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Angrois, cinco años de la tragedia

Es 24 de julio de 2013. Son las 20.41 horas. El tren Alvia 04155, procedente de Madrid y con destino a Ferrol, descarrila en una curva, cuando faltan apenas cuatro kilómetros para el final del viaje. Impacta a gran velocidad, muy por encima del límite permitido en ese tramo de vía. La intensidad del choque es tan grande, que uno de los ocho coches del covoy asciende 15 metros por encima de la vía. El tren transportaba a 218 personas a bordo. Ochenta pierden la vída y 140 resultan heridas.

A cinco años del accidente, la mayor tragedia ferroviaria de los últimos 40 años en España, los familiares de las víctimas siguen exigiendo justicia. Hace apenas una semana el maquinista del tren siniestrado, Francisco José Garzón, uno de los imputados, compareció en la comisión parlamentaria que investiga el siniestro. Garzón leyó un comunicado en el Congreso de los Diputados en el que insistió en que este “era un accidente anunciado”, de cuyos riesgos había advertido él mismo al responsable de seguridad.

Los familiares de las víctimas no pueden olvidar lo ocurrido. Hoy menos que a lo largo de este lustro transcurrido. Este quinto aniversario se produce cuando son ya siete los investigados por posibles responsabilidades penales en el juzgado que instruye la causa y en medio de los trabajos de la comisión de investigación creada en el Congreso de los Diputados para determinar si también hubo responsabilidades políticas. Las víctimas reivindican que “la lucha sirve de algo” y volverán a manifestarse en la capital gallega, desde la estación de tren hasta la plaza del Obradoiro.

Los actos, organizados por la plataforma, dieron comienzo ya este lunes, a las 18,00 horas, con una asamblea y reunión informativa para asociados y afectados en el Auditorio de Galicia del campus norte. Este martes tienen convocada una manifestación (a la que, como al resto del programa, se ha sumado la asociación Apafas) que arrancará a las 11.00 horas. Terminará frente a la Catedral con la lectura de un manifiesto. A las 18.00 horas habrá una misa en la colegiata de Sar y a las 19.00 horas tendrá lugar el homenaje en el campo de la fiesta de Angrois, donde elevarán sus demandas de “verdad y justicia”. Para el 25 de julio, a las 12.00 horas, dejarán el encuentro familiar en el denominado ‘Xardín do recordo’ del Pazo do Faramello, en el municipio vecino de Rois.

El el portavoz de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, explica que afrontan los cinco años del accidente con la satisfacción de que, “gracias” a su “empeño” y al apoyo que consiguieron de Europa, ahora mismo son siete las personas investigadas por imprudencia profesional grave: dos altos cargos de Adif, uno de Renfe, tres técnicos de Ineco y el maquinista. “Si no llega a ser por nosotros, se habría cerrado solo con el maquinista”, advierte Domínguez, quien, la semana pasada en la comisión de la Cámara Baja, denunció una “cacería” del Gobierno a Francisco Garzón, que en su comunicación con Atocha tras el descarrilamiento señalaba que ya se lo había dicho “al de seguridad (…) que esto era muy peligroso, que esto iba a pasar”.

El portavoz de las víctimas reflexiona sobre que el hecho de que haya sido necesaria su movilización permanente para llegar a que haya siete investigados y una comisión de investigación en las Cortes “debería dar que pensar sobre las instituciones” del Estado español. Junto a Garzón, únicamente el director de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, figuraba como investigado hace tan solo un año, durante el cuarto aniversario. En octubre de 2017, el magistrado decidió imputar a su homólogo en Renfe, Antonio Lanchares, así como a tres miembros de la consultora pública Ineco.

Ya en febrero de este año 2018, las imputaciones se ampliaron con otros dos cargos de Adif, uno de ellos fallecido. El otro, el gerente del área de seguridad en la circulación del noroeste, Fernando Rebón, está citado en sede judicial el próximo 12 de septiembre, después de que la huelga de empleados públicos de la justicia obligase a suspender varias comparecencias.

Y será en otoño cuando la comisión de investigación retome sus labores, después del paso de las víctimas, el maquinista, el interventor y varios cargos de Renfe durante este mes de julio. Entonces será el turno de altos cargos y también de los dos exministros salpicados por la tragedia: el socialista José Blanco, actualmente eurodiputado, y la popular Ana Pastor, presidenta del Congreso.

También a la vuelta del verano, ya en septiembre, la plataforma será recibida por el nuevo ministro, José Luis Ábalos, al que le reclamará el cese de los cargos investigados y que previsiblemente estará acompañado por el nuevo presidente de Renfe, Isaías Táboas. La nueva responsable de Adif, por su parte, es la gallega Isabel Pardo de Vera, quien fue directora de obra de los accesos a Santiago. Ábalos acaba de reunirse con la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, quien, a su vez, le pidió la que será una de las principales demandas de las víctimas: una investigación técnica independiente, en contraposición de la realizada por la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios), que solo culpa al maquinista.

La jornada será dura, como casi todos los 24 de julio de estos últimos cinco años. Solo queda el amargo recuerdo. Y una máxima de todos los que sienten el tren: que nunca vuelva a producirse un accidente de este tipo.

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“Prisas y presiones” en el accidente del Alvia

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, recibirá próximamente a las víctimas del accidente ferroviario del Alvia en Angrois (Santiago de Compostela), que ayer comparecieron en la comisión de investigación abierta en el Congreso de los Diputados sobre el descarrilamiento del tren que causó 80 muertos y más de 140 heridos. Fuentes de Fomento aseguran que el ministro recibirá a las asociaciones de víctimas de Angrois en el ministerio “en los próximos días”, cuando está a punto de cumplirse cinco años del siniestro, ocurrido el 24 de julio de 2013.

La víctimas han criticado las mentiras vertidas por responsables políticos sobre el accidente y han señalado que la comisión parlamentaria debe servir para establecer responsabilidades políticas, separando éstas del curso judicial de este caso en un juzgado en Santiago de Compostela. Según ha explicado el presidente de la plataforma, Jesús Domínguez, el accidente ferroviario se produjo por una “concatenación de errores” entre “prisas y presiones” y como muestra ha señalado que se puso en marcha la línea sin el análisis de riesgo. Sin embargo, Domínguez ha puesto el acento en la falta de “depuración de responsabilidades”, ya que entiende que los responsables políticos han engañado a la sociedad. En especial ha criticado que desde Fomento no se catalogara la línea como Alta Velocidad, se indicara que había sistemas de seguridad cuando se encontraban desconectados o que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que se inscribe en Fomento, estuviera formado por las propias instituciones implicadas en el siniestro.

“Nadie ha colaborado, ni nadie ha dimitido. Esa es la responsabilidad política. En vez de asumirla luego les hemos tenido de presidenta del Congreso, de ministro de Justicia o de eurodiputado”, ha señalado, en referencia a la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor; al entonces secretario de Estado Rafael Catalá, que posteriormente ocupó el Ministerio de Justicia, o José Blanco, exministro de Fomento socialista y actual eurodiputado. Al tiempo, ha recalcado que las víctimas no confunden esta crítica con el transcurrir del caso en los tribunales. “Son más estas mentiras, estas ocultaciones”, ha subrayado Domínguez sobre las reivindicaciones de las víctimas separando esta comisión del caso judicial.

Cristina Liras, ante la pregunta de la diputada de En Marea, Alexandra Fernández, sobre el trato recibido por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, ha denunciado las “patadas” que ha dado a las víctimas y se ha detenido en la “hipocresía” y “pamema”, que a su juicio fue la entrega de las medallas de oro de Galicia en 2014 a unas víctimas del Alvia, mientras se producía una protesta en los aledaños de la Ciudad de la Cultura de Santiago.

La comisión de investigación del accidente del Alvia, constituida hace casi tres meses, acogió las comparecencias de Jesús Domínguez La Rosa, presidente de la Plataforma Víctimas Alvia 04155; de Cristina Liras Llorente, vocal de la Plataforma; y de Concepción Díaz Andrés, de la Asociación de Perjudicados por el Accidente. Irán seguidas hoy de Carmen Jiménez Berrocal, directora de la Oficina de Atención a Víctimas de Renfe; de Francisco José Garzón Amo, el maquinista del tren siniestrado; y Antonio Martín Marugán, el interventor del convoy. La comisión se reunirá al menos una vez a la semana y contará con un total de 49 comparecencias para esclarecer las causas del accidente ferroviario de Santiago.

El tren Alvia que efectuaba el recorrido entre Madrid y Ferrol descarriló en una curva al aproximarse a la capital gallega a las 20.41 horas del 24 de julio de 2013 cuando circulaba a 179 kilómetros por hora, según las cajas negras de la locomotora, pese a que el límite establecido era de 80 kilómetros por hora. El exceso de velocidad fue considerado como la principal causa del descarrilamiento, del que todavía está en fase de instrucción el proceso judicial para determinar los responsables de esa tragedia ferroviaria, una de las mayores de España. El maquinista, que frenó solo unos segundos antes del descarrilamiento, es el principal encausado junto con el exdirector de seguridad en la circulación de Adif Andrés Cortabitarte.

El accidente de Angrois, al Congreso

El maquinista y el interventor del tren Alvia, que descarriló en julio de 2013 en las afueras de Santiago, accidente en el que murieron ochenta personas, han sido citados la próxima semana ante una comisión del Congreso de los Diputados que investiga el siniestro. Francisco José Garzón y Antonio Martín Marugón acudirán el próximo miércoles ante la comisión, junto a la directora de la oficina de atención a víctimas del operador ferroviario Renfe, Carmen Jiménez, y a representantes de asociaciones de víctimas, según el calendario divulgado.

La comisión iniciará su sesión el martes próximo con la comparecencia de los responsables de asociaciones de víctimas y familiares de los siniestrados, ya que además de los ochenta muertos, otro centenar y medios de pasajeros resultaron heridos de diversa consideración, y proseguirá el miércoles con la intervención de los tripulantes del convoy.

El tren Alvia que efectuaba el recorrido entre Madrid y Ferrol descarriló en una curva al aproximarse a la capital gallega a las 20.41 horas del 24 de julio de 2013 cuando circulaba a 179 kilómetros por hora, según las cajas negras de la locomotora, pese a que el límite establecido era de 80 kilómetros por hora. El exceso de velocidad es considerado como la principal causa del descarrilamiento, del que todavía está en fase de instrucción el proceso judicial para determinar los responsables de esa tragedia ferroviaria, una de las mayores de España.

El maquinista, que frenó solo unos segundos antes del descarrilamiento, es el principal encausado junto con el ex director de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte. Poco antes del accidente, el conductor recibió una llamada en su teléfono móvil del interventor, que viajaba a bordo del tren y que intentaba facilitar a una familia de pasajeros con hijos que pudiera apearse en Pontedeume.

El Juzgado de instrucción ha cuestionado el cambio en el sistema de control de velocidad por parte de Adif en la curva del accidente, al señalar en un auto en febrero de 2014 que la “transformación” de esa vía en alta velocidad significó un ahorro de “unos minutos” de tiempo de viaje, pero como contrapartida tuvo “un importante aumento del riesgo para la vida de los cientos o miles de personas que utilizan la línea cada día”. Asimismo, puso en entredicho la decisión de “eliminar el sistema ERTMS”, un mecanismo europeo de frenado automático en caso de superar desmesuradamente el limite de velocidad establecido, por el sistema ASFA, que no permitió evitar el trágico accidente.

El tren extremeño, sin remedio

Un nuevo incidente, en este caso un tren que ha ardido, ha reavivado la indignación por la situación del ferrocarril en Extremadura, que “no aguanta más”, según el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, quien se reunirá esta semana con Fomento para abordar esta cuestión. El incidente ocurrió el sábado por la tarde-noche cuando el tren de Media Distancia 17907 Huelva-Madrid, que atraviesa Extremadura, quedó detenido en Torrijos (Toledo) por un foco de incendio en el convoy y los más de 60 viajeros tuvieron que ser evacuados a pie, con dos heridos leves al apearse. Viajeros que finalmente realizaron el trayecto a sus destinos en autobús, según informaron Adif y Renfe.

Nada más conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de comentarios de personas que denunciaban la situación y pedían un tren digno para la comunidad. Por ellas circularon rápidamente testimonios de personas afectadas y fotografías donde se podía ver a los viajeros tras apearse del tren cerca de las vías y en mitad del campo a la espera de una solución.

Fernández Vara se hizo eco del incidente en su perfil en la red social Twitter, donde expresó: “Hoy ha ardido nuestro tren. Y nuestra gente ha sufrido mucho. Se acabó la paciencia. Extremadura no aguanta más!”, y añadió que “este gobierno no tiene culpa pero sí la responsabilidad de resolverlo”. Poco después, agradeció al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la “rapidez” en su llamada tras el incidente y avanzó que esta semana se reunirá con el Ministerio de Fomento.

El titular de este departamento, José Luis Ábalos, también ofreció una rápida respuesta al afirmar en esta misma red social que Fernández Vara, tiene “toda la razón”, los extremeños “no se merecen estas comunicaciones ferroviarias”. “Trabajaremos para cambiar esta situación”, manifestó.

El incidente tampoco pasó desapercibido para la recientemente nombrada delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, quien aseveró que “tiene que ser una prioridad de este gobierno resolver esta injusticia histórica” con la comunidad. Por su parte, la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, reclamó: “Hechos y no palabras. Prioridad con esta tierra, un tren digno ya. No aguantamos más”.

La consejera lidera, junto a Vara, el Pacto por el Ferrocarril, que reclama mejoras en la red ferroviaria para la región y del que forman parte los partidos políticos y agentes sociales y económicos. “Dos días de verano y nuestros trenes ya están ardiendo”. ¿Hasta cuándo?”, lamentó Podemos Extremadura, mientras que la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Victoria Domínguez, tildó este nuevo incidente como “vergonzoso” y se preguntó si “hay alguien ahí asumiendo alguna responsabilidad?”

Encuentro de víctimas del Alvia con Ana Pastor

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, recibe este jueves al presidente de la plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia, que ocurrió en Angrois (Santiago) en julio de 2013, cuando ella era ministra de Fomento. Será la primera vez que se entrevista con un representante de los afectados por la mayor tragedia ferroviaria de España desde 1972, en la que fallecieron 80 personas y 144 resultaron heridas. A la reunión de este jueves también prevé acudir una delegación del colectivo, aunque el gabinete de la presidenta del Congreso ha matizado que solo se entrevistará con su presidente, Jesús Domínguez.

En julio de 2016, tres años después del siniestro, Pastor accedió a reunirse con la asociación, que por entonces exigía “justicia, verdad y reparación” mediante una comisión de investigación parlamentaria que, si bien hoy en día está aprobada, lleva casi siete meses bloqueada en las Cortes. Sin embargo, el encuentro no llegó a producirse, puesto que justo ese día, el 19 de julio, trascendió el nombramiento de Ana Pastor como presidenta del Congreso de los Diputados.

Las víctimas abandonaron la reunión criticando una postura que en su opinión fue “cobarde”. Era la tercera cita entre Fomento y los afectados por el accidente y apenas duró cinco minutos, con la presencia de los por entonces secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar y los presidente de Adif, Gonzalo Jorge Ferre y Renfe, Pablo Vázquez. Por parte de los afectados acudieron más de 15 personas miembros de la plataforma.

Domínguez ha adelantado que va a reclamarle a Pastor que, “aunque sea cinco años después, pida perdón y asuma su responsabilidad” por el siniestro. Le recordará que Europa ha criticado por falta de independencia la investigación que sobre el accidente realizó la CIAF, la comisión de investigación de accidentes ferroviarios que se inscribe en el Ministerio de Fomento. Además, le trasladará documentación de la que carece el juzgado compostelano que investiga la causa sobre normativa aplicable en la línea Ourense-Santiago, donde se produjo el descarrilamiento.

Jesús Domínguez ha recordado que Ana Pastor en su día indicó que había pedido una auditoría sobre la red ferroviaria. “Y no vieron que no se había hecho un informe de evaluación de riesgos clave”, censura, en alusión al documento independiente por el que el juez instructor mantiene investigados a dos cargos de Adif, uno de Renfe y tres técnicos de la consultora Ineco.

En diciembre de 2016, el nuevo ministro, Íñigo de la Serna, recibió a las víctimas, a las que comunicó que no apoyaría su reivindicación de una comisión de investigación para depurar eventuales responsabilidades políticas por la tragedia, demanda que sí había apoyado seis meses antes siendo alcalde de Santander, durante un pleno del Ayuntamiento.

Otro cargo de Adif declarará sobre Angrois

El gerente del área de seguridad en la circulación del noroeste de Adif, Fernando Rebón, que es el segundo cargo de esta empresa pública investigado en la causa que trata de esclarecer el accidente del tren Alvia en Angrois (Santiago), está llamado a declarar este miércoles 7 en los juzgados compostelanos. Su participación, así como la del resto de comparecencias previstas por el juez que instruye el caso, está pendiente de la huelga de empleados públicos que desde el 7 de febrero ha retrasado multitud de juicios y actos jurídicos en toda Galicia.

El magistrado Andrés Lago no ve “descartable” que “buena parte de los reproches que justificaron la imputación” de Cortabitarte “puedan ser extensivos” a Rebón, quien actualmente, según fuentes consultadas por Europa Press, sigue ejerciendo de gestor de la dirección corporativa de seguridad en la circulación, y desarrolla su trabajo en León. Casi cinco años después del descarrilamiento, que se cobró la vida de 80 personas y dejó a 144 heridas, Rebón, como alto cargo de una institución pública, se sumó a principios de febrero al que fue director de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, y a su homólogo en Renfe, Antonio Lanchares.

Lago también había imputado supuestas responsabilidades al jefe de inspección de la misma gerencia, José Antonio García Díez, pero la investigación a este hombre será archivada puesto que falleció en 2015. García Díez compareció ante el primer juez del caso, Luis Aláez, en septiembre de 2013, apenas dos meses después del siniestro. En la actualidad son siete los investigados: el maquinista Francisco Garzón Amo, el exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte; su homólogo en Renfe, Antonio Lanchares; tres técnicos de Ineco y el gerente de seguridad en el noroeste también de Adif. Este último está citado para el 7 de marzo a las 9,30 horas, mientras que García Díez lo estaba para las 11,30 horas. Para las 12,00 horas está convocado también un técnico de la unión temporal de empresas (UTE) de Siemens y Thales, que fue la que suministró el sistema de control, mando y señalización en la línea.

Ya para el martes 13 tendrán que comparecer otros cuatro miembros de la UTE. Tendrán que aclarar aspectos sobre el registro de riesgos (‘hazard log’) que hicieron de la línea, y que analizaron los tres técnicos de Ineco que están investigados en la causa. Estos pusieron de manifiesto que Adif no les encargó analizar todo el trayecto, por lo que quedó fuera el enclave que incluye la curva de A Grandeira. El 19 de marzo será el turno de otro técnico de estas compañías, también uno de Bombardier (que suministraba un ‘software’), el director general de operaciones e ingeniería de Renfe, Francisco Minayo de la Cruz, y el gerente de la dirección corporativa de seguridad en la circulación de Renfe, Javier Nicolás Esteban. Minayo de la Cruz y Estaban están involucrados en relación con el envío de un correo electrónico por un jefe de maquinistas avisando sobre la peligrosidad de la curva.

Ya en abril, Lago tomará declaración en calidad de peritos, el día 9, a los expertos Ángel Luis Sanz Cubero y Pilar Calvo, que elaboraron informes sobre señalización y acerca del factor humano para el abogado del maquinista, que aquel día llegó a la curva de A Grandeira con un exceso de velocidad debido a que atendió una llamada telefónica del interventor. A continuación, el 18 de febrero, los que ratificarán sus peritajes serán el ingeniero Antonio Puyol y quien ejerce como directora técnica de Adif desde julio de 2016 Esther Mateo, cuyos documentos aportó el administrador ferroviario en las pasadas semanas para defender su actuación en la línea de Angrois en todo lo relativo al examen de los riesgos.

El AVE logra 21,1 millones de viajeros en 2017

Los trenes AVE de Renfe transportaron 21,10 millones de viajeros en el ejercicio 2017, lo que supone un crecimiento del 3,7% respecto a 2016 y alcanzar un nuevo máximo histórico. El AVE encadena además cinco años consecutivos de crecimientos desde 2013, ejercicio en el que precisamente se bajó el precio de los billetes y Renfe adoptó su nueva política comercial de descuentos y promociones. Además de esta estrategia comercial, el crecimiento del AVE viene impulsado por el aumento de la movilidad, el incremento del turismo y la continua puesta en marcha de nuevas líneas de Alta Velocidad.

El AVE y el Avant, los dos servicios que Renfe presta por líneas de Alta Velocidad, sumaron un total de 28,8 millones de pasajeros y crecieron un 4,1%. El Avant, el servicio de trenes media distancia (regional) que también se presta por líneas de Alta Velocidad, transportó 7,68 millones de pasajeros en 2017, un 5,1% más que un año antes. Por su parte, los trenes Alvia, los que durante su recorrido circulan combinando vías AVE con las líneas convencionales, registraron 6,7 millones de viajeros el pasado año. Se trata de más de la mitad de los 11,8 millones de usuarios con que cerraron los trenes de Larga Distancia de la operadora.

En su conjunto, los trenes AVE, Avant y Alvia fueron elegidos por 36,5 millones de pasajeros, un 3,9% más que un año antes, lo que supone que han ganado 1,4 millones de nuevos usuarios. No obstante, este volumen de viajeros representa el 7,5% del total de 487,9 millones de pasajeros que Renfe transportó en todos sus distintos tipos de trenes durante el año 2017, un 3,5% más que un año antes.

Los trenes de Cercanías y los de Media Distancia convencional, los que tienen consideración de servicio público y para los que Renfe recibe subvención del Estado, se mantienen como los que mayor número de pasajeros transportan. Cercanías sumó 423 millones de usuarios el pasado año, un 3,6% más que un año antes, lo que supone un aumento de 15 millones de nuevos viajeros. Los dos mayores núcleos en los que se presta este servicio, Madrid y Barcelona, saldan el año con crecimientos a pesar de los incidentes y averías registrados en los últimos meses.

Los trenes de Cercanías de Madrid contaron con 241,71 millones de usuarios, un 3,8% más que un año antes, mientras que los de la Ciudad Condal (Rodalies) sumaron 113,48 millones de pasajeros, un 4,8% más. En cuanto a los trenes de Media Distancia convencional, son los que menos crecieron, un 1,5%, hasta sumar un total de 23,67 millones de viajeros, si bien contaron así con más pasajeros que el AVE.

La nieve bloquea un Alvia Bilbao-Barcelona

Un total de 51 pasajeros del tren Alvia que cubría el trayecto Bilbao-Barcelona han tenido que ser evacuados en todoterrenos, después de que el tren se parara en la estación de Inoso (Álava) por la falta de tensión eléctrica después de que, por efecto de la nieve, un árbol cayera sobre el tendido. El incidente tuvo lugar este viernes sobre las ocho menos veinte de la mañana. Los pasajeros del tren, que había partido a las 6.30 horas de Bilbao, permanecieron en el interior de los coches sin calefacción, ya que el convoy quedó sin energía.

El tren quedó parado en la citada estación, ubicada entre Miranda y Orduña, por falta de tensión eléctrica. Renfe intentó poner en marcha la unidad sin que la maniobra fuera posible. La operadora optó por rescatar a los pasajeros de este punto, que es una zona en mitad del monte, con difícil acceso y donde había caído bastante nieve. Los viajeros han sido evacuados en todoterrenos hasta una carretera cercana donde les esperaban unos autobuses que les llevarían hasta Zaragoza, desde donde cogería un tren AVE hasta Barcelona.

«Había mucho riesgo, hemos trabajado al límite, porque la carretera estaba muy mal. El acceso hasta el tren para sacar a los pasajeros ha sido infernal», ha detallado un responsable del dispositivo de socorro, quien ha añadido que la evacuación se ha prolongado durante horas -hasta las 13.15, aproximadamente- debido a «las muchas medidas de seguridad» que requería el operativo. Ha sido un proceso lento y laborioso, según describe. Los pasajeros del tren, que para cuando han llegado los servicios de emergencia ya llevaban más de tres horas parados, «estaban relativamente tranquilos, pero tapados con mantas porque no tenían calefacción».

«Se han quedado muy aliviados al vernos», ha apuntado. Poco a poco, han ido sacándoles del convoy y metiéndoles, de cuatro en cuatro, en los vehículos disponibles para acercarles a una zona donde les esperaba el autobús en el que han continuado su viaje. Un trayecto que «en condiciones normales se realiza en cinco minutos, pero que ha llevado más de 15», ha subrayado Ardanaz. Así, todos los viajeros han seguido hacia su destino, menos tres -entre ellos, una mujer embarazada y su acompañante- que han optado por volver a Bilbao en los todoterrenos de la DYA.

Esta avería ha provocado el corte de la vía desde Orduña a Miranda y ello afectó a a todos los trenes de Larga Distancia de salida y llegada a Bilbao, en concreto, seis, incluyendo el que se ha quedado parado en Inoso. Renfe realizaba transbordos de pasajeros entre Bilbao y Miranda de Ebro. Técnicos de la operadora se desplazaron al lugar para tratar de solventar la avería. Una máquina diesel también fue desplazado hasta el lugar para intentar remolcar el tren hasta Miranda, pero no pudo hacerlo.

Las nevadas han afectado también esta mañana a otros cinco trenes que pasan por el mismo lugar con destino a Bilbao, cuatro Alvias (dos procedentes de Barcelona y otros dos de Madrid), y un Intercity desde Vigo), cuyos pasajeros han sido trasladados en autobuses desde Miranda de Ebro. El temporal de nieve y las bajas temperaturas han obligado a Renfe a modificar los trayectos de algunos de sus trenes Alvia e Intercity. En Asturias, la nieve ha provocado la congelación de los cambiadores de ancho de vía, por lo que los viajeros del trayecto Gijón-Madrid, y viceversa, están obligados a cambiar de tren en León “para evitar que haya problemas en el servicio prestado”. También están afectados por la misma circunstancia las líneas Santander-Alicante y Madrid-Santander, en las que los pasajeros tendrán que hacer transbordo en Palencia.

(Luis Ángel Gómez)

Más de cien consistorios reclaman una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois

Más de 100 ayuntamientos en toda España reclaman la constitución de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para depurar eventuales responsabilidades políticas por el accidente del tren Alvia en Angrois, que dejó 80 muertos y 144 heridos. En torno a 30 de estas peticiones han sido respaldadas en municipios gobernados por el Partido Popular, mientras que otra treintena, aproximadamente, salió adelante en corporaciones presididas por el Partido Socialista.

La asociación de afectados es la impulsora de un texto que también demanda una comisión técnica para que determine las causas del siniestro. Una vez recabados más de un centenar de apoyos de consistorios por todo el conjunto estatal (39 en Galicia, a la espera de su debate en más localidades), la plataforma hará una entrega simbólica de las mociones y declaraciones institucionales este miércoles 31 de mayo en la Cámara Baja, con un documento dirigido, precisamente, a la presidenta Ana Pastor, otrora ministra de Fomento.

Coincidiendo con esta ocasión, los afectados por el descarrilamiento en la curva de A Grandeira se concentrarán a las 18.00 horas en la plaza de las Cortes, donde contarán con el respaldo de varios diputados de distintas formaciones que ya han confirmado su asistencia. En esta concentración tienen previsto participar el socialista Odón Elorza, Joan Capdevilla de ERC, Sergio Pascual de Podemos, Yolanda Díaz de Esquerda Unida (diputada por En Marea) y Alexandra Fernández, de Anova, ambas diputadas por En Marea.

La asociación, que agrupa a la mayoría de las víctimas del accidente ocurrido en julio de 2013, ha remitido cartas a todos los parlamentarios en las que destacan que los más de 100 gobiernos municipales que les respaldan representan a 16 millones de ciudadanos. A lo largo de estos casi cuatro años desde la tragedia, primero el BNG y después En Marea trataron de promover el debate en el Congreso acerca de la creación de una comisión de investigación parlamentaria, pero solo el partido instrumental en el que se integran Podemos, Anova y Esquerda Unida logró que se llegase a abordar la iniciativa, y fue rechazada con el voto en contra de PP y de PSOE.

La plataforma ve “difícil” de entender que los populares voten a favor o se abstengan “en el casi cien por cien de los ayuntamientos” donde se ha abordado su petición pero que luego voten en contra de la misma propuesta en el Congreso. Además de “totalmente incoherente”, critican que “se está desoyendo la opinión de los representantes de 16 millones de ciudadanos, lo que es una actitud absolutamente antidemocrática”. Así se lo recuerdan las víctimas a los diputados del PP en alguna de sus misivas. Le advierten de que, en concreto, el Partido Popular solo se ha negado en uno de los 106 ayuntamientos a la creación de la comisión de investigación.

En el caso del PSOE, con una argumentación casi idéntica, le dicen que también es “difícil entender cómo su partido puede votar a favor en 103 ocasiones y abstenerse en tres de los ayuntamientos y luego votar en contra de la misma propuesta en el Congreso”. Pero a los socialistas, además, le recuerdan que “recientemente su partido votó a favor de instar al Gobierno a crear estas comisiones en las Cortes de Castilla y León y en el Parlamento gallego”.

Los motivos para la creación de ambas comisiones son “claros” para la asociación de afectados. Así, sobre la de tipo técnico, apuestan por “seguir la recomendación de la Agencia Ferroviaria Europea y del Parlamento Europeo de que se haga una investigación independiente (…) ya que la que se hizo (CIAF) no lo era, pues la realizaron miembros de Renfe y Adif, que son parte en la causa”. Para justificar la necesidad de la comisión de investigación parlamentaria -la más controvertida a nivel político-, apelan a “la gravedad” y “la magnitud del accidente”, que “implica” a empresas públicas estatales, así como las “contradicciones y ocultaciones” que aseguran que se están produciendo en este caso.

“Consideramos que es imprescindible realizar una comisión de investigación parlamentaria. El objetivo es que se depuren las posibles responsabilidades políticas, dando así cumplimiento al artículo 52.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados”, inciden las víctimas. Como “ciudadanos con derechos”, defienden solicitar “algo muy democrático” y destacan que “solo” buscan “saber la verdad para poder descansar en paz y aminorar” su sufrimiento. “Porque solo la verdad evitará que una catástrofe como está vuelva a ocurrir”, aseguran en su demanda.

El juez del ‘caso Alvia’ cita como investigado al exjefe de seguridad de Adif en 2013

El juez que instruye la causa por el accidente del Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois ha citado en calidad de investigado al que era director de seguridad en la circulación de Adif en el momento del siniestro, Andrés Cortabitarte, por supuestos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, determina que Cortabitarte “no cumplió” su cometido en relación con la elaboración del correspondiente análisis de riesgos en la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago. Por ello, y al no contar, en consecuencia, “que haya hecho u ordenado medida alguna destinada a evaluar y gestionar dicho riesgo”, generó y toleró una situación de riesgo “que finalmente cristalizó” en el descarrilamiento, que “costó la vida y la salud a múltiples usuarios” aquel día. En concreto, 80 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas.

“Lo que desde luego no podemos discutir es que la curva representaba un riesgo en sí misma“, asevera el juez, quien destaca que “ese riesgo había sido detectado por la propia UTE -unión temporal de empresas, la encargada de construir la infraestructura- y por Ineco -la consultora ligada al Ministerio de Fomento-“. El magistrado añade que, después, ese riesgo “había sido comunicado a Adif explicitando las limitaciones del subsistema suministrado para mitigar o conjurar dicho riesgo y que, finalmente, por parte de Adif nada se hizo para evaluar y reducir dicho riesgo a parámetros de tolerancia conforme a las exigencias de las normas Cenelec”.

Para tomar su decisión de citar en calidad de investigado al que era jefe de seguridad de Adif en el momento del descarrilamiento del tren, en esta “segunda fase”, el instructor se basa en los últimos informes periciales aportados a la causa, y en concreto, fundamentalmente, en el elaborado por el ingeniero César Mariñas. Este experto, nombrado tras un sorteo y considerado por varias partes como el único independiente, determinó que no hubo análisis integral y que, si lo hubiera habido, el peligro en la curva de A Grandeira sería “más que evidente”.

Con todo, el juez advierte que el hecho de que no hubo una evaluación de riesgos previa a la puesta en funcionamiento de la línea es una idea coincidente en todos los peritos, tanto los de la aseguradora QBE -de Renfe-, como en Mariñas y Juan Carlos Carballeira y Enrique Castillo Ron -toda vez que el de José Manuel Lamela se ceñía al material rodante-. La divergencia entre el de Mariñas y el de Carballeira -a Castillo Ron le encargó un informe este último- estriba en si era o no necesaria esa evaluación de riesgos, normativa y técnicamente. Al respecto, el auto de Lago Louro indica que mientras Mariñas cree que sí, Carballeira “se limita a negar” la necesidad normativa pero “guarda silencio respecto del punto de vista técnico”.

“Sorprendente”, resalta el juez, “cuando lo que se espera de un perito es que sustente sus afirmaciones en razones de índole técnico, pues ese es esencialmente la razón de ser de su nombramiento”. De ahí que valore la contestación de Mariñas como “más completa”, y agrega que además es compartida por los peritos Heijnen y Catmur -los de la aseguradora de Renfe- y por Castillo Ron. El magistrado niega la práctica de nuevas diligencias por ahora. En lo referente a la ratificación de otros dos peritajes aportados por el abogado del maquinista, porque “no se estima necesaria”.

En cuanto a la solicitud del fiscal para que se citase a los técnicos de la UTE, el instructor recalca que “no existe motivo alguno”, al no constar incumplimiento alguno por su parte. “Al contrario, fueron ellos quienes detectaron los riesgos derivados de las limitaciones del subsistema de control, mando y señalización suministrado y lo pusieron en conocimiento de Adif”, llama la atención, en alusión al registro de amenazas o ‘Hazar log’ -aportado al sumario por el propio Adif-.

La instrucción del accidente del Alvia estuvo a cargo inicialmente del juez Luis Aláez, quien imputó hasta en dos ocasiones -actualmente citación en calidad de investigados- a varios responsables de Adif, entre ellos al propio Cortabitarte. Sin embargo, la Audiencia Provincial de A Coruña echó abajo sus intenciones por dos veces, al igual que ordenó al actual instructor, Andrés Lago, reabrir la investigación cuando este pretendió cerrarla con el maquinista como único presunto responsable de los 80 homicidios y los delitos de lesiones.