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Las víctimas de Angrois exigen objetividad

La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Santiago en julio de 2013 pide al nuevo equipo de fiscales que se hará cargo de la causa que sea “objetivo e imparcial”, y lamenta que Antonio Roma, que ha dejado la Fiscalía del área compostelana, “solo habló de dinero”, en relación a las indemnizaciones. El portavoz de la asociación, Jesús Domínguez, valora que el fiscal Antonio Roma cometió “dejación de funciones” en su participación en este caso.

Antonio Roma ha dejado la Fiscalía del área de Santiago tras casi tres años de investigación judicial y un sumario que suma más de 70 tomos y 32.000 folios. Según fuentes del Ministerio Fiscal, Roma ha pasado a servicios especiales de la carrera fiscal para desempeñar el cargo de coordinador del área de justicia del programa de cooperación para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada en América Latina, financiado por el instrumento de cooperación al desarrollo de la Unión Europea (UE).

Domínguez asegura que, en primavera de 2014, cuando afectados por el siniestro ferroviario se reunieron con Roma en Madrid, le trasladaron la necesidad de investigar el incumplimiento de la normativa de seguridad por parte de Adif y Renfe, denuncia que presentaron en la Unión Europea. No obstante, recuerda que, en varias ocasiones, Roma se mostró contrario a la atribución de responsabilidades a altos cargos de Adif, si bien ahora respalda la decisión de investigar al exdirector de seguridad en la circulación de esta empresa pública.

En un escenario en el que “se está juzgado al Estado”, ya que Adif, Renfe y el Ministerio de Fomento, según recalca Domínguez, están implicados en la tragedia que dejó 80 muertos y 144 heridos, las víctimas demandan a los nuevos fiscales “objetividad, aunque sea difícil”, toda vez que la Fiscalía tiene una jerarquía y “depende del Gobierno”.

Antonio Roma firmó el nuevo contrato el pasado viernes día 5 y desarrollará este trabajo entre Madrid y Latinoamérica. El caso lo llevará a partir de este momento un equipo de fiscales de la Fiscalía de área de Santiago, bajo la dirección del fiscal jefe, sin perjuicio de que, avanzado el proceso, esta labor vuelva a ser asumida por un solo fiscal.

Víctimas del Alvia buscan en Europa que el Estado español sea corresponsable del accidente

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Que Europa intervenga “ante la indefensión”. La plataforma que aglutina a las víctimas del accidente de tren ocurrido en Santiago de Compostela en julio de 2013 han presentado dos denuncias ante el Parlamento Europeo (PE), una porque consideran que se incumplió la normativa europea sobre seguridad ferroviaria y otra por publicidad engañosa. La Comisión Europea puede abrir procesos de infracción por incumplimiento de la normativa y exigir resarcimientos.

La asociación denuncia al Estado español por “engañar gravemente” a los ciudadanos respecto a la seguridad de la alta velocidad, diciendo que contaba con la última tecnología y sistemas de conducción automática (ERTMS). “Pero el tren lo único que tenía de alta velocidad era la velocidad, que además dependía de una única persona”, según ha explicado Teresa Gómez Limón, portavoz de la plataforma y diputada en la Asamblea de Madrid por el grupo de no adscritos, ya que tras el accidente abandonó el PP.

También denuncia a España por incumplir la normativa europea, ya que al poner en marcha esa línea con esos trenes “no se hizo una evaluación de riesgos” ni se verificó su seguridad tras la desconexión del sistema ERTMS en 2012, ni tampoco consta la homologación del convoy. “Todo está cerrado y absolutamente oscuro y nos vamos a Europa para ver si tenemos más suerte y son más democráticos, porque aquí no se cumplen las más mínimas normas de democracia”, resume Gómez Limón.

En la misma línea, Javier García Municio, padre de un joven de 27 años fallecido en el siniestro, explica que denuncian en Europa porque en España “no hay luz sobre el asunto” y asegura: “Es una batalla larga y estamos dispuestos a resistir hasta el final, porque yo incineré a mi hijo pero no van a incinerar la verdad”.

García ha anunciado que han decidido hacer un documental sobre la tragedia que ahora tratan de financiar mediante crowdfunding o micromecenazgo. Ya han elegido productora y ahora esperan recaudar el dinero necesario.

La misma sensación que las víctimas han expresado las diputadas de IU Caridad García, de UPyD Elvira García Piñeiro y del BNG Ana Miranda Paz, que coinciden que, además de la responsabilidad penal que pueda tener el conductor del tren, si así lo determina el juez, hay que dilucidar las responsabilidades políticas. La tres han criticado que el PP haya “vetado” en varias ocasiones una comisión de investigación en el Congreso sobre el accidente y han dicho que seguirán prestando su apoyo a los afectados.

Ana Miranda, portavoz del BNG en Europa, ha explicado que la denuncias interpuestas hoy se enviarán a Bruselas y entrarán en el orden del día de la Comisión Europea dentro de tres o cuatro meses, dándose una resolución para el próximo verano, previsiblemente.

Miranda, que ha sido eurodiputada del BNG y lo será en la próxima legislatura, ha anunciado que el presidente de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo, Michael Cramer, ya le ha expresado su apoyo.