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Euskadi exige una red mixta

Preocupación en el Gobierno vasco ante las dos alternativas anunciadas por De la Serna para conectar Burgos y Vitoria por alta velocidad. Según argumenta el ministro, ambas son más económicass y acortarán el tiempo de recorrido. La solución no convence al Ejecutivo autónomo. La consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha remitido una carta al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la que le pide que reconsidere el proyecto e incluya en el mismo el transporte de mercancías.

El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, ya denunció que entre las deficiencias de estas dos alternativas figura que contemplan el transporte de pasajeros, pero no el de mercancías. Además no garantizan la conexión con la futura plataforma intermodal de Júndiz (Vitoria). Ahora la consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapi, insisteo en que el proyecto tiene “un punto débil muy importante”, aunque considera una “buena noticia” que Fomento baraje el año 2.023 para la entrada en funcionamiento del tramo Burgos-Vitoria. Tapia exige por carta al ministro que la infraestructura contemple también el transporte de mercancías, vital para el desarrollo ferroviario del Eje Atlántico y recuerda que el Gobierno vasco siempre ha defendido que la red sea mixta.

La consejeras señala que si se está trabajando para que en Júndiz haya una plataforma intermodal que dé servicio a las mercancías entre Vitoria “y más allá de París” y para que haya una terminal de mercancías en la zona logística de Arasur, no se entiende que la red sea solo de ancho ibérico. “Debería tener también el ancho UIC (europeo) para poder llegar hasta Portugal”, indica Tapia. La dirigente vasca defiende la correcta conexión y compatibilidad de la infraestructura con Júndiz y la terminal ferroviaria de Arasur con los dos anchos de vía. Aclara que la Y vasca’ garantiza la conexión de Euskadi con Europa en ancho UIC tanto para viajeros como para mercancías, pero el Gabinete que dirige Urkull pide que esta funcionalidad se extienda a todo el corredor atlántico.

La consejera precisa que ahora es el “momento adecuado” para que el estudio informativo, que aún no se ha desarrollado, tenga en consideración la variante de mercancías. “Estamos a tiempo y esperamos que sea corregido”, reitera. No quiere analizar si en las alternativas de Fomento hay olvido o intencionalidad, pero recuerda que en el conjunto del Estado siempre se ha dado prioridad a las infraestructuras para pasajeros “y eso es un proyecto parcial”.

El Gobierno vasco pretende que todo el corredor atlántico tenga los dos anchos de vía lo que permitirá que la carga de mercancías ferroviaria pueda llegar desde Portugal hasta Francia y el resto de Europa. Tapia concreta que la conexión con la terminal de Arasur quedaría garantizada aunque no transcurriese la red de Alta Velocidad exactamente por ese emplazamiento. Destaca que en el Ministerio de Fomento ha habido voluntad para arreglar algunos de los problemas que había con respecto a la ‘Y ferroviaria vasca’ y confía en que en este trazado entre Burgos y Vitoria también haya esa misma postura para solucionar el problema.

El objetivo de Euskadi es que el tráfico de mercancías por ferrocarril, que ahora está entre el 4% y el 6% del total de este tipo de transporte, alcance como mínimo el 10%, algo que reduciría el tránsito de camiones por las carreteras y la contaminación.

Renfe invierte menos en su parque

Renfe-Operadora ha invertido en material rodante para circular por líneas de alta velocidad entre los años 2011 y 2016 un total de 285,6 millones de euros, pero más de la mitad de esa inversión se realizó en el año 2011, cuando el total de gasto por este concepto ascendió a 171,7 millones de euros. Fomento dice que no se puede precisar la inversión en cada línea, ya que una serie de material rodante puede circular por diferentes líneas y no todo el material que circula por una línea es de la misma serie. El ministerio detalla que existen diferentes factores que condicionan la inversión que mejor se adapta a la línea y a la oferta, como la disponibilidad del material ligada a sus necesidades de mantenimiento, la política comercial del operador en cuanto al número de plazas ofertadas que puede variar dependiendo de la época del año o del día de la semana o el propio estado de la infraestructura.

El Gobierno responde al diputado socialista Miguel Ángel Heredia que la inversión en material rodante por parte de Renfe fue decreciendo desde 2011 (171,7 millones) durante todos los años sucesivos, gastando en los siguientes cinco años apenas 114 millones. Así, en 2012 se invirtieron 51,5 millones de euros; en 2013, 28,7 millones; en 2014, 16,3 millones; en 2015, 9,1 millones y en 2016, 8 millones, según recoge Europa Press en una nota informativa.

El Ejecutivo también informa en su respuesta de las últimas inversiones aprobadas por parte del Consejo de Administración de Renfe, que en noviembre de 2016 aprobó la adjudicación a Patentes Talgo para fabricar 15 trenes AVE de alta capacidad y su mantenimiento integral durante 30 años. Del total del contrato, explica Fomento, 337,5 millones de euros se destinarán a la inversión en 15 trenes AVE y otros 448,9 se contemplan para al gasto en mantenimiento durante 30 años de este parque. Fomento destaca que la oferta, que asciende en su conjunto a los 786,4 millones de euros citados, mejora en un 28,2% los precios iniciales de licitación del concurso. También recuerda que Renfe ejercerá la opción de ampliar la compra de trenes en otras 15 unidades adicionales y aumentar los plazos del mantenimiento integral hasta los 40 años, elevando el contrato global a 1.495,4 millones de euros, lo que supondría una mejora de un 43% con respecto a los precios de la licitación global.

El propio presidente de la compañía, Juan Alfaro, ya avanzó el pasado mes de abril durante su comparecencia en el Congreso que el nuevo plan de inversiones de Renfe contemplaban un gasto de 266 millones de euros para mejora de su material rodante. Sin embargo, la situación de Renfe Mercancías es más bien la contraria. La empresa anuncia un proceso de reducción de personal, locomotoras y plantillas. Su Plan de Gestión contempla pasar de 319 locomotoras a 253 mediante un proceso de enajenación del material excedentario a Renfe Alquiler de material o a empresas externas.

Fomento no puede precisaar que series de material son susceptibles de enajenación porque la operadora se encuentra en pleno periodo de análisis y “no es posible dar respuesta a estas preguntas”. El diputado Unidos Podemos, Sergio Pascual, preguntaba por la antigüedad de las infraestructuras que se pretenden enajenar, si las de menos de diez años entrarían en dicho plan, si éstas estaban ya amortizadas, si estaba previsto alquilar material rodante para las operaciones de mercancías. También cuestionaba la influencia en la decisión de “la multa millonaria recaída recientemente sobre Renfe Mercancías”, y la sanción de 65 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), la mayor impuesta por este organismo a una empresa individual.

El Ejecutivo asegura que la medida ya estaba incluida en el Plan de Gestión que se estaba elaborando en Renfe Mercancías “previamente a la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia-CNMC”, y que el objetivo de la misma es “hacer frente al desequilibrio económico histórico que presenta la sociedad”. El Gobierno subraya que “el precio de venta de cada unidad de material rodante dependerá del resultado del estudio técnico de valoración” y que el objetivo será “la optimización de sus costes de operación“. Precisa, además, que “las necesidades futuras de material rodante dependerán de la evolución de la demanda y de los escenarios de explotación en los que se deba operar”.

Sobornos a altos cargos de Adif

El Gobierno confirma que Adif abrió expedientes internos con el fin de esclarecer los presuntos sobornos que una empresa adjudicataria de obras de alta velocidad otorgó a cargos de la empresa pública, así como de otras administraciones locales, provinciales o estatales. Esta red se sobornos fue denunciada por la Guardia Civil en un informe incorporado al ‘caso Adif’, que en un inicio se limitaba a la investigación de sobrecostes en la construcción del AVE a Barcelona. Sin embargo, el informe constata que los sobornos se extendieron en infraestructuras por todo el país, registrándose casos en Castilla y León, Galicia, País Vasco y Asturias.

El ‘caso Adif’ había destapado sobrecostes en las obras del AVE en Barcelona gracias a la denuncia de un empresario arrepentido. Como subcontratado por Corsán para mover tierras, su empresa (Gonquis) sufragó viajes a pistas de esquí de cargos de Adif en Cataluña. A cambio, los funcionarios certificaban trabajos que Corsán no había ejecutado realmente, o para los que había empleado materiales de peor calidad que los declarados. En 2014 se produjeron las primeras detenciones: en un tramo de menos de dos kilómetros de vía en Barcelona, la presunta malversación asciende a 31 millones. La Fiscalía Anticorrupción descubrió más tarde que esos sobrecostes se habían reproducido en las obras de la estación de La Sagrera de Barcelona: otros 82 millones.

Sin ir más lejos, las obras de construcción de la línea de alta velocidad (AVE) entre Madrid y Barcelona costaron 8.966,71 millones de euros, lo que supone un 31,4% más del precio por el que se adjudicaron los trabajos (6.822,83 millones) y un 18,8% por encima del precio fijado en los concursos (7.550,42 millones de euros). Así lo recogía el Tribunal de Cuentas en su ‘Informe de Fiscalización’ de las principales contrataciones relacionadas con la construcción de la línea férrea de alta velocidad Madrid-Barcelona, desarrollada desde el 1 de enero del 2002, con el Gobierno de José María Aznar, hasta la puesta en funcionamiento de la línea, en febrero del 2008, ya con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

La diputada de En Marea Alexandra Fernández y el diputado de En Comú Félix Alonso Cantorné registraron sendas preguntas en el Congreso para solicitar al Gobierno una valoración por estas informaciones, las investigaciones abiertas y las medidas adoptadas al respecto, incluida la depuración de responsabilidades. Ahora, el Ejecutivo confirma que “se ha procedido a la apertura de los correspondientes expedientes internos encaminados a esclarecer las actuaciones que se desprenden de los informes que obran en el sumario”.

Sin embargo, sostiene que “aún no se dispone de conclusiones dado que dichos expedientes internos se encuentran en tramitación” y que “se exigirán las responsabilidades que correspondan adoptar en el proceso penal en el que Adif se encuentra personado como acusación particular, y las de índole disciplinaria se adoptarán por Adif en lo que la pendencia del proceso penal permita”.

Según este informe de la Guardia Civil, los sobornos por parte de la empresa adjudicataria Isolux-Corsan permitieron el visto bueno de supervisores de Adif a pesar de la peor calidad del material utilizado en algunas de las construcciones. La diputada de En Marea Alexandra Fernández también preguntaba si el ministerio de Fomento había iniciado la comprobación de los materiales de categoría inferior a la declarada o si exigirá a las empresas concesionarias implicadas indemnización “por aumentar sus ingresos a costa de rebajar la calidad de los materiales”.

Fomento asevera que en el caso de que se compruebe la certeza de esta acusación “se exigirán todas aquellas responsabilidades que se puedan exigir, adoptándose, por otro lado, todas aquellas medidas que sean necesarias para comprobar la calidad de los materiales”. El Gobierno subraya que “se actuará conforme a lo previsto en la legislación vigente, prestándose a los tribunales competentes todo el apoyo que se precise para el esclarecimiento de los hechos”.

Fomento busca socio para ‘rescatar’ a Renfe Mercancías

El Ministerio de Fomento ultima el lanzamiento de un concurso público de carácter internacional para elegir un “socio industrial” para Renfe Mercancías, según anunció el titular del Departamento. Se trata de una de las iniciativas del plan estratégico 2017-2019 que la compañía ferroviaria pública puso recientemente en marcha para evitar la quiebra y garantizar la viabilidad futura de su división de transporte de carga en tren.

“Estamos preparando la entrada de capital privado en Renfe Mercancías a través de un socio industrial para que la compañía tenga más fortaleza para competir también en el exterior”, indica De la Serna en su intervención en una jornada sobre internacionalización organizada por ‘Expansión’. El ministro detalló posteriormente que la compañía que resulte elegida en el concurso para aliarse con la filial de carga de Renfe no entrará en el capital de la compañía pública, sino que ambas conformarán un grupo a través de una alianza o una asociación.

A través del concurso, Fomento busca una compañía logística, cuya actividad de transporte en otros modos complemente y potencie el negocio de tráfico de mercancía en tren de Renfe. Asimismo, se pretende que permita a esta filial salir al exterior. Esta es la fórmula elegida, “tras analizar distintas alternativas”, para reforzar esta filial de Renfe con un socio, tal como avanzó la operadora cuando presentó el plan de rescate para este negocio el pasado mes de marzo.

El plan contempla además medidas para atajar el “sobredimensionamiento” que presenta Renfe Mercancías, como son un ajuste del 30% de la plantilla ya pactado con los sindicatos y la venta de parte de su parque de trenes y locomotoras. Con esta estrategia, Renfe Mercancías espera superar las pérdidas y cerrar las cuentas de 2017 en equilibrio, tras provisionar en las de 2016 la sanción de 65 millones que le impuso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con el fin de lograr ya en 2018 los primeros beneficios de su historia.

Fomento espera aumentar la actividad y negocio. Renfe mercancías ha perdido un 30% del mercado del transporte de carga en tren desde que este sector se abrió a la competencia en 2005. A pesar de copar aún un 70% del sector, su actividad ha ido descendiendo, como consecuencia también, según asegura, de que el negocio de tráfico de mercancía en ferrocarril también lo ha hecho, a favor del camión. En la actualidad, sólo el 3% de la carga que se mueve por el país lo hace en ferrocarril.

Por otro lado, Fomento ha encargado a la ingeniería pública Ineco un plan de internacionalización de sus empresas (Adif, Renfe, Aena y Puertos del Estado) para impulsar su negocio en el exterior “eliminando duplicidades y buscando complementariedad” entre las compañías. Íñigo de la Serna confía en tener listo a finales de año el plan, con el que también contempla trabajar junto con las empresas privadas.

Fomento pretende fijar encuentros con las patronales del sector para diseñar un “calendario de actividades y visitas” a otros países tendentes a incentivar el ya destacado negocio internacional de las constructoras y empresas de transporte españolas y entrar en nuevos mercados. El titular de Fomento asegura que retomará las negociaciones con los grupos políticos tendentes a lograr un pacto de Estado sobre infraestructuras en cuanto el PSOE determine a su interlocutor en esta negociación. De la Serna indicó recientemente que ya tenía preparado un borrador de pacto y que estaba a la espera de que el partido socialista concluyera su proceso de primarias para elegir nuevo secretario general para comenzar a debatirlo con otras formaciones.

El Gobierno espera poder mantener el monopolio de Renfe en Cercanías y Regionales más allá de 2020

Renfe mantendrá el monopolio del transporte de viajeros en tren de Cercanías y Regionales (Media Distancia), los considerados como servicio público, más allá de 2020, la fecha fijada por la UE para abrir a la competencia el tráfico ferroviario de pasajeros. La compañía ferroviaria pública deberá en ese año a empezar a competir con otros operadores que entren a explotar los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia. No obstante, mantendrá en exclusividad el resto de los servicios ferroviarios que presta, los que tienen consideración de servicio público y para los que anualmente recibe una aportación del Estado de unos 600 millones de euros.

Así lo ha decidido el actual Gobierno, que prevé acogerse a lo que en este sentido dice la directiva comunitaria. La norma europea da margen a los Estados para que durante un periodo de tiempo sigan otorgando contratos de presentación de servicios ferroviarios al operador incumbente, esto es, a la compañía que los esté explotando en ese momento. “Nosotros creemos que esta es la mejor solución en una primera etapa, que Renfe pueda seguir prestando los servicios públicos de Cercanías y Media Distancia donde ya los presta durante el tiempo que se determine”, según indica el secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, Julio Gómez-Pomar en una reciente comparecencia parlamentaria. “Y una vez agotado el periodo que permitan las normas del cuarto paquete ferroviario de la UE, entraremos ya en un procedimiento competitivo”, añade el ‘número dos’ de Fomento.

El actual equipo del Ministerio de Fomento que dirige Íñigo de la Serna apostó a su llegada al Departamento por alinear la apertura del transporte de viajeros en tren en España a los plazos máximos fijados por la UE para todos los países y fijarla así para 2020. De esta forma, retrasó los planes de liberalización en los que trabajó Fomento en la Legislatura anterior, que planteaban una inminente apertura del sector a la competencia, pero paulatina, de forma que en una primera fase sólo se iba a abrir el corredor del Levante y sólo se iba a dar licencia a un operador privado.

De la Serna considera más oportuno abordar la liberalización en los plazos fijados por la UE y aprovechar el tiempo que resta hasta 2020 para preparar al sector a la competencia. Ahora, apuesta por mantener la exclusividad en los servicios públicos durante unos años más.

Las líneas de Cercanías y Media Distancia que Renfe seguirá explotando en monopolio son las que más viajeros transportan. En 2016, el número de usuarios de las redes de Cercanías creció un 5,48%, hasta sumar 477,74 millones de pasajeros. Los trenes de media distancia, tanto los convencionales como los de Alta Velocidad (Avant), transportaron casi 32 millones de viajeros, un 0,6% más.

La extensión del monopolio de Renfe en estos servicios coincidirá con las mejoras que el Ministerio de Fomento, a través de la operadora y Adif, pretende acometer en los próximos ejercicios en mejorar la red de ferrocarril convencional, así como estaciones y otras dotaciones de Cercanías.

El tren como clave para el turismo extremeño

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, apunta al ferrocarril como el factor clave para el desarrollo de la región para impulsar los grandes motores económicos de la comunidad, como son la industria agroalimentaria y el turismo. Fernández Vara expresaba sus argumentos en el XI Congreso Ferroviario FSC-CCOO en Cáceres, un acto que también contó con la presencia del secretario general del Sector Ferroviario de CCOO, Manuel Nicolás Taguas; el presidente de Adif, Juan Bravo, y el presidente de Renfe, Juan Alfaro, entre otras autoridades.

El jefe del Ejecutivo autonómico subraya que las diferentes regiones están compitiendo todas en “primera división”, pero con distintas condiciones y explica que, mientras algunas comunidades cuentan con infraestructuras del siglo XXI, otras como Extremadura las tienen del siglo XIX. No obstante, Fernández Vara reconoce el trabajo que realiza la actual dirección de Adif y explica que en Extremadura se ha logrado ahora poner en el centro de la vida política el ferrocarril a través de un pacto que han rubricado tanto los agentes sociales y económicos como los partidos políticos.

El presidente de la Junta de Extremadura valora las noticias positivas que se han conocido en torno al ferrocarril y recuerda que, por su condición fronteriza, la región tiene dificultades que se han convertido en oportunidades en el marco de la Unión Europea, al tiempo que destaca las buenas perspectivas que se abren con buenas comunicaciones al estar situada en el triángulo que conforman Madrid, Sevilla y Lisboa. En su intervención, apunta que Extremadura aspira, como así establece el Pacto por el Ferrocarril, a contar con alta velocidad y también con una línea por Puertollano que dé salida hacia el Levante. Por eso valora que se hayan comenzado a poner “negro sobre blanco” los compromisos” y que Portugal haya retomado su proyecto ferroviario por la oportunidad que éste significa para dar salida a los productos extremeños a través de los puertos lusos.

El jefe del Ejecutivo autonómico señala que la crisis, además de los efectos ya conocidos, provoca un cambio de época, de la edad contemporánea a la digital en la que las redes sociales se han convertido en un espacio nuevo en el que relacionarse. “Una de las características es que también se ha puesto en duda a las organizaciones tal y como las conocemos”, apunta Fernández Vara, quien valora el papel de los sindicatos y su trabajo en defensa de los intereses de los trabajadores. Fernández Vara muestra su preocupación por la siniestralidad laboral y aboga por tomar conciencia al respecto para luchar contra esta lacra a la que la sociedad nunca debe acostumbrarse. También cree que es necesaria una mayor concienciación social, sensibilidad al respecto y también respuesta por parte de las administraciones.

El presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Juan Bravo, reconocía que es “bastante inexplicable” la situación del ferrocarril en Extremadura, porque “no tiene explicación” que esta región “carezca de una infraestructura adecuada al siglo XXI”. Bravo se remite al compromiso mostrado al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y precisa que la línea Plasencia-Badajoz estará en servicio en 2019 y electrificada en el 2020.

Del encuentro con los dirigentes extremeños surge la necesidad de crear una comisión de seguimiento que se reunirá periódicamente para analizar el estado de las obras de la alta velocidad en Extremadura, y de ahí su voluntad de “adaptarse al cronograma fijado”. En cuanto a la red convencional de ferrocarriles, Bravo se ha referido a la necesidad de hacer un “esfuerzo” por parte del Gobierno, ya que es un una prioridad “porque es la gran olvidada”.

(Imagen David Palma)

“Se busca socio para carga” , razón Renfe

Renfe Mercancías busca establecer “alianzas estratégicas” con operadores privados para reflotar su negocio una vez acometa el plan de saneamiento que ha puesto en marcha para evitar la quiebra y garantizar su viabilidad, según anunció el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.”Necesitamos contar con un operador ferroviario público de referencia para garantizar la estrategia logística del país, para convertir a España en un ‘hub’ logístico del Sur de Europa”, explica el ministro.

Renfe Mercancías retomará el plan de recurrir a la iniciativa privada que se barajó durante la anterior Legislatura, si bien entonces se contempló la entrada de un operador en su capital y ahora sólo se habla de alianzas. Además de reflotar Renfe Mercancías y garantizar así su sostenibilidad, Fomento pretende contribuir a que el ferrocarril gane peso en cuanto al tráfico de mercancías.

Fomento y Renfe trabajan en el desarrollo de dos medidas que se implementarán de forma paralela en el trienio 2017-2019, según detalló el titular de Fomento en el ‘Ágora’ de ‘El Economista’. Por un lado, se trata del anunciado plan de rescate y saneamiento que se aplicará en Renfe Mercancías para evitar la quiebra de esta sociedad que nunca ha dado beneficios. Este plan pasa por recortar la cuarta parte de su plantilla, unos 316 trabajadores, y abordar un programa de desinversiones, fundamentalmente en su parque de trenes.

En paralelo a estas medidas “de corto y medio plazo”, la operadora y el Ministerio analizan estrategias a “largo plazo” para garantizar su negocio futuro que incluyen la internacionalización de la compañía y, fundamentalmente, “identificar potenciales operadores para establecer alianzas“.

“La liberalización no ha supuesto un avance en cuanto a transporte de mercancías en tren”, reconoce el ministro respecto a la apertura a la competencia de este tráfico ferroviario en 2005, que supuso la entrada de ocho operadores privados a competir con Renfe. En la actualidad, sólo el 4% de la carga que se mueve en España lo hace en tren, frente a la tasa del 20% que arroja la media del resto de países de la UE. Además, según el ministro, ese porcentaje debe ascender al 50% en el horizonte del 2050, según establece el Libro Blanco del Transporte de la UE. “Necesitamos mejorar el reparto modal en el transporte de mercancías, que actualmente está presidido por la carretera”, asegura De la Serna.

Además del saneamiento y fortalecimiento de Renfe Mercancías la estrategia del Gobierno para impulsar este mercado ferroviario pasa también por mejorar las infraestructuras. En este punto señala los planes para mejorar la conexión de los puertos con la red ferroviaria o el desarrollo del Corredor Mediterráneo.

¿Quién defiende al tren convencional?

El ferrocarril español recibirá este año 4.471 millones de euros, casi la mitad del total del presupuesto de inversión de Fomento (49,9%). La mitad (2.283 millones de euros) se destinará a la conclusión de los corredores de alta velocidad en ejecución, que cuentan con la inversión necesaria en los presupuestos de 2017 y siguientes para su finalización en los plazos establecidos. ¿Y cuanto se invertirá en el tren convencional?

El departamento que preside Íñigo de la Serna prevé invertir 374 millones en Cercanías y proximidad, de los que 271 se lleva el núcleo de Cataluña (Barcelona, Girona y Tarragona; 52 para el núcleo de Madrid; 10 para el País Vasco; 9 Levante; 6 para Andalucía y el resto (26) para otras obras. También se incluyen inversiones en la red convencional, tanto para la reposición de activos como para impulsar el transporte de mercancías (fundamentalmente accesos a los puertos).

Hace unos días la Coordinadora Estatal en Defensa del Ferrocarril explicaba que el tren convencional sufre el “peor momento” de los últimos años: deterioro de líneas, cierre de servicios y peores tiempos de recorrido que hace diez años. “El Gobierno invierte en las líneas más caras e impactantes, en detrimento del ferrocarril que usan los ciudadanos“, aseguraban sus portavoces, que consideran que el modelo defendido por el Gobierno del PP es “elitista”. Las voces ciudadas se alzan en León, Granada, Teruel, Almería, Extremadura y Zaragoza, por ejemplo.

Ahora es Compromís quien quiere llevar el debate al Senado. Los senadores Carles Mulet y Jordi Navarrete aseguran que “el coste de unos kilómetros de AVE puede suponer crear nuevas líneas, reabrir tramos cerrados o dotar de tren al litoral alicantino en pocos años”. El grupo reclama al Gobierno una “apuesta clara” por el tren convencional -media distancia, cercanías, regionales o la reapertura de líneas con trenes de baja velocidad- allá donde exista demanda, “en vez de destinar miles de millones de euros al año en crear de forma hilarante y con poco criterio kilómetros de infraestructura de Alta Velocidad”. Así, han exigido al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que destine a estas líneas la mitad de las inversiones que recibe el AVE.

Compromís asegura que la Alta Velocidad “deja por el camino a cientos de poblaciones y piensa en unos pasajeros de élite que se pueden pagar viajes de 80 euros”, cuando, en su opinión, “la prioridad debería ser garantizar la movilidad al máximo número de ciudadanos“. “Eso se garantiza apostando por los trenes que gasta o estaría encantado de gastar un segmento poblacional mayor”, subrayan. Como ejemplo, los senadores indican el oeste peninsular o el tren de la costa entre Gandia (Valencia) y Alicante, que “podría generar numerosos beneficios sociales y económicos pero que tienen la mala suerte de no pasar por Atocha y el kilómetro cero”, en Madrid.

Compromís calcula que el coste del AVE en sus 25 años de historia ha sido de 15,8 millones de euros por kilómetro construido, “una cifra inasumible para nuestras posibilidades y que solo se entiende desde una óptica de competencia por liderar los kilómetros de Alta Velocidad en Europa y el mundo”. Los parlamentarios advierten que esta tendencia “se está extendiendo hacia zonas de dudosa rentabilidad, como lo han demostrado algunas surrealistas paradas en poblaciones con un centenar de habitantes, mientras siguen sin estar incomunicadas con Alta Velocidad la segunda y tercera ciudad del Estado -Barcelona y València- sin un horizonte claro que defina su trazado, características e inversión, como dejó claro en el Senado el ministro, al igual que ocurre con el Tren de la Costa”.

“Tienen como prioridades invertir 2.330 millones de euros para impulsar la llegada del AVE a Galicia, Murcia, Asturias, País Vasco, Navarra o Extremadura, la partida más elevada de Fomento y que triplica los 800 millones de euros que se dedica al mantenimiento e inversiones en la red convencional de ferrocarriles”. Por ello, creen que “invertir en la red convencional, en la red que beneficia a los vecinos de pueblos con nombres que difícilmente conocemos, es la mejor inversión posible”. Ven “numerosos beneficios porque en muchos casos la infraestructura está ya construida, los túneles y vías y podrían frenar el despoblamiento, el envejecimiento y atraer turismo y actividad económica o mitigar la necesidad de nuevas carreteras”.

Alcaldes de la C-3 valenciana protestan ante Fomento y reclaman más inversión en esta línea

Los alcaldes de los municipios de la línea de Cercanías C-3, vecinos, sindicalistas y trabajadores han llevado este lunes un tren de juguete móvil a la Estación del Norte de Valencia para mostrar su rechazo a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 que este año destinarán “únicamente” 12.700 euros a la mejora de la línea. “Vamos a ir donde haga falta, iremos al Paseo de la Castellana, 67 -sede del Ministerio de Fomento- porque pensamos que es una burla” y “una indecencia para nuestros vecinos y vecinas”. Así lo ha advertido el alcalde de Xirivella y portavoz de las reivindicaciones de los 12 municipios de la línea C3 Michel Montaner, en declaraciones a los medios durante el acto reivindicativo que ha reunido también en la Estación del Norte

La declaración la apoyan también ediles de las localidades de Aldaia, Alaquàs, Loriguilla, Cheste, Chiva, Buñol, Siete Aguas, Requena, Ribarroja, Utiel y Camporrobles; a lo que se ha sumado el subsecretario de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Francesc Signes, y el director general de Obras publicas, transporte y movilidad, Carlos Domingo.

Sobre una vía circular, un pequeño tren de juguete giraba alrededor de un cartel en el que se podía leer “31 de julio de 1883, y en mayúsculas, inauguración de la línea c3, 10 de abril de 2017 seguimos igual”. “Han pasado siglos y la diferencia en la modernización de la línea prácticamente es nula”, critica Montaner, quien ha exigido “inversiones reales” frente a los 12.700 euros que destinará el Gobierno de Rajoy a la mejora de la C-3, unos “1.000 euros por municipio”, censura este alcalde.

El Ministerio de Fomento “prometió” en febrero de 2016 que terminaría el proyecto para la C-3, licitaría y se adjudicaría en 2017, ha recordado Montaner. Sin embargo, “la Comunitat Valenciana ya no es una primera división ni segunda, está ya a la cola de España en inversiones” por lo que, “no vamos a parar de movilizarnos” para “reivindicar esas infraestructuras necesarias”, avisa el portavoz. La C-3 “necesita modernizarse”: tiene tramos por los que el tren circula entre 20 y 30 kilómetros por hora, tramos con curvas peligrosas, traviesas de madera; faltan estaciones, accesibilidad, electrificación y sostenibilidad; a los que se añade cierto descuido organizatico, como la falta de un conductor hace un par de meses sin que hubiera nadie para conducir ese tren.

La C-3 está “en el punto de mira de ser reducida en inversiones y frecuencias, para suprimir trenes, cerrar estaciones y convertirlas en un apeadero donde no hay ninguna persona ni control de subida y bajada de viajeros, de modo que tampoco se puede hacer seguimiento correcto de la ocupación de los trenes”. Así lo advierte la trabajadora de Adif y coordinadora de CGT del sector federal ferroviario. María del Mar Aguilar lamenta que “se están dejando de hacer las inversiones para un servicio de calidad y seguridad”, de modo que “los tiempos de viaje se alargan, las personas tienen menos capacidad de coger tren, y al tener éste menos ocupación, sirve de excusa para poner el límite del 15% de ocupación en la que se basan para determinar si es rentable o no”. También cuestiona el “problema de la electrificación”, que provoca que el tren tenga que dar más vuelta e ir a la Fuente de San Luis en lugar de entrar directamente a la Estación del Norte, cosa que haría el trayecto “más corto”.

Las quejas no terminan ahí. “Son trenes de hace más de 30 años” y existe un “problema laboral”, apunta, dado que en Renfe y Adif la media de edad se sitúa en los 55 años y hay “muy poca tasa de reposición”. “Cuanta menos gente, menos servicio” tanto en atención al cliente, en venta de billetes, con colas impresionantes, y se suprimen trenes porque no hay maquinista de reserva”.

El portavoz plataforma del Transporte de l’Horta Sud, Paco Magro, explica que esperan “desde hace años la electrificación y la modernización de la C-3 que se cortó con el AVE; ahora nos toca ir a Fuente de San Luis y perder más de 20 minutos”, se lamenta. Desde una ciudad como Xirivella, “tardamos 30 minutos en llegar, cuando los pueblos cerca de València tenemos implicación laboral, sanitaria, educativa… con València y nuestro vecindario se desplaza constantemente”, asegura Magro.

También el subsecretario de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, Francesc Signes, censura “la burla y el castigo del Gobierno de Rajoy al pueblo valenciano”. “Es absolutamente impermisible que una comunidad que tiene un 10% de población y casi un 10% de PIB haya tenido unas inversiones únicamente del 6,9%”. De hecho, puntualiza, “hemos sido la última autonomía en inversiones por número de habitantes. Un castigo del Gobierno del PP, de Rajoy, que desde la Generalitat no estamos dispuestos a admitir” y asegura que van a “apurar todas las opciones” para que “se haga justicia de una vez por todas y el PP deje de odiar a los valencianos como lo está haciendo los últimos años”.

Dos años sin trenes

Aislados por tren (salvo con Almería, ojo). El 7 de abril de 2015 Granada quedaba ‘incomunicada’ por tren. Fomento sellaba esta vía de comunicación ferroviaria para desarrollar las obras para la llegada de la Alta Velocidad y su integración con la capital, sin mayor alternativa que el uso del autobús para ir en dirección Madrid o Barcelona utilizando los servicios de Renfe. Se planteaba un parón de cinco meses. Pero hoy es el día que se cumplen dos años sin que los trenes puedan llegar hasta aquí.

Granada cumple 732 días sin tren (más allá del que hay diario hasta Almería). El plan del Ministerio de Fomento era finalizar las obras para la entrada de la Alta Velocidad en tan solo 150 días. El tren se detuvo con la excusa de que había obras en el Levante y que era necesario pararlo durante un tiempo porque se producía una sobrecarga en la red. Adif aducía que ciertos problemas medioambientales en Loja impedían abordar los trabajios. Aunque al parecer las empresas adjudicatarias se resistían a acometer las obras sin no les aumentaba la asignación.

De la Serna aseguraba a principios de año que la “adecuación de la infraestructura supondría un desembolso económico muy elevadoo y que el tiempo de obra sobrepasaría al que haría falta para que acabasen las obras para la Alta Velocidad”; lo que no convence a las plataformas ni a las principales fuerzas políticas granadinas.

La Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de Granada exigen al Gobierno central que compense los dos años de aislamiento ferroviario de la provincia y las plataformas ciudadanas reivindican la reconexión por Moreda y que el AVE llegue soterrado. En una declaración conjunta, los responsables de la Diputación de Granada, la Junta de Andalucía en la provincia y el Ayuntamiento granadino han destacado las “cuantiosas pérdidas”, especialmente para el turismo como sector estratégico de la economía granadina, que ha provocado el aislamiento. En este aniversario, han exigido al Gobierno central compensaciones por el “daño objetivo” que la situación está generando a la economía granadina y en el empleo.

En el mismo comunicado, el presidente de la Diputación, José Entrena; la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García; y el alcalde de esta capital andaluza, Francisco Cuenca, recalcan el malestar por los “continuos retrasos” de las obras del AVE que han dicho se suceden porque el Gobierno central paralizó, hace ya más de seis años, el anterior proyecto del AVE. Reprochan a Fomento que modificara un proyecto que incluía la Variante de Loja y la integración urbana en la ciudad y exigen un “cronograma detallado” de las obras a su paso por Loja, en el que quede expresado el detalle de la ejecución de los trabajos.

Las instituciones piden además la reapertura de la línea de Moreda (Granada) y que se restablezca la conexión con Barcelona; que la alta velocidad llegue a Granada soterrada y que el AVE se aleje de “improvisaciones” o engaños. Las plataformas ciudadanas Marea Amarilla y Granada en Marcha se han concentrado ante la Subdelegación del Gobierno y han pedido también al reconexión por Moreda, presupuesto para la Variante de Loja, el soterramiento de las vías y que Granada cuente con presupuesto para la alta velocidad. Lamentan además un trato discriminatorio y recuerdan que Fomento contempla otros proyectos como los 450 millones prometidos para la integración del ferrocarril en Bilbao y Vitoria.