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Escándalo en el proyecto del ‘maglev’ japonés

El Gobierno nipón amenaza con retirar los contratos concedidos a las principales compañías constructoras de la línea ferroviaria de levitación magnética ‘maglev’, ante el escándalo creciente que sacude a este multimillonario proyecto. El caso, que se destapó el pasado diciembre, afecta a las cuatro grandes compañías de industria e infraestructuras a las que se asignaron la mayoría de licitaciones para las obras, y que según cree la fiscalía nipona, se habrían puesto de acuerdo para repartirse dichos contratos.

La primera línea del tren de súper alta velocidad ‘maglev’ conectará Tokio con Nagoya (centro), se comenzó a construir en 2014 y está previsto que comience a operar en 2027. Esta primera fase del proyecto de JR Tōkai (Central Japan Railway Co) cuenta con un presupuesto de 9 billones de yenes (unos 66.600 millones de euros), de los cuales el Gobierno aporta una tercera parte, y posteriormente se ampliará a Osaka (oeste) y a otras ciudades del archipiélago nipón.

El escándalo supone un varapalo para un ambicioso proyecto en el que Japón tiene depositadas grandes esperanzas, con vistas a revitalizar su industria y a volver a situarse en la vanguardia mundial de la tecnología ferroviaria, como ya hiciera el país asiático en los años 60 con su tren de alta velocidad Shinkansen.

El ministro nipón de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo, Keiichi Ishii, declara que está considerando retirar las licitaciones a las cuatro compañías ante estas sospechas, lo que podría afectar a los plazos fijados para el proyecto de casi 70.000 millones de euros. Las autoridades detuvieron el pasado viernes a dos altos ejecutivos de las corporaciones Taisei y Kajima por presuntamente vulnerar las leyes antimonopolio, mientras que directivos de las otras dos empresas implicadas, Obayashi y Shimizu, habrían admitido cargos similares.

La fiscalía del distrito de Tokio tiene previsto presentar cargos contra las cuatro empresas, así como contra los directivos implicados, señalaron fuentes judiciales a la agencia local Kyodo.

El ‘maglev’ será capaz de recorrer el trayecto entre Tokio y Nagoya de 286 kilómetros en unos 40 minutos, en lugar de los 88 actuales que tarda el actual servicio del Shinkansen. Los ‘maglev’ funcionan a través de un sistema de levitación magnética que usa motores lineales instalados cerca de los raíles. El campo magnético permite que el tren se eleve hasta 10 centímetros por encima de los raíles, lo que elimina el contacto y deja al aire como único elemento de rozamiento, favoreciendo así la velocidad.

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Las víctimas de Angrois exigen objetividad

La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Santiago en julio de 2013 pide al nuevo equipo de fiscales que se hará cargo de la causa que sea “objetivo e imparcial”, y lamenta que Antonio Roma, que ha dejado la Fiscalía del área compostelana, “solo habló de dinero”, en relación a las indemnizaciones. El portavoz de la asociación, Jesús Domínguez, valora que el fiscal Antonio Roma cometió “dejación de funciones” en su participación en este caso.

Antonio Roma ha dejado la Fiscalía del área de Santiago tras casi tres años de investigación judicial y un sumario que suma más de 70 tomos y 32.000 folios. Según fuentes del Ministerio Fiscal, Roma ha pasado a servicios especiales de la carrera fiscal para desempeñar el cargo de coordinador del área de justicia del programa de cooperación para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada en América Latina, financiado por el instrumento de cooperación al desarrollo de la Unión Europea (UE).

Domínguez asegura que, en primavera de 2014, cuando afectados por el siniestro ferroviario se reunieron con Roma en Madrid, le trasladaron la necesidad de investigar el incumplimiento de la normativa de seguridad por parte de Adif y Renfe, denuncia que presentaron en la Unión Europea. No obstante, recuerda que, en varias ocasiones, Roma se mostró contrario a la atribución de responsabilidades a altos cargos de Adif, si bien ahora respalda la decisión de investigar al exdirector de seguridad en la circulación de esta empresa pública.

En un escenario en el que “se está juzgado al Estado”, ya que Adif, Renfe y el Ministerio de Fomento, según recalca Domínguez, están implicados en la tragedia que dejó 80 muertos y 144 heridos, las víctimas demandan a los nuevos fiscales “objetividad, aunque sea difícil”, toda vez que la Fiscalía tiene una jerarquía y “depende del Gobierno”.

Antonio Roma firmó el nuevo contrato el pasado viernes día 5 y desarrollará este trabajo entre Madrid y Latinoamérica. El caso lo llevará a partir de este momento un equipo de fiscales de la Fiscalía de área de Santiago, bajo la dirección del fiscal jefe, sin perjuicio de que, avanzado el proceso, esta labor vuelva a ser asumida por un solo fiscal.