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El maquinista del Alvia descarrilado en Angrois tenía “asumido” que sería “el pagano” del accidente

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El juez del caso del Alvia accidentado en Angrois el 24 de julio de 2013 cerrado la instrucción y señala al maquinista Franciscos Garzón Amo como único imputado. El magistrado le atribuye 80 delitos de homicidio por “imprudencia grave profesional” y 144 de lesiones. El conductor del fatídico tren tenía “asumido” hacía tiempo que sería “el pagano” del caso, cuyo cierre por parte del juez instructor recurrirá su abogado, Manuel Prieto.

El magistrado da un paso clave con vistas a que la Audiencia Provincial de A Coruña fije fecha para el juicio oral de uno de los siniestros ferroviarios más graves de la democracia española. Durante la primera etapa de la instrucción, el juez (distinto al que lleva ahora el caso) imputó hasta en dos ocasiones a exaltos cargos de Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, encargado de velar por la seguridad en las vías. Sin embargo, la Audiencia Provincial levantó las imputaciones. Aunque es recurrible el auto judicial, ahora sólo el maquinista resulta definitivamente imputado.

La defensa va a recurrir el auto, para lo que dispone de un plazo de tres días a contar desde este jueves, pero no tiene “mucha confianza” en que el recurso prospere. “Era un auto anunciado de la misma forma que era un accidente anunciado”, critica el letrado, que recuerda el aviso que dio en su día, después de la inauguración de la línea, un jefe de maquinistas, que alertó de la peligrosidad de la curva de A Grandeira, donde descarriló el tren, sin el sistema de ERTMS implantado y con la necesidad de reducir la velocidad con una señalización que este profesional consideraba insuficiente.

El abogado del maquinista censura la actuación del juez al no admitir las pruebas que pidieron tanto él como los representantes de las distintas víctimas y lamenta que tampoco se hayan considerado los informes periciales de parte. El letrado sigue queriendo que los dos peritajes que aportó a la causa sean ratificados, con el objeto de “aclarar” distintas cuestiones, aunque el magistrado lo ha rechazado en el auto que ha trasladado este miércoles a las partes.

Prieto insiste en la relevancia de que acudan a declarar en los juzgados expertos en el área, de forma que traten de evidenciar su tesis. “Que vengan y lo declaren”, recalca. También considera que también eran “procedentes” otras diligencias como la comparecencia en calidad de testigo del director de seguridad de Renfe. Sin embargo, en el auto se alega que “el hecho de que hubiere declarado ante una comisión parlamentaria no es razón que haga necesaria su declaración en este ámbito judicial, pues los objetivos de la presente instrucción no guardan relación alguna con los de una comisión parlamentaria”.

La defensa del maquinista lamenta, asimismo, que el juez sostenga que las diligencias reclamadas no van “en pro de la defensa, sino en la de imputar a nuevas personas”. “Las dos cosas están entrelazadas”, asegura Prieto quien subrayar que, “aunque fuera así”, lo que le interesa al juez es “averiguar toda la verdad“, y estas actuaciones también las piden las acusaciones.

El letrado explica que su cliente “sabía que todo el mundo del poder iba a hacer que él fuese el pagano. Lo tiene asumido, desde el momento en el que lo metieron en los calabozos con las costillas rotas mientras el ministro hacía una rueda de prensa”.

El magistrado sostiene en reiteradas ocasiones en su autor que “la causa directa, inmediata, y que decididamente ha desencadenado el desgraciado accidente” fue “el exceso de velocidad“. Además resta importancia a los posibles defectos de señalización de la vía, a la llamada que pudo provocar el despiste del maquinista y a la desconexión del ERTMS en fechas precedetes al accidente.

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Argentina sienta en el banquillo a los acusados de la mayor tragedia ferroviaria de su historia

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Argentina sienta en el banquillo a dos exaltos cargos del Gobierno de Cristina Fernández en el inicio del juicio por uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia del país, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos en una concurrida estación de Buenos Aires en febrero de 2012. En la causa que investiga “delitos de descarrilamiento culposo, agravado por muerte y defraudación”, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 deberá determinar si el accidente ocurrido en la estación de Once se debió a la negligencia del conductor o si también hay responsabilidad del Estado y la empresa concesionaria del transporte por no controlar las condiciones del servicio. El juicio está previsto que dure al menos un año y deben declarar unos 350 testigos ante los jueces Jorge Alberto Tassara, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini.

En el banquillo de los acusados se sentaron los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, que serán juzgados por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entre los otros 27 procesados se encuentra el maquinista del tren, Marcos Antonio Córdoba, quien declaró que el convoy se quedó sin frenos, aunque dos estudios técnicos concluyeron después que el sistema de frenado funcionaba correctamente. “Estoy convencido de que fue una negligencia por acción u omisión del maquinista, porque la pregunta es una: ¿si hubiera frenado hubiera ocurrido? No”, sostuvo Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la querella, a la entrada del tribunal.

Los familiares de las víctimas acudieron a esta primera sesión con carteles que pedían “Ju5t1cia” y camisetas con las fotos de los fallecidos en el siniestro. “Nosotros siempre venimos a pedir justicia porque queremos que realmente esto sea no solamente de nosotros sino para el estado nacional, para el país, para que haya paz y se tome en cuenta que no se puede manejar un país de esa manera, con corrupción”, explicó Andrés Garzón, padre de la fallecida Mónica Garzón. “Ahora hay ofrecimientos del Estado pero me parece que, por lo menos mi hijo, no tiene precio. Lo que queremos es justicia. Hace dos años que estamos para esto y vamos a seguir hasta el final”, relató Carlos Bustamante, padre de Federico Bustamante, otra de las víctimas.

La Justicia también acusa a los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), que tenía la concesión ferroviaria de la línea siniestrada, de presunta “asociación ilícita” y “descarrilamiento de un tren agravado”. Dos grupos de querellantes se retiraron tras acordar a última hora una indemnización con TBA, a través de un convenio extrajudicial de carácter confidencial. “(Este acuerdo) no me agrada demasiado porque a último momento, a 24 horas de empezar el juicio, se desarmaron los grupos, es algo malicioso desde mi punto de vista”, manifestó Garzón.

La llamada “tragedia de Once” se produjo el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento se empotró contra un andén de la estación porteña de Once, en la hora punta de la mañana. En la etapa de investigación, la Justicia concluyó que el servicio de la línea Sarmiento, que une la capital argentina con la zona oeste del Gran Buenos Aires, se prestaba con “graves deficiencias” por parte de TBA y que los funcionarios del área de Transporte no tomaron ninguna medida al respecto.

Seis días después del siniestro, el Gobierno argentino intervino TBA y más tarde le retiró la licencia de explotación de esa línea, que opera actualmente bajo gestión estatal. En junio del pasado año, la línea Sarmiento fue escenario de un nuevo accidente que dejó tres muertos y más de 300 heridos al chocar dos trenes en las cercanías de la localidad de Castelar, unos 20 kilómetros al oeste de Buenos Aires. Además de la causa por el accidente, otro juez, Sebastián Ramos, investiga el destino de los millonarios subsidios que el Estado pagaba a TBA.