relativo a que tenía que llegar al punto de cambio de velocidades con ésta rebajada.