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Metro Madrid analizará 1.800 radiografías

Metro de Madrid contratará un servicio médico externo para analizar e interpretar las radiografías que se realicen en el seno de la compañía a los trabajadores para descartar posible exposición a amianto. Los reconocimientos médicos por el amianto se realizarán con medios propios de la compañía y en ningún caso se externalizarán. No obstante, sí que se ha optado por contratar un servicio externo para interpretar las radiografías que se realizan a los trabajadores, para lo cual se contempla un estudio de 1.800 casos con un importe de 30.000 euros.

Según han indicado fuentes del suburbano en relación con la información adelantada por el diario ‘El Mundo’, el contrato se adjudicará en septiembre y se analizarán los controles anuales sobre los 1.000 empleados objetos de estudio por exposición al amianto, sumado a los que soliciten esa revisión de forma voluntaria. En total, se estima una previsión de 1.800 estudios anuales.

Recientemente, Metro licitó un contrato para el servicio de desamiantado del material móvil y equipos de trabajo del área de mantenimiento del suburbano por un importe cercano a los dos millones de euros. Así lo recoge una resolución de la compañía publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y que fija como fecha límite para la presentación de ofertas el 21 de septiembre. El contrato está dividido en dos lotes. El primero está referido al desamiantado de coches de gálibo estrecho con un valor estimado de 1,25 millones de euros (sin IVA). El segundo lote se centra en el desamiantado coches de gálibo ancho y equipos de trabajo con un importe de 750.000 euros (sin IVA).

El plazo de ejecución de los trabajos se fija en dos años a contar desde el día siguiente a la formalización del contrato. Metro de Madrid y cuatro sindicatos (UGT, Solidaridad Obrera, Sindicato Libre y Sindicato de Técnicos) pactaron el desarrollo de un plan de desamiantado de las instalaciones de la compañía con una inversión de 140 millones de euros.

La previsión de la compañía es que antes de que finalice el año 2019 se retire este material del material móvil. La finalización de estas actuaciones se estima para el año 2025. La presencia del amianto, material potencialmente cancerígeno, ha generado polémica después de que se registraran cuatro casos de trabajadores con enfermedad profesional por exposición a este mineral.

El sindicato de Maquinistas asegura que un conductor ya jubilado ha desarrollado asbestosis también por estar en contacto con amianto. Por su parte, Metro de Madrid ha asegurado que no hay riesgo para usuarios y trabajadores de la compañía, dado que las piezas con amianto están encapsuladas, lo que imposibilita que se desprendan fibras.

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Maquinista de Metro afectado por amianto

El Sindicato de Maquinistas de Metro de Madrid informa del primer caso de un maquinista del suburbano, jubilado en 2008, que “ha dado positivo” en el diagnóstico de un tumor canceroso debido a la exposición al amianto. El afectado, asegura el sindicato en una nota de prensa, trabajó como maquinista durante más de 35 años y ahora exige que su patología sea reconocida como enfermedad profesional.

Según el sindicato, el extrabajador de Metro dio positivo en el diagnóstico del mesotelioma pleural maligno, un tumor canceroso poco común que afecta, principalmente, al revestimiento del pulmón y de la cavidad torácica (pleura) debido a la exposición al asbestos, es decir, el amianto. El maquinista “padece esta enfermedad a causa de su exposición al amianto en su puesto de trabajo, al que acudía diariamente”. En los próximos días, la dirección de Metro comunicará las condiciones en las que todos los trabajadores en activo de la empresa podrán solicitar si lo desean la realización de pruebas.

El Sindicato de Maquinistas dice que tomará medidas y pedirá a la Seguridad Social que se reconozca la asbestosis del maquinista afectado como enfermedad profesional, una patología por la que ya está recibiendo tratamiento. Según los maquinistas, aunque Metro ha empezado a tomar algunas medidas para el desamiantado, estas llegan “con al menos quince años de retraso, ya que desde el año 2003 conocían la presencia de amianto en las instalaciones y trenes”.

“Los afectados con asbestosis seguirán aumentando en los próximos años, esto es sólo la punta del iceberg“, dice el Sindicato, y añade que “los trabajadores deben conocer los riesgos que supone su puesto de trabajo desde el minuto cero en el que comienzan a trabajar”. De acuerdo con las cifras manejadas, con la persona de la que se ha informado este martes serían cinco los afectados por la asbestosis, uno de los cuales falleció el 24 de mayo pasado.

En febrero pasado, Metro reconoció que existe amianto en un pequeño componente eléctrico en trenes de los modelos 2.000 y 5.000 -que tienen entre 35 y 40 años- que circulan por las líneas 1, 6 y 9, aunque no supone un peligro ni para viajeros ni para trabajadores del suburbano. Posteriormente, Metro anunció un plan dotado con 140 millones de euros para la eliminación del amianto en toda la red.

Tres empleados del metro enfermos por amianto

Ya son tres los trabajadores del Metro de Madrid con enfermedad profesional como consecuencia de la exposición a fibras procedentes del amianto, de los cuales dos han sido reconocidos el pasado 20 de abril. Uno de los últimos casos es el de un empleado, que ingresó en la empresa en 1979 para dedicarse al mantenimiento de trenes, primero como peón ayudante y más tarde como oficial. Se encuentra de baja laboral desde el 9 de junio del año pasado por asbestosis, tuvo una intervención de corazón en 2017 y otra operación para extraerle un tumor cerebral este año, pero este último se le ha reproducido, por lo que permanece ingresado desde hace un mes para someterse a un tratamiento de radioterapia.

El otro caso reconocido este mes es el de un trabajador de 58 años que ingresó en la compañía en 1976 para ocuparse del mantenimiento de las escaleras mecánicas, aunque en los últimos años su tarea se ha ampliado a otras instalaciones como las estaciones y el alumbrado. Hace cuatro años, a la vista de una radiografía de tórax, los médicos le preguntaron si manipulaba amianto, y en febrero de 2016 le diagnosticaron asbestosis, si bien, en la actualidad, se mantiene activo.

El secretario general de CCOO en el suburbano madrileño, Juan Carlos de la Cruz, señala que los dos trabajadores, afiliados al sindicato, emprenderán acciones legales para reclamar una indemnización a la empresa porque no adoptó las medidas necesarias para evitar su exposición al amianto.

El primer trabajador del Metro de Madrid con una enfermedad profesional por la exposición a fibras procedentes del amianto presentará en breve una demanda ante los Juzgados de lo Social para reclamar al suburbano una indemnización de aproximadamente 400.000 euros. Se trata de Julián M., de 60 años, quien comenzó a trabajar en 1979 en mantenimiento del Metro de Madrid, como mecánico de material móvil, y permaneció toda su vida laboral en la compañía. En su trabajo, estuvo en contacto con “unos elementos que estaban compuestos de amianto, sin que le facilitaran ningún tipo de medidas de protección, en ningún momento, ni siquiera una triste mascarilla”, explica su abogado, Fernando Morillo, del despacho Bercovitz-Carvajal.

Como consecuencia de la enfermedad profesional, según el letrado, el trabajador estuvo en situación de incapacidad temporal desde junio de 2017 hasta que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconoció la incapacidad laboral permanente el 12 de marzo de este año, previo informe de un Equipo de Valoración de Incapacidades. Hasta el momento, se han realizado exámenes médicos a 371 trabajadores de Metro de Madrid de un total de 470 previstos y todos ellos han dado un resultado negativo en enfermedades relacionadas con la exposición a fibras procedentes del amianto.

Estas pruebas médicas se han desarrollado en el marco de las acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores, que realiza la compañía, y “siempre teniendo en cuenta que no hay riesgo de exposición al amianto ni para los trabajadores ni para los usuarios”, subraya la empresa. El plan de retirada del amianto del Metro de Madrid ya ha comenzado con una primera fase, autorizada por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permitirá actuar en un total de 33 trenes de dos modelos antiguos. La compañía invertirá un total de 140 millones de euros para la eliminación de este mineral en toda la red, tanto en el material móvil como en estaciones y otras instalaciones.

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha abierto recientemente una investigación penal por un posible delito contra los derechos de los trabajadores de Metro, a partir de la denuncia de la Inspección de Trabajo por la presencia de amianto en el suburbano

Plan de bajas para el 5,8% de empleados de Renfe

Renfe ha planteado un plan de bajas voluntarias para un máximo de 805 trabajadores de la compañía ferroviaria, alrededor del 5,8% de la plantilla de unos 13.720 empleados con que cuenta actualmente. El programa de desvinculaciones que se acometerá durante este ejercicio 2018 se suma a los abordados los dos últimos años, de 750 empleados en 2016 y 2017 respectivamente, y el de unos 500 efectivos de 2015. Estos ajustes se enmarcan en el plan de empleo que la compañía ferroviaria pactó con los sindicatos en el marco de su actual convenio colectivo, que vincula las salidas voluntarias de personal con la incorporación de nuevos efectivos.

El objetivo último de esta medida es transformar y rejuvenecer la plantilla de Renfe, que presenta una edad media de 54 años, incorporando además nuevos profesionales que generen valor y permitan a la empresa atender el crecimiento de algunos de sus negocios y cubrir nuevos perfiles profesionales. La compañía que preside Juan Alfaro cerró en el último trimestre de 2017 la quinta oferta de empleo que lanza desde 2015, que además figura como la mayor de su historia, dado que incorporó 675 empleados, de los que más de la mitad son maquinistas. En la actualidad, tiene abierta una nueva convocatoria para incorporar seis nuevos profesionales entre asesores jurídicos y tributarios, comerciales e ingenieros.

Renfe acomete esta reestructuración de su plantilla en el marco de su estrategia de prepararse para la apertura a la competencia de transporte de viajeros en tren, prevista en 2020, cuando la compañía pública perderá su monopolio en AVE y Larga Distancia y empezará a competir con nuevos operadores privados que entren en el mercado. “Este es nuestro principal foco de atención hasta 2020, mantener la cuota de mercado y prepararnos para dicha apertura“, indicó recientemente el presidente de Renfe. Con este mismo fin, la compañía, que espera cerrar el ejercicio 2017 con sus primeros beneficios de la historia, lanzará a finales de este trimestre un plan de compra de nuevos trenes.

En cuanto al plan de bajas voluntarias que Renfe ejecutará este año plantea que, del máximo de 805 trabajadoras que se pueden sumar, hasta 208 sean maquinistas, 119 comerciales y otros 103 operarios de talleres. También plantea la posibilidad de salida para personal corporativo, tanto en la dirección, como en las estructuras de apoyo y gestión.

Los sindicatos manifestaron su satisfacción por el aumento del número de trabajadores que pueden sumarse al plan respecto a anteriores ejercicios, cuando las solicitudes de adhesión y salida sobrepasaron a las bajas propuestas.

Fomento ofrece diálogo para evitar la huelga

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, confía en el diálogo para que finalmente se pueda evitar la huelga convocada por CCOO en Renfe y Adif para el viernes 29 de septiembre. “Confío en que sentándonos, hablando y explicando con transparencia asuntos que, es cierto que quizá aún no hemos explicado, podamos resolver el conflicto”, explica De la Serna en declaraciones a TVE.

El ministro atribuye el “déficit de información” sobre determinados planes y proyectos en materia ferroviaria “en unos casos a que aún se está trabajando en ellos y, en otros, porque aún no se tiene concreción de las ideas”. El sector ferroviario de CCOO ha decidido convocar huelga en Adif y el Grupo Renfe desde las 00.00 horas hasta las 23.00 horas del próximo 29 de septiembre como medida de presión por “la falta de información sobre temas esenciales en la viabilidad y futuro de ambas empresas”.

CCOO convocó este martes a los trabajadores de Renfe y Adif a secundar una jornada de huelga en protesta por la disminución de empleo en estas compañías y la falta de información que, según el sindicato, recibe del Ministerio y de las operadoras sobre temas “que afectan a su viabilidad y su futuro”.

El sindicato que preside Unai Sordo denuncia que Renfe y Adif suman una plantilla total de 26.000 trabajadores, frente a los 32.000 con que contaban en 2005, antes del inicio de la liberalización del transporte en tren, que arrancó entonces por el negocio de mercancías. “Se han perdido casi 6.000 puestos de trabajo que habrá que recuperar si se quieren mantener los estándares de calidad del ferrocarril en España”, considera el sindicato.

Respecto al “déficit” de información CCOO denuncia la falta de diálogo de las compañías y Fomento sobre la revisión de las conexiones de tren regional y cercanías consideradas de servicio público que actualmente se aborda, el “deterioro de las infraestructuras por falta de mantenimiento” y la próxima liberalización del transporte de viajeros en tren.

CCOO plantea la necesidad de recuperar para el sector público múltiples actividades externalizadas que en opinión del sindicato “empeoran el servicio, además de servir para precarizar el empleo a través de contratos casi temerarios”, y exige una tasa de reposición muy superior al 100%. El secretario general del Sector Ferroviario de CCOO, Manuel Nicolás Taguas, considera “intolerable la disminución de poder adquisitivo que, desde el año 2010, han sufrido todos los empleados públicos, ya que a finales de 2017 acumularán una pérdida que rondará el 15%“.

Taguas denuncia el “oscurantismo del ministerio y las empresas ferroviarias” en asuntos “tan importantes” como la definición de las Obligaciones de Servicio Público para 2018, el deterioro de las infraestructuras y el material rodante por falta de mantenimiento, la liberalización en ciernes del transporte de viajeros, “así como una falta de previsión ante el escenario de competencia que se avecina”.

El Metro de Barcelona, en pie de guerra

El problema en el metro de Barcelona se enquista. Lejos de vislumbrarse una solución al conflicto que mantienen la empresa y los trabajadores desde hace meses, las posturas se radicalizan. Este jueves la asamblea de trabajadores decidía mantener la huelga los lunes no festivos; hasta la fecha, ya van ocho inicios de semana con tres paros de dos horas por turno. Pero además votaban por extender el paro a otros días señalados en rojo en el calendario de la ciudad: la Diada (11 de septiembre) y la Mercè (24 de septiembre). Y amenazan con actuar de la misma forma los días de la Champions, cuando el Barça juegue en la Ciudad Condal.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, explicaba este viernes que, desde el inicio de la huelga de los lunes, se han producido 1,4 millones de validaciones menos y un impacto económico de 546.000 euros para Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Colau asegura que su equipo comparte la preocupación por la situación en el Metro y está “volcado” en la resolución del conflicto.

El exalcalde Xavier Trias dice que la situación laboral en el Metro es gravísima y exige al Gobierno municipal que se ponga las pilas para desencallar la situación: “Llegaremos al Mobile y todos a correr, cuando el problema no es el Mobile sino que se afecta a las personas”, avisa Colau, quien replica a su predecesor en el cargo que su gobierno está tan o más preocupado por la huelga que su grupo: “Seguiremos trabajando con toda intensidad, porque las bases para el acuerdo están”.

La dirección de la compañía y el comité de empresa siguen enfrascados en la negociación del convenio colectivo, para el que ya se han celebrado cerca de 70 reuniones. Parecía que el acuerdo estaba cerca, pero la decisión de la asamblea de trabajadores puede bloquear la solución. Es, en el fondo, una medida más de presión, pues la plantilla sabe bien que si algo duele en el seno de TMB, y por ende, en el consistorio, es que en jornadas clave peligre el funcionamiento del metro. Han usado la misma arma para otros días señalados en el calendario, como el Mobile World Congress, Alimentaria, el Sónar o el Barça-Madrid. En estos últimos, la amenaza llegó a hacerse realidad, con lo que también sería engañoso pensar que esta nueva advertencia no llegará a cristalizar.

Desde TMB se lamenta que en la asamblea no se haya planteado votar la propuesta que, según afirma la empresa en un comunicado, ha surgido “del trabajo conjunto de las partes con la mediación de la Generalitat”. La compañía dice que ha mantenido una actitud “flexible, dialogante y responsable”, que le ha llevado a “atender las reclamaciones de mejoras laborales de la plantilla sin hipotecar las mejoras en el servicio que reclaman los usuarios y la ciudadanía”.

La plantilla tiene previsto reunirse en asamblea tantas veces como sea necesario, incluidos los meses de verano. La dirección de TMB ha convocado al comité para el viernes, pero los representantes laborales han rechazado el ofrecimiento, puesto que tienen el mandato de no negociar nada sin la mediación de Treball. Fuentes sindicales han asegurado que la decisión se ha adoptado por amplia mayoría, y han recordado que, además de estas nuevas convocatorias, se mantiene la huelga indefinida de los lunes, por lo que Barcelona se verá abocada el 3 de julio a vivir la novena jornada de paros parciales en el metro.

La Seguridad Social reclama 4,8 millones a Adif

La inspección de trabajo ha destapado que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) no cumplió con las cotizaciones establecidas para determinados trabajadores, entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015. La empresa dio una calificación de personal de oficina a trabajadores que no desempeñaban esas funciones, cotizando por ellos sólo un 1% en lugar de un 2,1%, ahorrándose así un 1,1%. La Seguridad Social le reclama ahora 4,8 millones por cotizaciones irregulares.

Fuentes de la empresa aseguran que el gestor «viene cotizando anualmente a la Seguridad Social más de 166 millones de euros y que se encuentra actualmente al corriente de todos los pagos». No obstante, en cuanto a las actas levantadas tras la inspección, la empresa justifica que se trata de un «primer resultado provisional» contra el que Adif presentó las alegaciones correspondientes, que están aún por resolver. «No cabe, por tanto, hablar de deuda como si esta fuera una decisión firme derivada de la inspección, ya que se está a la espera de los resultados definitivos de dicha inspección y del análisis de las mencionadas alegaciones», defendió el portavoz consultado, que precisó que Adif se ha opuesto a los criterios utilizados por la inspección de trabajo. Es más, contempla recurrir la resolución en caso de que salga en contra de la empresa.

Los diputados de Ciudadanos Sergio del Campo, Fernando Navarro, Saúl Ramírez Freire y José Cano Fuster han registrado una batería de preguntas en las que cuestionan al Ejecutivo si conocía “esta manera de proceder” y las medidas que tiene previsto adoptar para evitar que esta situación se repita. Según relata Ciudadanos, que referencia una información publicada en el diario ‘El Mundo’, la Tesorería de la Seguridad Social reclama en cuatro actas de liquidación de cuotas un importe total de 4,8 millones de euros por “cotizaciones irregulares” entre los años 2011 y 2015, ambos incluidos.

Según estas informaciones, Adif no cumplió con las cotizaciones establecidas para determinados trabajadores, configuró conceptos salariales como dietas y calificó como horas de fuerza mayor horas extraordinarias, obteniendo rebajas en los porcentajes a aplicar a estas horas (siendo la retribución la misma. En 2015, el 80% de las horas extraordinarias fueron consideradas de fuerza mayor, reclamándose un importe de 437.137 euros.

“De confirmarse estos hechos, resultaría alarmante que una empresa estatal hubiera actuado de esta manera, eludiendo el cumplimiento de la normativa laboral”, aseveran los diputados en su iniciativa. Los diputados de la formación naranja también se refieren al conflicto laboral de los trabajadores que prestan servicios en varios de sus trenes, el personal de a bordo de la empresa adjudicataria Ferrovial. Estos trabajadores, apunta Ciudadanos, “han visto cómo han retrocedido sus condiciones laborales en los últimos años, lo que les ha llevado a la huelga”, por lo que también preguntan al Gobierno si conoce la situación de estos empleados y sus reclamaciones.

A instancias de una pregunta parlamentaria del diputado de EH Bildu Oskar Matute, el Gobierno reconoció que el Grupo Renfe acumula un total de 50 infracciones denunciadas por las diferentes Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social desde el 1 de enero de 2015 hasta el 15 de marzo de 2017. Interesándose por “las numerosas multas” impuestas al operador público, Matute denunciaba la existencia de “diferentes irregularidades vinculadas a la relación laboral y contractual que la dirección de Renfe mantiene con sus empleados y empleadas” y por ello preguntaba por el número de denuncias y sanciones recibidas.

El Gobierno confirma que en los últimos dos años la Inspección de Trabajo ha levantado 50 actas de infracción, confirmándose la sanción en tres de ellas, dos en vía administrativa y una en fase judicial. El Ejecutivo apostilla que en otras seis el Grupo Renfe ha presentado demanda, estando pendientes todas ellas de la correspondiente resolución judicial. Sin embargo, el Gabinete que preside Rajoy no da respuesta a dos de las tres preguntas registradas por Matute, que también pedía información por la evolución de las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo al Gobierno en los diferentes organismos autónomos, entidades públicas, empresariales, agencias de comunidades autónomas y entidades locales y el detalle de las imputadas a cada una de las entidades y organismos sancionados.

Renfe ajustará un 30% su plantilla de Mercancías

Renfe prevé ajustar en unos 425 empleos, esto es, en un 30,8%, la plantilla de Renfe Mercancías en un periodo de tres años, a cuyo término esta división de transporte de mercancías en tren contará con unos 950 trabajadores, frente los 1.374 efectivos que tenía al cierre de 2016. La medida forma parte del plan estratégico 2017-2019 que la compañía puso en marcha el pasado mes de enero con el fin de garantizar la rentabilidad futura de este negocio, actualmente en pérdidas, y que cuenta con el respaldo de los sindicatos de la compañía.

El ajuste de personal de Renfe Mercancías, que la operadora considera está “sobredimensionado”, se abordará a través de medidas no traumáticas, esto es, mediante bajas voluntarias y el traspaso de trabajadores a otras divisiones de la compañía. La reducción de la plantilla constituye uno de los ejes del plan estratégico de Mercancías, desvelado este lunes por el presidente de la operadora a raíz de la multa impuesta por Competencia a este negocio. El resto de pilares de la estrategia son el rediseño de la política comercial de Renfe Mercancías con el fin de captar más tráficos, y reducir su cartera de activos y participaciones.

Alfaro desvela que Renfe tiene colgado el cartel de ‘se vende’ en las participaciones que ostenta en las firmas con las que Competencia le acusa de haber pactado para obstaculizar la competencia en el sector, liberalizado en España desde 2005. Se trata de Transfesa y Semat, ambas filiales de la alemana Deustche Bahn y especializadas en tráfico de vehículos. Renfe Mercancías también soltará lastre de activos propios. En concreto, prevé traspasar locomotoras a la filial Renfe Alquiler de Material, una firma a la que otros operadores competidores pueden acudir para arrendarlas.

Estas desinversiones permitirán a la operadora mantener su objetivo de superar las pérdidas y cerrar con equilibrio sus cuentas ya en este año 2017, y a pesar de la multa de 65 millones impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Por un lado, la operadora recurrirá la multa a la Audiencia Nacional, a la que además pedirá que deje en suspenso su pago hasta que pronuncie su decisión final. Por otra parte, prevé anotarse las provisiones por la multa en las cuentas de 2016, que actualmente está reformulando, y además amortiguarlas con beneficios extraordinarios procedentes de ventas de activos y ajuste de personal.

La estrategia de Renfe Mercancías contempla que una vez logre el ‘break even’ en 2017, “gracias a estos extraordinarios”, ya en 2018 se consigan las primeras ganancias operativas, esto es, impulsadas por el crecimiento del negocio, y tomar “velocidad de crucero” en 2019. Renfe Mercancías cerró 2016 con una pérdida de 33 millones de euros. No obstante, el nuevo equipo gestor de la compañía que lidera Alfaro tiene actualmente en revisión y reformulación las cuentas del pasado año de la operadora.

En virtud de la reformulación, las cuentas de todo el grupo Renfe arrojarán pérdidas en vez del segundo beneficio de la historia de la compañía como inicialmente se estimaba. En el caso de Renfe Mercancías, supondrá unos mayores ‘números rojos’ de los 33 millones inicialmente estimados. Ello será consecuencia de incluir distintas provisiones, la de la multa de Competencia en el caso de Mercancías, y la de la exposición de Renfe en las sociedades constituidas con Fomento, Adif y los ayuntamientos de distintas capitales para la integración del AVE en las ciudades, dado que estas firmas están todas quebradas.

Renfe mercancías ha perdido un 30% del mercado del transporte de carga en tren desde que el sector se abrió a la competencia en 2005. A pesar de copar un 70% del sector su actividad ha ido descendiendo, como consecuencia, según la empresa, a que el negocio de tráfico de mercancía en ferrocarril también lo ha hecho, a favor del camión. En la actualidad, sólo el 3% de la carga que se mueve por el país lo hace en ferrocarril.

Renfe recibe 1.378 solicitudes a su plan de bajas

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Renfe recibe solicitudes de adhesión a su plan de bajas incentivadas de un total de 1.378 trabajadores, una cifra que duplica a las 765 bajas que el programa de desvinculaciones voluntarias contempla para este año, equivalentes al 5,7% de su plantilla total de la empresa. La compañía ferroviaria pública procederá ahora a ordenar las peticiones de dejar la empresa recibidas en función de los criterios establecidos en el plan con el fin de determinar los trabajadores que finalmente se incluirán en el mismo.

En concreto, 500 bajas se determinarán en función de los cupos de los distintos grupos profesionales a los que se dirige el plan (maquinistas, comerciales, personal de talleres y estructura de dirección entre otros), otras 65 se cubrirán con personal que haya sido calificado como ‘no apto’ y las 185 restantes en función de la antigüedad de los trabajadores en la empresa, según informa UGT.

El plan de bajas voluntarias acordado por Renfe con los sindicatos para 2017 contempla la salida del mismo número de efectivos que el de 2016. En ambos casos, forman parte del plan de empleo que se incluyó en el actual convenio colectivo de la compañía ferroviaria. El objetivo de este plan de empleo es transformar y rejuvenecer la plantilla de Renfe, que actualmente presenta una edad media de 54 años, incorporando nuevos profesionales que generen valor y le permitan atender a las nuevas necesidades de sus distintos negocios.

El plan de desvinculaciones de 2017 irá asociado, al igual que el de 2016, a una tasa de reposición. En el marco del programa del pasado año, la operadora ya lanzó dos ofertas de empleo para un total de unos 584 trabajadores. Del total de puestos de la que fue la primera incorporación de personal a la compañía tras la crisis, la mitad se destinaron a maquinistas (unos 340 efectivos).

Renfe aborda ahora su nuevo plan de bajas mientras el Ministerio de Fomento sopesa volver a unir la operadora y Adif, empresa gestora de la infraestructura ferroviaria, con el fin de conformar un ‘holding’ ferroviario público “fuerte” ante la apertura a la competencia del transporte de viajeros en tren en 2020.

Renfe pacta con los sindicatos un nuevo plan de bajas voluntarias para 565 trabajadores

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Renfe pacta con la mayoría de sus sindicatos lanzar este año un nuevo plan de bajas voluntarias para un total de 565 trabajadores, alrededor del 4,3% de la plantilla de unos 13.000 empleados con que cuenta la compañía ferroviaria. El plan sucede al que la operadora llevó a cabo el pasado año para 750 efectivos y, de igual forma, llevará asociada una tasa de reposición para incorporar nuevos trabajadores. El nuevo programa de desvinculaciones voluntarias y las consiguientes contrataciones forman parte del plan de empleo que incluye el convenio colectivo de la compañía ferroviaria.

El objetivo del plan es transformar y rejuvenecer la plantilla de Renfe, que actualmente presenta una edad media de 54 años, incorporando nuevos profesionales que generen valor para la operadora y le permitan atender a las nuevas necesidades de sus distintos negocios. En cuanto al plan de desvinculaciones que Renfe abrirá este año 2017, del total de 565 trabajadores que saldrán de la empresa, 195 serán maquinistas, otros 110 comerciales y 100 más, personal de talleres.

Podrán sumarse al plan hasta 41 empleados de gestión, 29 de la estructura de dirección y 25 más de la estructura de apoyo. Los trabajadores que finalmente se acojan al plan se seleccionarán en función de su antigüedad en la empresa y su edad. Renfe no descarta ampliar el plan de bajas voluntarias hasta un máximo de 700 efectivos a lo largo del año si así lo permite la marcha de su situación económica, según detallaron dichas fuentes.

El plan de bajas de 2017 irá asociado a una tasa de reposición. En el marco del programa de desvinculaciones del pasado año, la operadora ya lanzó dos ofertas de empleo para un total de unos 584 trabajadores. Del total de puestos de la que fue primera incorporación de personal a la compañía tras la crisis, la mitad se destinaron a maquinistas (unos 340 efectivos).

Renfe aborda ahora un nuevo plan de bajas mientras el Ministerio de Fomento sopesa volver a unir la operadora y Adif, empresa gestora de la infraestructura ferroviaria, con el fin de conformar un ‘holding’ ferroviario público “fuerte” ante la apertura a la competencia del transporte de viajeros en tren en 2020. Por el momento, Renfe espera cerrar en 2016 un segundo ejercicio con beneficios tras lograr en 2015 las primeras ganancias de su historia. Al cierre del pasado mes de octubre la compañía presentaba un beneficio de 20,28 millones de euros. Su beneficio bruto de explotación (Ebitda) se disparó un 48,5%, hasta 385 millones.