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El juez del ‘caso Alvia’ cita como investigado al exjefe de seguridad de Adif en 2013

El juez que instruye la causa por el accidente del Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois ha citado en calidad de investigado al que era director de seguridad en la circulación de Adif en el momento del siniestro, Andrés Cortabitarte, por supuestos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, determina que Cortabitarte “no cumplió” su cometido en relación con la elaboración del correspondiente análisis de riesgos en la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago. Por ello, y al no contar, en consecuencia, “que haya hecho u ordenado medida alguna destinada a evaluar y gestionar dicho riesgo”, generó y toleró una situación de riesgo “que finalmente cristalizó” en el descarrilamiento, que “costó la vida y la salud a múltiples usuarios” aquel día. En concreto, 80 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas.

“Lo que desde luego no podemos discutir es que la curva representaba un riesgo en sí misma“, asevera el juez, quien destaca que “ese riesgo había sido detectado por la propia UTE -unión temporal de empresas, la encargada de construir la infraestructura- y por Ineco -la consultora ligada al Ministerio de Fomento-“. El magistrado añade que, después, ese riesgo “había sido comunicado a Adif explicitando las limitaciones del subsistema suministrado para mitigar o conjurar dicho riesgo y que, finalmente, por parte de Adif nada se hizo para evaluar y reducir dicho riesgo a parámetros de tolerancia conforme a las exigencias de las normas Cenelec”.

Para tomar su decisión de citar en calidad de investigado al que era jefe de seguridad de Adif en el momento del descarrilamiento del tren, en esta “segunda fase”, el instructor se basa en los últimos informes periciales aportados a la causa, y en concreto, fundamentalmente, en el elaborado por el ingeniero César Mariñas. Este experto, nombrado tras un sorteo y considerado por varias partes como el único independiente, determinó que no hubo análisis integral y que, si lo hubiera habido, el peligro en la curva de A Grandeira sería “más que evidente”.

Con todo, el juez advierte que el hecho de que no hubo una evaluación de riesgos previa a la puesta en funcionamiento de la línea es una idea coincidente en todos los peritos, tanto los de la aseguradora QBE -de Renfe-, como en Mariñas y Juan Carlos Carballeira y Enrique Castillo Ron -toda vez que el de José Manuel Lamela se ceñía al material rodante-. La divergencia entre el de Mariñas y el de Carballeira -a Castillo Ron le encargó un informe este último- estriba en si era o no necesaria esa evaluación de riesgos, normativa y técnicamente. Al respecto, el auto de Lago Louro indica que mientras Mariñas cree que sí, Carballeira “se limita a negar” la necesidad normativa pero “guarda silencio respecto del punto de vista técnico”.

“Sorprendente”, resalta el juez, “cuando lo que se espera de un perito es que sustente sus afirmaciones en razones de índole técnico, pues ese es esencialmente la razón de ser de su nombramiento”. De ahí que valore la contestación de Mariñas como “más completa”, y agrega que además es compartida por los peritos Heijnen y Catmur -los de la aseguradora de Renfe- y por Castillo Ron. El magistrado niega la práctica de nuevas diligencias por ahora. En lo referente a la ratificación de otros dos peritajes aportados por el abogado del maquinista, porque “no se estima necesaria”.

En cuanto a la solicitud del fiscal para que se citase a los técnicos de la UTE, el instructor recalca que “no existe motivo alguno”, al no constar incumplimiento alguno por su parte. “Al contrario, fueron ellos quienes detectaron los riesgos derivados de las limitaciones del subsistema de control, mando y señalización suministrado y lo pusieron en conocimiento de Adif”, llama la atención, en alusión al registro de amenazas o ‘Hazar log’ -aportado al sumario por el propio Adif-.

La instrucción del accidente del Alvia estuvo a cargo inicialmente del juez Luis Aláez, quien imputó hasta en dos ocasiones -actualmente citación en calidad de investigados- a varios responsables de Adif, entre ellos al propio Cortabitarte. Sin embargo, la Audiencia Provincial de A Coruña echó abajo sus intenciones por dos veces, al igual que ordenó al actual instructor, Andrés Lago, reabrir la investigación cuando este pretendió cerrarla con el maquinista como único presunto responsable de los 80 homicidios y los delitos de lesiones.

La Eurocámara pide “una investigación independiente y exhaustiva” sobre el accidente del tren Alvia en Santiago

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El Parlamento Europeo reclama a la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, “que se realice una investigación exhaustiva e independiente” del accidente del tren Alvia acaecido en Angrois en julio de 2013, y que ocasionó 80 muertes y más de 100 heridos. Esta reclamación se produce después de la comparecencia de una representación de la plataforma de víctimas del siniestro, el pasado 24 de enero en Bruselas. El portavoz de la asociación, Jesús Domínguez, destaca las normas que supuestamente ha incumplido el Estado español en materia de seguridad ferroviaria, motivo al que los afectados atribuyen los fallecimientos.

Tras atender a sus requirimientos, la presidenta de la comisión de peticiones, Cecilia Wikström, clama por la realización de una investigación independiente que esclarezca todas las causas detrás del descarrilamiento en la curva de A Grandeira, al margen del despiste del maquinista, que circulaba a velocidad excesiva kilómetros antes de la estación de Santiago. Ahora, un mes después, la plataforma ha recibido una carta de Wikström, en la que expone la existencia de un debate después de la comparecencia.

“Esta comisión decidió, tras un debate, escribir a la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, para solicitar que se realice una investigación exhaustiva e independiente del accidente acaecido en Galicia en 2013”, les dice. El objetivo, indica, es que “las conclusiones de este informe sirvan para recomendar medidas para mejorar la seguridad de los servicios ferroviarios en Europa”. En su misiva, Cecilia Wikström se refiere a Domínguez para informarle de que la comisión seguirá examinando sus peticiones “tan pronto” como disponga de “la información solicitada”.

El 24 de enero, además de Domínguez y Teresa Gómez-Limón -que expuso una denuncia por supuesta publicidad engañosa en relación con el servicio de alta velocidad-, intervinieron un representante de la Comisión Europea y otro de la Agencia Ferroviaria Europea.

La Plataforma Víctimas Alvia 04155 continúa su ronda de contactos con miembros del Congreso de los Diputados, después de que los recibiese el socialista Odón Elorza la semana pasada. Este miércoles se reunirán con Fernando Navarro, diputado de Ciudadanos por Islas Baleares y portavoz de la formación en la comisión de Fomento.

La asociación exige la apertura de una comisión de investigación parlamentaria para depurar posibles responsabilidades políticas y la conformación de otra comisión de carácter técnico que elabore un nuevo informe, para sustituir el hecho por la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios), duramente criticado por Europa.

Tras el rechazo de PP y PSOE en anteriores ocasiones en la Cámara Baja, ahora albergan “cierta esperanza” en un cambio de postura de los socialistas, sobre todo tras conocer las iniciativas promovidas por Elorza.

Choque de trenes en Luxemburgo: un maquinista muerto y otro herido

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El hombre fallecido y el herido grave en la colisión entre un tren de pasajeros y otro de mercancías ocurrida este martes en Luxemburgo eran los conductores de los respectivos convoyes, según las autoridades luxemburguesas, informó la cadena de televisión RTL. Dos personas fueron hospitalizadas y otra fue encontrada muerta tras el accidente, según comunica la policía del Gran Ducado, que precisó que el gobierno activó un plan de apoyo a las víctimas y que un centenar de socorristas trabajan en el lugar del suceso, informó la agencia Belga.

Las causas del siniestro están todavía por determinar según la empresa de ferrocarriles de Luxemburgo (CFL), que operaba el tren de pasajeros, aunque la televisión RTL informa de que se debió a que el tren de pasajeros se saltó una señal de stop. La colisión, ocurrida cerca de la frontera entre Francia y Luxemburgo, se produjo en torno a las 9.00 hora local (8.00 GMT), cuando los dos trenes chocaron en Dudelange, entre la localidad luxemburguesa de Bettembourg y la francesa de Zoufftgen.

El primer balance apuntaba a que el choque no había causado víctimas mortales, pero la Policía informó posteriormente de que uno de los heridos había fallecido. El accidente ha provocado importantes daños materiales y perturbaciones en la red de ferrocarriles, que afectan en particular a las comunicaciones entre Luxemburgo y Francia. Los ministros luxemburgueses de Infraestructuras, François Bausch, y del Interior, Dan Kersch, se personaron el martes por la mañana en el lugar de los hechos.

La Compañía de Ferrocarriles de Luxemburgo (CFL) explicaba horas más tardes que “los registros del sistema de gestión del tráfico muestran que el tren de pasajeros de Thionville, implicado en el accidente, pasó una señal de parada“. “Las causas del rebasamiento todavía están por confirmar en la investigación en curso“, dijo el CFL. Al parecer, el maquinista del tren de mercancías salvó la vida porque, al percartarse del accidente, corrió hacia los vagones posteriores.

Según las primeras constataciones, el tren de pasajeros, procedente de Luxemburgo, no contaba con pasajeros, salvo el conductor fallecido y una controladora de pasajes, que resultó herida leve y fue hospitalizada. En un primer momento, la Policía habalaba de seis personas “heridas levemente”, antes de señalar que dos resultaron “heridas de gravedad” y continuaban atrapadas a media mañana. La compañía ferroviaria puso en marcha autobuses de sustitución en este línea por la que circulan miles de pasajeros. Se prevé que, al menos, esté interrumpida durante 48 horas.

La Eurocámara reclama una investigación “independiente” y rápida del accidente de Angrois

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La Comisión de Peticiones de la Eurocámara reclama que se lleve a cabo una investigación “independiente” con celeridad sobre el accidente ferroviario del Alvia en Angrois, que dejó 80 muertos y 140 heridos el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela. “La Comisión (de Peticiones) se dirige hoy a la Comisión y pide que esta investigación independiente debe ser iniciada y realizada rápidamente con la supervisión de la Comisión Europea”, anuncia su presidenta, la eurodiputada sueca liberal Cecilia Wikström, tras debatir las denuncias de las víctimas.

Wikström justifica “la obligación” de la Comisión Europea de garantizar que haya una investigación “independiente” después de constatar que la propia Agencia Ferroviaria Europea (ERA) ha dejado “claro” que la composición del equipo de investigación creado en España “no garantizaba la independencia de la investigación” y no respondió a “preguntas esenciales de las causas en la raíz” del accidente. “El órgano de investigación (español) no cumplió los requisitos de independencia estipulados en el artículo 21 de la directiva sobre seguridad ferroviaria y por tanto la obligación de investigar los accidentes del artículo 19 no se ha cumplido adecuadamente“, esgrime la eurodiputada liberal.

El director ejecutivo de ERA, Josef Doppelbauer, recuerda que la agencia concluyó que el accidente no fue “investigado independientemente” por la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF) y tampoco investigó “adecuadamente” las causas en la raíz del accidente. “No podemos concluir si la evaluación del riesgo se llevó a cabo o no”, reconoce, si bien deja claro que la agencia europea no tiene competencias para realizar investigaciones “propias” y se limitó a evaluar “las fortalezas y debilidades” de la investigación en España.

El representante de Transportes de la Comisión Europea, Keir Fitch, defiende la normativa de seguridad ferroviaria y admite que “claramente este nivel de seguridad no se ha mantenido como hubiéramos esperado en este caso”, al tiempo que también se ha solidarizado con las víctimas del accidente. “En lugar de tener una actitud de confrontación, estamos trabajando con autoridades españolas y ferroviarias en toda Europa para intentar garantizar que tenemos todos los sistemas donde los precursores, las cosas que van mal aunque no han provocado un accidente, se denuncian eficazmente y que por tanto se dan los pasos adecuados antes de que accidentes catastróficos ocurran”, explica el funcionario comunitario.

Fitch deja claro que el papel de la Comisión no es “echar la culpa” y subraya que compete a las autoridades judiciales en España determinar “si hay responsabilidades criminales” en este caso, recordando que hay una investigación judicial abierta. También recuerda que las autoridades españolas han dado “los pasos suficientes” para garantizar la independencia de la CIAF “en el futuro”, algo que ha llevado a la Comisión Europea a cerrar el expediente de infracción que le abrió a España en 2013 por “problemas” que identificó respecto a “la independencia” de CIAF y sus obligaciones de informar a las víctimas de los progresos de la investigación. Pero deja claro que el Ejecutivo comunitario se reserva “la opción de tomar acciones futuras si hay pruebas” de que la independencia de CIAF no se está cumpliendo “adecuadamente” en “casos futuros”. “Si es necesario lo haremos”, zanja.

“Si se hubiera cumplido la normativa europea, el accidente no habría ocurrido, evitando 80 muertos y más de 140 heridos”, denuncia Jesús Domínguez, uno de los representantes de la Asociación de Víctimas del accidente, que ha presentado el caso ante la Comisión de Peticiones este martes. “Necesitamos a Europa y que se abra una verdadera investigación independiente”, reclama tras denunciar que se “han violado” sus derechos esenciales “a la vida y la seguridad”. “Si Europa falla, la Unión Europea no tiene sentido”, alerta Domínguez.

La Asociación de Víctimas del Alvia ha denunciado el incumplimiento del Estado español de varias normativas europeas, entre ellas la directiva de seguridad ferroviaria de 2004, así como la directiva de 2005 que regula las práctica desleales de empresas frente al consumidor, al considerar que han sido víctimas de la publicidad engañosa sobre la seguridad de la línea por parte de las autoridades españolas. La investigación del accidente, explica Domínguez, “no fue independiente” ya que de las empresas públicas “implicadas” en el accidente -Renfe, Adif e Ineco- formaba parte del equipo de investigación y sus responsables fueron “los mismos” que desconectaron el sistema de seguridad porque generaba “retrasos” y “no ahonda en las causas profundas”. Además, “no se evaluó el riesgo” en “tres ocasiones” como se debería haber hecho en virtud de la normativa europea: cuando se hizo un cambio del proyecto original y no se instaló el sistema de seguridad de frenado ERTMS “en el punto más peligroso del trazado”, tal y como si lo contemplaba el proyecto original; pero también cuando el jefe de maquinistas advirtió por escrito en un correo a sus superiores del “peligro” existente “en la curva de Angrois” en diciembre de 2011 sin que se hiciera “nada” tras ello, tal y como indica el informe de la ERA; y en tercer lugar, cuando se desconectó el sistema de seguridad “porque generaba retrasos”.

También critican que se declarara la línea interoperable “sin el certificado de la Unión Europea” y “sin el sistema de seguridad ERTMS”, uno de los requisitos de la normativa europea y deja claro que “no hay constancia de la homologación del tren en su conjunto”, ni del cumplimiento de las especificaciones técnicas de interoperabilidad a las que debía ajustarse su diseño, algo que, según la ERA, podría haber tenido “un papel importante en las consecuencias del accidente”.

Por su parte, Teresa Gómez-Limón, también de la Asociación, denuncia el “engaño” del Gobierno español en la publicidad “oficial” tras recordar que el entonces ministro de Fomento, José Blanco, presentó el tren de alta velocidad “con el sistema de seguridad ERTMS” y también “engañó a la Unión Europea” al asegurarle en un informe en 2013 que la línea estaba equipada con el ERTMS.

Todos los grupos políticos en la Eurocámara han apoyado a las víctimas y han respaldado, con la excepción del PP, que se abra una nueva investigación “independiente” del accidente. La eurodiputada popular Rosa Estaràs asegura que lo “importante” es la investigación judicial abierta y dice que la abogacía del Estado ya ha dicho “que no es competente para volver a pedir un informe” del accidente. “Tampoco el Gobierno puede abrir una comisión de investigación. Es el legislativo. Estamos mezclando poderes”, explica.

Tras escuchar el posicionamiento de los eurodiputados, las víctimas han aplaudido el respaldo de la institución y han confiado en que ello fuerce a la Comisión Europea a ejercer “presión” sobre el Gobierno español para que “abra una investigación lo antes posible”. “La Comisión nos ha explicado que legalmente no puede abrir una investigación, pero sí presionar, y esperamos que cumpla su palabra”, declara Domínguez.

El juez insta a Adif a presentar el plan de seguridad del tramo donde se produjo el accidente del Alvia

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El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, da un plazo de dos días a Adif para que presente el plan general de seguridad del tramo de alta velocidad que conecta Ourense con la capital gallega, en la que se produjo el accidente del tren Alvia en el que murieron 80 personas y más de 100 resultaron heridas. Lago Louro hace esta petición en un auto con fecha de 9 de enero, tras la demanda realizada el pasado 22 de diciembre por el ingeniero de telecomunicaciones César Mariñas.

Ni Mariñas ni los otros dos peritos judiciales –Juan Carlos Carballeira y José Manuel Lamela– han entregado el nuevo informe pericial (o informes, a la luz de su falta de consenso) que les demandó el juez el 1 de septiembre. “A día de hoy no consta aportado a los autos pese a que ya ha transcurrido el plazo fijado a tal fin”, critica el instructor en el auto. Explica que Mariñas recabó el “auxilio” del juzgado a través de un escrito el pasado día 22, y es este documento el que motiva al juez a pedir ahora a Adif el plan general de seguridad de la línea Ourense-Santiago, plan al que, según destaca, “se hace referencia en el ‘safety case’ y en otros documentos del dossier de seguridad”.

La nueva fecha límite para la aportación de la pericial o periciales fija el próximo día 27 de enero, y afirma que “una vez se disponga de tales informes -en plural- se resolverá sobre la práctica de ulteriores diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal y demás partes”. Estas diligencias hacen referencia a la solicitud de un informe a la Agencia Ferroviaria Europea sobre su opinión acerca de si Adif y Renfe evaluaron de manera correcta el riesgo en la curva de A Grandeira -lo pidieron tanto las víctimas como el fiscal y el abogado defensor del maquinista- y a la citación de los técnicos de la UTE e Ineco que realizaron “evaluaciones de esta índole” -lo solicitó el Ministerio Público-. Lago argumenta que, “sin descartar la práctica” de estas diligencias, solo podrá decidir sobre ellas “en el momento en que disponga” de los informes de los peritos.

Tras la ratificación de los peritos de parte de QBE y Enrique Castillo Ron -que elaboró otro estudio por encargo de Carballeira-, el magistrado señala que “han coincidido en manifestar que, de la documentación examinada, incluida la presentada días antes de la mentada ratificación por parte de Adif, no se desprende la existencia de una evaluación integral de riesgo de la línea LAV 082″. “Han discrepado los peritos sobre la necesidad de la misma y sobre los resultados de dicha evaluación, en caso de haberse realizado”, agrega.

En este momento de la investigación del siniestro ferroviario, “lo que realmente interesa es saber si, en efecto, ya no solo desde el punto de vista normativo, sino también desde el punto de vista técnico (…) y teniendo en cuenta variables concurrentes y sabidas de antemano (…) era necesario o no realizar tal evaluación integral con carácter previo a la puesta en funcionamiento de la citada línea y con posterioridad a la misma en caso de sobrevenir algún cambio sgnificativo”. Contra esta resolución cabe recurso de reforma y apelación.

El magistrado da por presentados varios escritos de la defensa del conductor del convoy, Francisco José Garzón Amo -actualmente único imputado-, la plataforma y la asociación de víctimas y varios afectados particulares. El juez admite a trámite y en un solo efecto, entre otros, el recurso de apelación interpuesto por el abogado Manuel Prieto -defensor del maquinista- contra la resolución de 14 de diciembre que desestimaba, a su vez, el recurso de reforma interpuesto contra una providencia anterior, de 15 de septiembre, con la que pedía varias diligencias, como la ratificación de los peritos por él propuestos.

Nueva decepción para las víctimas del Alvia

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Más decepciones. Tampoco a la tercera. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, mantiene la misma línea que sus antecesores y se niega a cumplir con las demandas de las víctimas del accidente de Angrois. Representantes de esta asociación le entregaron un escrito en el que solicitan la creación de dos comisiones sobre el accidente, una formada por técnicos para aclarar sus causas, y otra de investigación parlamentaria, donde se depuraran posibles responsabilidades políticas. Dos peticiones que el propio Íñigo de la Serna hizo suyas y solicitó al Gobierno que cumpliera el pasado 29 de julio, cuando era alcalde de Santander y que ahora no asume.

«Ha sido una decepción total, una hipocresía más, una utilización de las víctimas cuando era alcalde y ahora que es ministro donde dijo digo dice Diego», dice Jesús Domínguez, presidente de la plataforma de las víctimas del tren de Santiago.«No va a hacer absolutamente nada, ni va a pedir públicamente que se cree la comisión de investigación parlamentaria ni tampoco la técnica, para él todo está correcto», añade.

La asociación se muestra “atónita” ante el rechazo por parte del ministro de Fomento de crear una comisión técnica independiente del accidente ferroviario de Santiago de Compostela, que se saldó con 80 muertos y más de 140 heridos, y otra de investigación parlamentaria. La asociación se ha reunido en la tarde del jueves con De la Serna en la sede del Ministerio, después de meses solicitando este encuentro.

Al término de la reunión, Domínguez explica que De la Serna ahora dice que no va a pedir públicamente la creación de la comisión de investigación parlamentaria ni tampoco va a crear la comisión técnica. “Es una tomadura de pelo más”, dice Domínguez que considera que personajes como él “no pueden ser ministros de nada porque representan a todos los ciudadanos y lo que pedimos es algo muy transparente y democrático”.

En su opinión, es “una auténtica vergüenza, una vergüenza nacional, que encima utilicen el dolor de las víctimas y de la gente que perdió a los hijos, a los hermanos y a los padres” en el descarrilamiento del tren Alvia en una curva del barrio de Angrois en las afueras de la capital gallega ocurrido el 24 de julio de 2013.

La portavoz de la asociación, Teresa Gómez Limón, añade que De la Serna es “mucho peor” que la anterior ministra de Fomento (Ana Pastor), quien dijo no desde principio, mientras que el actual titular “ha tenido la desfachatez, la hipocresía y el cinismo de pedirlo cuando era alcalde de Santander porque nunca pensó que iba a ser ministro”. Según Gómez, el ministro dice ahora que cuando lo pidió no sabía que ya se había solicitado una comisión en el Congreso y se había dicho que no y “como ya han dicho que no, pues es que no”.

Vamos a seguir luchando porque tenemos la verdad de nuestra parte porque Europa nos ha dado la razón y el 24 de enero estaremos en Bruselas, defendiendo las dos denuncias que pusimos por el incumplimiento de la seguridad ferroviaria, la normativa y por publicidad engañosa”, añade la portavoz. “Lamentablemente, tenemos que ir al extranjero para encontrar objetividad y profesionalidad”, concluye.

Fomento cita a las víctimas del Alvia el día 29

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Cita después de los Inocentes. Las víctimas del accidente del tren Alvia acudirán al Ministerio de Fomento el próximo jueves, 29 de diciembre, a las 18.30 horas. Una “muy mala fecha”, en época navideña, pero la plataforma de afectados asistirá a la cita con el ministro. El portavoz de la asociación, Jesús Domínguez, destaca que exigirán al nuevo titular del departamento, Íñigo de la Serna, que cumpla aquello con lo que ya se comprometió como alcalde de Santander: la creación de una comisión parlamentaria sobre el siniestro y una investigación independiente que aborde las causas del mismo.

De la Serna pidió en julio, como alcalde de Santander, que “el futuro Gobierno de la Nación” abra una comisión de investigación en sede parlamentaria “para establecer posibles responsabilidades políticas” en relación con el descarrilamiento ocurrido en Santiago en 2013, en el barrio de Angrois, en el que murieron 80 personas y más de un centenar resultaron heridas. La moción respaldada por el PP santanderino también solicitaba una comisión de expertos y técnicos independientes. Ahora, De la Serna tiene las competencias directas en materia ferroviaria.

Domínguez recuerda que estas peticiones “ya las tiene el ministerio”, pues las víctimas las llevaron el pasado julio al encuentro en el que ya no estuvo la extitular de la cartera Ana Pastor -recién nombrada presidenta del Congreso-, y en el que tampoco estuvo su sustituto al frente del cargo, el responsable de Justicia, Rafael Catalá. Aquella cita apenas duró cinco minutos; en este encuentro sí estuvieron presentes el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar y los por entonces presidentes de Adif, Gonzalo Jorge Ferre y Renfe, Pablo Vázquez.

La plataforma de víctimas solicitó una entrevista en cuanto De la Serna ocuó el despacho. Hasta el momento, solo habían recibido como respuesta una carta-tipo en la que se les contestaba dándoles las gracias “por su felicitación con motivo de mi nombramiento como ministro de Fomento”. “Lo que no queremos son más palabras, queremos hechos”, advierte el portavoz de los afectados por el accidente, que hace referencia a que la llamada del ministerio llega este lunes, precisamente, tras la publicación en el diario ‘El Mundo’ de la denuncia de una víctima, Margarita Viguera, que pide que el médico que le atendió estos tres años le haga la cirugía que le falta tras destrozarse la cara en el accidente. Durante el encuentro del día 29 este será otro punto clave que le plantearán las víctimas al ministro. “Nos da igual el seguro. No nos tenemos que estar peleando y el tema de las operaciones se tiene que arreglar“, advierte Jesús Domínguez.

Margarita Viguera reclama que sea el médico de maxilofacial del hospital universitario de A Coruña que le atendió durante estos tres años el que le haga una operación de cirugía que todavía le falta después de destrozarse la cara en el siniestro. Esta víctima critica que, después de destrozarse “el cuerpo entero” y todo lo que ha tenido que afrontar y sigue afrontando, “ahora, además”, ha de “pelearse” con el Servicio Gallego de Salud (Sergas). “Cuando nos tenían que dar todo tipo de facilidades”, contrapone.

El Sergas asegura que está “acelerando los trámites administrativos para que pueda ser operada” en A Coruña, ya que no tiene tarjeta sanitaria gallega, porque no reside en la comunidad. Para tener esta tarjeta, debería empadronarse en la ciudad herculina, algo al respecto de lo cual se queja Viguera, que nació en A Coruña y tiene familia allí, pero ha vivido siempre en Madrid. “El accidente lo tuve allí, lo tuve en Santiago; esto es de vergüenza, que me pague la operación el área sanitaria de Madrid, pero lo que no puede ser es esto”, critica.

Después de recibir la carta del servicio gallego de salud, Margarita Viguera se puso en contacto con sus abogados, y acudieron a la vía de las aseguradoras de Renfe y Adif, pero estas compañías tampoco le han dado una solución, al estar el proceso judicial todavía sin resolver. La Audiencia Provincial de A Coruña ordenó al juez reabrir la investigación, para esclarecer si, además del maquinista, existen otros responsables por parte de Renfe y Adif, que son los encargados de velar por la seguridad en el convoy y en la vía.

La instrucción se encuentra en un nuevo momento de ‘impasse’ ya que el magistrado ha pedido nuevos informes a los tres peritos y tanto el fiscal como las víctimas y la defensa del conductor exigen que la Agencia Ferroviaria Europea se pronuncie sobre si Adif realizó de forma correcta la preceptiva evaluación de riesgos en la línea que conecta Ourense con la capital gallega. Los afectados comparecerán en enero en la comisión de peticiones del Parlamento europeo, para exponer sus dos denuncias, una con la que acusan al estado español de incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria y la segunda sobre un posible delito de publicidad engañosa.

Víctimas del accidente del Alvia plantean nuevos interrogantes a la Agencia Ferroviaria Europea

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La plataforma de víctimas del accidente del Alvia ocurrido en Angrois en julio de 2013 ha planteado al juez una serie de nuevas preguntas para que las responda la Agencia Ferroviaria Europea, por ser “un organismo independiente, experto en la materia y en la regulación legislativa ferroviaria”. Las cuestiones, que ha presentado este martes el abogado que representa al colectivo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, están relacionadas, entre otros aspectos, con el análisis de riesgos en la línea en la que descarriló el tren, provocando 80 muertos y más de 100 heridos.

El representante legal de los afectados por el siniestro considera que, “por si quedan aún dudas”, el ente ferroviario europeo debe pronunciarse sobre si “era exigible la realización previa de una evaluación integral de riesgos”, del proyecto inicial de la línea Ourense-Santiago, de antes de su puesta en funcionamiento, “cuando se había modificado el proyecto inicial”, y de después de la desconexión del sistema de control de velocidades ERTMS embarcado. “En esos tres momentos debe realizarse un análisis de riesgo integral de la línea, pues así lo dispone la legislación”, asevera el letrado, antes de citar a la Directiva 2004/49/CE, el Real Decreto 810/2007, el Reglamento de la Comisión sobre un método común de seguridad para la evaluación y valoración de riesgo y las normas europeas CENELEC-RAMS 50126 y 50129.

Este documento se le entrega al magistrado instructor de la causa después de que el fiscal solicitara un informe por parte de la Agencia Ferroviaria Europea para clarificar puntos relativos al análisis de riesgos. Al Ministerio Público le respondió primero la defensa del maquinista -único imputado-, que amplió las preguntas y criticó el planteamiento de Antonio Roma, al asegurar que “olvida” aspectos en su escrito. Ahora es el turno de la plataforma de víctimas, que coinciden con el abogado Manuel Prieto, que representa a Francisco Garzón Amo, en que, si el juez accede a llamar a declarar a los responsables de la UTE y de Ineco, que elaboraron informes de evaluación de riesgos, debe citarlos en calidad de investigados, y no como testigos.

Todas estas peticiones se producen después de la reapertura de la investigación que ordenó la Audiencia Provincial de A Coruña, que solicitó al juez dilucidar si se había realizado de manera correcta el análisis del riesgo antes de que se produjese el accidente en la curva de A Grandeira.

Miembros de la plataforma comparecerán en enero en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, para exponer sus dos denuncias, una con la que las víctimas acusan al Estado español de incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria y la segunda sobre un posible delito de publicidad engañosa. Su participación en esta comisión se producirá el 23 o el 24 de enero, toda vez que el PSOE se ha unido a los grupos de Los Verdes-ALE y GUE-NGL (Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica) y votó este lunes a favor de su incorporación en el orden del día. El BNG valora que finalmente “se desbloquea este asunto”, al vincular con las diferentes elecciones la actitud en contra de los socialistas. Además avanza que, coincidiendo con su visita a las instituciones comunitarias en esas fechas, pedirá una tercera reunión de las víctimas con los responsables de la Agencia Ferroviaria Europea.

Representantes de la plataforma viajaron a Bruselas a finales de 2015 y mantuvieron encuentros con distintos cargos relacionados con la seguridad ferroviaria en Europa. Ya en julio de 2016, la mencionada agencia les aportó en persona el informe que elaboró y que es muy crítico con la investigación elaborada sobre el accidente por la CIAF (órgano colegiado del Ministerio de Fomento). Las víctimas expondrán sus denuncias y también participarán, previsiblemente, un director político con competencias en seguridad y un representante de la agencia ferroviaria, para ratificar su posición. A continuación habrá un turno de los grupos y se decidirá en ese momento si el procedimiento queda abierto o si, por el contrario, se cierra.

En el escrito presentado este martes, el abogado traslada una veintena de nuevas cuestiones para que sea la Agencia Ferroviaria la que las responda. Entre otros puntos, pregunta si existe en Europa “consenso técnico” sobre la necesidad de protección de las transiciones significativas de velocidad mediante sistemas de control continuo o puntual y si la construcción de una nueva línea se considera un “cambio significativo” en el sistema ferroviario. También pide concretar “en qué consiste la evaluación de riesgos, cómo se determina el nivel de riesgo y su aceptabilidad técnica y cómo se debe llevar a cabo su documentación y sus diferentes fases”.

Una nueva catástrofe ferroviaria en India se cobra al menos la vida de 133 pasajeros

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Nuve catástrofe ferroviaria en India. Al menos 133 personas han muerto y casi 200 han resultado heridas en el descarrilamiento de un tren ocurrido durante la noche cerca de Kanpur, en el norte de India, según el último balance oficial. Hasta 14 coches del Indore-Patna Express descarrilaron al parecer por una deficiencia en las vías. La inmensa mayoría de los pasajeros que resultaron fallecidos estaban durmiendo en el momento en el que descarriló el tren, que transportaba a más de 500 personas, sobre las 3.00 horas de este domingo en el municipio de Pukhraya, a unos 100 kilómetros de Kanpur, estado de Uttar Pradesh. Se teme que la cifra de muertos sea más alta.

El tren cubría el recorrido entre Patna, en el vecino estado septentrional de Bihar, e Indore, una localidad del estado central de Madhya Pradesh situada a unos 700 kilómetros al sur del lugar del siniestro. “Las causas del accidente todavía no han podido ser determinadas“, dijo un portavoz de la zona Norte y Central de la Red de Ferrocarriles india, R.D.Bajpayee. En el siniestro se vieron afectados 14 coches, explica el portavoz de la Fuerza Nacional de Respuesta de Desastres desplegada en el lugar del siniestro, Anil Shekhawat. El Gobierno de Uttar Pradesh indicó en su cuenta oficial de Twitter que al menos 200 pasajeros han sido hospitalizados.

Imágenes de televisión mostraban partes del tren convertidas en un amasijo de hierros, después de que los coches de cola colisionaran contra aquellos que habían descarrilado antes. Las labores de identificación de los cadáveres están resultando extremadamente complicadas debido a que muchos de los fallecidos quedaron muy desfigurados al haber sido aplastados por la colisión tras el descarrilamiento, relata el subcomisario de la Policía del distrito Pavitra Mohan Tripathi.

Al lugar de la catástrofe se desplazaron 250 efectivos de rescate y un equipo del Ejército indio para intentar sacar a los viajeros que todavía permanecían atrapados entre toneladas de chatarra. El agente de Policía Daljeet Singh Choudhary asegura en declaraciones a NDTV que los equipos de rescate están empleando maquinaria pesada para salvar a los pasajeros atrapados entre los vehículos siniestrados.

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha expresado su preocupación al conocer el accidente. “Faltan palabras para describir mi angustia“, lamenta. Modi está en permanente contacto con el ministro de Transporte, Suresh Prabhu, quien ha prometido “una investigación inmediata” para “tomar las medidas más estrictas contra los responsables”. Prabhu escribió en su cuenta de Twitter que unidades médicas móviles se trasladaron de inmediato al lugar del accidente para repartir víveres entre los supervivientes que resultaron ilesos o heridos leves.

El ministro Jefe de la provincia de Uttar Pradesh, Akhilesh Yadav, confirma que todos los hospitales en los distritos vecinos se han activado y permanecen en alerta para tratar a víctimas.

El Ministerio de Ferrocarriles anuncia compensaciones económicas de 350.000 rupias (5.100 dólares) a las familias de los fallecidos, 50.000 rupias (730 dólares) para los heridos graves y 25.000 rupias (365 dólares) para los leves. El Gobierno de Uttar Pradesh también promete ayudas de 500.000 rupias (7.300 dólares) en los casos de decesos, y el primer ministro indio, Narendra Modi, sumó a esta cantidad otras 200.000 rupias (2.900 dólares), igualando ambos las compensaciones a los heridos.

“Angustiado más allá de las palabras por la pérdida de vidas tras el descarrilamiento del expreso Patna-Indore. Mis pensamientos están con las desconsoladas familias“, asegura Modi en un comunicado.

La red ferroviaria india es, con 65.000 kilómetros de recorrido, la cuarta por longitud del mundo, detrás de Estados Unidos, Rusia y China, cuenta con 1,3 millones de empleados y 12.500 trenes y transporta a diario a unos 23 millones de pasajeros. Aunque el 80% fue construida por los británicos durante la época colonial, gran parte de los fondos del sector se han invertido hasta ahora en el mantenimiento del obsoleto trazado.

Según el último informe difundido por el Buró Nacional de Registro de Crímenes (NCRB) de la India, en 2014 se produjeron 28.360 accidentes relacionados con la red ferroviaria india, en los que murieron 25.006 personas, y concretó que una de las principales causas de las muertes fue la colisión de trenes con otros vehículos. Accidentes como el ocurrido este domingo se han repetido con regularidad durante la última década.

En 1995 más de 250 personas murieron y otras 230 resultaron heridas al chocar dos tres cerca de la ciudad de Agra, en Uttar Pradesh, y en 1999 la colisión de otros dos trenes en el Estado oriental de Bengala causó 288 muertes. Ya en este siglo, en 2002, murieron 118 personas por el descarrilamiento de varios coches en el estado de Bihar, y el año pasado, en el último siniestro ferroviario de consideración, 34 personas perdieron la vida en un accidente similar en Uttar Pradresh

La catástrofe ferroviaria más grave ocurrida en el mundo, con más de mil muertos (otras fuentes elevan a más de 2.000), ocurrió en el estado de indio Bihar en junio de 1981, cuando un tren descarriló a su paso por un puente sobre el río Koshi, después de haber sido secuestrado, y quedó sepultado bajo sus aguas. Aunque con menor en número de muertos, el penúltimo accidente ferroviario ocurrido en la India fue el 5 agosto 2015, cuando al menos 27 personas murieron y otros 25 resultaron heridas a causa de la riada por lluvias torrenciales que arrastró a dos trenes cerca de la localidad de Harda, en el estado de Madhya Pradesh, en el centro del país.

(Imagen IndiaToday)

Convoyes del ‘Tren Celta’ cuentan con el Asfa digital que evitarían un accidente como el de Porriño

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Todos los trenes que prestan el servicio Celta entre Vigo y Oporto cuentan desde este lunes con el sistema de seguridad Asfa digital, más avanzado que el Asfa analógico. De haberse producido el cambio hace un par de meses, el tren que el pasado 9 de septiembre descarriló en O Porriño (Pontevedra) por un exceso de velocidad podría haberse evitado el accidente. Cuatro personas, entre ellas el maquinista, perecieron.

La instalación de este sistema digital, más avanzado que el analógico, fue decidida por Comboios de Portugal a raíz del descarrilamiento en O Porriño, según revela el periódico luso Público. En el accidente de O Porriño el tren circulaba a 118 kilómetros por hora, la velocidad habitual al paso por esa población, en la que no hace parada. Sin embargo, el día del siniestro Adif decidió comprobar el funcionamiento de los desvíos de esa estación y orientó el tren hacia una vía secundaria por la que tenía que circular a un máximo de 30 kilómetros por hora.

Según las comprobaciones realizadas por los investigadores, las señales previas le indicaron al maquinista ese desvío, pero por motivos aún no aclarados el conductor no redujo la velocidad y el tren descarriló. A bordo del tren, el sistema Asfa (Anuncio de Señales y Frenado Automático) analógico avisa al maquinista de la señal existente en la vía y este tiene que pulsar un botón conforme es consciente de esa orden o de lo contrario el convoy se detiene. Sin embargo, una vez pulsado ese botón de reconocimiento de la señal, el Asfa analógico no frena el tren si no lo hace el maquinista, mientras que el Asfa digital sí adecua la velocidad a lo que indica la señal aunque no lo haga el conductor.

Los testimonios recabados este martes por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), en diversas entrevistas realizadas a trabajadores de Adif, Renfe y Comboios, han servido para ratificar algunas de las informaciones ya conocidas, y no se han revelado datos sorprendentes, “ni contradicciones ni cosas extrañas”. Dos de los investigadores de esta Comisió confirman que se han entrevistado con 6 personas, dos de ellas trabajadores de Comboios de Portugal. Entre los testimonios obtenidos, están el del responsable del Centro de Mando de Ourense, el jefe y un compañero del maquinista (un ciudadano portugués que falleció en el siniestro), y operarios de mantenimiento de Adif.

La investigación está en una fase “muy temprana”; se trata de recabar toda la información posible, y con todos esos datos, tanto los obtenidos en las inspecciones del tren y la vía, como los aportados por las personas entrevistadas este martes, “analizarloos y contrastados”. “Estamos en la fase de recopilar datos. Hemos entrevistado a varias personas y ahora analizaremos sus testimonios y sacaremos información que nos sea útil para nuestra investigación”, han señalado. Los investigadores de la CIAF han indicado que, entre la información que manejan están cuestiones relacionadas con las infraestructuras, la señalización, el estado del convoy y, tras las entrevistas de este martes, “lo que vieron” los trabajadores que, de una forma u otra, están relacionados con lo que pasó el día del accidente

De momento se mantienen “todas las hipótesis posibles” acerca de las causas del descarrilamiento. “Nunca se sabe lo que se puede encontrar, es cuestión de ir despacio y no descartar ninguna hipótesis”, indican e insisten en que “es pronto” para precisar más.

Renfe trasladó la noche del lunes al martes el automotor descarrilado, que desde el día del accidente permanecía en una vía secundaria de la estación de O Porriño. La máquina automotor que circulaba en la cabecera del convoy, y que sufrió los mayores daños, ha sido trasladada por carretera al polígono industrial de A Granxa, mientras que los otros dos coches se han llevado a los talleres de la empresa pública en Redondela.