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“Era un accidente anunciado”, dice el maquinista

Emociones y amargos recuerdos salen a flote. El maquinista del tren Alvia siniestrado en Santiago de Compostela en 2013, Francisco José Garzón Amo, ha asegurado hoy en el Congreso que se trató de “un accidente anunciado” porque toda la seguridad de la línea y, en concreto, en la curva de Angrois donde se produjo la catástrofe quedaba sólo “en manos del maquinista”.

Garzón, que comparece acompañado por su abogado en la Comisión de Investigación sobre el accidente, ha pedido entre lágrimas y visiblemente emocionado que fuera otra persona quien leyera la declaración que traía escrita y en la que ha pedido perdón a las víctimas y a las familias. “Si no está de ánimo, suspenderemos la sesión o lo que sea necesario”, ha asegurado el presidente de la Comisión, el diputado del PDeCAT, Feliu Guillaumes.

En la declaración, leída por el secretario de la comisión, el maquinista ha pedido que se pudiera escuchar la grabación completa de la conversación que mantuvo con el puesto de mando instantes después del accidente. Una conversación en la que reconocía que iba a 190 kilómetros por hora y no a 80, pero en el que alertaba también de que eso podía ocurrir cualquier día por la falta de señalización y de medidas de seguridad de la línea. “Dije que algún día esto iba a pasar, que éramos humanos”, ha admitido.

Una grabación que la Mesa de la Comisión ha decidido no difundir en la sesión, pero que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha intentado reproducir en su teléfono móvil aprovechando su turno de palabra, momento en el que el presidente de la Comisión ha suspendido la sesión durante unos minutos. Tras este episodio y reanudada la comparecencia, la portavoz de En Marea, Alexandra Fernández, ha leído el tenor de la conversación, en la que el maquinista insiste sobre el peligro de la curva, del que había alertado repetidamente a sus superiores antes del siniestro. “¿Piensa que fue un cabeza de turco?”, le ha preguntado la portavoz de En Marea, a lo que el maquinista ha contestado que solo quiere vivir “en paz” y que hubiera preferido haber muerto en el accidente, si con ello hubiera salvado alguna de las personas que perdieron la vida en el siniestro.

Alexandra Fernández ha recalcado que en “cinco minutos” de cada comparecencia de las víctimas se han “desmontado” cinco años de “mentiras” del PP y PSOE sobre el accidente. Y ha reivindicado que vuelvan al final de la comisión para que puedan contestar a las siguientes comparecencias que se vayan dando en el Congreso. “Desmontaron esa idea de que el maquinista era el culpable de todo para ocultar las causas más profundas que son las que debemos analizar en la comisión”, ha señalado Fernández, reconociendo a la Plataforma la investigación que ha realizado sobre el accidente, en contraposición con Renfe y Adif que “han estado negándose” a colaborar con la Justicia.

El presidente de la Plataforma de Víctimas, Jesús Domínguez, que fue el primer compareciente que acudió a la comisión, ha seguido el resto de testimonios de víctimas. En declaraciones a los medios ha señalado que espera que todo esto sirva para aclarar que la verdad que se filtró a los medios por parte del Ministerio, achacando el accidente a la velocidad a la que circulaba, fue una maniobra para “eludir el resto de responsabilidades”. “El maquinista volverá a pedir perdón, es la única persona que lo ha pedido”, ha apuntado Domínguez, quien ha calificado de “cacería” el tratamiento que se hizo de Garzón en el ámbito mediático. “Tenemos claro que tuvo un despiste pero se quiso ocultar la desconexión de los sistemas de seguridad y otras negligencias”, ha zanjado.

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“Prisas y presiones” en el accidente del Alvia

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, recibirá próximamente a las víctimas del accidente ferroviario del Alvia en Angrois (Santiago de Compostela), que ayer comparecieron en la comisión de investigación abierta en el Congreso de los Diputados sobre el descarrilamiento del tren que causó 80 muertos y más de 140 heridos. Fuentes de Fomento aseguran que el ministro recibirá a las asociaciones de víctimas de Angrois en el ministerio “en los próximos días”, cuando está a punto de cumplirse cinco años del siniestro, ocurrido el 24 de julio de 2013.

La víctimas han criticado las mentiras vertidas por responsables políticos sobre el accidente y han señalado que la comisión parlamentaria debe servir para establecer responsabilidades políticas, separando éstas del curso judicial de este caso en un juzgado en Santiago de Compostela. Según ha explicado el presidente de la plataforma, Jesús Domínguez, el accidente ferroviario se produjo por una “concatenación de errores” entre “prisas y presiones” y como muestra ha señalado que se puso en marcha la línea sin el análisis de riesgo. Sin embargo, Domínguez ha puesto el acento en la falta de “depuración de responsabilidades”, ya que entiende que los responsables políticos han engañado a la sociedad. En especial ha criticado que desde Fomento no se catalogara la línea como Alta Velocidad, se indicara que había sistemas de seguridad cuando se encontraban desconectados o que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que se inscribe en Fomento, estuviera formado por las propias instituciones implicadas en el siniestro.

“Nadie ha colaborado, ni nadie ha dimitido. Esa es la responsabilidad política. En vez de asumirla luego les hemos tenido de presidenta del Congreso, de ministro de Justicia o de eurodiputado”, ha señalado, en referencia a la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor; al entonces secretario de Estado Rafael Catalá, que posteriormente ocupó el Ministerio de Justicia, o José Blanco, exministro de Fomento socialista y actual eurodiputado. Al tiempo, ha recalcado que las víctimas no confunden esta crítica con el transcurrir del caso en los tribunales. “Son más estas mentiras, estas ocultaciones”, ha subrayado Domínguez sobre las reivindicaciones de las víctimas separando esta comisión del caso judicial.

Cristina Liras, ante la pregunta de la diputada de En Marea, Alexandra Fernández, sobre el trato recibido por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, ha denunciado las “patadas” que ha dado a las víctimas y se ha detenido en la “hipocresía” y “pamema”, que a su juicio fue la entrega de las medallas de oro de Galicia en 2014 a unas víctimas del Alvia, mientras se producía una protesta en los aledaños de la Ciudad de la Cultura de Santiago.

La comisión de investigación del accidente del Alvia, constituida hace casi tres meses, acogió las comparecencias de Jesús Domínguez La Rosa, presidente de la Plataforma Víctimas Alvia 04155; de Cristina Liras Llorente, vocal de la Plataforma; y de Concepción Díaz Andrés, de la Asociación de Perjudicados por el Accidente. Irán seguidas hoy de Carmen Jiménez Berrocal, directora de la Oficina de Atención a Víctimas de Renfe; de Francisco José Garzón Amo, el maquinista del tren siniestrado; y Antonio Martín Marugán, el interventor del convoy. La comisión se reunirá al menos una vez a la semana y contará con un total de 49 comparecencias para esclarecer las causas del accidente ferroviario de Santiago.

El tren Alvia que efectuaba el recorrido entre Madrid y Ferrol descarriló en una curva al aproximarse a la capital gallega a las 20.41 horas del 24 de julio de 2013 cuando circulaba a 179 kilómetros por hora, según las cajas negras de la locomotora, pese a que el límite establecido era de 80 kilómetros por hora. El exceso de velocidad fue considerado como la principal causa del descarrilamiento, del que todavía está en fase de instrucción el proceso judicial para determinar los responsables de esa tragedia ferroviaria, una de las mayores de España. El maquinista, que frenó solo unos segundos antes del descarrilamiento, es el principal encausado junto con el exdirector de seguridad en la circulación de Adif Andrés Cortabitarte.

El accidente de Angrois, al Congreso

El maquinista y el interventor del tren Alvia, que descarriló en julio de 2013 en las afueras de Santiago, accidente en el que murieron ochenta personas, han sido citados la próxima semana ante una comisión del Congreso de los Diputados que investiga el siniestro. Francisco José Garzón y Antonio Martín Marugón acudirán el próximo miércoles ante la comisión, junto a la directora de la oficina de atención a víctimas del operador ferroviario Renfe, Carmen Jiménez, y a representantes de asociaciones de víctimas, según el calendario divulgado.

La comisión iniciará su sesión el martes próximo con la comparecencia de los responsables de asociaciones de víctimas y familiares de los siniestrados, ya que además de los ochenta muertos, otro centenar y medios de pasajeros resultaron heridos de diversa consideración, y proseguirá el miércoles con la intervención de los tripulantes del convoy.

El tren Alvia que efectuaba el recorrido entre Madrid y Ferrol descarriló en una curva al aproximarse a la capital gallega a las 20.41 horas del 24 de julio de 2013 cuando circulaba a 179 kilómetros por hora, según las cajas negras de la locomotora, pese a que el límite establecido era de 80 kilómetros por hora. El exceso de velocidad es considerado como la principal causa del descarrilamiento, del que todavía está en fase de instrucción el proceso judicial para determinar los responsables de esa tragedia ferroviaria, una de las mayores de España.

El maquinista, que frenó solo unos segundos antes del descarrilamiento, es el principal encausado junto con el ex director de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte. Poco antes del accidente, el conductor recibió una llamada en su teléfono móvil del interventor, que viajaba a bordo del tren y que intentaba facilitar a una familia de pasajeros con hijos que pudiera apearse en Pontedeume.

El Juzgado de instrucción ha cuestionado el cambio en el sistema de control de velocidad por parte de Adif en la curva del accidente, al señalar en un auto en febrero de 2014 que la “transformación” de esa vía en alta velocidad significó un ahorro de “unos minutos” de tiempo de viaje, pero como contrapartida tuvo “un importante aumento del riesgo para la vida de los cientos o miles de personas que utilizan la línea cada día”. Asimismo, puso en entredicho la decisión de “eliminar el sistema ERTMS”, un mecanismo europeo de frenado automático en caso de superar desmesuradamente el limite de velocidad establecido, por el sistema ASFA, que no permitió evitar el trágico accidente.

Cuatro años de la tragedia de Angrois

Hace cuatro años un tren Alvia en el que viajaban 218 personas descarriló en la curva de A Grandeira, a escasos kilómetros de la estación de Santiago. Allí, viajeros, vecinos del barrio de Angrois y otros ciudadanos que junto a los servicios de emergencias se lanzaron a socorrer a las víctimas, vivieron momentos de enorme tensión, con el resultado final de 80 fallecidos y 144 heridos. Una tragedia que se producía a pocas horas de la celebración del día grande del Día de Galicia.

El convoy procedía de Madrid-Chamartín y se dirigía a Ferrol, pero tenía prevista su parada en Compostela minutos antes de las nueve de la noche. Pasadas las 20,40 horas, el exceso de velocidad con el que circulaba el maquinista tras atender una llamada del interventor -que le indicaba por dónde entrar en Pontedeume para que se pudiese bajar una familia- provocó el descarrilamiento.

Este lunes, la comunidad gallega conmemorará el cuarto aniversario del siniestro ferroviario más grave de la democracia española, que se produce en un contexto marcado por dos frentes más claros ahora que nunca en estos últimos cuatro años: el judicial y el político. En los juzgados, al conductor, Francisco Garzón, se le ha unido el exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, al que el juez también atribuye 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave.

Cortabitarte obtuvo la calidad de investigado en la causa en marzo de este año, aunque anteriormente ya había sido imputado por el primer instructor, Luís Aláez, en septiembre de 2013 y en mayo de 2014. En esas dos ocasiones se libró de lo que Aláez le atribuía a él y a otras 21 y 11 personas, respectivamente -todos ellos altos cargos o excargos de Adif-, por la decisión de la Audiencia Provincial. Los mismos magistrados que, sin embargo, el pasado 28 de junio confirmaron la investigación a Cortabitarte por el nuevo juez, Andrés Lago, al ver “indicios de una actuación deficiente, por incompleta y parcial, en la evaluación de riesgos”.

El pasado 4 de abril, el hombre al que Adif ha reubicado en una subdirección de nueva creación -y al que las víctimas del accidente de metro de Valencia cuestionan por su papel como perito en aquel caso- se acogió a su derecho a no declarar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago. Este 27 de julio, tres días después del aniversario, vuelve a estar citado en sede judicial. Algunas fuentes dan por hecho que otra vez optará por no declarar o que, si lo hace, solo responderá a su abogado. Otras fuentes, no obstante, tienen la impresión de que sí intervendrá, algo que creen que preocupa a su letrado, por lo que pueda decir sobre las implicaciones de otros dirigentes o empresas públicas como Renfe.

La conmemoración este 24 de julio se da, además, con un cambio fundamental sobre el tablero político: el PSOE, que en su día votó que no, apoya ahora y de hecho ya ha registrado una petición de comisión de investigación política en el Congreso de los Diputados. La reivindicación, justamente, por la que clama la plataforma de víctimas desde un primer momento, para conocer “la verdad” y que se haga “justicia”, y que le llevó a las calles ya el 17 de diciembre de 2013, precisamente frente a las Cortes.

Podemos y en concreto En Marea -el partido instrumental en el que se integran Anova, Esquerda Unida y la formación morada, que impulsó la iniciativa la pasada legislatura y también esta, pero dio con el veto de la Mesa del Congreso- ya ha mostrado su disposición a votar a favor de la iniciativa socialista, y ni siquiera descarta una actuación conjunta.

La pelota está sobre el tejado de Ciudadanos, del que los afectados quieren saber si volverá a favorecer el veto a esta solicitud en la Mesa, que controla el Partido Popular junto a esta organización. Todo esto se resolverá en septiembre, a la vuelta de las vacaciones de los parlamentarios.

Si el primer aniversario será recordado por la polémica de las Medallas de Galicia a las víctimas y el cambio del día de su entrega al 24 -movimiento en el que estas vieron una utilización política-, el segundo se conmemoró poco antes de que el juez cerrase la causa con el maquinista como único imputado (en octubre de 2015) y el tercero coincidió con la reapertura del caso (en mayo de 2016) y el impulso que supuso el informe de la Agencia Ferroviaria Europea, crítica con la investigación que realizó España del siniestro. Este cuarto año desde el accidente de Angrois será el primero con un cargo de Adif investigado al que ratificó la Audiencia, y también el más cercano a una eventual comisión de investigación en la Cámara Baja.

El presidente de la plataforma de afectados, Jesús Domínguez, cree que es un momento de “sentimientos encontrados”: “La gente está por una parte muy ilusionada y esperanzada, porque parece que ya se empieza a destapar todo; pero, a la vez, ese día, para quien ha perdido a un familiar…”, reflexiona. La sensación entre los afectados es “que se está cambiando el discurso”, puesto que “antes” estaba centrado en la responsabilidad del maquinista y el dinero para indemnizar a las víctimas y “ahora Europa avala” su “lucha” por la “verdad”. Pero, advierte, “no quita para que aún se esté muy lejos” de conocerla.

Después de “tanto sufrimiento”, Domínguez indica que “ya era hora” de contar con “alguna buena noticia”, como el giro de los socialistas, o la carta que acaban de dirigir a la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios). “Que se pongan colorados” los responsables de la seguridad ferroviaria a los que acusan de poner “trabas” a la justicia es algo que, reconoce, también provoca “satisfacción”, e incluso ver que la defensa de Adif es ahora hasta burda, al alegar que los Estados miembro tuvieron “dificultades” en aplicar las normas.

Las víctimas y familiares del Alvia 04155 no olvidan y este lunes conmemorarán el cuarto aniversario del accidente con una marcha por las calles céntricas de Santiago de Compostela. “Justicia y verdad” será la reivindicación de una movilización que afrontan con el ánimo renovado tras el cambio en la causa, tanto político como judicial. La manifestación concluirá en la Plaza del Obradoiro pero partirá de la estación de tren de la capital gallega, una forma con la que los afectados por el accidente quieren hacer visibles la responsabilidad que según ellos tienen Renfe y Adif por la falta de sistemas de seguridad en el propio convoy y en la vía al no tener instalado el mecanismo de seguridad ERTMS, con el que el tren nunca habría llegado tan rápido a la curva de A Grandeira.

¿Recuerdas las inundaciones de 1983 en Bilbao?

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Viernes. 26 de agosto. Un día que jamás olvidaré. Después de 33 años, las imágenes me siguen perseiguiendo y la pesadilla regresa. No fue un sueño. Oucrrió tal día como hoy de hace 33 años. Llueve sobre Bilbao. En realidad, llueve desde hace días. Y se presagia que, de seguir así, la ría puede desbordarse a su paso por Bilbao. A primera hora de la tarde, es algo más que un presentimiento. No deja de llover y el cauce de la ría intimida. La ciudad está inmersa en sus fiestas patronales. Pero en el ambiente flota una sensación de alarma. A las siete de la tarde, la ría se desborda y el agua comienza a entrar por las calles del Casco Viejo.

Las ocho de la tarde. Es pronto, pero el día acaba por confundirse con la noche. Agua por todos los lados. Y sigue lloviendo. La pleamar va a complicar aún más si cabe la situación. La ría baja desbocada. En el recinto festivo de El Arenal, el agua lo barre todo. Y lo peor acaba por llegar. El Nervión se adentra por las calles de la parte baja de la ciudad y tapa el asfalto con un manto de agua. La noche se echa sobre Bilbao, y los estragos de la riada comienzan a hacerse patentes. El barrio de La Peña queda incomunicado; el mercado de La Ribera, inundado por completo; las Siete Calles se unen en una inmensa riada, aislando a unos vecinos que no acaban de creerse lo que ven. El agua arrastra a su paso todo lo que encuentra. Un vecino intenta salir de las Siete Calles agarrándose a las persianas de los comercios. El agua le llega a la cintura, arremete con fuerza y hace su caminar imposible. Otro vecino trata de ayudarle desde una ventana cercana, pero desiste porque el otro se aleja arrastrado por la corriente. Gente angustiada en las ventanas; en los puentes del Nervión, que se ven amenazados por la fuerza de las aguas que rompen contra los pilares con estruendo. El miedo se hace patente en las calles más próximas a la ría. Y, poco a poco, se va contagiando a toda la ciudad sumida en la oscuridad y engullida por un torrente turbio y amenazante. Bilbao se inunda.

La ciudad asiste angustiada al desbordamiento de la ría. El Casco Viejo, El Arenal, el Campo Volantín, la Avenida de las Universidades, Botica Vieja, la Ribera de Deusto, Olabeaga…. El Nervión se adentra en Bilbao y lo abraza con sus turbias aguas, en una avenida inabarcable. No hay calles, sólo inmensos canales de agua. Pero nadie piensa en Venecia. El miedo se ha apoderado de los vecinos de la villa que contemplan petrificados el crecer de las aguas y se asoman a los puentes temerosos de lo que queda por venir. Ahora, sí; ahora, se masca la tragedia.

Esto escribía hace un tiempo, recordando los 25 años de aquella fatídica noche, cuando el lodo se comió Bilbao. La magnitud de la tragedia se pudo apreciar, al día siguiente, cuando la ría volvió a su cauce. El agua se había llevado en Bilbao puentes como el de Bolueta o La Ribera, destrozó edificios en barrios como La Peña o el Peñascal, carreteras y vías de tren, y centenares de comercios y locales del Casco Viejo quedaron anegados.

La estación de Abando sufrió los embates del agua, que anegó y destruyó incluso el archivo de Renfe, donde se custodiaban documentos de casi un siglo y cuarto de historia del ferrocarril. Todo perdido. La Naja y sus trenes quedaron anegados; Atxuri y las insfrastructuras bilbaínas de Euskotren sufrieron también el furor de las aguas. Ocurrió un día como hoy. ¿Cómo olvidar ese trágico día?

FGV detallará los trenes, sistema de seguridad y balizas a la juez que investiga el accidente del metro

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La investigación sigue en curso. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) deberá dar nuevos detalles al juzgado que instruye el accidente más grave del metro de Valencia. La juez reclama a la operadora información sobre el sistema de seguridad automático de control de tráfico, la planimetría del trazado, la ubicación de las balizas y el modelo y características de las unidades que circularon el día del accidente. El 3 de julio de 2006 descarriló un tren de Metrovalencia y provocó la muerte de 43 pasajeros y heridas de diversa consideración a otras 47 personas.

La magistrada del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, requiere todo tipo de detalles sobre la distancia de las balizas en la vía y la finalidad de cada una de ellas, así como información sobre las curvas del trazado donde se produjo la tragedia.

Toda la documentación debe remitirse de inmediato al juzgado y a las partes personadas para que estudien todos los datos técnicos relacionados con el trazado de la Línea 1, con las medidas de seguridad existentes, así como las características y modelos de las unidades ferroviarias”. La magistrada cree que estos datos servirán para agilizar los interrogatorios, que “deberán centrarse en otros extremos ajenos a los incorporados documentalmente”.

La magistrada ha emitido una segunda providencia a FGV sobre el cambio de las ventanas de origen de la UTA siniestrada. La juez reclama el proyecto de ingeniería relativo al citado cambio de ventanas, y de existir, la homologación del cambio de cristales. También quiere que la operadora aporte las instrucciones técnicas facilitadas al taller relativas al montaje y colocación de los nuevos cristales y la formación facilitada a los operarios responsables de la ejecución del cambio de ventanas.

FGV deberá entregar toda la documentación que custodie sobre el plan de mantenimiento de la línea 1 de metro en la fecha del accidente e identifique nominalmente a la persona responsable que elaboró o validó el proyecto, así como la persona responsable de su cumplimiento. Igualmente FGV tendrá que identificar el departamento y las personas responsables que recibían y valoraban las lecturas de las balizas instaladas para programar y regular el tráfico ferroviario de la línea 1. La lista deberá detallar también el departamento y las personas responsables del funcionamiento, organización y gestión del tráfico ferroviario de la línea 1 entre el 1 de enero de 2006 y 3 de julio de 2006.

La magistrada requiere que se acredite documentalmente la relación de mantenimientos, revisiones, reparaciones, programaciones y todo tipo de actuaciones realizadas desde su puesta en funcionamiento sobre la baliza 1680 instalada en el trayecto de la línea 1 del metro entre las estaciones de Plaza de España y Jesús.

Argentina sienta en el banquillo a los acusados de la mayor tragedia ferroviaria de su historia

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Argentina sienta en el banquillo a dos exaltos cargos del Gobierno de Cristina Fernández en el inicio del juicio por uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia del país, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos en una concurrida estación de Buenos Aires en febrero de 2012. En la causa que investiga “delitos de descarrilamiento culposo, agravado por muerte y defraudación”, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 deberá determinar si el accidente ocurrido en la estación de Once se debió a la negligencia del conductor o si también hay responsabilidad del Estado y la empresa concesionaria del transporte por no controlar las condiciones del servicio. El juicio está previsto que dure al menos un año y deben declarar unos 350 testigos ante los jueces Jorge Alberto Tassara, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini.

En el banquillo de los acusados se sentaron los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, que serán juzgados por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entre los otros 27 procesados se encuentra el maquinista del tren, Marcos Antonio Córdoba, quien declaró que el convoy se quedó sin frenos, aunque dos estudios técnicos concluyeron después que el sistema de frenado funcionaba correctamente. “Estoy convencido de que fue una negligencia por acción u omisión del maquinista, porque la pregunta es una: ¿si hubiera frenado hubiera ocurrido? No”, sostuvo Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la querella, a la entrada del tribunal.

Los familiares de las víctimas acudieron a esta primera sesión con carteles que pedían “Ju5t1cia” y camisetas con las fotos de los fallecidos en el siniestro. “Nosotros siempre venimos a pedir justicia porque queremos que realmente esto sea no solamente de nosotros sino para el estado nacional, para el país, para que haya paz y se tome en cuenta que no se puede manejar un país de esa manera, con corrupción”, explicó Andrés Garzón, padre de la fallecida Mónica Garzón. “Ahora hay ofrecimientos del Estado pero me parece que, por lo menos mi hijo, no tiene precio. Lo que queremos es justicia. Hace dos años que estamos para esto y vamos a seguir hasta el final”, relató Carlos Bustamante, padre de Federico Bustamante, otra de las víctimas.

La Justicia también acusa a los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), que tenía la concesión ferroviaria de la línea siniestrada, de presunta “asociación ilícita” y “descarrilamiento de un tren agravado”. Dos grupos de querellantes se retiraron tras acordar a última hora una indemnización con TBA, a través de un convenio extrajudicial de carácter confidencial. “(Este acuerdo) no me agrada demasiado porque a último momento, a 24 horas de empezar el juicio, se desarmaron los grupos, es algo malicioso desde mi punto de vista”, manifestó Garzón.

La llamada “tragedia de Once” se produjo el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento se empotró contra un andén de la estación porteña de Once, en la hora punta de la mañana. En la etapa de investigación, la Justicia concluyó que el servicio de la línea Sarmiento, que une la capital argentina con la zona oeste del Gran Buenos Aires, se prestaba con “graves deficiencias” por parte de TBA y que los funcionarios del área de Transporte no tomaron ninguna medida al respecto.

Seis días después del siniestro, el Gobierno argentino intervino TBA y más tarde le retiró la licencia de explotación de esa línea, que opera actualmente bajo gestión estatal. En junio del pasado año, la línea Sarmiento fue escenario de un nuevo accidente que dejó tres muertos y más de 300 heridos al chocar dos trenes en las cercanías de la localidad de Castelar, unos 20 kilómetros al oeste de Buenos Aires. Además de la causa por el accidente, otro juez, Sebastián Ramos, investiga el destino de los millonarios subsidios que el Estado pagaba a TBA.

Un triste aniversario: un árbol de Navidad recuerda la tragedia de julio en Angrois

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Cinco meses. Un triste aniversario para una fecha feliz. Un árbol navideño, con sus luces y lazos, honra en Angrois a las víctimas de la tragedia del Alvia. En Nochebuena, se cumplen cinco meses del descarrilamiento del convoy que el pasado 24 de julio truncó decenas de vidas y rompió por la mitad otras tantas. Y los vecinos no olvidan. Todo lo contrario. La normalidad va recuperándose en este barrio compostelano, y sus residentes, testigos y protagonistas sin querer de un suceso que los ha convertido en noticia mundial, tratan de olvidar los tristes momentos vividos durante estos últimos meses.

Francisco José Garzón Amo, el maquinista, un hombre que gozaba de un expediente intachable, es ahora mismo el único imputado después de que la Audiencia Provincial de A Coruña exonerase a los miembros del consejo de administración del gestor ferroviario Adif y a los cinco técnicos responsables de la seguridad en la circulación. El auto con el que el órgano de apelación levantó la imputación de estos cargos supuso que la instrucción judicial retornase al punto en el que se encontraba a los cuatro días del suceso, con el conductor, -que no redujo la velocidad-, acusado de un homicidio imprudente.

No obstante, no se cierra la puerta a que se siga investigando para comprobar si en ese tramo, con una reducción drástica de 200 a 80 kilómetros por hora, se necesitaban medidas adicionales de seguridad y así se determina por consenso técnico, puesto que en caso contrario tal apreciación es “prematura y carente de base suficiente”.

En Monforte de Lemos (Lugo) es difícil encontrar a alguien que no se compadezca de Garzón, un hombre que nació allí y del que dicen que siempre fue “divertido, alegre, responsable” y con una sonrisa perenne. Quienes lo conocen piden que se analicen bien las causas. El maquinista ha declarado sentirse engañado por casi todos, pero confía en la investigación del magistrado instructor Luis Aláez. Garzón recibe ayuda psicológica para superar en lo posible el trauma de un siniestro con toda su crudeza. Esa fatídica jornada tomó el mando del vehículo en Ourense. Nadie sabría su nombre si la tragedia no llevara el sello de su nomnbre. Y ahí sigue el recuerdo, imborrable aún.

Los ecos del accidente se van apagando. Pero la plataforma de víctimas Alvia 04155 demanda la constitución de una comisión parlamentaria que investigue el suceso y lleve su voz a la calle. Todo para que no se olvide lo que sucedió ese 24 de julio… solo hace cinco meses.

El trágico accidente de tren en Argentina precipita el relevo en la secretaría de Transporte

Era de esperar. El clamor popular reclamaba una respuesta ante la tragedia. La presidenta argentina, Cristina Fernández, designó ayer un nuevo secretario de Transportes, tal como había pedido la oposición e incluso un sector del oficialismo, tras la tragedia ferroviaria que dejó 51 muertos y en medio de un polémico debate sobre el transporte público en el país. Alejandro Ariel Ramos, un intendente municipal de 36 años, sustituirá a Juan Pablo Schiavi, que renunció al cargo mediante una carta dirigida a la presidenta en la que adujo “estrictas razones de salud” para dejar su cargo.

Schiavi recordó en su carta que aún convalece de la angioplastia a la que fue sometido la pasada semana y que requerirá de 60 días de reposo. Su sucesor, un auténtico desconocido para la mayoría de los argentinos, es un abogado, kirchnerista, de la confianza del ministro de Planificación, Julio De Vido, considerado hasta ahora uno de los hombres fuertes del Gobierno de Fernández. Ramos fue reelegido el pasado octubre como intendente municipal de Granadero Baigorria, en la provincia de Santa Fe (centro), y pedirá excedencia para asumir su nueva función.

Fernández ha acometido el relevo en Transportes catorce días después del accidente de tren que dejó medio centenar de muertos y más de 700 heridos en Buenos Aires y que se convirtió en una de las mayores tragedias ferroviarias del país. La oposición y un sector del oficialismo habían pedido el cese de Schiavi por unas polémicas declaraciones en las que atribuyó la magnitud del siniestro a la costumbre de los viajeros de copar los primeros vagones y comentó que si hubiera ocurrido en festivo se habría reducido el número de víctimas.

El ya exsecretario tiene prohibido salir del país por orden del juez que investiga las responsabilidades del siniestro, Claudio Bonadío, y que ha aceptado la petición del Gobierno de presentarse como querellante en el proceso judicial.

El accidente, que destapó las graves deficiencias del transporte colectivo y la falta de control del Estado sobre el servicio concesionado, ha desgastado la figura de la presidenta, que tardó cinco días en comparecer en público para hablar del siniestro y seis en intervenir Trenes de Buenos Aires (TBA), la empresa concesionaria de la línea accidentada. TBA, propiedad de los hermanos Cirigliano, es uno de los grupos de transporte más poderosos del país y su nombre se relacionó con el exsecretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime, antecesor de Schiavi, y hoy investigado por presunta corrupción.

Medios locales sostienen que las encuestas que se manejaron en el entorno de la Presidencia días después del accidente arrojaron una caída en la imagen de Fernández y un malestar generalizado por el manejo de la tragedia. En medio de la polémica por las pésimas condiciones del servicio ferroviario tras el siniestro, la presidenta se enzarzó en un enfrentamiento con el alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, por la responsabilidad sobre la red de metro (‘subte’) de la ciudad. Fernández ha llevado ante la justicia a Macri por romper unilateralmente un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la administración municipal el pasado enero para que el Ayuntamiento asumiera la gestión del metro.

El conflicto estalló el lunes, cuando el jefe de Gobierno porteño renunció a asumir la transferencia del servicio de metro, utilizado a diario por más de un millón de usuarios en Buenos Aires, y ha reclamado para su gestión más inversiones y fondos públicos. La polémica entre ambas administraciones ha llegado a tal punto que Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Argentina, hizo el martes un llamamiento a la “madurez política e institucional”.

Informaciones periodísticas sacan a la luz en Valencia revelaciones sobre la peor tragedia de la historia del metro

“¿Qué pasa en la Comunidad Valenciana para que mueran 43 personas y nadie salvo las víctimas exijan responsabilidades al gobierno?”. La pregunta ha machacado mil y una veces el cerebro de los afectados por la tragedia del 3 de julio de 2006 en Valencia. Se trata de la peor tragedia que ha vivido el metro en España. Un grave accidente, al parecer provocado por la excesiva velocidad del convoy, ocasionó la muerte a 43 pasajeros y medio centenar resultó con heridas.

Cinco años más tarde, cuando las heridas siguen sin cerrarse, una información aparecida en El Mundo vuelve a sacar a la luz la tragedia. Al parecer, según el relato periodístico publicado ayer, se denuncia una posible estrategia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ( FGV ) para “aleccionar a los técnicos y hacer creer en el Parlamento valenciano que el accidente fue inevitable”. La dirección de FGV contrató los servicios de un equipo de profesional de consultoría para aleccionar a los técnicos que debían comparecer en la comisión que investiga el siniestro. El objetivo era, según El Mundo, que todos defendieran sin fisuras que el siniestro fue simplemente eso: un accidente. La reacción no se ha hecho esperar.

Toda la oposición y los familiares de las víctimas solicitan la convocatoria de una comisión parlamentaria que vuelva a examinar los hechos de aquel dramático día. “La presión social no les habría permitido dar carpetazo” a la investigación del accidente, aseguran los afectados por la tragedia. “La gente es hoy más consciente de que todo fue una gran mentira, una vergüenza”, considera Beatriz Garrote, quien aspira a que algún día se sepa al menos la verdad. “Perder ya lo perdimos todo”, afirma. “No entendemos la acción de los sindicatos que no se personaron en la causa como acción particular ni hicieron nada mientras coaccionaban a trabajadores, algunos de FGV”, ni tampoco que el PP “obtuviera dos mayorías absolutas y no les perjudicara

La portavoz adjunta del PSPV en Les Corts, Carmen Ninet, ha exigido la reapertura de la comisión de investigación del accidente porque la comisión celebrada fue “una pantomima para tapar la verdad”. El paso del tiempo “no tapa las responsabilidades políticas del accidente de metro más trágico de la historia de España”, por lo que continúa el “compromiso” de su formación con las víctimas y sus familiares. Exigiremos responsabilidades a los que mintieron en este grave asunto y que vuelvan a Les Corts para decir toda la verdad”, ha concluido.

También Esquerra Unida (EUPV) ha reclamado la reapertura “inmediata” de la comisión de investigación en Les Corts. “Si estos hechos se demuestran, no sólo son de una gravedad inconmensurable, sino que dejan patente la miseria moral de la que fue capaz el PP para darle carpetazo a una de las mayores tragedias ocurridas en Valencia”, ha aseverado Sanz en un comunicado. Según ha recordado la portavoz, su formación ya ha pedido en reiteradas ocasiones que la gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ( FGV ), Marisa Gracia, “investigada por la Fiscalía por alterar informes para beneficiar contrataciones, dimita. “Ante estos hechos, esperamos que se piense por primera vez en las víctimas del accidente y en sus familiares, así como en el resto de ciudadanos que durante más de cinco años hemos sufrido la deshonra de una administración inmoral, mentirosa y absolutamente miserable”, ha concluido.

En la asociación habían recibido correos anónimos y alguna que otra confesión de trabajadores de FGV sobre el aleccionamiento a los técnicos que participaron en la comisión parlamentaria, pero “no eran más que rumores”. Ahora se confirma que “nunca llegaron a investigar las causas del accidente y que el dinero de todos los ciudadanos no se destinaba a medidas de seguridad sino a tapar las verdades de la investigación”, lamenta Beatriz Garrote.
Las Asociación de Victimas del accidente de metro del 3 de julio de 2006 (AV3J) se reunió en octubre con el president de la Generalitat, Alberto Fabra para reclamar una nueva comisión de investigación sobre posibles “fallos de seguridad” en aquel incidente, si bien el Consell se negó a aceptarla. A la vista de las nuevas informaciones, es probable que se pueda volver a reabrir una nueva investigación.