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India aún investiga el accidente del expreso 18.477

India ha comenzado a investigar este domingo el accidente de un tren en el estado de Uttar Pradesh en el que han muerto al menos 20 personas, el cuarto gran accidente de la cuarta red ferroviaria más grande del mundo. La causa del descarrilamiento a unos 130 kilómetros al norte de la capital, Nueva Delhi, aún se desconoce, según ha informado el portavoz de ferrocarriles del norte, Neeraj Sharma. Las autoridades indias elevan a 123 el número de heridos en el descarrilamiento de un tren ayer en el estado de Uttar Pradesh, en el norte del país, mientras que rebajaron la cifra de muertos a una veintena (el sábado se creía que eran 23, al menos). “El descarrilamiento del Kalinga-Utkal Express (Puri Haridwar Express): 20 pasajeros murieron y 123 pasajeros heridos han sido ingresados en diferentes hospitales”, informó la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA, en inglés) en su cuenta de Twitter.

El ferrocarril realizaba el trayecto desde Puri, en Odisha, hacia Haridwar, en Uttarajand, cuando al menos seis coches salieron despedidos de la vía a toda velocidad después de que, según los primeros resultados de la investigación, alguien activara el freno de emergencia por motivos todavía desconocidos. El fuerte frenazo provocó que al menos 14 de los coche se desengancharan de la máquina y salieran disparados fuera de la vía. Algunos se han estrellado en casas cercanas. Un portavoz señala que el conductor del tren será uno de los primeros en ser interrogados y advierte de que el número de muertos podría aumentar.

El accidente se produjo en el norteño Estado de Uttar Pradesh, cuando pasadas las 17.30 hora local (12.00 GMT) el expreso 18.477 de Utkal Express se salió de la vía, en un aparatoso siniestro, a la altura de la localidad de Muzaffarnagar. A menos de 100 kilómetros de su destino y tras haber cruzado buena parte del país desde la ciudad oriental de Puri, diez de sus cochess descarrilaron, según confirmó el Ministerio de Ferrocarriles. El siniestro dejó varios vehículos montados encima de otros, volcados o constreñidos en un amasijo de hierros, por lo que las labores de rescate se prolongaron durante cerca de cinco horas.

El ministro de Ferrocarriles, Suresh Prabhu, que dio por terminadas las operaciones de rescate pasadas unas cinco horas desde el accidente, anotó de madrugada en la red social que han comenzado los trabajos de reconstrucción en el lugar del siniestro. Según el ministro, el primer coche descarrilado fue puesto de vuelta en la vía al filo de la medianoche.

Los accidentes de tren son muy comunes en India. El accidente de este sábado es por lo menos el cuarto más importante de 2017 y el tercero en Uttar Pradesh en lo que llevamos de año. El pasado enero, 29 personas murieron y 50 resultaron heridas al descarrilar un tren en el sureño estado de Andhra Pradesh, mientras que en noviembre otro accidente ferroviario se saldó con 146 fallecidos y alrededor de 200 heridos en el norte del país. Según un informe del Buró Nacional de Registro de Crímenes (NCRB) de la India, en 2014 se produjeron 28.360 accidentes relacionados con la red ferroviaria del país, en los que murieron 25.006 personas.

Según un estudio difundido por el Min isterio de Ferrocarriles, la inversión en seguridad resulta clave en el sistema ferroviario indio.La red ferroviaria india, con 65.000 kilómetros de recorrido, es la cuarta más larga del mundo, detrás de las de Estados Unidos, Rusia y China, y cuenta con 1,3 millones de empleados y 12.500 trenes, que transportan a diario a unos 23 millones de pasajeros.

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Dimite el jefe de ferrocarriles de Egipto

El Gobierno egipcio nombra un nuevo jefe de la Autoridad de Ferrocarriles tras el accidente del pasado viernes en el que murieron al menos 41 personas y otras 132 resultaron heridas. El ministro de Transporte egipcio, Hisham Arafat, designa al ingeniero Said Ibrahim Mohamed Salem como director del ente estatal después de que su predecesor en el cargo dimitiera este fin de semana. Medhat Shusha presentó su renuncia ante el ministro después de la tragedia del pasado viernes, cuando decenas de personas fallecieron al chocar dos trenes de pasajeros a las afueras de la ciudad mediterránea de Alejandría, en el norte de Egipto.

La fiscalía del este de Alejandría ordenó el domingo que los dos conductores de los trenes, así como sus dos asistentes, permanezcan en detención durante quince días mientras continúan las investigaciones sobre el suceso. Medios judiciales aseguran que los empleados de los dos trenes y los trabajadores de las estaciones de tren más cercanas al lugar del accidente
fueron puesdtos en libertad tras prestar las primeras declaraciones. Pero posteriormente, la fiscalía decidió su confinamiento. También ordenó, bajo la supervisión del juez Ualid al Beheri, tomar muestras de orina y de sangre del conductor del tren que provocó la colisión con el fin de aclarar si en ese momento se encontraba bajo los efectos de las drogas.

El accidente ocurrió en la zona de Jorshed, cerca de la estación ferroviaria del municipio de Abis, vecino a Alejandría, cuando un tren procedente de El Cairo colisionó con otro que venía de Port Said (norte) y que estaba parado en la vía. Los dos trenes se dirigían a Alejandría. Debido a la violencia del choque, varios coches descarrilaron en un campo y otros se empotraron los unos en los otros. Los equipos de rescate tuvieron que utilizar dos grúas para separar los amasijos de hierro provocados por el impacto.

El accidente dejó 41 muertos y 132 heridos, de los cuales 53 seguían hospitalizados el sábado, afirmó el ministro de Sanidad, Ahmed Emad el Din Rady, en un comunicado. En el lugar de los hechos, las ambulancias se sucedieron durante horas para transportar a los heridos, que esperaban tendidos en un campo contiguo a la vía, hacia los hospitales de Alejandría. El presidente, Abdel Fatah al Sisi, había pedido el viernes una investigación para que los responsables del accidente “rindan cuentas”.

Egipto es escenario de numerosos accidentes de tráfico o ferroviarios debidos a una circulación caótica, el mal estado de muchos vehículos y carreteras y la falta de mantenimiento de las vías férreas. Los egipcios llevan tiempo reprochándole al gobierno su fracaso a la hora de reducir los accidentes de transportes y los problemas de infraestructuras. El accidente ferroviario del viernes es el más mortífero desde 2012, cuando un autobús escolar chocó con un tren en un paso a nivel de la provincia de Asiut (centro) causando 47 muertos.

Choque de trenes en Egipto: al menos, 42 muertos

Al menos 42 personas murieron y 84 resultaron heridas este viernes en un choque entre dos trenes en las afueras de la ciudad de Alejandría, en el norte de Egipto. En imágenes difundidas por la televisión pública, se veía uno de los trenes volcado en parte y a los miembros de los equipos de rescate que transportaban muertos y heridos hacia ambulancias.

El tren 13 Exprés, de la línea Cairo-Alejandría, chocó por detrás con el tren número 351, de la línea Port Said-Alejandría, cerca de la estación Jorshed, al este de Alejandría, según informaciones de la agencia oficial Mena. Como resultado del choque, volcaron la locomotora del primer tren y dos coches de cola del segundo tren, según fuentes de la Autoridad de Ferrocarril citadas por Mena.

La televisión estatal indicó, citando a responsables del ministerio de Transporte, que el accidente se debió probablemente a un fallo en uno de los trenes, que lo llevó a detenerse en la vía. Uno de los trenes se dirigía a la capital egipcia, El Cairo, y el otro viajaba hacia Puerto Said. Alejandría es la capital de la provincia homónima y el principal puerto de Egipto, así como la segunda ciudad más importante del país después de El Cairo.

Al menos 30 ambulancias fueron desplegadas para socorrer a las víctimas, según fuentes de seguridad, y la Autoridad Ferroviaria envió varias grúas para retirar los vagones que volcaronSegún la agencia oficial, cuatro heridos que se encuentran en estado crítico fueron trasladados al Hospital Universitario, que está en alerta para recibir a más víctimas.

Los accidentes de tren en Egipto son relativamente frecuentes. En 2013, 19 personas murieron por un descarrilamiento en Badrashin (Giza). En 2002, el incendio de un tren causó cerca de 370 muertos a unos 40 kilómetros al sur de El Cairo, en el accidente ferroviario más mortífero de la historia de Egipto. Un total de 75 personas murieron y 150 resultaron heridas en un accidente ferroviario ocurrido el 21 de diciembre de 1975 a la altura de la estación de Badrashin, a 25 kilómetros al sur de El Cairo, cuando un tren, que se encontraba detenido por la niebla, fue embestido por detrás por otro convoy.

56 heridos al chocar un tren de Cercanías

Cincuenta y seis personas resultaron heridas, una de gravedad, en un accidente ocurrido este viernes cuando un tren chocó con el tope de la vía al llegar a una estación del centro de Barcelona. Los servicios de emergencia asistieron a 56 personas: un herido grave, 19 menos graves (incluido el conductor) y 36 leves, tres de ellos dados de alta en la misma estación, señaló en Twitter Protección Civil. De los heridos, uno es francés, otro rumano y los restantes españoles, precisó un portavoz de Protección Civil.

El accidente ha ocurrido sobre las 07.15 horas de la mañana cuando el convoy, de la línea R2 de Rodalies, procedente de la estación de Sant Vicenç de Calders, en El Vendrell (Tarragona), ha chocado con el final de vía en la estación de Francia, con 70 pasajeros a bordo. La parte delantera del convoy, que había salido a las 06.00 de Sant Vicenç de Calders (70 kilómetros al al suroeste de Barcelona), quedó totalmente destruida, mientras que varios coches presentaban daños, por el efecto acordeón producido por la colisión.

Inmediatamente después, los servicios de socorro movilizaron varios vehículos y ambulancias a la estación ubicada en pleno centro histórico de Barcelona, la ciudad más turística de España, mientras las calles aledañas quedaban cerradas para facilitar la operación. “En el momento del choque parecía un terremoto (…) Muchos pasajeros se han caído al suelo, porque ya había gente de pie en el tren, y he visto a varias personas con cortes en la cabeza y en la cara de los golpes”, relató una de las pasajeras, Lídia García, al diario La Vanguardia. “No sabíamos si era una bomba o qué había pasado y la gente se ha puesto a gritar y se ha asustado mucho”, agregó.

Un agente de seguridad de la estación, que declinó identificarse, asegura que al entrar a la estación el tren “iba a su velocidad normal, no ha frenado y ha chocado contra el pilar de hierro”. Llegado de Madrid a Barcelona, el ministro de Fomento Íñigo de la Serna confirmó a periodistas en la estación de Francia que la información preliminar indica que las balizas para establecer los límites de velocidad no mostraron ninguna anormalidad.

El tren de cercanías pasó una revisión de mantenimiento el 18 de julio, señaló De la Serna, y su conductor este viernes era un hombre de 31 años, con siete años de experiencia en “la circulación de trenes en Cataluña, con los servicios” de cercanías. El maquinista sufrió “una contusión fuerte en el tórax”, indicó el ministro.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios del ministerio de Fomento estará a cargo de las pesquisas para determinar las causas del accidente, dijo De La Serna. La policía regional, los Mossos d’Esquadra, anunció que ya está en posesión de la “caja negra” del tren, cuya información será analizada por la comisión de investigación.

Para atender a las víctimas y sus familiares, la empresa Renfe activó tras el suceso un “plan de asistencia”, tanto médico como psicológico. Por la hora del accidente, el tren contaba con numerosos pasajeros que viajaban de pie, lo que habría elevado el número de heridos.

El accidente se produjo en plena huelga de los servicios ferroviarios españoles, que habían previsto garantizar el 66% de los trenes en las líneas catalanas en hora punta. Además de De la Serna, muchas autoridades acudieron durante la mañana a la estación, entre ellos el presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

El choque del tren se produce justo en la semana en que se cumple el cuarto aniversario del accidente del 24 de julio de 2013, cuando un tren descarriló y chocó violentamente contra un muro cerca de Santiago de Compostela, que dejó 80 muertos y 144 heridos.

Cuatro años de la tragedia de Angrois

Hace cuatro años un tren Alvia en el que viajaban 218 personas descarriló en la curva de A Grandeira, a escasos kilómetros de la estación de Santiago. Allí, viajeros, vecinos del barrio de Angrois y otros ciudadanos que junto a los servicios de emergencias se lanzaron a socorrer a las víctimas, vivieron momentos de enorme tensión, con el resultado final de 80 fallecidos y 144 heridos. Una tragedia que se producía a pocas horas de la celebración del día grande del Día de Galicia.

El convoy procedía de Madrid-Chamartín y se dirigía a Ferrol, pero tenía prevista su parada en Compostela minutos antes de las nueve de la noche. Pasadas las 20,40 horas, el exceso de velocidad con el que circulaba el maquinista tras atender una llamada del interventor -que le indicaba por dónde entrar en Pontedeume para que se pudiese bajar una familia- provocó el descarrilamiento.

Este lunes, la comunidad gallega conmemorará el cuarto aniversario del siniestro ferroviario más grave de la democracia española, que se produce en un contexto marcado por dos frentes más claros ahora que nunca en estos últimos cuatro años: el judicial y el político. En los juzgados, al conductor, Francisco Garzón, se le ha unido el exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, al que el juez también atribuye 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave.

Cortabitarte obtuvo la calidad de investigado en la causa en marzo de este año, aunque anteriormente ya había sido imputado por el primer instructor, Luís Aláez, en septiembre de 2013 y en mayo de 2014. En esas dos ocasiones se libró de lo que Aláez le atribuía a él y a otras 21 y 11 personas, respectivamente -todos ellos altos cargos o excargos de Adif-, por la decisión de la Audiencia Provincial. Los mismos magistrados que, sin embargo, el pasado 28 de junio confirmaron la investigación a Cortabitarte por el nuevo juez, Andrés Lago, al ver “indicios de una actuación deficiente, por incompleta y parcial, en la evaluación de riesgos”.

El pasado 4 de abril, el hombre al que Adif ha reubicado en una subdirección de nueva creación -y al que las víctimas del accidente de metro de Valencia cuestionan por su papel como perito en aquel caso- se acogió a su derecho a no declarar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago. Este 27 de julio, tres días después del aniversario, vuelve a estar citado en sede judicial. Algunas fuentes dan por hecho que otra vez optará por no declarar o que, si lo hace, solo responderá a su abogado. Otras fuentes, no obstante, tienen la impresión de que sí intervendrá, algo que creen que preocupa a su letrado, por lo que pueda decir sobre las implicaciones de otros dirigentes o empresas públicas como Renfe.

La conmemoración este 24 de julio se da, además, con un cambio fundamental sobre el tablero político: el PSOE, que en su día votó que no, apoya ahora y de hecho ya ha registrado una petición de comisión de investigación política en el Congreso de los Diputados. La reivindicación, justamente, por la que clama la plataforma de víctimas desde un primer momento, para conocer “la verdad” y que se haga “justicia”, y que le llevó a las calles ya el 17 de diciembre de 2013, precisamente frente a las Cortes.

Podemos y en concreto En Marea -el partido instrumental en el que se integran Anova, Esquerda Unida y la formación morada, que impulsó la iniciativa la pasada legislatura y también esta, pero dio con el veto de la Mesa del Congreso- ya ha mostrado su disposición a votar a favor de la iniciativa socialista, y ni siquiera descarta una actuación conjunta.

La pelota está sobre el tejado de Ciudadanos, del que los afectados quieren saber si volverá a favorecer el veto a esta solicitud en la Mesa, que controla el Partido Popular junto a esta organización. Todo esto se resolverá en septiembre, a la vuelta de las vacaciones de los parlamentarios.

Si el primer aniversario será recordado por la polémica de las Medallas de Galicia a las víctimas y el cambio del día de su entrega al 24 -movimiento en el que estas vieron una utilización política-, el segundo se conmemoró poco antes de que el juez cerrase la causa con el maquinista como único imputado (en octubre de 2015) y el tercero coincidió con la reapertura del caso (en mayo de 2016) y el impulso que supuso el informe de la Agencia Ferroviaria Europea, crítica con la investigación que realizó España del siniestro. Este cuarto año desde el accidente de Angrois será el primero con un cargo de Adif investigado al que ratificó la Audiencia, y también el más cercano a una eventual comisión de investigación en la Cámara Baja.

El presidente de la plataforma de afectados, Jesús Domínguez, cree que es un momento de “sentimientos encontrados”: “La gente está por una parte muy ilusionada y esperanzada, porque parece que ya se empieza a destapar todo; pero, a la vez, ese día, para quien ha perdido a un familiar…”, reflexiona. La sensación entre los afectados es “que se está cambiando el discurso”, puesto que “antes” estaba centrado en la responsabilidad del maquinista y el dinero para indemnizar a las víctimas y “ahora Europa avala” su “lucha” por la “verdad”. Pero, advierte, “no quita para que aún se esté muy lejos” de conocerla.

Después de “tanto sufrimiento”, Domínguez indica que “ya era hora” de contar con “alguna buena noticia”, como el giro de los socialistas, o la carta que acaban de dirigir a la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios). “Que se pongan colorados” los responsables de la seguridad ferroviaria a los que acusan de poner “trabas” a la justicia es algo que, reconoce, también provoca “satisfacción”, e incluso ver que la defensa de Adif es ahora hasta burda, al alegar que los Estados miembro tuvieron “dificultades” en aplicar las normas.

Las víctimas y familiares del Alvia 04155 no olvidan y este lunes conmemorarán el cuarto aniversario del accidente con una marcha por las calles céntricas de Santiago de Compostela. “Justicia y verdad” será la reivindicación de una movilización que afrontan con el ánimo renovado tras el cambio en la causa, tanto político como judicial. La manifestación concluirá en la Plaza del Obradoiro pero partirá de la estación de tren de la capital gallega, una forma con la que los afectados por el accidente quieren hacer visibles la responsabilidad que según ellos tienen Renfe y Adif por la falta de sistemas de seguridad en el propio convoy y en la vía al no tener instalado el mecanismo de seguridad ERTMS, con el que el tren nunca habría llegado tan rápido a la curva de A Grandeira.

“Hay dudas” dicen víctimas del metro de Valencia

La Asociación Víctimas del Metro del 3 de Julio (AVM3J) asegura que el rechazo por parte de la jueza Nieves Molina a los recursos interpuestos por el archivo de la investigación del accidente de metro de 2006 “genera dudas”, y que persisten porque “ella se niega a que otras cuestiones más allá de la velocidad, sean tenidas en cuenta en el proceso judicial, generando así un debate externo a la instrucción“. Así lo explica la asociación en un comunicado, tras conocer que Molina rechazó los recursos interpuestos y confirmó el archivo de la investigación del accidente de metro, como ya hizo en su instrucción de 2006, e incidiendo en que “no hay más causa que la velocidad” y señala “como único responsable al conductor”.

Ante la negativa de Molina de no investigar todas las posibles circunstancias que pudieron haber incidido en el accidente, “siguen existiendo dudas”: “Dudas sobre lo que pasó en el túnel, y dudas sobre la actuación posterior por parte de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV)”, han matizado. Así también apuntan a dudas sobre la actuación de Molina a lo largo de la instrucción, “negándose a investigar cualquier circunstancia que pudiera señalar una responsabilidad de la dirección de FGV”, han apostillado.

La AVM3J indica que Molina se basa en diversos informes para establecer su conclusión, entre ellos el del perito Andrés Cortabitarte. “Y aquí surge la primera duda: si el perito inspeccionó la vía en noviembre de 2006, cinco meses después del accidente, con los trenes circulando desde el 5 de julio, ¿cómo pudo certificar que el estado de la vía no tuvo nada que ver en el accidente ocurrido el 3 de Julio?”, se preguntan. Al respecto, han criticado que la vía estaba en “perfecto estado”, porque “la misma noche del accidente ya la estaban reparando para restablecer el servicio lo antes posible”, y añaden, en cuanto al estado del coche y frenos, que el tren estaba “tan sumamente destruido que el sistema de frenado no se pudo reconstruir“.

Insisten en que las “dudas” no se generan por ser contrarias a sus intereses, “como alega la jueza, sino por considerar que no son resultado de una exhaustiva investigación“, e insisten en que “buscar la causa única es obsoleto y erróneo”.

La AVM3J asegura que la baliza estaba programada para frenar el tren a una velocidad de 80 kilómetros por hora, cuando la circulación máxima permitida era de 60 kilómetros, de modo que “era imposible evitar el exceso de velocidad“, subrayan y aseguran que Cortabitarte explicó en su declaración durante la Comisión Parlamentaria de 2016 que “se protegió la velocidad máxima de la vía”, pero “no la velocidad máxima del tramo“. A su juicio, el conductor “no es el responsable de esta decisión”, sino que “la mala programación de la baliza es responsabilidad de la dirección de FGV”, y califican de “lamentable” la actitud de la directiva por “obviar esta responsabilidad, pretendiendo echar toda la culpa al conductor“, lamentan.

El informe realizado por los técnicos del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) asegura que “la seguridad no es un riesgo que tenga que ser evaluado”, ya que “si se evita, ya no hace falta evaluar”. Por ello, la asociación de Victimas de Metro recalca que “el riesgo de velocidad no existía porque se estaba cumpliendo el Reglamento de Circulación”.

Las víctimas aseguran que la jueza “tampoco tiene en cuenta el Informe del Inspector de Trabajo, y se atreve a señalar que el Plan de Prevención, tan sólo era en compromiso del empresario“, mostrando así un “total desconocimiento de la Ley”. La asociación observa en el informe un comportamiento “cuanto menos irregular”, ya que aunque pidió el listado de turnos de los maquinistas de la Línea 1, para averiguar si se garantizaban las horas de descanso, “FGV le entregó sólo los turnos de las líneas 3 y 5, y aún así concluyó que la Línea 1 cumplía con los turnos establecidos”. “Esta es la forma de investigar que tienen los técnicos que realizaron los informes en los que se basa la jueza”, concluyen.

Más de cien consistorios reclaman una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois

Más de 100 ayuntamientos en toda España reclaman la constitución de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para depurar eventuales responsabilidades políticas por el accidente del tren Alvia en Angrois, que dejó 80 muertos y 144 heridos. En torno a 30 de estas peticiones han sido respaldadas en municipios gobernados por el Partido Popular, mientras que otra treintena, aproximadamente, salió adelante en corporaciones presididas por el Partido Socialista.

La asociación de afectados es la impulsora de un texto que también demanda una comisión técnica para que determine las causas del siniestro. Una vez recabados más de un centenar de apoyos de consistorios por todo el conjunto estatal (39 en Galicia, a la espera de su debate en más localidades), la plataforma hará una entrega simbólica de las mociones y declaraciones institucionales este miércoles 31 de mayo en la Cámara Baja, con un documento dirigido, precisamente, a la presidenta Ana Pastor, otrora ministra de Fomento.

Coincidiendo con esta ocasión, los afectados por el descarrilamiento en la curva de A Grandeira se concentrarán a las 18.00 horas en la plaza de las Cortes, donde contarán con el respaldo de varios diputados de distintas formaciones que ya han confirmado su asistencia. En esta concentración tienen previsto participar el socialista Odón Elorza, Joan Capdevilla de ERC, Sergio Pascual de Podemos, Yolanda Díaz de Esquerda Unida (diputada por En Marea) y Alexandra Fernández, de Anova, ambas diputadas por En Marea.

La asociación, que agrupa a la mayoría de las víctimas del accidente ocurrido en julio de 2013, ha remitido cartas a todos los parlamentarios en las que destacan que los más de 100 gobiernos municipales que les respaldan representan a 16 millones de ciudadanos. A lo largo de estos casi cuatro años desde la tragedia, primero el BNG y después En Marea trataron de promover el debate en el Congreso acerca de la creación de una comisión de investigación parlamentaria, pero solo el partido instrumental en el que se integran Podemos, Anova y Esquerda Unida logró que se llegase a abordar la iniciativa, y fue rechazada con el voto en contra de PP y de PSOE.

La plataforma ve “difícil” de entender que los populares voten a favor o se abstengan “en el casi cien por cien de los ayuntamientos” donde se ha abordado su petición pero que luego voten en contra de la misma propuesta en el Congreso. Además de “totalmente incoherente”, critican que “se está desoyendo la opinión de los representantes de 16 millones de ciudadanos, lo que es una actitud absolutamente antidemocrática”. Así se lo recuerdan las víctimas a los diputados del PP en alguna de sus misivas. Le advierten de que, en concreto, el Partido Popular solo se ha negado en uno de los 106 ayuntamientos a la creación de la comisión de investigación.

En el caso del PSOE, con una argumentación casi idéntica, le dicen que también es “difícil entender cómo su partido puede votar a favor en 103 ocasiones y abstenerse en tres de los ayuntamientos y luego votar en contra de la misma propuesta en el Congreso”. Pero a los socialistas, además, le recuerdan que “recientemente su partido votó a favor de instar al Gobierno a crear estas comisiones en las Cortes de Castilla y León y en el Parlamento gallego”.

Los motivos para la creación de ambas comisiones son “claros” para la asociación de afectados. Así, sobre la de tipo técnico, apuestan por “seguir la recomendación de la Agencia Ferroviaria Europea y del Parlamento Europeo de que se haga una investigación independiente (…) ya que la que se hizo (CIAF) no lo era, pues la realizaron miembros de Renfe y Adif, que son parte en la causa”. Para justificar la necesidad de la comisión de investigación parlamentaria -la más controvertida a nivel político-, apelan a “la gravedad” y “la magnitud del accidente”, que “implica” a empresas públicas estatales, así como las “contradicciones y ocultaciones” que aseguran que se están produciendo en este caso.

“Consideramos que es imprescindible realizar una comisión de investigación parlamentaria. El objetivo es que se depuren las posibles responsabilidades políticas, dando así cumplimiento al artículo 52.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados”, inciden las víctimas. Como “ciudadanos con derechos”, defienden solicitar “algo muy democrático” y destacan que “solo” buscan “saber la verdad para poder descansar en paz y aminorar” su sufrimiento. “Porque solo la verdad evitará que una catástrofe como está vuelva a ocurrir”, aseguran en su demanda.

Archivan la causa del accidente de metro de Valencia

La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha archivado la investigación del accidente de metro ocurrido el 3 de julio de 2006, que costó la vida a 43 personas, por haber descartado responsabilidades penales y la imposibilidad de acreditar un fallo en el vehículo o la vía. En un auto de más de 200 folios, hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la jueza concluye que no existen responsables penales porque según los expertos en seguridad ferroviaria, las instalaciones se encontraban en estado apropiado para mantener las condiciones de seguridad a 40 kilómetros por hora, pero el tren circulaba al doble de velocidad.

La jueza rechaza así la petición de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, que representa a trece de las noventa víctimas, para que se tomara declaración a la exdirectora de FGV y a los cuatro técnicos investigados. Considera que ni a ellos ni a los otros tres trabajadores investigados que sí han declarado se les puede exigir responsabilidades penales por 43 delitos de homicidio y 47 de lesiones por imprudencia profesional, ya que ninguna norma obligaba a la colocación de una baliza que protegiese al tren ante un exceso de velocidad en la curva donde descarriló.

La instructora se remite a los informes periciales para subrayar que en 2006, la inexistencia de balizas ante las curvas era una pauta de actuación común en otras administraciones ferroviarias que hasta entonces se había mostrado segura. Apunta además que ni maquinistas, ni trabajadores de infraestructuras ni sindicatos advirtieron nunca del peligro de la misma.

La decisión de archivar la causa y de rechazar nuevas periciales llega días después de que la Audiencia Provincial respaldara a la instructora y rechazara la petición de la Fiscalía para que los peritos de la Inspección de Trabajo y de Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo ampliaran los informes.

La investigación por el accidente del metro se archivó a petición de la Fiscalía en diciembre de 2007. Esta decisión fue confirmada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial en mayo de 2008, pero en enero de 2014 la Audiencia, en este caso la Sección Segunda, ordenó la reapertura a petición de la Fiscalía y contra del criterio de la instructora. Desde entonces se han practicado las diligencias ordenadas por la Audiencia, otras que solicitaron las partes y aquellas que la jueza acordó de oficio.

La causa consta de más de 8.200 folios distribuidos en 30 tomos, a los que hay que añadir numerosos archivos informáticos con un volumen superior a los 2.000 folios; se ha tomado declaración a tres investigados y a 100 testigos. Desde la reapertura, en enero de 2014, han comparecido ante la jueza veintiún maquinistas de la Línea 1. Ninguno tuvo problema o incidente en la curva donde descarriló el vehículo, por donde pasaron dos millones de trenes desde que entró en funcionamiento la línea, en 1988, según expone la jueza.

Las víctimas de Angrois exigen objetividad

La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Santiago en julio de 2013 pide al nuevo equipo de fiscales que se hará cargo de la causa que sea “objetivo e imparcial”, y lamenta que Antonio Roma, que ha dejado la Fiscalía del área compostelana, “solo habló de dinero”, en relación a las indemnizaciones. El portavoz de la asociación, Jesús Domínguez, valora que el fiscal Antonio Roma cometió “dejación de funciones” en su participación en este caso.

Antonio Roma ha dejado la Fiscalía del área de Santiago tras casi tres años de investigación judicial y un sumario que suma más de 70 tomos y 32.000 folios. Según fuentes del Ministerio Fiscal, Roma ha pasado a servicios especiales de la carrera fiscal para desempeñar el cargo de coordinador del área de justicia del programa de cooperación para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada en América Latina, financiado por el instrumento de cooperación al desarrollo de la Unión Europea (UE).

Domínguez asegura que, en primavera de 2014, cuando afectados por el siniestro ferroviario se reunieron con Roma en Madrid, le trasladaron la necesidad de investigar el incumplimiento de la normativa de seguridad por parte de Adif y Renfe, denuncia que presentaron en la Unión Europea. No obstante, recuerda que, en varias ocasiones, Roma se mostró contrario a la atribución de responsabilidades a altos cargos de Adif, si bien ahora respalda la decisión de investigar al exdirector de seguridad en la circulación de esta empresa pública.

En un escenario en el que “se está juzgado al Estado”, ya que Adif, Renfe y el Ministerio de Fomento, según recalca Domínguez, están implicados en la tragedia que dejó 80 muertos y 144 heridos, las víctimas demandan a los nuevos fiscales “objetividad, aunque sea difícil”, toda vez que la Fiscalía tiene una jerarquía y “depende del Gobierno”.

Antonio Roma firmó el nuevo contrato el pasado viernes día 5 y desarrollará este trabajo entre Madrid y Latinoamérica. El caso lo llevará a partir de este momento un equipo de fiscales de la Fiscalía de área de Santiago, bajo la dirección del fiscal jefe, sin perjuicio de que, avanzado el proceso, esta labor vuelva a ser asumida por un solo fiscal.

El juez del ‘caso Alvia’ cita como investigado al exjefe de seguridad de Adif en 2013

El juez que instruye la causa por el accidente del Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois ha citado en calidad de investigado al que era director de seguridad en la circulación de Adif en el momento del siniestro, Andrés Cortabitarte, por supuestos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, determina que Cortabitarte “no cumplió” su cometido en relación con la elaboración del correspondiente análisis de riesgos en la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago. Por ello, y al no contar, en consecuencia, “que haya hecho u ordenado medida alguna destinada a evaluar y gestionar dicho riesgo”, generó y toleró una situación de riesgo “que finalmente cristalizó” en el descarrilamiento, que “costó la vida y la salud a múltiples usuarios” aquel día. En concreto, 80 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas.

“Lo que desde luego no podemos discutir es que la curva representaba un riesgo en sí misma“, asevera el juez, quien destaca que “ese riesgo había sido detectado por la propia UTE -unión temporal de empresas, la encargada de construir la infraestructura- y por Ineco -la consultora ligada al Ministerio de Fomento-“. El magistrado añade que, después, ese riesgo “había sido comunicado a Adif explicitando las limitaciones del subsistema suministrado para mitigar o conjurar dicho riesgo y que, finalmente, por parte de Adif nada se hizo para evaluar y reducir dicho riesgo a parámetros de tolerancia conforme a las exigencias de las normas Cenelec”.

Para tomar su decisión de citar en calidad de investigado al que era jefe de seguridad de Adif en el momento del descarrilamiento del tren, en esta “segunda fase”, el instructor se basa en los últimos informes periciales aportados a la causa, y en concreto, fundamentalmente, en el elaborado por el ingeniero César Mariñas. Este experto, nombrado tras un sorteo y considerado por varias partes como el único independiente, determinó que no hubo análisis integral y que, si lo hubiera habido, el peligro en la curva de A Grandeira sería “más que evidente”.

Con todo, el juez advierte que el hecho de que no hubo una evaluación de riesgos previa a la puesta en funcionamiento de la línea es una idea coincidente en todos los peritos, tanto los de la aseguradora QBE -de Renfe-, como en Mariñas y Juan Carlos Carballeira y Enrique Castillo Ron -toda vez que el de José Manuel Lamela se ceñía al material rodante-. La divergencia entre el de Mariñas y el de Carballeira -a Castillo Ron le encargó un informe este último- estriba en si era o no necesaria esa evaluación de riesgos, normativa y técnicamente. Al respecto, el auto de Lago Louro indica que mientras Mariñas cree que sí, Carballeira “se limita a negar” la necesidad normativa pero “guarda silencio respecto del punto de vista técnico”.

“Sorprendente”, resalta el juez, “cuando lo que se espera de un perito es que sustente sus afirmaciones en razones de índole técnico, pues ese es esencialmente la razón de ser de su nombramiento”. De ahí que valore la contestación de Mariñas como “más completa”, y agrega que además es compartida por los peritos Heijnen y Catmur -los de la aseguradora de Renfe- y por Castillo Ron. El magistrado niega la práctica de nuevas diligencias por ahora. En lo referente a la ratificación de otros dos peritajes aportados por el abogado del maquinista, porque “no se estima necesaria”.

En cuanto a la solicitud del fiscal para que se citase a los técnicos de la UTE, el instructor recalca que “no existe motivo alguno”, al no constar incumplimiento alguno por su parte. “Al contrario, fueron ellos quienes detectaron los riesgos derivados de las limitaciones del subsistema de control, mando y señalización suministrado y lo pusieron en conocimiento de Adif”, llama la atención, en alusión al registro de amenazas o ‘Hazar log’ -aportado al sumario por el propio Adif-.

La instrucción del accidente del Alvia estuvo a cargo inicialmente del juez Luis Aláez, quien imputó hasta en dos ocasiones -actualmente citación en calidad de investigados- a varios responsables de Adif, entre ellos al propio Cortabitarte. Sin embargo, la Audiencia Provincial de A Coruña echó abajo sus intenciones por dos veces, al igual que ordenó al actual instructor, Andrés Lago, reabrir la investigación cuando este pretendió cerrarla con el maquinista como único presunto responsable de los 80 homicidios y los delitos de lesiones.