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Tres empleados del metro enfermos por amianto

Ya son tres los trabajadores del Metro de Madrid con enfermedad profesional como consecuencia de la exposición a fibras procedentes del amianto, de los cuales dos han sido reconocidos el pasado 20 de abril. Uno de los últimos casos es el de un empleado, que ingresó en la empresa en 1979 para dedicarse al mantenimiento de trenes, primero como peón ayudante y más tarde como oficial. Se encuentra de baja laboral desde el 9 de junio del año pasado por asbestosis, tuvo una intervención de corazón en 2017 y otra operación para extraerle un tumor cerebral este año, pero este último se le ha reproducido, por lo que permanece ingresado desde hace un mes para someterse a un tratamiento de radioterapia.

El otro caso reconocido este mes es el de un trabajador de 58 años que ingresó en la compañía en 1976 para ocuparse del mantenimiento de las escaleras mecánicas, aunque en los últimos años su tarea se ha ampliado a otras instalaciones como las estaciones y el alumbrado. Hace cuatro años, a la vista de una radiografía de tórax, los médicos le preguntaron si manipulaba amianto, y en febrero de 2016 le diagnosticaron asbestosis, si bien, en la actualidad, se mantiene activo.

El secretario general de CCOO en el suburbano madrileño, Juan Carlos de la Cruz, señala que los dos trabajadores, afiliados al sindicato, emprenderán acciones legales para reclamar una indemnización a la empresa porque no adoptó las medidas necesarias para evitar su exposición al amianto.

El primer trabajador del Metro de Madrid con una enfermedad profesional por la exposición a fibras procedentes del amianto presentará en breve una demanda ante los Juzgados de lo Social para reclamar al suburbano una indemnización de aproximadamente 400.000 euros. Se trata de Julián M., de 60 años, quien comenzó a trabajar en 1979 en mantenimiento del Metro de Madrid, como mecánico de material móvil, y permaneció toda su vida laboral en la compañía. En su trabajo, estuvo en contacto con “unos elementos que estaban compuestos de amianto, sin que le facilitaran ningún tipo de medidas de protección, en ningún momento, ni siquiera una triste mascarilla”, explica su abogado, Fernando Morillo, del despacho Bercovitz-Carvajal.

Como consecuencia de la enfermedad profesional, según el letrado, el trabajador estuvo en situación de incapacidad temporal desde junio de 2017 hasta que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconoció la incapacidad laboral permanente el 12 de marzo de este año, previo informe de un Equipo de Valoración de Incapacidades. Hasta el momento, se han realizado exámenes médicos a 371 trabajadores de Metro de Madrid de un total de 470 previstos y todos ellos han dado un resultado negativo en enfermedades relacionadas con la exposición a fibras procedentes del amianto.

Estas pruebas médicas se han desarrollado en el marco de las acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores, que realiza la compañía, y “siempre teniendo en cuenta que no hay riesgo de exposición al amianto ni para los trabajadores ni para los usuarios”, subraya la empresa. El plan de retirada del amianto del Metro de Madrid ya ha comenzado con una primera fase, autorizada por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permitirá actuar en un total de 33 trenes de dos modelos antiguos. La compañía invertirá un total de 140 millones de euros para la eliminación de este mineral en toda la red, tanto en el material móvil como en estaciones y otras instalaciones.

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha abierto recientemente una investigación penal por un posible delito contra los derechos de los trabajadores de Metro, a partir de la denuncia de la Inspección de Trabajo por la presencia de amianto en el suburbano

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Plan de bajas para el 5,8% de empleados de Renfe

Renfe ha planteado un plan de bajas voluntarias para un máximo de 805 trabajadores de la compañía ferroviaria, alrededor del 5,8% de la plantilla de unos 13.720 empleados con que cuenta actualmente. El programa de desvinculaciones que se acometerá durante este ejercicio 2018 se suma a los abordados los dos últimos años, de 750 empleados en 2016 y 2017 respectivamente, y el de unos 500 efectivos de 2015. Estos ajustes se enmarcan en el plan de empleo que la compañía ferroviaria pactó con los sindicatos en el marco de su actual convenio colectivo, que vincula las salidas voluntarias de personal con la incorporación de nuevos efectivos.

El objetivo último de esta medida es transformar y rejuvenecer la plantilla de Renfe, que presenta una edad media de 54 años, incorporando además nuevos profesionales que generen valor y permitan a la empresa atender el crecimiento de algunos de sus negocios y cubrir nuevos perfiles profesionales. La compañía que preside Juan Alfaro cerró en el último trimestre de 2017 la quinta oferta de empleo que lanza desde 2015, que además figura como la mayor de su historia, dado que incorporó 675 empleados, de los que más de la mitad son maquinistas. En la actualidad, tiene abierta una nueva convocatoria para incorporar seis nuevos profesionales entre asesores jurídicos y tributarios, comerciales e ingenieros.

Renfe acomete esta reestructuración de su plantilla en el marco de su estrategia de prepararse para la apertura a la competencia de transporte de viajeros en tren, prevista en 2020, cuando la compañía pública perderá su monopolio en AVE y Larga Distancia y empezará a competir con nuevos operadores privados que entren en el mercado. “Este es nuestro principal foco de atención hasta 2020, mantener la cuota de mercado y prepararnos para dicha apertura“, indicó recientemente el presidente de Renfe. Con este mismo fin, la compañía, que espera cerrar el ejercicio 2017 con sus primeros beneficios de la historia, lanzará a finales de este trimestre un plan de compra de nuevos trenes.

En cuanto al plan de bajas voluntarias que Renfe ejecutará este año plantea que, del máximo de 805 trabajadoras que se pueden sumar, hasta 208 sean maquinistas, 119 comerciales y otros 103 operarios de talleres. También plantea la posibilidad de salida para personal corporativo, tanto en la dirección, como en las estructuras de apoyo y gestión.

Los sindicatos manifestaron su satisfacción por el aumento del número de trabajadores que pueden sumarse al plan respecto a anteriores ejercicios, cuando las solicitudes de adhesión y salida sobrepasaron a las bajas propuestas.

Fomento ofrece diálogo para evitar la huelga

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, confía en el diálogo para que finalmente se pueda evitar la huelga convocada por CCOO en Renfe y Adif para el viernes 29 de septiembre. “Confío en que sentándonos, hablando y explicando con transparencia asuntos que, es cierto que quizá aún no hemos explicado, podamos resolver el conflicto”, explica De la Serna en declaraciones a TVE.

El ministro atribuye el “déficit de información” sobre determinados planes y proyectos en materia ferroviaria “en unos casos a que aún se está trabajando en ellos y, en otros, porque aún no se tiene concreción de las ideas”. El sector ferroviario de CCOO ha decidido convocar huelga en Adif y el Grupo Renfe desde las 00.00 horas hasta las 23.00 horas del próximo 29 de septiembre como medida de presión por “la falta de información sobre temas esenciales en la viabilidad y futuro de ambas empresas”.

CCOO convocó este martes a los trabajadores de Renfe y Adif a secundar una jornada de huelga en protesta por la disminución de empleo en estas compañías y la falta de información que, según el sindicato, recibe del Ministerio y de las operadoras sobre temas “que afectan a su viabilidad y su futuro”.

El sindicato que preside Unai Sordo denuncia que Renfe y Adif suman una plantilla total de 26.000 trabajadores, frente a los 32.000 con que contaban en 2005, antes del inicio de la liberalización del transporte en tren, que arrancó entonces por el negocio de mercancías. “Se han perdido casi 6.000 puestos de trabajo que habrá que recuperar si se quieren mantener los estándares de calidad del ferrocarril en España”, considera el sindicato.

Respecto al “déficit” de información CCOO denuncia la falta de diálogo de las compañías y Fomento sobre la revisión de las conexiones de tren regional y cercanías consideradas de servicio público que actualmente se aborda, el “deterioro de las infraestructuras por falta de mantenimiento” y la próxima liberalización del transporte de viajeros en tren.

CCOO plantea la necesidad de recuperar para el sector público múltiples actividades externalizadas que en opinión del sindicato “empeoran el servicio, además de servir para precarizar el empleo a través de contratos casi temerarios”, y exige una tasa de reposición muy superior al 100%. El secretario general del Sector Ferroviario de CCOO, Manuel Nicolás Taguas, considera “intolerable la disminución de poder adquisitivo que, desde el año 2010, han sufrido todos los empleados públicos, ya que a finales de 2017 acumularán una pérdida que rondará el 15%“.

Taguas denuncia el “oscurantismo del ministerio y las empresas ferroviarias” en asuntos “tan importantes” como la definición de las Obligaciones de Servicio Público para 2018, el deterioro de las infraestructuras y el material rodante por falta de mantenimiento, la liberalización en ciernes del transporte de viajeros, “así como una falta de previsión ante el escenario de competencia que se avecina”.

El Metro de Barcelona, en pie de guerra

El problema en el metro de Barcelona se enquista. Lejos de vislumbrarse una solución al conflicto que mantienen la empresa y los trabajadores desde hace meses, las posturas se radicalizan. Este jueves la asamblea de trabajadores decidía mantener la huelga los lunes no festivos; hasta la fecha, ya van ocho inicios de semana con tres paros de dos horas por turno. Pero además votaban por extender el paro a otros días señalados en rojo en el calendario de la ciudad: la Diada (11 de septiembre) y la Mercè (24 de septiembre). Y amenazan con actuar de la misma forma los días de la Champions, cuando el Barça juegue en la Ciudad Condal.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, explicaba este viernes que, desde el inicio de la huelga de los lunes, se han producido 1,4 millones de validaciones menos y un impacto económico de 546.000 euros para Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Colau asegura que su equipo comparte la preocupación por la situación en el Metro y está “volcado” en la resolución del conflicto.

El exalcalde Xavier Trias dice que la situación laboral en el Metro es gravísima y exige al Gobierno municipal que se ponga las pilas para desencallar la situación: “Llegaremos al Mobile y todos a correr, cuando el problema no es el Mobile sino que se afecta a las personas”, avisa Colau, quien replica a su predecesor en el cargo que su gobierno está tan o más preocupado por la huelga que su grupo: “Seguiremos trabajando con toda intensidad, porque las bases para el acuerdo están”.

La dirección de la compañía y el comité de empresa siguen enfrascados en la negociación del convenio colectivo, para el que ya se han celebrado cerca de 70 reuniones. Parecía que el acuerdo estaba cerca, pero la decisión de la asamblea de trabajadores puede bloquear la solución. Es, en el fondo, una medida más de presión, pues la plantilla sabe bien que si algo duele en el seno de TMB, y por ende, en el consistorio, es que en jornadas clave peligre el funcionamiento del metro. Han usado la misma arma para otros días señalados en el calendario, como el Mobile World Congress, Alimentaria, el Sónar o el Barça-Madrid. En estos últimos, la amenaza llegó a hacerse realidad, con lo que también sería engañoso pensar que esta nueva advertencia no llegará a cristalizar.

Desde TMB se lamenta que en la asamblea no se haya planteado votar la propuesta que, según afirma la empresa en un comunicado, ha surgido “del trabajo conjunto de las partes con la mediación de la Generalitat”. La compañía dice que ha mantenido una actitud “flexible, dialogante y responsable”, que le ha llevado a “atender las reclamaciones de mejoras laborales de la plantilla sin hipotecar las mejoras en el servicio que reclaman los usuarios y la ciudadanía”.

La plantilla tiene previsto reunirse en asamblea tantas veces como sea necesario, incluidos los meses de verano. La dirección de TMB ha convocado al comité para el viernes, pero los representantes laborales han rechazado el ofrecimiento, puesto que tienen el mandato de no negociar nada sin la mediación de Treball. Fuentes sindicales han asegurado que la decisión se ha adoptado por amplia mayoría, y han recordado que, además de estas nuevas convocatorias, se mantiene la huelga indefinida de los lunes, por lo que Barcelona se verá abocada el 3 de julio a vivir la novena jornada de paros parciales en el metro.

La Seguridad Social reclama 4,8 millones a Adif

La inspección de trabajo ha destapado que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) no cumplió con las cotizaciones establecidas para determinados trabajadores, entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015. La empresa dio una calificación de personal de oficina a trabajadores que no desempeñaban esas funciones, cotizando por ellos sólo un 1% en lugar de un 2,1%, ahorrándose así un 1,1%. La Seguridad Social le reclama ahora 4,8 millones por cotizaciones irregulares.

Fuentes de la empresa aseguran que el gestor «viene cotizando anualmente a la Seguridad Social más de 166 millones de euros y que se encuentra actualmente al corriente de todos los pagos». No obstante, en cuanto a las actas levantadas tras la inspección, la empresa justifica que se trata de un «primer resultado provisional» contra el que Adif presentó las alegaciones correspondientes, que están aún por resolver. «No cabe, por tanto, hablar de deuda como si esta fuera una decisión firme derivada de la inspección, ya que se está a la espera de los resultados definitivos de dicha inspección y del análisis de las mencionadas alegaciones», defendió el portavoz consultado, que precisó que Adif se ha opuesto a los criterios utilizados por la inspección de trabajo. Es más, contempla recurrir la resolución en caso de que salga en contra de la empresa.

Los diputados de Ciudadanos Sergio del Campo, Fernando Navarro, Saúl Ramírez Freire y José Cano Fuster han registrado una batería de preguntas en las que cuestionan al Ejecutivo si conocía “esta manera de proceder” y las medidas que tiene previsto adoptar para evitar que esta situación se repita. Según relata Ciudadanos, que referencia una información publicada en el diario ‘El Mundo’, la Tesorería de la Seguridad Social reclama en cuatro actas de liquidación de cuotas un importe total de 4,8 millones de euros por “cotizaciones irregulares” entre los años 2011 y 2015, ambos incluidos.

Según estas informaciones, Adif no cumplió con las cotizaciones establecidas para determinados trabajadores, configuró conceptos salariales como dietas y calificó como horas de fuerza mayor horas extraordinarias, obteniendo rebajas en los porcentajes a aplicar a estas horas (siendo la retribución la misma. En 2015, el 80% de las horas extraordinarias fueron consideradas de fuerza mayor, reclamándose un importe de 437.137 euros.

“De confirmarse estos hechos, resultaría alarmante que una empresa estatal hubiera actuado de esta manera, eludiendo el cumplimiento de la normativa laboral”, aseveran los diputados en su iniciativa. Los diputados de la formación naranja también se refieren al conflicto laboral de los trabajadores que prestan servicios en varios de sus trenes, el personal de a bordo de la empresa adjudicataria Ferrovial. Estos trabajadores, apunta Ciudadanos, “han visto cómo han retrocedido sus condiciones laborales en los últimos años, lo que les ha llevado a la huelga”, por lo que también preguntan al Gobierno si conoce la situación de estos empleados y sus reclamaciones.

A instancias de una pregunta parlamentaria del diputado de EH Bildu Oskar Matute, el Gobierno reconoció que el Grupo Renfe acumula un total de 50 infracciones denunciadas por las diferentes Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social desde el 1 de enero de 2015 hasta el 15 de marzo de 2017. Interesándose por “las numerosas multas” impuestas al operador público, Matute denunciaba la existencia de “diferentes irregularidades vinculadas a la relación laboral y contractual que la dirección de Renfe mantiene con sus empleados y empleadas” y por ello preguntaba por el número de denuncias y sanciones recibidas.

El Gobierno confirma que en los últimos dos años la Inspección de Trabajo ha levantado 50 actas de infracción, confirmándose la sanción en tres de ellas, dos en vía administrativa y una en fase judicial. El Ejecutivo apostilla que en otras seis el Grupo Renfe ha presentado demanda, estando pendientes todas ellas de la correspondiente resolución judicial. Sin embargo, el Gabinete que preside Rajoy no da respuesta a dos de las tres preguntas registradas por Matute, que también pedía información por la evolución de las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo al Gobierno en los diferentes organismos autónomos, entidades públicas, empresariales, agencias de comunidades autónomas y entidades locales y el detalle de las imputadas a cada una de las entidades y organismos sancionados.

Renfe ajustará un 30% su plantilla de Mercancías

Renfe prevé ajustar en unos 425 empleos, esto es, en un 30,8%, la plantilla de Renfe Mercancías en un periodo de tres años, a cuyo término esta división de transporte de mercancías en tren contará con unos 950 trabajadores, frente los 1.374 efectivos que tenía al cierre de 2016. La medida forma parte del plan estratégico 2017-2019 que la compañía puso en marcha el pasado mes de enero con el fin de garantizar la rentabilidad futura de este negocio, actualmente en pérdidas, y que cuenta con el respaldo de los sindicatos de la compañía.

El ajuste de personal de Renfe Mercancías, que la operadora considera está “sobredimensionado”, se abordará a través de medidas no traumáticas, esto es, mediante bajas voluntarias y el traspaso de trabajadores a otras divisiones de la compañía. La reducción de la plantilla constituye uno de los ejes del plan estratégico de Mercancías, desvelado este lunes por el presidente de la operadora a raíz de la multa impuesta por Competencia a este negocio. El resto de pilares de la estrategia son el rediseño de la política comercial de Renfe Mercancías con el fin de captar más tráficos, y reducir su cartera de activos y participaciones.

Alfaro desvela que Renfe tiene colgado el cartel de ‘se vende’ en las participaciones que ostenta en las firmas con las que Competencia le acusa de haber pactado para obstaculizar la competencia en el sector, liberalizado en España desde 2005. Se trata de Transfesa y Semat, ambas filiales de la alemana Deustche Bahn y especializadas en tráfico de vehículos. Renfe Mercancías también soltará lastre de activos propios. En concreto, prevé traspasar locomotoras a la filial Renfe Alquiler de Material, una firma a la que otros operadores competidores pueden acudir para arrendarlas.

Estas desinversiones permitirán a la operadora mantener su objetivo de superar las pérdidas y cerrar con equilibrio sus cuentas ya en este año 2017, y a pesar de la multa de 65 millones impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Por un lado, la operadora recurrirá la multa a la Audiencia Nacional, a la que además pedirá que deje en suspenso su pago hasta que pronuncie su decisión final. Por otra parte, prevé anotarse las provisiones por la multa en las cuentas de 2016, que actualmente está reformulando, y además amortiguarlas con beneficios extraordinarios procedentes de ventas de activos y ajuste de personal.

La estrategia de Renfe Mercancías contempla que una vez logre el ‘break even’ en 2017, “gracias a estos extraordinarios”, ya en 2018 se consigan las primeras ganancias operativas, esto es, impulsadas por el crecimiento del negocio, y tomar “velocidad de crucero” en 2019. Renfe Mercancías cerró 2016 con una pérdida de 33 millones de euros. No obstante, el nuevo equipo gestor de la compañía que lidera Alfaro tiene actualmente en revisión y reformulación las cuentas del pasado año de la operadora.

En virtud de la reformulación, las cuentas de todo el grupo Renfe arrojarán pérdidas en vez del segundo beneficio de la historia de la compañía como inicialmente se estimaba. En el caso de Renfe Mercancías, supondrá unos mayores ‘números rojos’ de los 33 millones inicialmente estimados. Ello será consecuencia de incluir distintas provisiones, la de la multa de Competencia en el caso de Mercancías, y la de la exposición de Renfe en las sociedades constituidas con Fomento, Adif y los ayuntamientos de distintas capitales para la integración del AVE en las ciudades, dado que estas firmas están todas quebradas.

Renfe mercancías ha perdido un 30% del mercado del transporte de carga en tren desde que el sector se abrió a la competencia en 2005. A pesar de copar un 70% del sector su actividad ha ido descendiendo, como consecuencia, según la empresa, a que el negocio de tráfico de mercancía en ferrocarril también lo ha hecho, a favor del camión. En la actualidad, sólo el 3% de la carga que se mueve por el país lo hace en ferrocarril.

Renfe recibe 1.378 solicitudes a su plan de bajas

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Renfe recibe solicitudes de adhesión a su plan de bajas incentivadas de un total de 1.378 trabajadores, una cifra que duplica a las 765 bajas que el programa de desvinculaciones voluntarias contempla para este año, equivalentes al 5,7% de su plantilla total de la empresa. La compañía ferroviaria pública procederá ahora a ordenar las peticiones de dejar la empresa recibidas en función de los criterios establecidos en el plan con el fin de determinar los trabajadores que finalmente se incluirán en el mismo.

En concreto, 500 bajas se determinarán en función de los cupos de los distintos grupos profesionales a los que se dirige el plan (maquinistas, comerciales, personal de talleres y estructura de dirección entre otros), otras 65 se cubrirán con personal que haya sido calificado como ‘no apto’ y las 185 restantes en función de la antigüedad de los trabajadores en la empresa, según informa UGT.

El plan de bajas voluntarias acordado por Renfe con los sindicatos para 2017 contempla la salida del mismo número de efectivos que el de 2016. En ambos casos, forman parte del plan de empleo que se incluyó en el actual convenio colectivo de la compañía ferroviaria. El objetivo de este plan de empleo es transformar y rejuvenecer la plantilla de Renfe, que actualmente presenta una edad media de 54 años, incorporando nuevos profesionales que generen valor y le permitan atender a las nuevas necesidades de sus distintos negocios.

El plan de desvinculaciones de 2017 irá asociado, al igual que el de 2016, a una tasa de reposición. En el marco del programa del pasado año, la operadora ya lanzó dos ofertas de empleo para un total de unos 584 trabajadores. Del total de puestos de la que fue la primera incorporación de personal a la compañía tras la crisis, la mitad se destinaron a maquinistas (unos 340 efectivos).

Renfe aborda ahora su nuevo plan de bajas mientras el Ministerio de Fomento sopesa volver a unir la operadora y Adif, empresa gestora de la infraestructura ferroviaria, con el fin de conformar un ‘holding’ ferroviario público “fuerte” ante la apertura a la competencia del transporte de viajeros en tren en 2020.

Renfe pacta con los sindicatos un nuevo plan de bajas voluntarias para 565 trabajadores

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Renfe pacta con la mayoría de sus sindicatos lanzar este año un nuevo plan de bajas voluntarias para un total de 565 trabajadores, alrededor del 4,3% de la plantilla de unos 13.000 empleados con que cuenta la compañía ferroviaria. El plan sucede al que la operadora llevó a cabo el pasado año para 750 efectivos y, de igual forma, llevará asociada una tasa de reposición para incorporar nuevos trabajadores. El nuevo programa de desvinculaciones voluntarias y las consiguientes contrataciones forman parte del plan de empleo que incluye el convenio colectivo de la compañía ferroviaria.

El objetivo del plan es transformar y rejuvenecer la plantilla de Renfe, que actualmente presenta una edad media de 54 años, incorporando nuevos profesionales que generen valor para la operadora y le permitan atender a las nuevas necesidades de sus distintos negocios. En cuanto al plan de desvinculaciones que Renfe abrirá este año 2017, del total de 565 trabajadores que saldrán de la empresa, 195 serán maquinistas, otros 110 comerciales y 100 más, personal de talleres.

Podrán sumarse al plan hasta 41 empleados de gestión, 29 de la estructura de dirección y 25 más de la estructura de apoyo. Los trabajadores que finalmente se acojan al plan se seleccionarán en función de su antigüedad en la empresa y su edad. Renfe no descarta ampliar el plan de bajas voluntarias hasta un máximo de 700 efectivos a lo largo del año si así lo permite la marcha de su situación económica, según detallaron dichas fuentes.

El plan de bajas de 2017 irá asociado a una tasa de reposición. En el marco del programa de desvinculaciones del pasado año, la operadora ya lanzó dos ofertas de empleo para un total de unos 584 trabajadores. Del total de puestos de la que fue primera incorporación de personal a la compañía tras la crisis, la mitad se destinaron a maquinistas (unos 340 efectivos).

Renfe aborda ahora un nuevo plan de bajas mientras el Ministerio de Fomento sopesa volver a unir la operadora y Adif, empresa gestora de la infraestructura ferroviaria, con el fin de conformar un ‘holding’ ferroviario público “fuerte” ante la apertura a la competencia del transporte de viajeros en tren en 2020. Por el momento, Renfe espera cerrar en 2016 un segundo ejercicio con beneficios tras lograr en 2015 las primeras ganancias de su historia. Al cierre del pasado mes de octubre la compañía presentaba un beneficio de 20,28 millones de euros. Su beneficio bruto de explotación (Ebitda) se disparó un 48,5%, hasta 385 millones.

Fomento confía en despejar los problemas para la apertura de los talleres de Renfe en Valladolid

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Valladolid respira más aliviada. No hay fechas aún, pero nada hay en este momento que aleje las previsiones más optimistas sobre el futuro ferroviario. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, garantiza la carga de trabajo en los talleres de Renfe en Valladolid. El titular de la cartera lanza un mensaje de “tranquilidad” a sindicatos y trabajadores en cuanto a su traslado, y garantiza el pago de 60 millones de deuda de la operación del soterramiento. De la Serna, no obstante, no quiere establecer plazos y pillarse los dedos, como su antecesora en el cargo, quien aseguraba que en 2016 ya estaría el taller completamente operativo.

El retraso en el traslado a los nuevos talleres de Renfe en Valladolid “es ajeno” al voluntad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), asegura el ministro que ayer compareció en rueda de prensa junto al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, con quien ha repasado las necesidades de la Comunidad en lo que afecta a su departamento. De la Serna confía en que “no se prolongue” ese traslado, y que en dos meses haya una “decisión de la administración concursal” respecto a una de las empresas proveedoras de material para los nuevos talleres, y que se puedan “retomar los trabajos”.

“El mensaje es de tranquilidad para los sindicatos y trabajadores”, en cuanto que intentará que se haga “en el menor tiempo posible”.El ministro sostiene que la operación de integración del ferrocarril en Valladolid “es compleja”, aunque para ayudar a resolver la situación económica traslada el “compromiso del Gobierno de España” de pagar los 60 millones que les corresponden en la devolución de la deuda que tiene con los bancos la sociedad alta velocidad creada para la operación, y que asciende en total a 400 millones. “Otras administraciones pueden optar por la vía de la financiación, avalando la operación, en lugar de con una aportación directa”, explica.

De la Serna sostiene que es en el seno de esa sociedad -de la que forman parte el Ayuntamiento, la Junta, Adif y Renfe- donde “se tiene que alcanzar un consenso en función de cual sea la alternativa que se decida”. El ministro explica que tratarán de agilizar todos los trámites que correspondan a Adif para “el traslado definitivo de los talleres y que se pueda liberar el suelo -de los actuales-“ para financiar la operación. Insiste en que tratarán de que “el traslado de los talleres no sea un elemento de bloqueo”, y aclara que el Gobierno “no tiene ningún otro plan” que no sea que toda la actividad se quede en esas instalaciones, en referencia a un posible recorte en la carta de trabajo del que han avisado los sindicatos.

Los nuevos talleres incluirán revisiones y mantenimiento tanto de trenes convencionales -eléctricos o diésel- como de alta velocidad. Cuando se encuentren a pleno rendimiento, será de un millón de horas. Según los datos de Renfe, los talleres van a absorber el 40% de las intervenciones a los trenes de la operadora. En su ubicación habitual, cuenta con 479 trabajadores contratados, más 201 externos procedentes de empresas subcontratadas, según cuentan los representantes de la empresa dependiente del Ministerio de Fomento.

“Es el taller más moderno y más tecnológico de España y de Europa”, decía hace unos meses la titular de Fomento, Ana Pastor, quien sostenía que, cuando estén en funcionamiento, se convertirán en un “nudo de actividad industrial” para Valladolid, Castilla y León y España.

La nave de los talleres ferroviarios suma una superficie construida de 77.000 metros cuadrados dentro del espacio total del complejo (186.500 m2), con una longitud máxima de 420 metros lineales y capacidad de albergar 35 vías en su interior. Dispone también de zona de oficinas, vestuarios, espacio de aparcamientos, depuradora y central de tracción.

Técnicos de Renfe explicaban hace semanas que la entrada de los trenes al complejo se realizará a través del nudo norte, ya que no se ha completado el conocido como ‘by-pass’ de mercancías, mientras que accederán al interior por vías, pero el movimiento por las distintas áreas de las naves se hará mediante colchones neumáticos. A ello se suman los espacios de Adif (343.300 metros cuadrados) y de Redalsa (171.500 m2).

Segunda oferta de empleo en Renfe: 62 trabajadores y 7 directivos

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Renfe lanza una nueva oferta de empleo, la segunda que pone en marcha en este año, con la que contratará otros 62 nuevos trabajadores y 7 directivos. Estos nuevos puestos se suman a los 522 que la operadora ofreció en el proceso de contratación que abrió el pasado mes de mayo, de los que unos 300 corresponden a maquinistas, y que actualmente está en fase de selección. Estas dos ofertas de empleo de Renfe se añaden a la que en paralelo lanzó recientemente Adif, la otra compañía ferroviaria pública, para un total de 205 trabajadores.

La operadora busca siete directivos para las áreas de Tecnologías de la Información, Innovación y Desarrollo, Comercial y Marketing, Proyectos de Estaciones, Sistema de Venta y Operaciones, Operaciones y Logística e Ingeniería de Mantenimiento. Para los otros 62 trabajadores, se precisan cubrir puestos de las áreas profesionales de Control de Gestión y Administración, Asesoría Jurídica, Psicología, Compras y Logística, Tecnología de la Información y Comunicaciones, Comercial y Marketing, Seguridad en la Circulación e Ingeniería. Entre las titulaciones que Renfe demanda en esta nueva oferta de empleo figuran las ingenierías; Económicas y Empresariales, Matemáticas y Estadísticas, y Derecho y Comercial y Marketing, entre otras.

El total de casi 800 puestos de trabajo que en total se ofrecen actualmente en el sector ferroviario es fruto del plan de empleo que Renfe y Adif acordaron con sus sindicatos a finales del pasado año dentro de la negociación de sus respectivos nuevos convenios colectivos. En virtud de estos planes de empleo, las dos empresas abordaron previamente, durante el pasado ejercicio, sendos planes de bajas voluntarias.

El objetivo último de Renfe y Adif es renovar sus plantillas para rejuvenecerlas, dado que presentan una edad media de unos 54 años, e incorporar profesionales adaptados a las nuevas necesidades de las empresas y que aporten valor.

Las dos compañías ferroviarias lanzan estos planes de empleo gracias, además de a los acuerdos con sus sindicatos, a la medida incluida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016, por la que se autorizó a las empresas públicas a contratar personal para reponer hasta un 60% de los trabajadores que hayan perdido en los últimos años.

Renfe y Adif renuevan su personal coincidiendo con la extensión de la red de Alta Velocidad (AVE) española, tras la puesta en servicio de más de 500 nuevos kilómetros en los últimos años, y con el continuo incremento de los pasajeros del ferrocarril.