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Argentina sienta en el banquillo a los acusados de la mayor tragedia ferroviaria de su historia

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Argentina sienta en el banquillo a dos exaltos cargos del Gobierno de Cristina Fernández en el inicio del juicio por uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia del país, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos en una concurrida estación de Buenos Aires en febrero de 2012. En la causa que investiga “delitos de descarrilamiento culposo, agravado por muerte y defraudación”, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 deberá determinar si el accidente ocurrido en la estación de Once se debió a la negligencia del conductor o si también hay responsabilidad del Estado y la empresa concesionaria del transporte por no controlar las condiciones del servicio. El juicio está previsto que dure al menos un año y deben declarar unos 350 testigos ante los jueces Jorge Alberto Tassara, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini.

En el banquillo de los acusados se sentaron los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, que serán juzgados por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entre los otros 27 procesados se encuentra el maquinista del tren, Marcos Antonio Córdoba, quien declaró que el convoy se quedó sin frenos, aunque dos estudios técnicos concluyeron después que el sistema de frenado funcionaba correctamente. “Estoy convencido de que fue una negligencia por acción u omisión del maquinista, porque la pregunta es una: ¿si hubiera frenado hubiera ocurrido? No”, sostuvo Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la querella, a la entrada del tribunal.

Los familiares de las víctimas acudieron a esta primera sesión con carteles que pedían “Ju5t1cia” y camisetas con las fotos de los fallecidos en el siniestro. “Nosotros siempre venimos a pedir justicia porque queremos que realmente esto sea no solamente de nosotros sino para el estado nacional, para el país, para que haya paz y se tome en cuenta que no se puede manejar un país de esa manera, con corrupción”, explicó Andrés Garzón, padre de la fallecida Mónica Garzón. “Ahora hay ofrecimientos del Estado pero me parece que, por lo menos mi hijo, no tiene precio. Lo que queremos es justicia. Hace dos años que estamos para esto y vamos a seguir hasta el final”, relató Carlos Bustamante, padre de Federico Bustamante, otra de las víctimas.

La Justicia también acusa a los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), que tenía la concesión ferroviaria de la línea siniestrada, de presunta “asociación ilícita” y “descarrilamiento de un tren agravado”. Dos grupos de querellantes se retiraron tras acordar a última hora una indemnización con TBA, a través de un convenio extrajudicial de carácter confidencial. “(Este acuerdo) no me agrada demasiado porque a último momento, a 24 horas de empezar el juicio, se desarmaron los grupos, es algo malicioso desde mi punto de vista”, manifestó Garzón.

La llamada “tragedia de Once” se produjo el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento se empotró contra un andén de la estación porteña de Once, en la hora punta de la mañana. En la etapa de investigación, la Justicia concluyó que el servicio de la línea Sarmiento, que une la capital argentina con la zona oeste del Gran Buenos Aires, se prestaba con “graves deficiencias” por parte de TBA y que los funcionarios del área de Transporte no tomaron ninguna medida al respecto.

Seis días después del siniestro, el Gobierno argentino intervino TBA y más tarde le retiró la licencia de explotación de esa línea, que opera actualmente bajo gestión estatal. En junio del pasado año, la línea Sarmiento fue escenario de un nuevo accidente que dejó tres muertos y más de 300 heridos al chocar dos trenes en las cercanías de la localidad de Castelar, unos 20 kilómetros al oeste de Buenos Aires. Además de la causa por el accidente, otro juez, Sebastián Ramos, investiga el destino de los millonarios subsidios que el Estado pagaba a TBA.

Un triste aniversario: un árbol de Navidad recuerda la tragedia de julio en Angrois

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Cinco meses. Un triste aniversario para una fecha feliz. Un árbol navideño, con sus luces y lazos, honra en Angrois a las víctimas de la tragedia del Alvia. En Nochebuena, se cumplen cinco meses del descarrilamiento del convoy que el pasado 24 de julio truncó decenas de vidas y rompió por la mitad otras tantas. Y los vecinos no olvidan. Todo lo contrario. La normalidad va recuperándose en este barrio compostelano, y sus residentes, testigos y protagonistas sin querer de un suceso que los ha convertido en noticia mundial, tratan de olvidar los tristes momentos vividos durante estos últimos meses.

Francisco José Garzón Amo, el maquinista, un hombre que gozaba de un expediente intachable, es ahora mismo el único imputado después de que la Audiencia Provincial de A Coruña exonerase a los miembros del consejo de administración del gestor ferroviario Adif y a los cinco técnicos responsables de la seguridad en la circulación. El auto con el que el órgano de apelación levantó la imputación de estos cargos supuso que la instrucción judicial retornase al punto en el que se encontraba a los cuatro días del suceso, con el conductor, -que no redujo la velocidad-, acusado de un homicidio imprudente.

No obstante, no se cierra la puerta a que se siga investigando para comprobar si en ese tramo, con una reducción drástica de 200 a 80 kilómetros por hora, se necesitaban medidas adicionales de seguridad y así se determina por consenso técnico, puesto que en caso contrario tal apreciación es “prematura y carente de base suficiente”.

En Monforte de Lemos (Lugo) es difícil encontrar a alguien que no se compadezca de Garzón, un hombre que nació allí y del que dicen que siempre fue “divertido, alegre, responsable” y con una sonrisa perenne. Quienes lo conocen piden que se analicen bien las causas. El maquinista ha declarado sentirse engañado por casi todos, pero confía en la investigación del magistrado instructor Luis Aláez. Garzón recibe ayuda psicológica para superar en lo posible el trauma de un siniestro con toda su crudeza. Esa fatídica jornada tomó el mando del vehículo en Ourense. Nadie sabría su nombre si la tragedia no llevara el sello de su nomnbre. Y ahí sigue el recuerdo, imborrable aún.

Los ecos del accidente se van apagando. Pero la plataforma de víctimas Alvia 04155 demanda la constitución de una comisión parlamentaria que investigue el suceso y lleve su voz a la calle. Todo para que no se olvide lo que sucedió ese 24 de julio… solo hace cinco meses.

El trágico accidente de tren en Argentina precipita el relevo en la secretaría de Transporte

Era de esperar. El clamor popular reclamaba una respuesta ante la tragedia. La presidenta argentina, Cristina Fernández, designó ayer un nuevo secretario de Transportes, tal como había pedido la oposición e incluso un sector del oficialismo, tras la tragedia ferroviaria que dejó 51 muertos y en medio de un polémico debate sobre el transporte público en el país. Alejandro Ariel Ramos, un intendente municipal de 36 años, sustituirá a Juan Pablo Schiavi, que renunció al cargo mediante una carta dirigida a la presidenta en la que adujo “estrictas razones de salud” para dejar su cargo.

Schiavi recordó en su carta que aún convalece de la angioplastia a la que fue sometido la pasada semana y que requerirá de 60 días de reposo. Su sucesor, un auténtico desconocido para la mayoría de los argentinos, es un abogado, kirchnerista, de la confianza del ministro de Planificación, Julio De Vido, considerado hasta ahora uno de los hombres fuertes del Gobierno de Fernández. Ramos fue reelegido el pasado octubre como intendente municipal de Granadero Baigorria, en la provincia de Santa Fe (centro), y pedirá excedencia para asumir su nueva función.

Fernández ha acometido el relevo en Transportes catorce días después del accidente de tren que dejó medio centenar de muertos y más de 700 heridos en Buenos Aires y que se convirtió en una de las mayores tragedias ferroviarias del país. La oposición y un sector del oficialismo habían pedido el cese de Schiavi por unas polémicas declaraciones en las que atribuyó la magnitud del siniestro a la costumbre de los viajeros de copar los primeros vagones y comentó que si hubiera ocurrido en festivo se habría reducido el número de víctimas.

El ya exsecretario tiene prohibido salir del país por orden del juez que investiga las responsabilidades del siniestro, Claudio Bonadío, y que ha aceptado la petición del Gobierno de presentarse como querellante en el proceso judicial.

El accidente, que destapó las graves deficiencias del transporte colectivo y la falta de control del Estado sobre el servicio concesionado, ha desgastado la figura de la presidenta, que tardó cinco días en comparecer en público para hablar del siniestro y seis en intervenir Trenes de Buenos Aires (TBA), la empresa concesionaria de la línea accidentada. TBA, propiedad de los hermanos Cirigliano, es uno de los grupos de transporte más poderosos del país y su nombre se relacionó con el exsecretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime, antecesor de Schiavi, y hoy investigado por presunta corrupción.

Medios locales sostienen que las encuestas que se manejaron en el entorno de la Presidencia días después del accidente arrojaron una caída en la imagen de Fernández y un malestar generalizado por el manejo de la tragedia. En medio de la polémica por las pésimas condiciones del servicio ferroviario tras el siniestro, la presidenta se enzarzó en un enfrentamiento con el alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, por la responsabilidad sobre la red de metro (‘subte’) de la ciudad. Fernández ha llevado ante la justicia a Macri por romper unilateralmente un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la administración municipal el pasado enero para que el Ayuntamiento asumiera la gestión del metro.

El conflicto estalló el lunes, cuando el jefe de Gobierno porteño renunció a asumir la transferencia del servicio de metro, utilizado a diario por más de un millón de usuarios en Buenos Aires, y ha reclamado para su gestión más inversiones y fondos públicos. La polémica entre ambas administraciones ha llegado a tal punto que Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Argentina, hizo el martes un llamamiento a la “madurez política e institucional”.

Informaciones periodísticas sacan a la luz en Valencia revelaciones sobre la peor tragedia de la historia del metro

“¿Qué pasa en la Comunidad Valenciana para que mueran 43 personas y nadie salvo las víctimas exijan responsabilidades al gobierno?”. La pregunta ha machacado mil y una veces el cerebro de los afectados por la tragedia del 3 de julio de 2006 en Valencia. Se trata de la peor tragedia que ha vivido el metro en España. Un grave accidente, al parecer provocado por la excesiva velocidad del convoy, ocasionó la muerte a 43 pasajeros y medio centenar resultó con heridas.

Cinco años más tarde, cuando las heridas siguen sin cerrarse, una información aparecida en El Mundo vuelve a sacar a la luz la tragedia. Al parecer, según el relato periodístico publicado ayer, se denuncia una posible estrategia de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ( FGV ) para “aleccionar a los técnicos y hacer creer en el Parlamento valenciano que el accidente fue inevitable”. La dirección de FGV contrató los servicios de un equipo de profesional de consultoría para aleccionar a los técnicos que debían comparecer en la comisión que investiga el siniestro. El objetivo era, según El Mundo, que todos defendieran sin fisuras que el siniestro fue simplemente eso: un accidente. La reacción no se ha hecho esperar.

Toda la oposición y los familiares de las víctimas solicitan la convocatoria de una comisión parlamentaria que vuelva a examinar los hechos de aquel dramático día. “La presión social no les habría permitido dar carpetazo” a la investigación del accidente, aseguran los afectados por la tragedia. “La gente es hoy más consciente de que todo fue una gran mentira, una vergüenza”, considera Beatriz Garrote, quien aspira a que algún día se sepa al menos la verdad. “Perder ya lo perdimos todo”, afirma. “No entendemos la acción de los sindicatos que no se personaron en la causa como acción particular ni hicieron nada mientras coaccionaban a trabajadores, algunos de FGV”, ni tampoco que el PP “obtuviera dos mayorías absolutas y no les perjudicara

La portavoz adjunta del PSPV en Les Corts, Carmen Ninet, ha exigido la reapertura de la comisión de investigación del accidente porque la comisión celebrada fue “una pantomima para tapar la verdad”. El paso del tiempo “no tapa las responsabilidades políticas del accidente de metro más trágico de la historia de España”, por lo que continúa el “compromiso” de su formación con las víctimas y sus familiares. Exigiremos responsabilidades a los que mintieron en este grave asunto y que vuelvan a Les Corts para decir toda la verdad”, ha concluido.

También Esquerra Unida (EUPV) ha reclamado la reapertura “inmediata” de la comisión de investigación en Les Corts. “Si estos hechos se demuestran, no sólo son de una gravedad inconmensurable, sino que dejan patente la miseria moral de la que fue capaz el PP para darle carpetazo a una de las mayores tragedias ocurridas en Valencia”, ha aseverado Sanz en un comunicado. Según ha recordado la portavoz, su formación ya ha pedido en reiteradas ocasiones que la gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ( FGV ), Marisa Gracia, “investigada por la Fiscalía por alterar informes para beneficiar contrataciones, dimita. “Ante estos hechos, esperamos que se piense por primera vez en las víctimas del accidente y en sus familiares, así como en el resto de ciudadanos que durante más de cinco años hemos sufrido la deshonra de una administración inmoral, mentirosa y absolutamente miserable”, ha concluido.

En la asociación habían recibido correos anónimos y alguna que otra confesión de trabajadores de FGV sobre el aleccionamiento a los técnicos que participaron en la comisión parlamentaria, pero “no eran más que rumores”. Ahora se confirma que “nunca llegaron a investigar las causas del accidente y que el dinero de todos los ciudadanos no se destinaba a medidas de seguridad sino a tapar las verdades de la investigación”, lamenta Beatriz Garrote.
Las Asociación de Victimas del accidente de metro del 3 de julio de 2006 (AV3J) se reunió en octubre con el president de la Generalitat, Alberto Fabra para reclamar una nueva comisión de investigación sobre posibles “fallos de seguridad” en aquel incidente, si bien el Consell se negó a aceptarla. A la vista de las nuevas informaciones, es probable que se pueda volver a reabrir una nueva investigación.