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Encuentro de víctimas del Alvia con Ana Pastor

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, recibe este jueves al presidente de la plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia, que ocurrió en Angrois (Santiago) en julio de 2013, cuando ella era ministra de Fomento. Será la primera vez que se entrevista con un representante de los afectados por la mayor tragedia ferroviaria de España desde 1972, en la que fallecieron 80 personas y 144 resultaron heridas. A la reunión de este jueves también prevé acudir una delegación del colectivo, aunque el gabinete de la presidenta del Congreso ha matizado que solo se entrevistará con su presidente, Jesús Domínguez.

En julio de 2016, tres años después del siniestro, Pastor accedió a reunirse con la asociación, que por entonces exigía “justicia, verdad y reparación” mediante una comisión de investigación parlamentaria que, si bien hoy en día está aprobada, lleva casi siete meses bloqueada en las Cortes. Sin embargo, el encuentro no llegó a producirse, puesto que justo ese día, el 19 de julio, trascendió el nombramiento de Ana Pastor como presidenta del Congreso de los Diputados.

Las víctimas abandonaron la reunión criticando una postura que en su opinión fue “cobarde”. Era la tercera cita entre Fomento y los afectados por el accidente y apenas duró cinco minutos, con la presencia de los por entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar y los presidente de Adif, Gonzalo Jorge Ferre y Renfe, Pablo Vázquez. Por parte de los afectados acudieron más de 15 personas miembros de la plataforma.

Domínguez ha adelantado que va a reclamarle a Pastor que, “aunque sea cinco años después, pida perdón y asuma su responsabilidad” por el siniestro. Le recordará que Europa ha criticado por falta de independencia la investigación que sobre el accidente realizó la CIAF, la comisión de investigación de accidentes ferroviarios que se inscribe en el Ministerio de Fomento. Además, le trasladará documentación de la que carece el juzgado compostelano que investiga la causa sobre normativa aplicable en la línea Ourense-Santiago, donde se produjo el descarrilamiento.

Jesús Domínguez ha recordado que Ana Pastor en su día indicó que había pedido una auditoría sobre la red ferroviaria. “Y no vieron que no se había hecho un informe de evaluación de riesgos clave”, censura, en alusión al documento independiente por el que el juez instructor mantiene investigados a dos cargos de Adif, uno de Renfe y tres técnicos de la consultora Ineco.

En diciembre de 2016, el nuevo ministro, Íñigo de la Serna, recibió a las víctimas, a las que comunicó que no apoyaría su reivindicación de una comisión de investigación para depurar eventuales responsabilidades políticas por la tragedia, demanda que sí había apoyado seis meses antes siendo alcalde de Santander, durante un pleno del Ayuntamiento.

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Otro cargo de Adif declarará sobre Angrois

El gerente del área de seguridad en la circulación del noroeste de Adif, Fernando Rebón, que es el segundo cargo de esta empresa pública investigado en la causa que trata de esclarecer el accidente del tren Alvia en Angrois (Santiago), está llamado a declarar este miércoles 7 en los juzgados compostelanos. Su participación, así como la del resto de comparecencias previstas por el juez que instruye el caso, está pendiente de la huelga de empleados públicos que desde el 7 de febrero ha retrasado multitud de juicios y actos jurídicos en toda Galicia.

El magistrado Andrés Lago no ve “descartable” que “buena parte de los reproches que justificaron la imputación” de Cortabitarte “puedan ser extensivos” a Rebón, quien actualmente, según fuentes consultadas por Europa Press, sigue ejerciendo de gestor de la dirección corporativa de seguridad en la circulación, y desarrolla su trabajo en León. Casi cinco años después del descarrilamiento, que se cobró la vida de 80 personas y dejó a 144 heridas, Rebón, como alto cargo de una institución pública, se sumó a principios de febrero al que fue director de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, y a su homólogo en Renfe, Antonio Lanchares.

Lago también había imputado supuestas responsabilidades al jefe de inspección de la misma gerencia, José Antonio García Díez, pero la investigación a este hombre será archivada puesto que falleció en 2015. García Díez compareció ante el primer juez del caso, Luis Aláez, en septiembre de 2013, apenas dos meses después del siniestro. En la actualidad son siete los investigados: el maquinista Francisco Garzón Amo, el exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte; su homólogo en Renfe, Antonio Lanchares; tres técnicos de Ineco y el gerente de seguridad en el noroeste también de Adif. Este último está citado para el 7 de marzo a las 9,30 horas, mientras que García Díez lo estaba para las 11,30 horas. Para las 12,00 horas está convocado también un técnico de la unión temporal de empresas (UTE) de Siemens y Thales, que fue la que suministró el sistema de control, mando y señalización en la línea.

Ya para el martes 13 tendrán que comparecer otros cuatro miembros de la UTE. Tendrán que aclarar aspectos sobre el registro de riesgos (‘hazard log’) que hicieron de la línea, y que analizaron los tres técnicos de Ineco que están investigados en la causa. Estos pusieron de manifiesto que Adif no les encargó analizar todo el trayecto, por lo que quedó fuera el enclave que incluye la curva de A Grandeira. El 19 de marzo será el turno de otro técnico de estas compañías, también uno de Bombardier (que suministraba un ‘software’), el director general de operaciones e ingeniería de Renfe, Francisco Minayo de la Cruz, y el gerente de la dirección corporativa de seguridad en la circulación de Renfe, Javier Nicolás Esteban. Minayo de la Cruz y Estaban están involucrados en relación con el envío de un correo electrónico por un jefe de maquinistas avisando sobre la peligrosidad de la curva.

Ya en abril, Lago tomará declaración en calidad de peritos, el día 9, a los expertos Ángel Luis Sanz Cubero y Pilar Calvo, que elaboraron informes sobre señalización y acerca del factor humano para el abogado del maquinista, que aquel día llegó a la curva de A Grandeira con un exceso de velocidad debido a que atendió una llamada telefónica del interventor. A continuación, el 18 de febrero, los que ratificarán sus peritajes serán el ingeniero Antonio Puyol y quien ejerce como directora técnica de Adif desde julio de 2016 Esther Mateo, cuyos documentos aportó el administrador ferroviario en las pasadas semanas para defender su actuación en la línea de Angrois en todo lo relativo al examen de los riesgos.

El AVE logra 21,1 millones de viajeros en 2017

Los trenes AVE de Renfe transportaron 21,10 millones de viajeros en el ejercicio 2017, lo que supone un crecimiento del 3,7% respecto a 2016 y alcanzar un nuevo máximo histórico. El AVE encadena además cinco años consecutivos de crecimientos desde 2013, ejercicio en el que precisamente se bajó el precio de los billetes y Renfe adoptó su nueva política comercial de descuentos y promociones. Además de esta estrategia comercial, el crecimiento del AVE viene impulsado por el aumento de la movilidad, el incremento del turismo y la continua puesta en marcha de nuevas líneas de Alta Velocidad.

El AVE y el Avant, los dos servicios que Renfe presta por líneas de Alta Velocidad, sumaron un total de 28,8 millones de pasajeros y crecieron un 4,1%. El Avant, el servicio de trenes media distancia (regional) que también se presta por líneas de Alta Velocidad, transportó 7,68 millones de pasajeros en 2017, un 5,1% más que un año antes. Por su parte, los trenes Alvia, los que durante su recorrido circulan combinando vías AVE con las líneas convencionales, registraron 6,7 millones de viajeros el pasado año. Se trata de más de la mitad de los 11,8 millones de usuarios con que cerraron los trenes de Larga Distancia de la operadora.

En su conjunto, los trenes AVE, Avant y Alvia fueron elegidos por 36,5 millones de pasajeros, un 3,9% más que un año antes, lo que supone que han ganado 1,4 millones de nuevos usuarios. No obstante, este volumen de viajeros representa el 7,5% del total de 487,9 millones de pasajeros que Renfe transportó en todos sus distintos tipos de trenes durante el año 2017, un 3,5% más que un año antes.

Los trenes de Cercanías y los de Media Distancia convencional, los que tienen consideración de servicio público y para los que Renfe recibe subvención del Estado, se mantienen como los que mayor número de pasajeros transportan. Cercanías sumó 423 millones de usuarios el pasado año, un 3,6% más que un año antes, lo que supone un aumento de 15 millones de nuevos viajeros. Los dos mayores núcleos en los que se presta este servicio, Madrid y Barcelona, saldan el año con crecimientos a pesar de los incidentes y averías registrados en los últimos meses.

Los trenes de Cercanías de Madrid contaron con 241,71 millones de usuarios, un 3,8% más que un año antes, mientras que los de la Ciudad Condal (Rodalies) sumaron 113,48 millones de pasajeros, un 4,8% más. En cuanto a los trenes de Media Distancia convencional, son los que menos crecieron, un 1,5%, hasta sumar un total de 23,67 millones de viajeros, si bien contaron así con más pasajeros que el AVE.

La nieve bloquea un Alvia Bilbao-Barcelona

Un total de 51 pasajeros del tren Alvia que cubría el trayecto Bilbao-Barcelona han tenido que ser evacuados en todoterrenos, después de que el tren se parara en la estación de Inoso (Álava) por la falta de tensión eléctrica después de que, por efecto de la nieve, un árbol cayera sobre el tendido. El incidente tuvo lugar este viernes sobre las ocho menos veinte de la mañana. Los pasajeros del tren, que había partido a las 6.30 horas de Bilbao, permanecieron en el interior de los coches sin calefacción, ya que el convoy quedó sin energía.

El tren quedó parado en la citada estación, ubicada entre Miranda y Orduña, por falta de tensión eléctrica. Renfe intentó poner en marcha la unidad sin que la maniobra fuera posible. La operadora optó por rescatar a los pasajeros de este punto, que es una zona en mitad del monte, con difícil acceso y donde había caído bastante nieve. Los viajeros han sido evacuados en todoterrenos hasta una carretera cercana donde les esperaban unos autobuses que les llevarían hasta Zaragoza, desde donde cogería un tren AVE hasta Barcelona.

«Había mucho riesgo, hemos trabajado al límite, porque la carretera estaba muy mal. El acceso hasta el tren para sacar a los pasajeros ha sido infernal», ha detallado un responsable del dispositivo de socorro, quien ha añadido que la evacuación se ha prolongado durante horas -hasta las 13.15, aproximadamente- debido a «las muchas medidas de seguridad» que requería el operativo. Ha sido un proceso lento y laborioso, según describe. Los pasajeros del tren, que para cuando han llegado los servicios de emergencia ya llevaban más de tres horas parados, «estaban relativamente tranquilos, pero tapados con mantas porque no tenían calefacción».

«Se han quedado muy aliviados al vernos», ha apuntado. Poco a poco, han ido sacándoles del convoy y metiéndoles, de cuatro en cuatro, en los vehículos disponibles para acercarles a una zona donde les esperaba el autobús en el que han continuado su viaje. Un trayecto que «en condiciones normales se realiza en cinco minutos, pero que ha llevado más de 15», ha subrayado Ardanaz. Así, todos los viajeros han seguido hacia su destino, menos tres -entre ellos, una mujer embarazada y su acompañante- que han optado por volver a Bilbao en los todoterrenos de la DYA.

Esta avería ha provocado el corte de la vía desde Orduña a Miranda y ello afectó a a todos los trenes de Larga Distancia de salida y llegada a Bilbao, en concreto, seis, incluyendo el que se ha quedado parado en Inoso. Renfe realizaba transbordos de pasajeros entre Bilbao y Miranda de Ebro. Técnicos de la operadora se desplazaron al lugar para tratar de solventar la avería. Una máquina diesel también fue desplazado hasta el lugar para intentar remolcar el tren hasta Miranda, pero no pudo hacerlo.

Las nevadas han afectado también esta mañana a otros cinco trenes que pasan por el mismo lugar con destino a Bilbao, cuatro Alvias (dos procedentes de Barcelona y otros dos de Madrid), y un Intercity desde Vigo), cuyos pasajeros han sido trasladados en autobuses desde Miranda de Ebro. El temporal de nieve y las bajas temperaturas han obligado a Renfe a modificar los trayectos de algunos de sus trenes Alvia e Intercity. En Asturias, la nieve ha provocado la congelación de los cambiadores de ancho de vía, por lo que los viajeros del trayecto Gijón-Madrid, y viceversa, están obligados a cambiar de tren en León “para evitar que haya problemas en el servicio prestado”. También están afectados por la misma circunstancia las líneas Santander-Alicante y Madrid-Santander, en las que los pasajeros tendrán que hacer transbordo en Palencia.

(Luis Ángel Gómez)

Más de cien consistorios reclaman una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois

Más de 100 ayuntamientos en toda España reclaman la constitución de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para depurar eventuales responsabilidades políticas por el accidente del tren Alvia en Angrois, que dejó 80 muertos y 144 heridos. En torno a 30 de estas peticiones han sido respaldadas en municipios gobernados por el Partido Popular, mientras que otra treintena, aproximadamente, salió adelante en corporaciones presididas por el Partido Socialista.

La asociación de afectados es la impulsora de un texto que también demanda una comisión técnica para que determine las causas del siniestro. Una vez recabados más de un centenar de apoyos de consistorios por todo el conjunto estatal (39 en Galicia, a la espera de su debate en más localidades), la plataforma hará una entrega simbólica de las mociones y declaraciones institucionales este miércoles 31 de mayo en la Cámara Baja, con un documento dirigido, precisamente, a la presidenta Ana Pastor, otrora ministra de Fomento.

Coincidiendo con esta ocasión, los afectados por el descarrilamiento en la curva de A Grandeira se concentrarán a las 18.00 horas en la plaza de las Cortes, donde contarán con el respaldo de varios diputados de distintas formaciones que ya han confirmado su asistencia. En esta concentración tienen previsto participar el socialista Odón Elorza, Joan Capdevilla de ERC, Sergio Pascual de Podemos, Yolanda Díaz de Esquerda Unida (diputada por En Marea) y Alexandra Fernández, de Anova, ambas diputadas por En Marea.

La asociación, que agrupa a la mayoría de las víctimas del accidente ocurrido en julio de 2013, ha remitido cartas a todos los parlamentarios en las que destacan que los más de 100 gobiernos municipales que les respaldan representan a 16 millones de ciudadanos. A lo largo de estos casi cuatro años desde la tragedia, primero el BNG y después En Marea trataron de promover el debate en el Congreso acerca de la creación de una comisión de investigación parlamentaria, pero solo el partido instrumental en el que se integran Podemos, Anova y Esquerda Unida logró que se llegase a abordar la iniciativa, y fue rechazada con el voto en contra de PP y de PSOE.

La plataforma ve “difícil” de entender que los populares voten a favor o se abstengan “en el casi cien por cien de los ayuntamientos” donde se ha abordado su petición pero que luego voten en contra de la misma propuesta en el Congreso. Además de “totalmente incoherente”, critican que “se está desoyendo la opinión de los representantes de 16 millones de ciudadanos, lo que es una actitud absolutamente antidemocrática”. Así se lo recuerdan las víctimas a los diputados del PP en alguna de sus misivas. Le advierten de que, en concreto, el Partido Popular solo se ha negado en uno de los 106 ayuntamientos a la creación de la comisión de investigación.

En el caso del PSOE, con una argumentación casi idéntica, le dicen que también es “difícil entender cómo su partido puede votar a favor en 103 ocasiones y abstenerse en tres de los ayuntamientos y luego votar en contra de la misma propuesta en el Congreso”. Pero a los socialistas, además, le recuerdan que “recientemente su partido votó a favor de instar al Gobierno a crear estas comisiones en las Cortes de Castilla y León y en el Parlamento gallego”.

Los motivos para la creación de ambas comisiones son “claros” para la asociación de afectados. Así, sobre la de tipo técnico, apuestan por “seguir la recomendación de la Agencia Ferroviaria Europea y del Parlamento Europeo de que se haga una investigación independiente (…) ya que la que se hizo (CIAF) no lo era, pues la realizaron miembros de Renfe y Adif, que son parte en la causa”. Para justificar la necesidad de la comisión de investigación parlamentaria -la más controvertida a nivel político-, apelan a “la gravedad” y “la magnitud del accidente”, que “implica” a empresas públicas estatales, así como las “contradicciones y ocultaciones” que aseguran que se están produciendo en este caso.

“Consideramos que es imprescindible realizar una comisión de investigación parlamentaria. El objetivo es que se depuren las posibles responsabilidades políticas, dando así cumplimiento al artículo 52.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados”, inciden las víctimas. Como “ciudadanos con derechos”, defienden solicitar “algo muy democrático” y destacan que “solo” buscan “saber la verdad para poder descansar en paz y aminorar” su sufrimiento. “Porque solo la verdad evitará que una catástrofe como está vuelva a ocurrir”, aseguran en su demanda.

El juez del ‘caso Alvia’ cita como investigado al exjefe de seguridad de Adif en 2013

El juez que instruye la causa por el accidente del Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois ha citado en calidad de investigado al que era director de seguridad en la circulación de Adif en el momento del siniestro, Andrés Cortabitarte, por supuestos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, determina que Cortabitarte “no cumplió” su cometido en relación con la elaboración del correspondiente análisis de riesgos en la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago. Por ello, y al no contar, en consecuencia, “que haya hecho u ordenado medida alguna destinada a evaluar y gestionar dicho riesgo”, generó y toleró una situación de riesgo “que finalmente cristalizó” en el descarrilamiento, que “costó la vida y la salud a múltiples usuarios” aquel día. En concreto, 80 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas.

“Lo que desde luego no podemos discutir es que la curva representaba un riesgo en sí misma“, asevera el juez, quien destaca que “ese riesgo había sido detectado por la propia UTE -unión temporal de empresas, la encargada de construir la infraestructura- y por Ineco -la consultora ligada al Ministerio de Fomento-“. El magistrado añade que, después, ese riesgo “había sido comunicado a Adif explicitando las limitaciones del subsistema suministrado para mitigar o conjurar dicho riesgo y que, finalmente, por parte de Adif nada se hizo para evaluar y reducir dicho riesgo a parámetros de tolerancia conforme a las exigencias de las normas Cenelec”.

Para tomar su decisión de citar en calidad de investigado al que era jefe de seguridad de Adif en el momento del descarrilamiento del tren, en esta “segunda fase”, el instructor se basa en los últimos informes periciales aportados a la causa, y en concreto, fundamentalmente, en el elaborado por el ingeniero César Mariñas. Este experto, nombrado tras un sorteo y considerado por varias partes como el único independiente, determinó que no hubo análisis integral y que, si lo hubiera habido, el peligro en la curva de A Grandeira sería “más que evidente”.

Con todo, el juez advierte que el hecho de que no hubo una evaluación de riesgos previa a la puesta en funcionamiento de la línea es una idea coincidente en todos los peritos, tanto los de la aseguradora QBE -de Renfe-, como en Mariñas y Juan Carlos Carballeira y Enrique Castillo Ron -toda vez que el de José Manuel Lamela se ceñía al material rodante-. La divergencia entre el de Mariñas y el de Carballeira -a Castillo Ron le encargó un informe este último- estriba en si era o no necesaria esa evaluación de riesgos, normativa y técnicamente. Al respecto, el auto de Lago Louro indica que mientras Mariñas cree que sí, Carballeira “se limita a negar” la necesidad normativa pero “guarda silencio respecto del punto de vista técnico”.

“Sorprendente”, resalta el juez, “cuando lo que se espera de un perito es que sustente sus afirmaciones en razones de índole técnico, pues ese es esencialmente la razón de ser de su nombramiento”. De ahí que valore la contestación de Mariñas como “más completa”, y agrega que además es compartida por los peritos Heijnen y Catmur -los de la aseguradora de Renfe- y por Castillo Ron. El magistrado niega la práctica de nuevas diligencias por ahora. En lo referente a la ratificación de otros dos peritajes aportados por el abogado del maquinista, porque “no se estima necesaria”.

En cuanto a la solicitud del fiscal para que se citase a los técnicos de la UTE, el instructor recalca que “no existe motivo alguno”, al no constar incumplimiento alguno por su parte. “Al contrario, fueron ellos quienes detectaron los riesgos derivados de las limitaciones del subsistema de control, mando y señalización suministrado y lo pusieron en conocimiento de Adif”, llama la atención, en alusión al registro de amenazas o ‘Hazar log’ -aportado al sumario por el propio Adif-.

La instrucción del accidente del Alvia estuvo a cargo inicialmente del juez Luis Aláez, quien imputó hasta en dos ocasiones -actualmente citación en calidad de investigados- a varios responsables de Adif, entre ellos al propio Cortabitarte. Sin embargo, la Audiencia Provincial de A Coruña echó abajo sus intenciones por dos veces, al igual que ordenó al actual instructor, Andrés Lago, reabrir la investigación cuando este pretendió cerrarla con el maquinista como único presunto responsable de los 80 homicidios y los delitos de lesiones.

El juez insta a Adif a presentar el plan de seguridad del tramo donde se produjo el accidente del Alvia

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El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, da un plazo de dos días a Adif para que presente el plan general de seguridad del tramo de alta velocidad que conecta Ourense con la capital gallega, en la que se produjo el accidente del tren Alvia en el que murieron 80 personas y más de 100 resultaron heridas. Lago Louro hace esta petición en un auto con fecha de 9 de enero, tras la demanda realizada el pasado 22 de diciembre por el ingeniero de telecomunicaciones César Mariñas.

Ni Mariñas ni los otros dos peritos judiciales –Juan Carlos Carballeira y José Manuel Lamela– han entregado el nuevo informe pericial (o informes, a la luz de su falta de consenso) que les demandó el juez el 1 de septiembre. “A día de hoy no consta aportado a los autos pese a que ya ha transcurrido el plazo fijado a tal fin”, critica el instructor en el auto. Explica que Mariñas recabó el “auxilio” del juzgado a través de un escrito el pasado día 22, y es este documento el que motiva al juez a pedir ahora a Adif el plan general de seguridad de la línea Ourense-Santiago, plan al que, según destaca, “se hace referencia en el ‘safety case’ y en otros documentos del dossier de seguridad”.

La nueva fecha límite para la aportación de la pericial o periciales fija el próximo día 27 de enero, y afirma que “una vez se disponga de tales informes -en plural- se resolverá sobre la práctica de ulteriores diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal y demás partes”. Estas diligencias hacen referencia a la solicitud de un informe a la Agencia Ferroviaria Europea sobre su opinión acerca de si Adif y Renfe evaluaron de manera correcta el riesgo en la curva de A Grandeira -lo pidieron tanto las víctimas como el fiscal y el abogado defensor del maquinista- y a la citación de los técnicos de la UTE e Ineco que realizaron “evaluaciones de esta índole” -lo solicitó el Ministerio Público-. Lago argumenta que, “sin descartar la práctica” de estas diligencias, solo podrá decidir sobre ellas “en el momento en que disponga” de los informes de los peritos.

Tras la ratificación de los peritos de parte de QBE y Enrique Castillo Ron -que elaboró otro estudio por encargo de Carballeira-, el magistrado señala que “han coincidido en manifestar que, de la documentación examinada, incluida la presentada días antes de la mentada ratificación por parte de Adif, no se desprende la existencia de una evaluación integral de riesgo de la línea LAV 082″. “Han discrepado los peritos sobre la necesidad de la misma y sobre los resultados de dicha evaluación, en caso de haberse realizado”, agrega.

En este momento de la investigación del siniestro ferroviario, “lo que realmente interesa es saber si, en efecto, ya no solo desde el punto de vista normativo, sino también desde el punto de vista técnico (…) y teniendo en cuenta variables concurrentes y sabidas de antemano (…) era necesario o no realizar tal evaluación integral con carácter previo a la puesta en funcionamiento de la citada línea y con posterioridad a la misma en caso de sobrevenir algún cambio sgnificativo”. Contra esta resolución cabe recurso de reforma y apelación.

El magistrado da por presentados varios escritos de la defensa del conductor del convoy, Francisco José Garzón Amo -actualmente único imputado-, la plataforma y la asociación de víctimas y varios afectados particulares. El juez admite a trámite y en un solo efecto, entre otros, el recurso de apelación interpuesto por el abogado Manuel Prieto -defensor del maquinista- contra la resolución de 14 de diciembre que desestimaba, a su vez, el recurso de reforma interpuesto contra una providencia anterior, de 15 de septiembre, con la que pedía varias diligencias, como la ratificación de los peritos por él propuestos.

Nueva decepción para las víctimas del Alvia

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Más decepciones. Tampoco a la tercera. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, mantiene la misma línea que sus antecesores y se niega a cumplir con las demandas de las víctimas del accidente de Angrois. Representantes de esta asociación le entregaron un escrito en el que solicitan la creación de dos comisiones sobre el accidente, una formada por técnicos para aclarar sus causas, y otra de investigación parlamentaria, donde se depuraran posibles responsabilidades políticas. Dos peticiones que el propio Íñigo de la Serna hizo suyas y solicitó al Gobierno que cumpliera el pasado 29 de julio, cuando era alcalde de Santander y que ahora no asume.

«Ha sido una decepción total, una hipocresía más, una utilización de las víctimas cuando era alcalde y ahora que es ministro donde dijo digo dice Diego», dice Jesús Domínguez, presidente de la plataforma de las víctimas del tren de Santiago.«No va a hacer absolutamente nada, ni va a pedir públicamente que se cree la comisión de investigación parlamentaria ni tampoco la técnica, para él todo está correcto», añade.

La asociación se muestra “atónita” ante el rechazo por parte del ministro de Fomento de crear una comisión técnica independiente del accidente ferroviario de Santiago de Compostela, que se saldó con 80 muertos y más de 140 heridos, y otra de investigación parlamentaria. La asociación se ha reunido en la tarde del jueves con De la Serna en la sede del Ministerio, después de meses solicitando este encuentro.

Al término de la reunión, Domínguez explica que De la Serna ahora dice que no va a pedir públicamente la creación de la comisión de investigación parlamentaria ni tampoco va a crear la comisión técnica. “Es una tomadura de pelo más”, dice Domínguez que considera que personajes como él “no pueden ser ministros de nada porque representan a todos los ciudadanos y lo que pedimos es algo muy transparente y democrático”.

En su opinión, es “una auténtica vergüenza, una vergüenza nacional, que encima utilicen el dolor de las víctimas y de la gente que perdió a los hijos, a los hermanos y a los padres” en el descarrilamiento del tren Alvia en una curva del barrio de Angrois en las afueras de la capital gallega ocurrido el 24 de julio de 2013.

La portavoz de la asociación, Teresa Gómez Limón, añade que De la Serna es “mucho peor” que la anterior ministra de Fomento (Ana Pastor), quien dijo no desde principio, mientras que el actual titular “ha tenido la desfachatez, la hipocresía y el cinismo de pedirlo cuando era alcalde de Santander porque nunca pensó que iba a ser ministro”. Según Gómez, el ministro dice ahora que cuando lo pidió no sabía que ya se había solicitado una comisión en el Congreso y se había dicho que no y “como ya han dicho que no, pues es que no”.

Vamos a seguir luchando porque tenemos la verdad de nuestra parte porque Europa nos ha dado la razón y el 24 de enero estaremos en Bruselas, defendiendo las dos denuncias que pusimos por el incumplimiento de la seguridad ferroviaria, la normativa y por publicidad engañosa”, añade la portavoz. “Lamentablemente, tenemos que ir al extranjero para encontrar objetividad y profesionalidad”, concluye.

Fomento cita a las víctimas del Alvia el día 29

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Cita después de los Inocentes. Las víctimas del accidente del tren Alvia acudirán al Ministerio de Fomento el próximo jueves, 29 de diciembre, a las 18.30 horas. Una “muy mala fecha”, en época navideña, pero la plataforma de afectados asistirá a la cita con el ministro. El portavoz de la asociación, Jesús Domínguez, destaca que exigirán al nuevo titular del departamento, Íñigo de la Serna, que cumpla aquello con lo que ya se comprometió como alcalde de Santander: la creación de una comisión parlamentaria sobre el siniestro y una investigación independiente que aborde las causas del mismo.

De la Serna pidió en julio, como alcalde de Santander, que “el futuro Gobierno de la Nación” abra una comisión de investigación en sede parlamentaria “para establecer posibles responsabilidades políticas” en relación con el descarrilamiento ocurrido en Santiago en 2013, en el barrio de Angrois, en el que murieron 80 personas y más de un centenar resultaron heridas. La moción respaldada por el PP santanderino también solicitaba una comisión de expertos y técnicos independientes. Ahora, De la Serna tiene las competencias directas en materia ferroviaria.

Domínguez recuerda que estas peticiones “ya las tiene el ministerio”, pues las víctimas las llevaron el pasado julio al encuentro en el que ya no estuvo la extitular de la cartera Ana Pastor -recién nombrada presidenta del Congreso-, y en el que tampoco estuvo su sustituto al frente del cargo, el responsable de Justicia, Rafael Catalá. Aquella cita apenas duró cinco minutos; en este encuentro sí estuvieron presentes el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar y los por entonces presidentes de Adif, Gonzalo Jorge Ferre y Renfe, Pablo Vázquez.

La plataforma de víctimas solicitó una entrevista en cuanto De la Serna ocuó el despacho. Hasta el momento, solo habían recibido como respuesta una carta-tipo en la que se les contestaba dándoles las gracias “por su felicitación con motivo de mi nombramiento como ministro de Fomento”. “Lo que no queremos son más palabras, queremos hechos”, advierte el portavoz de los afectados por el accidente, que hace referencia a que la llamada del ministerio llega este lunes, precisamente, tras la publicación en el diario ‘El Mundo’ de la denuncia de una víctima, Margarita Viguera, que pide que el médico que le atendió estos tres años le haga la cirugía que le falta tras destrozarse la cara en el accidente. Durante el encuentro del día 29 este será otro punto clave que le plantearán las víctimas al ministro. “Nos da igual el seguro. No nos tenemos que estar peleando y el tema de las operaciones se tiene que arreglar“, advierte Jesús Domínguez.

Margarita Viguera reclama que sea el médico de maxilofacial del hospital universitario de A Coruña que le atendió durante estos tres años el que le haga una operación de cirugía que todavía le falta después de destrozarse la cara en el siniestro. Esta víctima critica que, después de destrozarse “el cuerpo entero” y todo lo que ha tenido que afrontar y sigue afrontando, “ahora, además”, ha de “pelearse” con el Servicio Gallego de Salud (Sergas). “Cuando nos tenían que dar todo tipo de facilidades”, contrapone.

El Sergas asegura que está “acelerando los trámites administrativos para que pueda ser operada” en A Coruña, ya que no tiene tarjeta sanitaria gallega, porque no reside en la comunidad. Para tener esta tarjeta, debería empadronarse en la ciudad herculina, algo al respecto de lo cual se queja Viguera, que nació en A Coruña y tiene familia allí, pero ha vivido siempre en Madrid. “El accidente lo tuve allí, lo tuve en Santiago; esto es de vergüenza, que me pague la operación el área sanitaria de Madrid, pero lo que no puede ser es esto”, critica.

Después de recibir la carta del servicio gallego de salud, Margarita Viguera se puso en contacto con sus abogados, y acudieron a la vía de las aseguradoras de Renfe y Adif, pero estas compañías tampoco le han dado una solución, al estar el proceso judicial todavía sin resolver. La Audiencia Provincial de A Coruña ordenó al juez reabrir la investigación, para esclarecer si, además del maquinista, existen otros responsables por parte de Renfe y Adif, que son los encargados de velar por la seguridad en el convoy y en la vía.

La instrucción se encuentra en un nuevo momento de ‘impasse’ ya que el magistrado ha pedido nuevos informes a los tres peritos y tanto el fiscal como las víctimas y la defensa del conductor exigen que la Agencia Ferroviaria Europea se pronuncie sobre si Adif realizó de forma correcta la preceptiva evaluación de riesgos en la línea que conecta Ourense con la capital gallega. Los afectados comparecerán en enero en la comisión de peticiones del Parlamento europeo, para exponer sus dos denuncias, una con la que acusan al estado español de incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria y la segunda sobre un posible delito de publicidad engañosa.

Víctimas del accidente del Alvia plantean nuevos interrogantes a la Agencia Ferroviaria Europea

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La plataforma de víctimas del accidente del Alvia ocurrido en Angrois en julio de 2013 ha planteado al juez una serie de nuevas preguntas para que las responda la Agencia Ferroviaria Europea, por ser “un organismo independiente, experto en la materia y en la regulación legislativa ferroviaria”. Las cuestiones, que ha presentado este martes el abogado que representa al colectivo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, están relacionadas, entre otros aspectos, con el análisis de riesgos en la línea en la que descarriló el tren, provocando 80 muertos y más de 100 heridos.

El representante legal de los afectados por el siniestro considera que, “por si quedan aún dudas”, el ente ferroviario europeo debe pronunciarse sobre si “era exigible la realización previa de una evaluación integral de riesgos”, del proyecto inicial de la línea Ourense-Santiago, de antes de su puesta en funcionamiento, “cuando se había modificado el proyecto inicial”, y de después de la desconexión del sistema de control de velocidades ERTMS embarcado. “En esos tres momentos debe realizarse un análisis de riesgo integral de la línea, pues así lo dispone la legislación”, asevera el letrado, antes de citar a la Directiva 2004/49/CE, el Real Decreto 810/2007, el Reglamento de la Comisión sobre un método común de seguridad para la evaluación y valoración de riesgo y las normas europeas CENELEC-RAMS 50126 y 50129.

Este documento se le entrega al magistrado instructor de la causa después de que el fiscal solicitara un informe por parte de la Agencia Ferroviaria Europea para clarificar puntos relativos al análisis de riesgos. Al Ministerio Público le respondió primero la defensa del maquinista -único imputado-, que amplió las preguntas y criticó el planteamiento de Antonio Roma, al asegurar que “olvida” aspectos en su escrito. Ahora es el turno de la plataforma de víctimas, que coinciden con el abogado Manuel Prieto, que representa a Francisco Garzón Amo, en que, si el juez accede a llamar a declarar a los responsables de la UTE y de Ineco, que elaboraron informes de evaluación de riesgos, debe citarlos en calidad de investigados, y no como testigos.

Todas estas peticiones se producen después de la reapertura de la investigación que ordenó la Audiencia Provincial de A Coruña, que solicitó al juez dilucidar si se había realizado de manera correcta el análisis del riesgo antes de que se produjese el accidente en la curva de A Grandeira.

Miembros de la plataforma comparecerán en enero en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, para exponer sus dos denuncias, una con la que las víctimas acusan al Estado español de incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria y la segunda sobre un posible delito de publicidad engañosa. Su participación en esta comisión se producirá el 23 o el 24 de enero, toda vez que el PSOE se ha unido a los grupos de Los Verdes-ALE y GUE-NGL (Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica) y votó este lunes a favor de su incorporación en el orden del día. El BNG valora que finalmente “se desbloquea este asunto”, al vincular con las diferentes elecciones la actitud en contra de los socialistas. Además avanza que, coincidiendo con su visita a las instituciones comunitarias en esas fechas, pedirá una tercera reunión de las víctimas con los responsables de la Agencia Ferroviaria Europea.

Representantes de la plataforma viajaron a Bruselas a finales de 2015 y mantuvieron encuentros con distintos cargos relacionados con la seguridad ferroviaria en Europa. Ya en julio de 2016, la mencionada agencia les aportó en persona el informe que elaboró y que es muy crítico con la investigación elaborada sobre el accidente por la CIAF (órgano colegiado del Ministerio de Fomento). Las víctimas expondrán sus denuncias y también participarán, previsiblemente, un director político con competencias en seguridad y un representante de la agencia ferroviaria, para ratificar su posición. A continuación habrá un turno de los grupos y se decidirá en ese momento si el procedimiento queda abierto o si, por el contrario, se cierra.

En el escrito presentado este martes, el abogado traslada una veintena de nuevas cuestiones para que sea la Agencia Ferroviaria la que las responda. Entre otros puntos, pregunta si existe en Europa “consenso técnico” sobre la necesidad de protección de las transiciones significativas de velocidad mediante sistemas de control continuo o puntual y si la construcción de una nueva línea se considera un “cambio significativo” en el sistema ferroviario. También pide concretar “en qué consiste la evaluación de riesgos, cómo se determina el nivel de riesgo y su aceptabilidad técnica y cómo se debe llevar a cabo su documentación y sus diferentes fases”.