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Otro cargo de Adif declarará sobre Angrois

El gerente del área de seguridad en la circulación del noroeste de Adif, Fernando Rebón, que es el segundo cargo de esta empresa pública investigado en la causa que trata de esclarecer el accidente del tren Alvia en Angrois (Santiago), está llamado a declarar este miércoles 7 en los juzgados compostelanos. Su participación, así como la del resto de comparecencias previstas por el juez que instruye el caso, está pendiente de la huelga de empleados públicos que desde el 7 de febrero ha retrasado multitud de juicios y actos jurídicos en toda Galicia.

El magistrado Andrés Lago no ve “descartable” que “buena parte de los reproches que justificaron la imputación” de Cortabitarte “puedan ser extensivos” a Rebón, quien actualmente, según fuentes consultadas por Europa Press, sigue ejerciendo de gestor de la dirección corporativa de seguridad en la circulación, y desarrolla su trabajo en León. Casi cinco años después del descarrilamiento, que se cobró la vida de 80 personas y dejó a 144 heridas, Rebón, como alto cargo de una institución pública, se sumó a principios de febrero al que fue director de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, y a su homólogo en Renfe, Antonio Lanchares.

Lago también había imputado supuestas responsabilidades al jefe de inspección de la misma gerencia, José Antonio García Díez, pero la investigación a este hombre será archivada puesto que falleció en 2015. García Díez compareció ante el primer juez del caso, Luis Aláez, en septiembre de 2013, apenas dos meses después del siniestro. En la actualidad son siete los investigados: el maquinista Francisco Garzón Amo, el exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte; su homólogo en Renfe, Antonio Lanchares; tres técnicos de Ineco y el gerente de seguridad en el noroeste también de Adif. Este último está citado para el 7 de marzo a las 9,30 horas, mientras que García Díez lo estaba para las 11,30 horas. Para las 12,00 horas está convocado también un técnico de la unión temporal de empresas (UTE) de Siemens y Thales, que fue la que suministró el sistema de control, mando y señalización en la línea.

Ya para el martes 13 tendrán que comparecer otros cuatro miembros de la UTE. Tendrán que aclarar aspectos sobre el registro de riesgos (‘hazard log’) que hicieron de la línea, y que analizaron los tres técnicos de Ineco que están investigados en la causa. Estos pusieron de manifiesto que Adif no les encargó analizar todo el trayecto, por lo que quedó fuera el enclave que incluye la curva de A Grandeira. El 19 de marzo será el turno de otro técnico de estas compañías, también uno de Bombardier (que suministraba un ‘software’), el director general de operaciones e ingeniería de Renfe, Francisco Minayo de la Cruz, y el gerente de la dirección corporativa de seguridad en la circulación de Renfe, Javier Nicolás Esteban. Minayo de la Cruz y Estaban están involucrados en relación con el envío de un correo electrónico por un jefe de maquinistas avisando sobre la peligrosidad de la curva.

Ya en abril, Lago tomará declaración en calidad de peritos, el día 9, a los expertos Ángel Luis Sanz Cubero y Pilar Calvo, que elaboraron informes sobre señalización y acerca del factor humano para el abogado del maquinista, que aquel día llegó a la curva de A Grandeira con un exceso de velocidad debido a que atendió una llamada telefónica del interventor. A continuación, el 18 de febrero, los que ratificarán sus peritajes serán el ingeniero Antonio Puyol y quien ejerce como directora técnica de Adif desde julio de 2016 Esther Mateo, cuyos documentos aportó el administrador ferroviario en las pasadas semanas para defender su actuación en la línea de Angrois en todo lo relativo al examen de los riesgos.

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Archivan la causa del accidente de metro de Valencia

La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha archivado la investigación del accidente de metro ocurrido el 3 de julio de 2006, que costó la vida a 43 personas, por haber descartado responsabilidades penales y la imposibilidad de acreditar un fallo en el vehículo o la vía. En un auto de más de 200 folios, hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la jueza concluye que no existen responsables penales porque según los expertos en seguridad ferroviaria, las instalaciones se encontraban en estado apropiado para mantener las condiciones de seguridad a 40 kilómetros por hora, pero el tren circulaba al doble de velocidad.

La jueza rechaza así la petición de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, que representa a trece de las noventa víctimas, para que se tomara declaración a la exdirectora de FGV y a los cuatro técnicos investigados. Considera que ni a ellos ni a los otros tres trabajadores investigados que sí han declarado se les puede exigir responsabilidades penales por 43 delitos de homicidio y 47 de lesiones por imprudencia profesional, ya que ninguna norma obligaba a la colocación de una baliza que protegiese al tren ante un exceso de velocidad en la curva donde descarriló.

La instructora se remite a los informes periciales para subrayar que en 2006, la inexistencia de balizas ante las curvas era una pauta de actuación común en otras administraciones ferroviarias que hasta entonces se había mostrado segura. Apunta además que ni maquinistas, ni trabajadores de infraestructuras ni sindicatos advirtieron nunca del peligro de la misma.

La decisión de archivar la causa y de rechazar nuevas periciales llega días después de que la Audiencia Provincial respaldara a la instructora y rechazara la petición de la Fiscalía para que los peritos de la Inspección de Trabajo y de Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo ampliaran los informes.

La investigación por el accidente del metro se archivó a petición de la Fiscalía en diciembre de 2007. Esta decisión fue confirmada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial en mayo de 2008, pero en enero de 2014 la Audiencia, en este caso la Sección Segunda, ordenó la reapertura a petición de la Fiscalía y contra del criterio de la instructora. Desde entonces se han practicado las diligencias ordenadas por la Audiencia, otras que solicitaron las partes y aquellas que la jueza acordó de oficio.

La causa consta de más de 8.200 folios distribuidos en 30 tomos, a los que hay que añadir numerosos archivos informáticos con un volumen superior a los 2.000 folios; se ha tomado declaración a tres investigados y a 100 testigos. Desde la reapertura, en enero de 2014, han comparecido ante la jueza veintiún maquinistas de la Línea 1. Ninguno tuvo problema o incidente en la curva donde descarriló el vehículo, por donde pasaron dos millones de trenes desde que entró en funcionamiento la línea, en 1988, según expone la jueza.

Las víctimas recuerdan la tragedia de Angrois

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Hace ahora tres años Santiago de Compostela se vistió de luto. El 24 de julio de 2013 será un día inolvidable para los vecinos de Angrois y, sobre todo, para las víctimas del accidente ferroviario más grave de la historia de España. El descarrilamiento del Alvia sigue en la memoria de todos y aún se mantiene en las portadas de toda la Prensa. La Audiencia decide reabrir la instrucción y rectifica el dictamen que apuntaba como único culpable al maquinista del tren, Francisco José Garzón. Las víctimas luchan también para que la causa elimine algunos informes parciales y sea más objetiva.

Bruselas concluye que la investigación de la CIAF, organismo dependiente de Fomento, “no fue independiente, ni determina las causas raíz/estructurales del accidente”. Además la Comisión Europea muestra su “preocupación” por el hecho de que “la autorización del tren pudiese no haber sido conforme a la legislación de la UE”. Todo ello mantiene viva la polémica sobre el accidente en Galicia.

El abogado que representa a la Plataforma Víctimas Alvia 04155 solicita que se excluya del caso el informe de la CIAF porque “carece de la objetividad necesaria”, “no se ajusta a la normativa aplicable en la materia” y “no analiza todas las posibles causas del accidente”. El informe de la Agencia Ferroviaria Europea -hecho público tras diversos retrasos el 7 de julio en un encuentro de miembros del organismo con las víctimas en Bruselas- “se muestra especialmente crítico con las autoridades españolas” al entender que el accidente “no ha sido correctamente investigado“. “Uno de los motivos principales por los que se ataca el informe de la CIAF es por las personas que realizaron el informe, todas ellas vinculadas a Adif, Renfe e Ineco, incumpliendo la Directiva Europea de Seguridad Ferroviaria, en particular los artículos 21.1 y 21.2″, subraya en lo tocante a lo afirmado por Bruselas.

Las víctimas ven “claro y notorio” que la investigación de la CIAF la realizó un equipo que no fue independiente, “tal y como requiere la normativa”. “Por tanto, se concluye que la obligación de investigar el accidente en la forma establecida no se ha cumplido por la autoridades españolas”, advierten, de forma que esperan que el juez instructor del caso, Andrés Lago Louro, excluya ese informe de la CIAF.

A finales de mayo, la Audiencia Provincial de A Coruña ordenó reabrir la instrucción que investiga las causas del accidente del tren Alvia que provocó la muerte de 80 pasajeros y más de un centenar de heridos el 24 de julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois, después de que Lago Louro decidiese en octubre del año pasado cerrar la investigación judicial con el maquinista del tren, Francisco Garzón, como único imputado. Antes que él, instruyó la causa Luis Aláez, que imputó a la responsables de Adif hasta en dos ocasiones, en las que la Audiencia respondió levantando las imputaciones

Los afectados por el accidente ponen el foco en que la Agencia Ferroviaria Europea (ERA en sus siglas en inglés) censura que la investigación de la CIAF “se centra exclusivamente en las causas últimas o directas del accidente”, pero “sin valorar mínimamente las causas raíz y estructurales”. Unas causas estructurales, según avisan las víctimas en su petición, que “inciden en la posible responsabilidad de Adif, Renfe e Ineco“. Como ejemplo exponen que la ERA se queja de que la CIAF “no aclara qué cpche fue el primero en descarrilar”, lo que al parecer de Bruselas “puede ser determinante para la comprensión del accidente”.

También hacen hincapié en que el estudio de la Agencia Ferroviaria Europea “echa de menos” en el informe de la CIAF “conclusiones sobre el diseños de la línea y la evaluación de riesgos”, así como la “metodología utilizada en dicha evaluación y las decisiones tomadas sobre el diseño de la línea”.

Todo ello cuando se cumple el tercer aniversario de la tragedia, en el que las víctimas tienen prevista una completa agenda de actos reivindicativos. Este sábado han mantenido una asamblea en Santiago para analizar estos tres años y una concentración en la plaza del Obradoiro este domingo por la mañana. Ya por la tarde acudirán a Angrois, lugar del accidente, para hacer un acto de homenaje a los fallecidos que comenzará sobre las 19.00 horas, poco antes del paso del tren.

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