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Digitalización de archivos ferroviarios de Jaén

Las fotografías son fuentes fundamentales para la historia. El maridaje entre el ferrocarril y la fotografía es especialmente fructífero. Surgen de modo coetáneo, a finales del primer tercio del siglo XIX, y desde ese momento la proyección pública del primero tiene como compañera de viaje a las reproducciones de imágenes. Las primeras muestras cinematográficas de los hermanos Lumière recogen la llegada de un tren a la estación de La Ciotat, en la Provenza francesa en 1895. Más adelante, el tren y la imagen, la publicidad y la difusión de los viajes se han convertido en iconos habituales de la sociedad moderna, desde los penachos de humo de las locomotoras de vapor hasta la innovación y modernidad aportada por los trenes de alta velocidad. Hay en este universo ferroviario verdaderas obras de arte.

La Asociación de Amigos del Ferrocarril de Jaén cederá a la Diputación su archivo documental y gráfico con el objetivo de que sea digitalizado por el Instituto de Estudios Giennenses (IEG). El colectivo, fundado en 1986, posee miles de documentos que quiere poner a disposición de la ciudadanía y ha considerado que la fórmula idónea para ello es contar con este organismo. “El objetivo no es otro que poner a disposición de la Diputación el importante archivo con el que cuenta la asociación, cuyo propósito es que sea un instrumento que esté al alcance de cualquier vecino de la provincia de Jaén, nuestro país o el mundo, porque su propuesta es que el IEG pueda digitalizar todo ese patrimonio para que podamos colgarlo en la red”.

El presidente y el secretario de la asociación, Miguel Ángel Rodríguez y Francisco José González, respectivamente, han mantenido este jueves con el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes. Reyes destaca que este proyecto también supone reconocer “la capacidad que tiene el IEG desde el punto de vista técnico y de recursos humanos y materiales para poder hacerlo, como se ha demostrado en la digitalización del legado de Miguel Hernández“, que ya está en Internet después de que la Diputación lo adquiriera a la familia del poeta.

“Tenemos un archivo histórico que incluye material que abarca desde los comienzos de la historia del ferrocarril en la provincia de Jaén, en el año 1856, tanto de documentos como de archivos gráficos, y nuestra intención siempre ha sido ponerlo a disposición del público, de todas aquellas personas que estén interesadas”, comenta Rodríguez.

Desde la asociación -que tiene como objetivo la promoción del conocimiento y divulgación de los aspectos históricos, sociales, económicos y técnicos ligados a este medio de transporte- se ha contactado con el Instituto de Estudios Giennenses, que “es el mejor vehículo para llevar a cabo este proyecto”, de manera que el archivo se pone a disposición de la Diputación para que a su vez todos los ciudadanos que estén interesados, además de investigadores e historiadores, puedan acceder a esa documentación.

Reyes incide en que esta propuesta “es buena para que así se conozca en la provincia qué ha supuesto el ferrocarril, tanto los aspectos positivos, que son muchos, como los negativos”, entre los que ha citado “su abandono en los últimos años y la necesidad de que se reactive porque es un medio de transporte limpio, sostenible y fundamental para articular el territorio”. Al hilo, no sólo a la alta velocidad, sino también al ferrocarril tradicional “y las acciones urgentes y necesarias” en el territorio jiennense, como intervenir desde Linares-Baeza hasta Granada, “una actuación clave desde el punto de vista del transporte y para acercar Andalucía oriental al centro de España“.

Igualmente, ha hecho alusión a “una reivindicación histórica” de la provincia de Jaén y Andalucía: “el eje Algeciras-Bobadilla que permita poner en funcionamiento el eje central del Corredor Mediterráneo, tal y como lo planteó la Unión Europea”.

La asociación, constituida en 1986, tiene su sede en el interior de un antiguo coche de pasajeros de la serie 5.000, al AAR-5058, construido en 1947 y apartado en la vía VIII de la estación de ferrocarril de Jaén. Originalmente se trataba de un coche de uso mixto para pasajeros y cafetería, siendo los departamentos de pasajeros de 1ª Clase. Hoy en día es el único superviviente de su serie, pues todos los demás fueron desguazados en su momento. Cedido por Renfe, su interior se vió reformado en 1989 para adecuarlo a su nuevo uso.

(Imagen grabado de la inauguración de la estación de Jaén. Vía Libre)

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Los técnicos no evaluaron el riesgo de Angrois

La consultora pública Ineco solo evaluó hasta el kilómetro 84,144 y dejó fuera la curva de A Grandeira, en la que se produjo el accidente por el cual murieron 80 personas y 144 resultaron heridas en julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois. Así lo ha asegurado la responsable de aprobar el informe de evaluación externa de la línea Ourense-Santiago, Laura López, en una comparecencia que ha durado algo menos de una hora ante el instructor de la causa en el juzgado número 3 de la capital gallega.

Fechado y firmado en diciembre de 2011, Laura López fue quien aprobó el documento; Jorge Merino lo revisó; y Salvador Arriaga fue el autor. Estos dos últimos están citados para declarar este miércoles (a las 9.30 horas Arriaga y a las 12.00 Merino). Todos ellos, así como el director de seguridad de Renfe (que compareció a las 9.30 horas de este martes), lo hacen en calidad de investigados, tras la declaración en julio del alto cargo de Adif implicado en el caso.

López alega en su intervención que Ineco analizó el riesgo hasta el punto kilométrico 84,144, puesto que así se lo encargó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), encargado de velar por la seguridad en la vía. La técnica de Ineco ha expuesto este aspecto ante el interrogatorio del juez, el fiscal y su abogado, y ha terminado respondiendo a una pregunta sobre este extremo de la defensa del maquinista, que pidió realizarla a través del magistrado. Uno de los abogados del conductor Francisco Garzón Amo le ha trasladado la cuestión sobre la posible evaluación del enclavamiento de Santiago, que es el que incluye la curva; López ha contestado que no de manera “contundente”, señalan fuentes del proceso.

Sin embargo, el enclavamiento que analizó Ineco, según su versión, por encargo de Adif, fue el de O Irixo, que es el que llega hasta el mencionado punto 84,144, sin abarcar el 84,413, donde tuvo lugar la tragedia ferroviaria. Además, esta experta explica que Ineco no puede ni debe proponer los medios para mitigar los riesgos, en una alusión directa a las acusaciones que vertió hace cuatro meses el exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte. El documento, obrante en la causa, de 142 páginas, advierte en la número siete de que “quedan fuera del alcance las protecciones no implantadas en el mismo sistema, es decir, los procedimientos operacionales que deben establecerse por Adif para gestionar o mitigar los riesgos exportados”.

En el auto de citación, Andrés Lago apuntaba que según se desprendía de la declaración prestada por Cortabitarte la función de los técnicos de Ineco “no se limitaba a una mera función auditora exenta de capacidad decisoria o propositiva, sino que eran dichos técnicos los encargados de efectuar la evaluación de riesgos y, en caso de resultar alguno que no fuera despreciable, comunicar a Adif las medidas necesarias para conjurar el mismo”. Po este motivo, precisamente, el juez citó a López, Merino y Arriaga en calidad de investigados, para que pudieran ejercitar su legítimo derecho de defensa.

El director de seguridad en la circulación de Renfe, Antonio Lanchares, ha accedido a responder, en su comparecencia como investigado en la causa ante el juez, la Fiscalía y el abogado que lo representa. Esta fue la misma estrategia procesal que siguió el alto cargo de Adif Andrés Cortabitarte el pasado mes de julio cuando también tuvo que acudir a los juzgados compostelanos. Lanchares ha llegado acompañado de varios abogados y ha accedido al edificio judicial en silencio, entre gritos de reproche de varios integrantes de la plataforma de víctimas.

Lanchares está al frente del departamento encargado de la seguridad de Renfe después de trasladar a la empresa pública su intención de dejar el puesto una vez que conoció su imputación. Y es que, según la versión comunicada por Renfe, reconsideró la decisión una vez que recibió el respaldo de la dirección, hace apenas dos semanas. En el auto de citación, el juez destaca que la intervención del cargo de Adif situó a Lanchares “en situación equiparable a la del propio Cortabitarte, de tal modo que cualquier posible defecto en la evaluación de riesgos que pudiere tener incidencia causal en la generación del siniestro sería corresponsabilidad de ambos“.

Quinto ataque a las obras del AVE en Murcia

Las obras de soterramiento que se están efectuando en Murcia han vuelto a sufrir un nuevo acto vandálico. Es la quinta ocasión en menos de dos meses en el que se producen ataques contra maquinaria y medios materiales relacionados con las actuaciones previas para la eliminación de las vías del tren. La diferencia respecto a los sucesos anteriores radica en que, en esta ocasión, se han hallado pruebas dejadas por los autores del sabotaje.

A las 4.35 horas y tras ser alertados por la Sala ‘092’, los agentes de la Policía Local se personan en las vías del tren que transcurren junto al Camino Mota de los Alemanes, en Los Dolores, donde se encontraba ardiendo la maquinaria de las obras, estacionadas en el interior del vallado que delimita el tendido ferroviario y junto a la puerta de acceso en el tramo PK 525 + 550.

Los policías se encontraron una excavadora ardiendo -cuyo incendio requirió la intervención de Bomberos-, mientras la segunda no presentaba daños a simple vista, pero en la que descubren una botella de detergente abierta, envuelta en una bolsa de supermercado, la cual, por el olor que desprendía, parecía contener gasolina. Los agentes vieron un tapón azul en el suelo, junto a la rueda delantera derecha de la máquina, y, al lado de la trasera, un guante de plástico similar a los que suele haber en los surtidores de gasolineras. La valla ubicada en el margen izquierdo de la vía, sentido Beniel desde Murcia, también presentaba un roto justo a la altura de las máquinas.

Como en los cuatro actos vandálicos que han sufrido estas obras en apenas dos meses, también anoche se personaron unidades de Policía Nacional y Policía Científica que se hicieron cargo tanto de los vestigios encontrados como de la custodia de la maquinaria para una inspección más exhaustiva por parte de esta última

Esta ha sido la quinta noche de atentados contra la maquinaria que trabaja en las obras previas al soterramiento de las vías. La anterior tuvo lugar el pasado día 21, cuando se derribaron postes, pantallas de metacrilato, soportes de muretes y tuercas de sujeción; el 12 de septiembre unos encapuchados prendieron fuego a otras dos máquinas que se encontraban en un solar entre las calles Limonar y Pintor Saura Pacheco; el 29 de septiembre, dos camiones sufrieron un incendio junto al paso a nivel de Senda de los Garres; y el martes 3 de octubre fue la noche más violenta, cuyas consecuencias, además de los daños valorados en miles de euros, obligaron a interrumpir el tráfico ferroviario durante varios días en la región.

(Imagen Juan Carlos Caval. La Verdad)

El T-Flight chino desafía al Hyperloop

El Hyperloop tiene competencia. China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) trabaja para construir un ‘tren volador’ que alcanzaría los 4.000 kilómetros por hora. El tren (por su parentesco con el ferrocarril) pretende ser uno de los medios de transporte que cobren protagonismo en la Nueva Ruta de la Seda. El nuevo vehículo sería diez veces más rápido que el tren bala, cuatro veces más rápido que un vuelo comercial y unas tres veces más veloz que la velocidad del sonido.

El gigante asiático se puso manos a la obra para desarrollar su propio proyecto de “tren volador” llamado T-Flight, tras comprobar los avances de Elon Musk con sus primeros experimentos con el Hyperloop One, gestado hace cinco años, que puede superar los 1.000 kilómetros por hora. Este ‘tren volador’ se concibe como un vehículo aerodinámico que utiliza la levitación magnética y viaja a través de un tubo de vacío (parecido al del Hyperloop), según explica el gerente de CASIC, Liu Shiquan. Desde CASIC aseguran que su propia versión del sistema de tubo de vacío será la primera en el mundo diseñada para permitir una velocidad supersónica, aunque el primer paso será alcanzar velocidades máximas de 1.000 kilómetros por hora. La firma estatal china asegura que posee más de 200 patentes para realizar este proyecto. Además, ya están analizando cuál puede ser el mercado del ‘tren volador’, dando prioridad a los países que formen parte del proyecto ‘Onc Belt, One Road’.

El vehículo en cuestión es capaz de quintuplicar la velocidad de los aviones comerciales. De acuerdo a declaraciones del ingeniero jefe Mao Kai al canal de noticias China News Service, T-Flight podría alcanzar una velocidad de 4.000 kilómetros por hora. “La velocidad de aceleración del vehículo será más lenta que un avión al despegar para que los pasajeros puedan despreocuparse de la seguridad”, asegura Mao Kai. El nuevo proyecto chino combina la tecnología que utilizan los trenes bala, el Hyperloop One y la capacidad de vuelo supersónico de los aviones caza, pero también la del MagLev, en su primera línea comercial de alta velocidad en Shanghai.

Aunque sin fecha concreta de lanzamiento, investigadores de Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC), compañía propiedad del estado chino que fabrica desde camiones hasta cohetes, es la encargada de llevar a cabo dicho proyecto. Los técnicos chinos han probado en un laboratorio de la Universidad Jiaotong (sudoeste chino) un modelo de anillo superconductor de levitación magnética de alta temperatura, dentro del cual un tren podría alcanzar los 3.000 kilómetros por hora. Para que un tren ‘maglev’ logre una velocidad tres veces más alta que incluso los aviones comerciales debe desplzarse dentro de un tubo de vacío, dentro del cual el vehículo casi no encontraría resistencia del aire. Este es uno de los factores principales que impiden a los trenes actuales moverse más rápido, ‘consumiendo’ hasta el 83% de la energía en aquellos vehículos que alcanzan una velocidad superior a los 400 kilómetros por hora. El récord de velocidad actual alcanzado por los actuales trenes de levitación magnética, usados principalmente en China y Japón, es de 581 kilómetros por hora.

El mismo concepto de tubo de vacío puede ser utilizado también para lanzar objetos al espacio y, además, puede ser usado por militares, según el líder del proyecto, el doctor Deng Zigang. No obstante, el modelo reducido del tubo de vacío que ha sido probado ahora es de tan solo 12 metros de diámetro. Dicho tamaño impide por hora al vehículo alcanzar una velocidad superior a los 50 kilómetros por hora, si bien la investigación aún se encuentra en su primera etapa. La tecnología hyperloop ofrece un camino para evitar el rozamiento con el aire, ya que en este caso el medio de transporte avanza por un tubo al vacío.

Este proyecto serviría para relanzar una Nueva Ruta de la Seda, concebida como una red de ferrocarriles, carreteras, gasoductos, oleoductos y redes de servicios que conectarán China, Asia Central y partes de Asia del Sur. Desde China siempre han destacado que el apoyo de Moscú es muy relevante para lograr el éxito de este gran proyecto, que pasa por Kazajistán y Kirguistán. Sin duda, el ‘tren volador’ podría mejorar la comunicación de esta unión económica que amenaza con derrocar a Occidente de su trono mundial de la economía.

China se incorpora de esta forma a los proyectos ferroviarios de hiper alta velocidad. Además del modelo occidental hyperloop, también trabaja en este campo el Instituto de Investigación del Ferrocarril (KRRI) de Corea del Sur que desarrolla desde hace tiempo un vehículo de características especiales de velocidad. El proyecto planeado por el gigante asiático pretende gestarse también en colaboración con la Universidad de Hanyang y otros organismos con la idea de alcanzar velocidades cercanas a los 1.000 kilómetros “en un futuro no muy lejano”.

En los tres casos, el camino para conseguir superar el ambicioso techo de los 1.000 kilómetros por hora es el mismo. La velocidad de los ferrocarriles tradicionales está limitada por el rozamiento con las vías, que les resta energía y capacidad de propulsión. Para superar esto, nacieron los trenes de levitación magnética (maglev), que ya funcionan en muchos países como Japón o Alemania, pero incluso en estos casos existe una resistencia a su avance: el aire. Por ello, lo que buscan los investigadores ahora es eliminar las trabas físicas.

56 heridos al chocar un tren de Cercanías

Cincuenta y seis personas resultaron heridas, una de gravedad, en un accidente ocurrido este viernes cuando un tren chocó con el tope de la vía al llegar a una estación del centro de Barcelona. Los servicios de emergencia asistieron a 56 personas: un herido grave, 19 menos graves (incluido el conductor) y 36 leves, tres de ellos dados de alta en la misma estación, señaló en Twitter Protección Civil. De los heridos, uno es francés, otro rumano y los restantes españoles, precisó un portavoz de Protección Civil.

El accidente ha ocurrido sobre las 07.15 horas de la mañana cuando el convoy, de la línea R2 de Rodalies, procedente de la estación de Sant Vicenç de Calders, en El Vendrell (Tarragona), ha chocado con el final de vía en la estación de Francia, con 70 pasajeros a bordo. La parte delantera del convoy, que había salido a las 06.00 de Sant Vicenç de Calders (70 kilómetros al al suroeste de Barcelona), quedó totalmente destruida, mientras que varios coches presentaban daños, por el efecto acordeón producido por la colisión.

Inmediatamente después, los servicios de socorro movilizaron varios vehículos y ambulancias a la estación ubicada en pleno centro histórico de Barcelona, la ciudad más turística de España, mientras las calles aledañas quedaban cerradas para facilitar la operación. “En el momento del choque parecía un terremoto (…) Muchos pasajeros se han caído al suelo, porque ya había gente de pie en el tren, y he visto a varias personas con cortes en la cabeza y en la cara de los golpes”, relató una de las pasajeras, Lídia García, al diario La Vanguardia. “No sabíamos si era una bomba o qué había pasado y la gente se ha puesto a gritar y se ha asustado mucho”, agregó.

Un agente de seguridad de la estación, que declinó identificarse, asegura que al entrar a la estación el tren “iba a su velocidad normal, no ha frenado y ha chocado contra el pilar de hierro”. Llegado de Madrid a Barcelona, el ministro de Fomento Íñigo de la Serna confirmó a periodistas en la estación de Francia que la información preliminar indica que las balizas para establecer los límites de velocidad no mostraron ninguna anormalidad.

El tren de cercanías pasó una revisión de mantenimiento el 18 de julio, señaló De la Serna, y su conductor este viernes era un hombre de 31 años, con siete años de experiencia en “la circulación de trenes en Cataluña, con los servicios” de cercanías. El maquinista sufrió “una contusión fuerte en el tórax”, indicó el ministro.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios del ministerio de Fomento estará a cargo de las pesquisas para determinar las causas del accidente, dijo De La Serna. La policía regional, los Mossos d’Esquadra, anunció que ya está en posesión de la “caja negra” del tren, cuya información será analizada por la comisión de investigación.

Para atender a las víctimas y sus familiares, la empresa Renfe activó tras el suceso un “plan de asistencia”, tanto médico como psicológico. Por la hora del accidente, el tren contaba con numerosos pasajeros que viajaban de pie, lo que habría elevado el número de heridos.

El accidente se produjo en plena huelga de los servicios ferroviarios españoles, que habían previsto garantizar el 66% de los trenes en las líneas catalanas en hora punta. Además de De la Serna, muchas autoridades acudieron durante la mañana a la estación, entre ellos el presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

El choque del tren se produce justo en la semana en que se cumple el cuarto aniversario del accidente del 24 de julio de 2013, cuando un tren descarriló y chocó violentamente contra un muro cerca de Santiago de Compostela, que dejó 80 muertos y 144 heridos.

Cuatro años de la tragedia de Angrois

Hace cuatro años un tren Alvia en el que viajaban 218 personas descarriló en la curva de A Grandeira, a escasos kilómetros de la estación de Santiago. Allí, viajeros, vecinos del barrio de Angrois y otros ciudadanos que junto a los servicios de emergencias se lanzaron a socorrer a las víctimas, vivieron momentos de enorme tensión, con el resultado final de 80 fallecidos y 144 heridos. Una tragedia que se producía a pocas horas de la celebración del día grande del Día de Galicia.

El convoy procedía de Madrid-Chamartín y se dirigía a Ferrol, pero tenía prevista su parada en Compostela minutos antes de las nueve de la noche. Pasadas las 20,40 horas, el exceso de velocidad con el que circulaba el maquinista tras atender una llamada del interventor -que le indicaba por dónde entrar en Pontedeume para que se pudiese bajar una familia- provocó el descarrilamiento.

Este lunes, la comunidad gallega conmemorará el cuarto aniversario del siniestro ferroviario más grave de la democracia española, que se produce en un contexto marcado por dos frentes más claros ahora que nunca en estos últimos cuatro años: el judicial y el político. En los juzgados, al conductor, Francisco Garzón, se le ha unido el exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, al que el juez también atribuye 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave.

Cortabitarte obtuvo la calidad de investigado en la causa en marzo de este año, aunque anteriormente ya había sido imputado por el primer instructor, Luís Aláez, en septiembre de 2013 y en mayo de 2014. En esas dos ocasiones se libró de lo que Aláez le atribuía a él y a otras 21 y 11 personas, respectivamente -todos ellos altos cargos o excargos de Adif-, por la decisión de la Audiencia Provincial. Los mismos magistrados que, sin embargo, el pasado 28 de junio confirmaron la investigación a Cortabitarte por el nuevo juez, Andrés Lago, al ver “indicios de una actuación deficiente, por incompleta y parcial, en la evaluación de riesgos”.

El pasado 4 de abril, el hombre al que Adif ha reubicado en una subdirección de nueva creación -y al que las víctimas del accidente de metro de Valencia cuestionan por su papel como perito en aquel caso- se acogió a su derecho a no declarar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago. Este 27 de julio, tres días después del aniversario, vuelve a estar citado en sede judicial. Algunas fuentes dan por hecho que otra vez optará por no declarar o que, si lo hace, solo responderá a su abogado. Otras fuentes, no obstante, tienen la impresión de que sí intervendrá, algo que creen que preocupa a su letrado, por lo que pueda decir sobre las implicaciones de otros dirigentes o empresas públicas como Renfe.

La conmemoración este 24 de julio se da, además, con un cambio fundamental sobre el tablero político: el PSOE, que en su día votó que no, apoya ahora y de hecho ya ha registrado una petición de comisión de investigación política en el Congreso de los Diputados. La reivindicación, justamente, por la que clama la plataforma de víctimas desde un primer momento, para conocer “la verdad” y que se haga “justicia”, y que le llevó a las calles ya el 17 de diciembre de 2013, precisamente frente a las Cortes.

Podemos y en concreto En Marea -el partido instrumental en el que se integran Anova, Esquerda Unida y la formación morada, que impulsó la iniciativa la pasada legislatura y también esta, pero dio con el veto de la Mesa del Congreso- ya ha mostrado su disposición a votar a favor de la iniciativa socialista, y ni siquiera descarta una actuación conjunta.

La pelota está sobre el tejado de Ciudadanos, del que los afectados quieren saber si volverá a favorecer el veto a esta solicitud en la Mesa, que controla el Partido Popular junto a esta organización. Todo esto se resolverá en septiembre, a la vuelta de las vacaciones de los parlamentarios.

Si el primer aniversario será recordado por la polémica de las Medallas de Galicia a las víctimas y el cambio del día de su entrega al 24 -movimiento en el que estas vieron una utilización política-, el segundo se conmemoró poco antes de que el juez cerrase la causa con el maquinista como único imputado (en octubre de 2015) y el tercero coincidió con la reapertura del caso (en mayo de 2016) y el impulso que supuso el informe de la Agencia Ferroviaria Europea, crítica con la investigación que realizó España del siniestro. Este cuarto año desde el accidente de Angrois será el primero con un cargo de Adif investigado al que ratificó la Audiencia, y también el más cercano a una eventual comisión de investigación en la Cámara Baja.

El presidente de la plataforma de afectados, Jesús Domínguez, cree que es un momento de “sentimientos encontrados”: “La gente está por una parte muy ilusionada y esperanzada, porque parece que ya se empieza a destapar todo; pero, a la vez, ese día, para quien ha perdido a un familiar…”, reflexiona. La sensación entre los afectados es “que se está cambiando el discurso”, puesto que “antes” estaba centrado en la responsabilidad del maquinista y el dinero para indemnizar a las víctimas y “ahora Europa avala” su “lucha” por la “verdad”. Pero, advierte, “no quita para que aún se esté muy lejos” de conocerla.

Después de “tanto sufrimiento”, Domínguez indica que “ya era hora” de contar con “alguna buena noticia”, como el giro de los socialistas, o la carta que acaban de dirigir a la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios). “Que se pongan colorados” los responsables de la seguridad ferroviaria a los que acusan de poner “trabas” a la justicia es algo que, reconoce, también provoca “satisfacción”, e incluso ver que la defensa de Adif es ahora hasta burda, al alegar que los Estados miembro tuvieron “dificultades” en aplicar las normas.

Las víctimas y familiares del Alvia 04155 no olvidan y este lunes conmemorarán el cuarto aniversario del accidente con una marcha por las calles céntricas de Santiago de Compostela. “Justicia y verdad” será la reivindicación de una movilización que afrontan con el ánimo renovado tras el cambio en la causa, tanto político como judicial. La manifestación concluirá en la Plaza del Obradoiro pero partirá de la estación de tren de la capital gallega, una forma con la que los afectados por el accidente quieren hacer visibles la responsabilidad que según ellos tienen Renfe y Adif por la falta de sistemas de seguridad en el propio convoy y en la vía al no tener instalado el mecanismo de seguridad ERTMS, con el que el tren nunca habría llegado tan rápido a la curva de A Grandeira.

“Hay dudas” dicen víctimas del metro de Valencia

La Asociación Víctimas del Metro del 3 de Julio (AVM3J) asegura que el rechazo por parte de la jueza Nieves Molina a los recursos interpuestos por el archivo de la investigación del accidente de metro de 2006 “genera dudas”, y que persisten porque “ella se niega a que otras cuestiones más allá de la velocidad, sean tenidas en cuenta en el proceso judicial, generando así un debate externo a la instrucción“. Así lo explica la asociación en un comunicado, tras conocer que Molina rechazó los recursos interpuestos y confirmó el archivo de la investigación del accidente de metro, como ya hizo en su instrucción de 2006, e incidiendo en que “no hay más causa que la velocidad” y señala “como único responsable al conductor”.

Ante la negativa de Molina de no investigar todas las posibles circunstancias que pudieron haber incidido en el accidente, “siguen existiendo dudas”: “Dudas sobre lo que pasó en el túnel, y dudas sobre la actuación posterior por parte de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV)”, han matizado. Así también apuntan a dudas sobre la actuación de Molina a lo largo de la instrucción, “negándose a investigar cualquier circunstancia que pudiera señalar una responsabilidad de la dirección de FGV”, han apostillado.

La AVM3J indica que Molina se basa en diversos informes para establecer su conclusión, entre ellos el del perito Andrés Cortabitarte. “Y aquí surge la primera duda: si el perito inspeccionó la vía en noviembre de 2006, cinco meses después del accidente, con los trenes circulando desde el 5 de julio, ¿cómo pudo certificar que el estado de la vía no tuvo nada que ver en el accidente ocurrido el 3 de Julio?”, se preguntan. Al respecto, han criticado que la vía estaba en “perfecto estado”, porque “la misma noche del accidente ya la estaban reparando para restablecer el servicio lo antes posible”, y añaden, en cuanto al estado del coche y frenos, que el tren estaba “tan sumamente destruido que el sistema de frenado no se pudo reconstruir“.

Insisten en que las “dudas” no se generan por ser contrarias a sus intereses, “como alega la jueza, sino por considerar que no son resultado de una exhaustiva investigación“, e insisten en que “buscar la causa única es obsoleto y erróneo”.

La AVM3J asegura que la baliza estaba programada para frenar el tren a una velocidad de 80 kilómetros por hora, cuando la circulación máxima permitida era de 60 kilómetros, de modo que “era imposible evitar el exceso de velocidad“, subrayan y aseguran que Cortabitarte explicó en su declaración durante la Comisión Parlamentaria de 2016 que “se protegió la velocidad máxima de la vía”, pero “no la velocidad máxima del tramo“. A su juicio, el conductor “no es el responsable de esta decisión”, sino que “la mala programación de la baliza es responsabilidad de la dirección de FGV”, y califican de “lamentable” la actitud de la directiva por “obviar esta responsabilidad, pretendiendo echar toda la culpa al conductor“, lamentan.

El informe realizado por los técnicos del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) asegura que “la seguridad no es un riesgo que tenga que ser evaluado”, ya que “si se evita, ya no hace falta evaluar”. Por ello, la asociación de Victimas de Metro recalca que “el riesgo de velocidad no existía porque se estaba cumpliendo el Reglamento de Circulación”.

Las víctimas aseguran que la jueza “tampoco tiene en cuenta el Informe del Inspector de Trabajo, y se atreve a señalar que el Plan de Prevención, tan sólo era en compromiso del empresario“, mostrando así un “total desconocimiento de la Ley”. La asociación observa en el informe un comportamiento “cuanto menos irregular”, ya que aunque pidió el listado de turnos de los maquinistas de la Línea 1, para averiguar si se garantizaban las horas de descanso, “FGV le entregó sólo los turnos de las líneas 3 y 5, y aún así concluyó que la Línea 1 cumplía con los turnos establecidos”. “Esta es la forma de investigar que tienen los técnicos que realizaron los informes en los que se basa la jueza”, concluyen.

Sobornos a altos cargos de Adif

El Gobierno confirma que Adif abrió expedientes internos con el fin de esclarecer los presuntos sobornos que una empresa adjudicataria de obras de alta velocidad otorgó a cargos de la empresa pública, así como de otras administraciones locales, provinciales o estatales. Esta red se sobornos fue denunciada por la Guardia Civil en un informe incorporado al ‘caso Adif’, que en un inicio se limitaba a la investigación de sobrecostes en la construcción del AVE a Barcelona. Sin embargo, el informe constata que los sobornos se extendieron en infraestructuras por todo el país, registrándose casos en Castilla y León, Galicia, País Vasco y Asturias.

El ‘caso Adif’ había destapado sobrecostes en las obras del AVE en Barcelona gracias a la denuncia de un empresario arrepentido. Como subcontratado por Corsán para mover tierras, su empresa (Gonquis) sufragó viajes a pistas de esquí de cargos de Adif en Cataluña. A cambio, los funcionarios certificaban trabajos que Corsán no había ejecutado realmente, o para los que había empleado materiales de peor calidad que los declarados. En 2014 se produjeron las primeras detenciones: en un tramo de menos de dos kilómetros de vía en Barcelona, la presunta malversación asciende a 31 millones. La Fiscalía Anticorrupción descubrió más tarde que esos sobrecostes se habían reproducido en las obras de la estación de La Sagrera de Barcelona: otros 82 millones.

Sin ir más lejos, las obras de construcción de la línea de alta velocidad (AVE) entre Madrid y Barcelona costaron 8.966,71 millones de euros, lo que supone un 31,4% más del precio por el que se adjudicaron los trabajos (6.822,83 millones) y un 18,8% por encima del precio fijado en los concursos (7.550,42 millones de euros). Así lo recogía el Tribunal de Cuentas en su ‘Informe de Fiscalización’ de las principales contrataciones relacionadas con la construcción de la línea férrea de alta velocidad Madrid-Barcelona, desarrollada desde el 1 de enero del 2002, con el Gobierno de José María Aznar, hasta la puesta en funcionamiento de la línea, en febrero del 2008, ya con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

La diputada de En Marea Alexandra Fernández y el diputado de En Comú Félix Alonso Cantorné registraron sendas preguntas en el Congreso para solicitar al Gobierno una valoración por estas informaciones, las investigaciones abiertas y las medidas adoptadas al respecto, incluida la depuración de responsabilidades. Ahora, el Ejecutivo confirma que “se ha procedido a la apertura de los correspondientes expedientes internos encaminados a esclarecer las actuaciones que se desprenden de los informes que obran en el sumario”.

Sin embargo, sostiene que “aún no se dispone de conclusiones dado que dichos expedientes internos se encuentran en tramitación” y que “se exigirán las responsabilidades que correspondan adoptar en el proceso penal en el que Adif se encuentra personado como acusación particular, y las de índole disciplinaria se adoptarán por Adif en lo que la pendencia del proceso penal permita”.

Según este informe de la Guardia Civil, los sobornos por parte de la empresa adjudicataria Isolux-Corsan permitieron el visto bueno de supervisores de Adif a pesar de la peor calidad del material utilizado en algunas de las construcciones. La diputada de En Marea Alexandra Fernández también preguntaba si el ministerio de Fomento había iniciado la comprobación de los materiales de categoría inferior a la declarada o si exigirá a las empresas concesionarias implicadas indemnización “por aumentar sus ingresos a costa de rebajar la calidad de los materiales”.

Fomento asevera que en el caso de que se compruebe la certeza de esta acusación “se exigirán todas aquellas responsabilidades que se puedan exigir, adoptándose, por otro lado, todas aquellas medidas que sean necesarias para comprobar la calidad de los materiales”. El Gobierno subraya que “se actuará conforme a lo previsto en la legislación vigente, prestándose a los tribunales competentes todo el apoyo que se precise para el esclarecimiento de los hechos”.

Más de cien consistorios reclaman una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois

Más de 100 ayuntamientos en toda España reclaman la constitución de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para depurar eventuales responsabilidades políticas por el accidente del tren Alvia en Angrois, que dejó 80 muertos y 144 heridos. En torno a 30 de estas peticiones han sido respaldadas en municipios gobernados por el Partido Popular, mientras que otra treintena, aproximadamente, salió adelante en corporaciones presididas por el Partido Socialista.

La asociación de afectados es la impulsora de un texto que también demanda una comisión técnica para que determine las causas del siniestro. Una vez recabados más de un centenar de apoyos de consistorios por todo el conjunto estatal (39 en Galicia, a la espera de su debate en más localidades), la plataforma hará una entrega simbólica de las mociones y declaraciones institucionales este miércoles 31 de mayo en la Cámara Baja, con un documento dirigido, precisamente, a la presidenta Ana Pastor, otrora ministra de Fomento.

Coincidiendo con esta ocasión, los afectados por el descarrilamiento en la curva de A Grandeira se concentrarán a las 18.00 horas en la plaza de las Cortes, donde contarán con el respaldo de varios diputados de distintas formaciones que ya han confirmado su asistencia. En esta concentración tienen previsto participar el socialista Odón Elorza, Joan Capdevilla de ERC, Sergio Pascual de Podemos, Yolanda Díaz de Esquerda Unida (diputada por En Marea) y Alexandra Fernández, de Anova, ambas diputadas por En Marea.

La asociación, que agrupa a la mayoría de las víctimas del accidente ocurrido en julio de 2013, ha remitido cartas a todos los parlamentarios en las que destacan que los más de 100 gobiernos municipales que les respaldan representan a 16 millones de ciudadanos. A lo largo de estos casi cuatro años desde la tragedia, primero el BNG y después En Marea trataron de promover el debate en el Congreso acerca de la creación de una comisión de investigación parlamentaria, pero solo el partido instrumental en el que se integran Podemos, Anova y Esquerda Unida logró que se llegase a abordar la iniciativa, y fue rechazada con el voto en contra de PP y de PSOE.

La plataforma ve “difícil” de entender que los populares voten a favor o se abstengan “en el casi cien por cien de los ayuntamientos” donde se ha abordado su petición pero que luego voten en contra de la misma propuesta en el Congreso. Además de “totalmente incoherente”, critican que “se está desoyendo la opinión de los representantes de 16 millones de ciudadanos, lo que es una actitud absolutamente antidemocrática”. Así se lo recuerdan las víctimas a los diputados del PP en alguna de sus misivas. Le advierten de que, en concreto, el Partido Popular solo se ha negado en uno de los 106 ayuntamientos a la creación de la comisión de investigación.

En el caso del PSOE, con una argumentación casi idéntica, le dicen que también es “difícil entender cómo su partido puede votar a favor en 103 ocasiones y abstenerse en tres de los ayuntamientos y luego votar en contra de la misma propuesta en el Congreso”. Pero a los socialistas, además, le recuerdan que “recientemente su partido votó a favor de instar al Gobierno a crear estas comisiones en las Cortes de Castilla y León y en el Parlamento gallego”.

Los motivos para la creación de ambas comisiones son “claros” para la asociación de afectados. Así, sobre la de tipo técnico, apuestan por “seguir la recomendación de la Agencia Ferroviaria Europea y del Parlamento Europeo de que se haga una investigación independiente (…) ya que la que se hizo (CIAF) no lo era, pues la realizaron miembros de Renfe y Adif, que son parte en la causa”. Para justificar la necesidad de la comisión de investigación parlamentaria -la más controvertida a nivel político-, apelan a “la gravedad” y “la magnitud del accidente”, que “implica” a empresas públicas estatales, así como las “contradicciones y ocultaciones” que aseguran que se están produciendo en este caso.

“Consideramos que es imprescindible realizar una comisión de investigación parlamentaria. El objetivo es que se depuren las posibles responsabilidades políticas, dando así cumplimiento al artículo 52.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados”, inciden las víctimas. Como “ciudadanos con derechos”, defienden solicitar “algo muy democrático” y destacan que “solo” buscan “saber la verdad para poder descansar en paz y aminorar” su sufrimiento. “Porque solo la verdad evitará que una catástrofe como está vuelva a ocurrir”, aseguran en su demanda.

Archivan la causa del accidente de metro de Valencia

La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha archivado la investigación del accidente de metro ocurrido el 3 de julio de 2006, que costó la vida a 43 personas, por haber descartado responsabilidades penales y la imposibilidad de acreditar un fallo en el vehículo o la vía. En un auto de más de 200 folios, hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la jueza concluye que no existen responsables penales porque según los expertos en seguridad ferroviaria, las instalaciones se encontraban en estado apropiado para mantener las condiciones de seguridad a 40 kilómetros por hora, pero el tren circulaba al doble de velocidad.

La jueza rechaza así la petición de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, que representa a trece de las noventa víctimas, para que se tomara declaración a la exdirectora de FGV y a los cuatro técnicos investigados. Considera que ni a ellos ni a los otros tres trabajadores investigados que sí han declarado se les puede exigir responsabilidades penales por 43 delitos de homicidio y 47 de lesiones por imprudencia profesional, ya que ninguna norma obligaba a la colocación de una baliza que protegiese al tren ante un exceso de velocidad en la curva donde descarriló.

La instructora se remite a los informes periciales para subrayar que en 2006, la inexistencia de balizas ante las curvas era una pauta de actuación común en otras administraciones ferroviarias que hasta entonces se había mostrado segura. Apunta además que ni maquinistas, ni trabajadores de infraestructuras ni sindicatos advirtieron nunca del peligro de la misma.

La decisión de archivar la causa y de rechazar nuevas periciales llega días después de que la Audiencia Provincial respaldara a la instructora y rechazara la petición de la Fiscalía para que los peritos de la Inspección de Trabajo y de Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo ampliaran los informes.

La investigación por el accidente del metro se archivó a petición de la Fiscalía en diciembre de 2007. Esta decisión fue confirmada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial en mayo de 2008, pero en enero de 2014 la Audiencia, en este caso la Sección Segunda, ordenó la reapertura a petición de la Fiscalía y contra del criterio de la instructora. Desde entonces se han practicado las diligencias ordenadas por la Audiencia, otras que solicitaron las partes y aquellas que la jueza acordó de oficio.

La causa consta de más de 8.200 folios distribuidos en 30 tomos, a los que hay que añadir numerosos archivos informáticos con un volumen superior a los 2.000 folios; se ha tomado declaración a tres investigados y a 100 testigos. Desde la reapertura, en enero de 2014, han comparecido ante la jueza veintiún maquinistas de la Línea 1. Ninguno tuvo problema o incidente en la curva donde descarriló el vehículo, por donde pasaron dos millones de trenes desde que entró en funcionamiento la línea, en 1988, según expone la jueza.