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Es 24 de julio de 2013. Son las 20.41 horas. El tren Alvia 04155, procedente de Madrid y con destino a Ferrol, descarrila en una curva, cuando faltan apenas cuatro kilómetros para el final del viaje. Impacta a gran velocidad, muy por encima del límite permitido en ese tramo de vía. La intensidad del choque es tan grande, que uno de los ocho coches del covoy asciende 15 metros por encima de la vía. El tren transportaba a 218 personas a bordo. Ochenta pierden la vída y 140 resultan heridas.

A cinco años del accidente, la mayor tragedia ferroviaria de los últimos 40 años en España, los familiares de las víctimas siguen exigiendo justicia. Hace apenas una semana el maquinista del tren siniestrado, Francisco José Garzón, uno de los imputados, compareció en la comisión parlamentaria que investiga el siniestro. Garzón leyó un comunicado en el Congreso de los Diputados en el que insistió en que este «era un accidente anunciado», de cuyos riesgos había advertido él mismo al responsable de seguridad.

Los familiares de las víctimas no pueden olvidar lo ocurrido. Hoy menos que a lo largo de este lustro transcurrido. Este quinto aniversario se produce cuando son ya siete los investigados por posibles responsabilidades penales en el juzgado que instruye la causa y en medio de los trabajos de la comisión de investigación creada en el Congreso de los Diputados para determinar si también hubo responsabilidades políticas. Las víctimas reivindican que «la lucha sirve de algo» y volverán a manifestarse en la capital gallega, desde la estación de tren hasta la plaza del Obradoiro.

Los actos, organizados por la plataforma, dieron comienzo ya este lunes, a las 18,00 horas, con una asamblea y reunión informativa para asociados y afectados en el Auditorio de Galicia del campus norte. Este martes tienen convocada una manifestación (a la que, como al resto del programa, se ha sumado la asociación Apafas) que arrancará a las 11.00 horas. Terminará frente a la Catedral con la lectura de un manifiesto. A las 18.00 horas habrá una misa en la colegiata de Sar y a las 19.00 horas tendrá lugar el homenaje en el campo de la fiesta de Angrois, donde elevarán sus demandas de «verdad y justicia». Para el 25 de julio, a las 12.00 horas, dejarán el encuentro familiar en el denominado ‘Xardín do recordo’ del Pazo do Faramello, en el municipio vecino de Rois.

El el portavoz de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, explica que afrontan los cinco años del accidente con la satisfacción de que, «gracias» a su «empeño» y al apoyo que consiguieron de Europa, ahora mismo son siete las personas investigadas por imprudencia profesional grave: dos altos cargos de Adif, uno de Renfe, tres técnicos de Ineco y el maquinista. «Si no llega a ser por nosotros, se habría cerrado solo con el maquinista», advierte Domínguez, quien, la semana pasada en la comisión de la Cámara Baja, denunció una «cacería» del Gobierno a Francisco Garzón, que en su comunicación con Atocha tras el descarrilamiento señalaba que ya se lo había dicho «al de seguridad (…) que esto era muy peligroso, que esto iba a pasar».

El portavoz de las víctimas reflexiona sobre que el hecho de que haya sido necesaria su movilización permanente para llegar a que haya siete investigados y una comisión de investigación en las Cortes «debería dar que pensar sobre las instituciones» del Estado español. Junto a Garzón, únicamente el director de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, figuraba como investigado hace tan solo un año, durante el cuarto aniversario. En octubre de 2017, el magistrado decidió imputar a su homólogo en Renfe, Antonio Lanchares, así como a tres miembros de la consultora pública Ineco.

Ya en febrero de este año 2018, las imputaciones se ampliaron con otros dos cargos de Adif, uno de ellos fallecido. El otro, el gerente del área de seguridad en la circulación del noroeste, Fernando Rebón, está citado en sede judicial el próximo 12 de septiembre, después de que la huelga de empleados públicos de la justicia obligase a suspender varias comparecencias.

Y será en otoño cuando la comisión de investigación retome sus labores, después del paso de las víctimas, el maquinista, el interventor y varios cargos de Renfe durante este mes de julio. Entonces será el turno de altos cargos y también de los dos exministros salpicados por la tragedia: el socialista José Blanco, actualmente eurodiputado, y la popular Ana Pastor, presidenta del Congreso.

También a la vuelta del verano, ya en septiembre, la plataforma será recibida por el nuevo ministro, José Luis Ábalos, al que le reclamará el cese de los cargos investigados y que previsiblemente estará acompañado por el nuevo presidente de Renfe, Isaías Táboas. La nueva responsable de Adif, por su parte, es la gallega Isabel Pardo de Vera, quien fue directora de obra de los accesos a Santiago. Ábalos acaba de reunirse con la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, quien, a su vez, le pidió la que será una de las principales demandas de las víctimas: una investigación técnica independiente, en contraposición de la realizada por la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios), que solo culpa al maquinista.

La jornada será dura, como casi todos los 24 de julio de estos últimos cinco años. Solo queda el amargo recuerdo. Y una máxima de todos los que sienten el tren: que nunca vuelva a producirse un accidente de este tipo.