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“Hay dudas” dicen víctimas del metro de Valencia

La Asociación Víctimas del Metro del 3 de Julio (AVM3J) asegura que el rechazo por parte de la jueza Nieves Molina a los recursos interpuestos por el archivo de la investigación del accidente de metro de 2006 “genera dudas”, y que persisten porque “ella se niega a que otras cuestiones más allá de la velocidad, sean tenidas en cuenta en el proceso judicial, generando así un debate externo a la instrucción“. Así lo explica la asociación en un comunicado, tras conocer que Molina rechazó los recursos interpuestos y confirmó el archivo de la investigación del accidente de metro, como ya hizo en su instrucción de 2006, e incidiendo en que “no hay más causa que la velocidad” y señala “como único responsable al conductor”.

Ante la negativa de Molina de no investigar todas las posibles circunstancias que pudieron haber incidido en el accidente, “siguen existiendo dudas”: “Dudas sobre lo que pasó en el túnel, y dudas sobre la actuación posterior por parte de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV)”, han matizado. Así también apuntan a dudas sobre la actuación de Molina a lo largo de la instrucción, “negándose a investigar cualquier circunstancia que pudiera señalar una responsabilidad de la dirección de FGV”, han apostillado.

La AVM3J indica que Molina se basa en diversos informes para establecer su conclusión, entre ellos el del perito Andrés Cortabitarte. “Y aquí surge la primera duda: si el perito inspeccionó la vía en noviembre de 2006, cinco meses después del accidente, con los trenes circulando desde el 5 de julio, ¿cómo pudo certificar que el estado de la vía no tuvo nada que ver en el accidente ocurrido el 3 de Julio?”, se preguntan. Al respecto, han criticado que la vía estaba en “perfecto estado”, porque “la misma noche del accidente ya la estaban reparando para restablecer el servicio lo antes posible”, y añaden, en cuanto al estado del coche y frenos, que el tren estaba “tan sumamente destruido que el sistema de frenado no se pudo reconstruir“.

Insisten en que las “dudas” no se generan por ser contrarias a sus intereses, “como alega la jueza, sino por considerar que no son resultado de una exhaustiva investigación“, e insisten en que “buscar la causa única es obsoleto y erróneo”.

La AVM3J asegura que la baliza estaba programada para frenar el tren a una velocidad de 80 kilómetros por hora, cuando la circulación máxima permitida era de 60 kilómetros, de modo que “era imposible evitar el exceso de velocidad“, subrayan y aseguran que Cortabitarte explicó en su declaración durante la Comisión Parlamentaria de 2016 que “se protegió la velocidad máxima de la vía”, pero “no la velocidad máxima del tramo“. A su juicio, el conductor “no es el responsable de esta decisión”, sino que “la mala programación de la baliza es responsabilidad de la dirección de FGV”, y califican de “lamentable” la actitud de la directiva por “obviar esta responsabilidad, pretendiendo echar toda la culpa al conductor“, lamentan.

El informe realizado por los técnicos del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) asegura que “la seguridad no es un riesgo que tenga que ser evaluado”, ya que “si se evita, ya no hace falta evaluar”. Por ello, la asociación de Victimas de Metro recalca que “el riesgo de velocidad no existía porque se estaba cumpliendo el Reglamento de Circulación”.

Las víctimas aseguran que la jueza “tampoco tiene en cuenta el Informe del Inspector de Trabajo, y se atreve a señalar que el Plan de Prevención, tan sólo era en compromiso del empresario“, mostrando así un “total desconocimiento de la Ley”. La asociación observa en el informe un comportamiento “cuanto menos irregular”, ya que aunque pidió el listado de turnos de los maquinistas de la Línea 1, para averiguar si se garantizaban las horas de descanso, “FGV le entregó sólo los turnos de las líneas 3 y 5, y aún así concluyó que la Línea 1 cumplía con los turnos establecidos”. “Esta es la forma de investigar que tienen los técnicos que realizaron los informes en los que se basa la jueza”, concluyen.

Sobornos a altos cargos de Adif

El Gobierno confirma que Adif abrió expedientes internos con el fin de esclarecer los presuntos sobornos que una empresa adjudicataria de obras de alta velocidad otorgó a cargos de la empresa pública, así como de otras administraciones locales, provinciales o estatales. Esta red se sobornos fue denunciada por la Guardia Civil en un informe incorporado al ‘caso Adif’, que en un inicio se limitaba a la investigación de sobrecostes en la construcción del AVE a Barcelona. Sin embargo, el informe constata que los sobornos se extendieron en infraestructuras por todo el país, registrándose casos en Castilla y León, Galicia, País Vasco y Asturias.

El ‘caso Adif’ había destapado sobrecostes en las obras del AVE en Barcelona gracias a la denuncia de un empresario arrepentido. Como subcontratado por Corsán para mover tierras, su empresa (Gonquis) sufragó viajes a pistas de esquí de cargos de Adif en Cataluña. A cambio, los funcionarios certificaban trabajos que Corsán no había ejecutado realmente, o para los que había empleado materiales de peor calidad que los declarados. En 2014 se produjeron las primeras detenciones: en un tramo de menos de dos kilómetros de vía en Barcelona, la presunta malversación asciende a 31 millones. La Fiscalía Anticorrupción descubrió más tarde que esos sobrecostes se habían reproducido en las obras de la estación de La Sagrera de Barcelona: otros 82 millones.

Sin ir más lejos, las obras de construcción de la línea de alta velocidad (AVE) entre Madrid y Barcelona costaron 8.966,71 millones de euros, lo que supone un 31,4% más del precio por el que se adjudicaron los trabajos (6.822,83 millones) y un 18,8% por encima del precio fijado en los concursos (7.550,42 millones de euros). Así lo recogía el Tribunal de Cuentas en su ‘Informe de Fiscalización’ de las principales contrataciones relacionadas con la construcción de la línea férrea de alta velocidad Madrid-Barcelona, desarrollada desde el 1 de enero del 2002, con el Gobierno de José María Aznar, hasta la puesta en funcionamiento de la línea, en febrero del 2008, ya con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

La diputada de En Marea Alexandra Fernández y el diputado de En Comú Félix Alonso Cantorné registraron sendas preguntas en el Congreso para solicitar al Gobierno una valoración por estas informaciones, las investigaciones abiertas y las medidas adoptadas al respecto, incluida la depuración de responsabilidades. Ahora, el Ejecutivo confirma que “se ha procedido a la apertura de los correspondientes expedientes internos encaminados a esclarecer las actuaciones que se desprenden de los informes que obran en el sumario”.

Sin embargo, sostiene que “aún no se dispone de conclusiones dado que dichos expedientes internos se encuentran en tramitación” y que “se exigirán las responsabilidades que correspondan adoptar en el proceso penal en el que Adif se encuentra personado como acusación particular, y las de índole disciplinaria se adoptarán por Adif en lo que la pendencia del proceso penal permita”.

Según este informe de la Guardia Civil, los sobornos por parte de la empresa adjudicataria Isolux-Corsan permitieron el visto bueno de supervisores de Adif a pesar de la peor calidad del material utilizado en algunas de las construcciones. La diputada de En Marea Alexandra Fernández también preguntaba si el ministerio de Fomento había iniciado la comprobación de los materiales de categoría inferior a la declarada o si exigirá a las empresas concesionarias implicadas indemnización “por aumentar sus ingresos a costa de rebajar la calidad de los materiales”.

Fomento asevera que en el caso de que se compruebe la certeza de esta acusación “se exigirán todas aquellas responsabilidades que se puedan exigir, adoptándose, por otro lado, todas aquellas medidas que sean necesarias para comprobar la calidad de los materiales”. El Gobierno subraya que “se actuará conforme a lo previsto en la legislación vigente, prestándose a los tribunales competentes todo el apoyo que se precise para el esclarecimiento de los hechos”.

Más de cien consistorios reclaman una comisión de investigación sobre el accidente de Angrois

Más de 100 ayuntamientos en toda España reclaman la constitución de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para depurar eventuales responsabilidades políticas por el accidente del tren Alvia en Angrois, que dejó 80 muertos y 144 heridos. En torno a 30 de estas peticiones han sido respaldadas en municipios gobernados por el Partido Popular, mientras que otra treintena, aproximadamente, salió adelante en corporaciones presididas por el Partido Socialista.

La asociación de afectados es la impulsora de un texto que también demanda una comisión técnica para que determine las causas del siniestro. Una vez recabados más de un centenar de apoyos de consistorios por todo el conjunto estatal (39 en Galicia, a la espera de su debate en más localidades), la plataforma hará una entrega simbólica de las mociones y declaraciones institucionales este miércoles 31 de mayo en la Cámara Baja, con un documento dirigido, precisamente, a la presidenta Ana Pastor, otrora ministra de Fomento.

Coincidiendo con esta ocasión, los afectados por el descarrilamiento en la curva de A Grandeira se concentrarán a las 18.00 horas en la plaza de las Cortes, donde contarán con el respaldo de varios diputados de distintas formaciones que ya han confirmado su asistencia. En esta concentración tienen previsto participar el socialista Odón Elorza, Joan Capdevilla de ERC, Sergio Pascual de Podemos, Yolanda Díaz de Esquerda Unida (diputada por En Marea) y Alexandra Fernández, de Anova, ambas diputadas por En Marea.

La asociación, que agrupa a la mayoría de las víctimas del accidente ocurrido en julio de 2013, ha remitido cartas a todos los parlamentarios en las que destacan que los más de 100 gobiernos municipales que les respaldan representan a 16 millones de ciudadanos. A lo largo de estos casi cuatro años desde la tragedia, primero el BNG y después En Marea trataron de promover el debate en el Congreso acerca de la creación de una comisión de investigación parlamentaria, pero solo el partido instrumental en el que se integran Podemos, Anova y Esquerda Unida logró que se llegase a abordar la iniciativa, y fue rechazada con el voto en contra de PP y de PSOE.

La plataforma ve “difícil” de entender que los populares voten a favor o se abstengan “en el casi cien por cien de los ayuntamientos” donde se ha abordado su petición pero que luego voten en contra de la misma propuesta en el Congreso. Además de “totalmente incoherente”, critican que “se está desoyendo la opinión de los representantes de 16 millones de ciudadanos, lo que es una actitud absolutamente antidemocrática”. Así se lo recuerdan las víctimas a los diputados del PP en alguna de sus misivas. Le advierten de que, en concreto, el Partido Popular solo se ha negado en uno de los 106 ayuntamientos a la creación de la comisión de investigación.

En el caso del PSOE, con una argumentación casi idéntica, le dicen que también es “difícil entender cómo su partido puede votar a favor en 103 ocasiones y abstenerse en tres de los ayuntamientos y luego votar en contra de la misma propuesta en el Congreso”. Pero a los socialistas, además, le recuerdan que “recientemente su partido votó a favor de instar al Gobierno a crear estas comisiones en las Cortes de Castilla y León y en el Parlamento gallego”.

Los motivos para la creación de ambas comisiones son “claros” para la asociación de afectados. Así, sobre la de tipo técnico, apuestan por “seguir la recomendación de la Agencia Ferroviaria Europea y del Parlamento Europeo de que se haga una investigación independiente (…) ya que la que se hizo (CIAF) no lo era, pues la realizaron miembros de Renfe y Adif, que son parte en la causa”. Para justificar la necesidad de la comisión de investigación parlamentaria -la más controvertida a nivel político-, apelan a “la gravedad” y “la magnitud del accidente”, que “implica” a empresas públicas estatales, así como las “contradicciones y ocultaciones” que aseguran que se están produciendo en este caso.

“Consideramos que es imprescindible realizar una comisión de investigación parlamentaria. El objetivo es que se depuren las posibles responsabilidades políticas, dando así cumplimiento al artículo 52.1 del Reglamento del Congreso de los Diputados”, inciden las víctimas. Como “ciudadanos con derechos”, defienden solicitar “algo muy democrático” y destacan que “solo” buscan “saber la verdad para poder descansar en paz y aminorar” su sufrimiento. “Porque solo la verdad evitará que una catástrofe como está vuelva a ocurrir”, aseguran en su demanda.

Archivan la causa del accidente de metro de Valencia

La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia ha archivado la investigación del accidente de metro ocurrido el 3 de julio de 2006, que costó la vida a 43 personas, por haber descartado responsabilidades penales y la imposibilidad de acreditar un fallo en el vehículo o la vía. En un auto de más de 200 folios, hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la jueza concluye que no existen responsables penales porque según los expertos en seguridad ferroviaria, las instalaciones se encontraban en estado apropiado para mantener las condiciones de seguridad a 40 kilómetros por hora, pero el tren circulaba al doble de velocidad.

La jueza rechaza así la petición de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, que representa a trece de las noventa víctimas, para que se tomara declaración a la exdirectora de FGV y a los cuatro técnicos investigados. Considera que ni a ellos ni a los otros tres trabajadores investigados que sí han declarado se les puede exigir responsabilidades penales por 43 delitos de homicidio y 47 de lesiones por imprudencia profesional, ya que ninguna norma obligaba a la colocación de una baliza que protegiese al tren ante un exceso de velocidad en la curva donde descarriló.

La instructora se remite a los informes periciales para subrayar que en 2006, la inexistencia de balizas ante las curvas era una pauta de actuación común en otras administraciones ferroviarias que hasta entonces se había mostrado segura. Apunta además que ni maquinistas, ni trabajadores de infraestructuras ni sindicatos advirtieron nunca del peligro de la misma.

La decisión de archivar la causa y de rechazar nuevas periciales llega días después de que la Audiencia Provincial respaldara a la instructora y rechazara la petición de la Fiscalía para que los peritos de la Inspección de Trabajo y de Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo ampliaran los informes.

La investigación por el accidente del metro se archivó a petición de la Fiscalía en diciembre de 2007. Esta decisión fue confirmada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial en mayo de 2008, pero en enero de 2014 la Audiencia, en este caso la Sección Segunda, ordenó la reapertura a petición de la Fiscalía y contra del criterio de la instructora. Desde entonces se han practicado las diligencias ordenadas por la Audiencia, otras que solicitaron las partes y aquellas que la jueza acordó de oficio.

La causa consta de más de 8.200 folios distribuidos en 30 tomos, a los que hay que añadir numerosos archivos informáticos con un volumen superior a los 2.000 folios; se ha tomado declaración a tres investigados y a 100 testigos. Desde la reapertura, en enero de 2014, han comparecido ante la jueza veintiún maquinistas de la Línea 1. Ninguno tuvo problema o incidente en la curva donde descarriló el vehículo, por donde pasaron dos millones de trenes desde que entró en funcionamiento la línea, en 1988, según expone la jueza.

Las víctimas de Angrois exigen objetividad

La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Santiago en julio de 2013 pide al nuevo equipo de fiscales que se hará cargo de la causa que sea “objetivo e imparcial”, y lamenta que Antonio Roma, que ha dejado la Fiscalía del área compostelana, “solo habló de dinero”, en relación a las indemnizaciones. El portavoz de la asociación, Jesús Domínguez, valora que el fiscal Antonio Roma cometió “dejación de funciones” en su participación en este caso.

Antonio Roma ha dejado la Fiscalía del área de Santiago tras casi tres años de investigación judicial y un sumario que suma más de 70 tomos y 32.000 folios. Según fuentes del Ministerio Fiscal, Roma ha pasado a servicios especiales de la carrera fiscal para desempeñar el cargo de coordinador del área de justicia del programa de cooperación para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada en América Latina, financiado por el instrumento de cooperación al desarrollo de la Unión Europea (UE).

Domínguez asegura que, en primavera de 2014, cuando afectados por el siniestro ferroviario se reunieron con Roma en Madrid, le trasladaron la necesidad de investigar el incumplimiento de la normativa de seguridad por parte de Adif y Renfe, denuncia que presentaron en la Unión Europea. No obstante, recuerda que, en varias ocasiones, Roma se mostró contrario a la atribución de responsabilidades a altos cargos de Adif, si bien ahora respalda la decisión de investigar al exdirector de seguridad en la circulación de esta empresa pública.

En un escenario en el que “se está juzgado al Estado”, ya que Adif, Renfe y el Ministerio de Fomento, según recalca Domínguez, están implicados en la tragedia que dejó 80 muertos y 144 heridos, las víctimas demandan a los nuevos fiscales “objetividad, aunque sea difícil”, toda vez que la Fiscalía tiene una jerarquía y “depende del Gobierno”.

Antonio Roma firmó el nuevo contrato el pasado viernes día 5 y desarrollará este trabajo entre Madrid y Latinoamérica. El caso lo llevará a partir de este momento un equipo de fiscales de la Fiscalía de área de Santiago, bajo la dirección del fiscal jefe, sin perjuicio de que, avanzado el proceso, esta labor vuelva a ser asumida por un solo fiscal.

Ejes de tren más seguros

Las empresas vascas CAF y Danobat y el centro IK4 Ideko, de Elgoibar (Guipúzcoa), y el Instituto Tecnológico de Aragón (Itannova) participan en el proyecto AxIS para conseguir unos ejes de tren más seguros. El objetivo es lograr mejorar la eficiencia, seguridad y sostenibilidad del vehículo. Todos ellos trabajan con tecnologías avanzadas de alta fiabilidad para asegurar el máximo de la vida útil, la seguridad y la disponibilidad de los vehículos ferroviarios para su servicio.

Este proyecto, de 34 meses de duración, tiene un presupuesto total de 1,5 millones de euros. Su propósito principal es maximizar la vida útil y disponibilidad de los vehículos ferroviarios para su servicio, mediante investigación y desarrollo de nuevos ejes de alta fiabilidad y seguridad para equipos ferroviarios. Igualmente, utilizan novedosas metodologías, técnicas y estrategias de inspección no destructiva que permitan monitorizar y diagnosticar el estado del eje y así poder realizar un seguimiento de la vida del mismo.

Con ello, se conseguirá mejorar la eficiencia, seguridad y sostenibilidad del vehículo además de reducir los costes económicos asociados y los costes de ciclo de vida de todos los componentes del tren, han apuntado las mismas fuentes.

El proyecto AxIS pertenece a la convocatoria Retos de Colaboración 2016, cofinanciados por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Economía y Competitividad, y por la Unión Europea, a través de FEDER.

CAF es en la actualidad uno de los líderes internacionales como proveedor de soluciones ferroviarias globales y completas, que además del suministro de trenes, incluyen estudios de viabilidad, obra civil, electrificación, señalización, mantenimiento y operación del sistema, entre otros. Con una cifra de negocio que alcanzó los 1.283,6 millones de euros en 2015, CAF ha desarrollado proyectos en el ámbito internacional en más de 30 países, por un importe global de más de 20.000 millones de euros. Actualmente CAF tiene una plantilla de más de 7.500 personas, y cuenta con plantas productivas, así como un gran número de filiales a lo largo de todo el mundo.

MiiRA, Unidad de Negocio integrada en CAF, es una compañía de reconocido prestigio internacional en el diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de ejes montados ferroviarios y sus componentes: ruedas, ejes, reductoras, cajas de grasa… con clientes en los cinco continentes.

Danobat es la división de Danobat Group dedicada a la fabricación de tornos, rectificadoras, máquinas de corte por laser, punzonadoras, paneladoras, máquinas de corte por plasma y unidades de taladrado. Danobat es el mayor fabricante de máquinas herramienta y sistemas de producción de España. Pertenece a Mondragón, una de las mayores corporaciones industriales de Europa.

IK4 Ideko es un centro tecnológico especializado en tecnologías de fabricación y producción industrial que dota a las empresas de soluciones tecnológicas diferenciadoras, que les permite mejorar su competitividad. Está integrado en la alianza IK4, formada por 9 centros tecnológicos, que es una referencia en el sistema vasco de innovación.

El Instituto Tecnológico de Aragón (Itainnova) es el centro tecnológico adscrito al Departamento de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón. Ofrece soluciones reales e innovadoras que consiguen transformar y acelerar los procesos tecnológicos de las empresas y los nuevos retos de nuestra sociedad.

El juez del ‘caso Alvia’ cita como investigado al exjefe de seguridad de Adif en 2013

El juez que instruye la causa por el accidente del Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois ha citado en calidad de investigado al que era director de seguridad en la circulación de Adif en el momento del siniestro, Andrés Cortabitarte, por supuestos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, determina que Cortabitarte “no cumplió” su cometido en relación con la elaboración del correspondiente análisis de riesgos en la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago. Por ello, y al no contar, en consecuencia, “que haya hecho u ordenado medida alguna destinada a evaluar y gestionar dicho riesgo”, generó y toleró una situación de riesgo “que finalmente cristalizó” en el descarrilamiento, que “costó la vida y la salud a múltiples usuarios” aquel día. En concreto, 80 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas.

“Lo que desde luego no podemos discutir es que la curva representaba un riesgo en sí misma“, asevera el juez, quien destaca que “ese riesgo había sido detectado por la propia UTE -unión temporal de empresas, la encargada de construir la infraestructura- y por Ineco -la consultora ligada al Ministerio de Fomento-“. El magistrado añade que, después, ese riesgo “había sido comunicado a Adif explicitando las limitaciones del subsistema suministrado para mitigar o conjurar dicho riesgo y que, finalmente, por parte de Adif nada se hizo para evaluar y reducir dicho riesgo a parámetros de tolerancia conforme a las exigencias de las normas Cenelec”.

Para tomar su decisión de citar en calidad de investigado al que era jefe de seguridad de Adif en el momento del descarrilamiento del tren, en esta “segunda fase”, el instructor se basa en los últimos informes periciales aportados a la causa, y en concreto, fundamentalmente, en el elaborado por el ingeniero César Mariñas. Este experto, nombrado tras un sorteo y considerado por varias partes como el único independiente, determinó que no hubo análisis integral y que, si lo hubiera habido, el peligro en la curva de A Grandeira sería “más que evidente”.

Con todo, el juez advierte que el hecho de que no hubo una evaluación de riesgos previa a la puesta en funcionamiento de la línea es una idea coincidente en todos los peritos, tanto los de la aseguradora QBE -de Renfe-, como en Mariñas y Juan Carlos Carballeira y Enrique Castillo Ron -toda vez que el de José Manuel Lamela se ceñía al material rodante-. La divergencia entre el de Mariñas y el de Carballeira -a Castillo Ron le encargó un informe este último- estriba en si era o no necesaria esa evaluación de riesgos, normativa y técnicamente. Al respecto, el auto de Lago Louro indica que mientras Mariñas cree que sí, Carballeira “se limita a negar” la necesidad normativa pero “guarda silencio respecto del punto de vista técnico”.

“Sorprendente”, resalta el juez, “cuando lo que se espera de un perito es que sustente sus afirmaciones en razones de índole técnico, pues ese es esencialmente la razón de ser de su nombramiento”. De ahí que valore la contestación de Mariñas como “más completa”, y agrega que además es compartida por los peritos Heijnen y Catmur -los de la aseguradora de Renfe- y por Castillo Ron. El magistrado niega la práctica de nuevas diligencias por ahora. En lo referente a la ratificación de otros dos peritajes aportados por el abogado del maquinista, porque “no se estima necesaria”.

En cuanto a la solicitud del fiscal para que se citase a los técnicos de la UTE, el instructor recalca que “no existe motivo alguno”, al no constar incumplimiento alguno por su parte. “Al contrario, fueron ellos quienes detectaron los riesgos derivados de las limitaciones del subsistema de control, mando y señalización suministrado y lo pusieron en conocimiento de Adif”, llama la atención, en alusión al registro de amenazas o ‘Hazar log’ -aportado al sumario por el propio Adif-.

La instrucción del accidente del Alvia estuvo a cargo inicialmente del juez Luis Aláez, quien imputó hasta en dos ocasiones -actualmente citación en calidad de investigados- a varios responsables de Adif, entre ellos al propio Cortabitarte. Sin embargo, la Audiencia Provincial de A Coruña echó abajo sus intenciones por dos veces, al igual que ordenó al actual instructor, Andrés Lago, reabrir la investigación cuando este pretendió cerrarla con el maquinista como único presunto responsable de los 80 homicidios y los delitos de lesiones.

La Eurocámara pide “una investigación independiente y exhaustiva” sobre el accidente del tren Alvia en Santiago

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El Parlamento Europeo reclama a la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, “que se realice una investigación exhaustiva e independiente” del accidente del tren Alvia acaecido en Angrois en julio de 2013, y que ocasionó 80 muertes y más de 100 heridos. Esta reclamación se produce después de la comparecencia de una representación de la plataforma de víctimas del siniestro, el pasado 24 de enero en Bruselas. El portavoz de la asociación, Jesús Domínguez, destaca las normas que supuestamente ha incumplido el Estado español en materia de seguridad ferroviaria, motivo al que los afectados atribuyen los fallecimientos.

Tras atender a sus requirimientos, la presidenta de la comisión de peticiones, Cecilia Wikström, clama por la realización de una investigación independiente que esclarezca todas las causas detrás del descarrilamiento en la curva de A Grandeira, al margen del despiste del maquinista, que circulaba a velocidad excesiva kilómetros antes de la estación de Santiago. Ahora, un mes después, la plataforma ha recibido una carta de Wikström, en la que expone la existencia de un debate después de la comparecencia.

“Esta comisión decidió, tras un debate, escribir a la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, para solicitar que se realice una investigación exhaustiva e independiente del accidente acaecido en Galicia en 2013”, les dice. El objetivo, indica, es que “las conclusiones de este informe sirvan para recomendar medidas para mejorar la seguridad de los servicios ferroviarios en Europa”. En su misiva, Cecilia Wikström se refiere a Domínguez para informarle de que la comisión seguirá examinando sus peticiones “tan pronto” como disponga de “la información solicitada”.

El 24 de enero, además de Domínguez y Teresa Gómez-Limón -que expuso una denuncia por supuesta publicidad engañosa en relación con el servicio de alta velocidad-, intervinieron un representante de la Comisión Europea y otro de la Agencia Ferroviaria Europea.

La Plataforma Víctimas Alvia 04155 continúa su ronda de contactos con miembros del Congreso de los Diputados, después de que los recibiese el socialista Odón Elorza la semana pasada. Este miércoles se reunirán con Fernando Navarro, diputado de Ciudadanos por Islas Baleares y portavoz de la formación en la comisión de Fomento.

La asociación exige la apertura de una comisión de investigación parlamentaria para depurar posibles responsabilidades políticas y la conformación de otra comisión de carácter técnico que elabore un nuevo informe, para sustituir el hecho por la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios), duramente criticado por Europa.

Tras el rechazo de PP y PSOE en anteriores ocasiones en la Cámara Baja, ahora albergan “cierta esperanza” en un cambio de postura de los socialistas, sobre todo tras conocer las iniciativas promovidas por Elorza.

La Eurocámara reclama una investigación “independiente” y rápida del accidente de Angrois

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La Comisión de Peticiones de la Eurocámara reclama que se lleve a cabo una investigación “independiente” con celeridad sobre el accidente ferroviario del Alvia en Angrois, que dejó 80 muertos y 140 heridos el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela. “La Comisión (de Peticiones) se dirige hoy a la Comisión y pide que esta investigación independiente debe ser iniciada y realizada rápidamente con la supervisión de la Comisión Europea”, anuncia su presidenta, la eurodiputada sueca liberal Cecilia Wikström, tras debatir las denuncias de las víctimas.

Wikström justifica “la obligación” de la Comisión Europea de garantizar que haya una investigación “independiente” después de constatar que la propia Agencia Ferroviaria Europea (ERA) ha dejado “claro” que la composición del equipo de investigación creado en España “no garantizaba la independencia de la investigación” y no respondió a “preguntas esenciales de las causas en la raíz” del accidente. “El órgano de investigación (español) no cumplió los requisitos de independencia estipulados en el artículo 21 de la directiva sobre seguridad ferroviaria y por tanto la obligación de investigar los accidentes del artículo 19 no se ha cumplido adecuadamente“, esgrime la eurodiputada liberal.

El director ejecutivo de ERA, Josef Doppelbauer, recuerda que la agencia concluyó que el accidente no fue “investigado independientemente” por la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF) y tampoco investigó “adecuadamente” las causas en la raíz del accidente. “No podemos concluir si la evaluación del riesgo se llevó a cabo o no”, reconoce, si bien deja claro que la agencia europea no tiene competencias para realizar investigaciones “propias” y se limitó a evaluar “las fortalezas y debilidades” de la investigación en España.

El representante de Transportes de la Comisión Europea, Keir Fitch, defiende la normativa de seguridad ferroviaria y admite que “claramente este nivel de seguridad no se ha mantenido como hubiéramos esperado en este caso”, al tiempo que también se ha solidarizado con las víctimas del accidente. “En lugar de tener una actitud de confrontación, estamos trabajando con autoridades españolas y ferroviarias en toda Europa para intentar garantizar que tenemos todos los sistemas donde los precursores, las cosas que van mal aunque no han provocado un accidente, se denuncian eficazmente y que por tanto se dan los pasos adecuados antes de que accidentes catastróficos ocurran”, explica el funcionario comunitario.

Fitch deja claro que el papel de la Comisión no es “echar la culpa” y subraya que compete a las autoridades judiciales en España determinar “si hay responsabilidades criminales” en este caso, recordando que hay una investigación judicial abierta. También recuerda que las autoridades españolas han dado “los pasos suficientes” para garantizar la independencia de la CIAF “en el futuro”, algo que ha llevado a la Comisión Europea a cerrar el expediente de infracción que le abrió a España en 2013 por “problemas” que identificó respecto a “la independencia” de CIAF y sus obligaciones de informar a las víctimas de los progresos de la investigación. Pero deja claro que el Ejecutivo comunitario se reserva “la opción de tomar acciones futuras si hay pruebas” de que la independencia de CIAF no se está cumpliendo “adecuadamente” en “casos futuros”. “Si es necesario lo haremos”, zanja.

“Si se hubiera cumplido la normativa europea, el accidente no habría ocurrido, evitando 80 muertos y más de 140 heridos”, denuncia Jesús Domínguez, uno de los representantes de la Asociación de Víctimas del accidente, que ha presentado el caso ante la Comisión de Peticiones este martes. “Necesitamos a Europa y que se abra una verdadera investigación independiente”, reclama tras denunciar que se “han violado” sus derechos esenciales “a la vida y la seguridad”. “Si Europa falla, la Unión Europea no tiene sentido”, alerta Domínguez.

La Asociación de Víctimas del Alvia ha denunciado el incumplimiento del Estado español de varias normativas europeas, entre ellas la directiva de seguridad ferroviaria de 2004, así como la directiva de 2005 que regula las práctica desleales de empresas frente al consumidor, al considerar que han sido víctimas de la publicidad engañosa sobre la seguridad de la línea por parte de las autoridades españolas. La investigación del accidente, explica Domínguez, “no fue independiente” ya que de las empresas públicas “implicadas” en el accidente -Renfe, Adif e Ineco- formaba parte del equipo de investigación y sus responsables fueron “los mismos” que desconectaron el sistema de seguridad porque generaba “retrasos” y “no ahonda en las causas profundas”. Además, “no se evaluó el riesgo” en “tres ocasiones” como se debería haber hecho en virtud de la normativa europea: cuando se hizo un cambio del proyecto original y no se instaló el sistema de seguridad de frenado ERTMS “en el punto más peligroso del trazado”, tal y como si lo contemplaba el proyecto original; pero también cuando el jefe de maquinistas advirtió por escrito en un correo a sus superiores del “peligro” existente “en la curva de Angrois” en diciembre de 2011 sin que se hiciera “nada” tras ello, tal y como indica el informe de la ERA; y en tercer lugar, cuando se desconectó el sistema de seguridad “porque generaba retrasos”.

También critican que se declarara la línea interoperable “sin el certificado de la Unión Europea” y “sin el sistema de seguridad ERTMS”, uno de los requisitos de la normativa europea y deja claro que “no hay constancia de la homologación del tren en su conjunto”, ni del cumplimiento de las especificaciones técnicas de interoperabilidad a las que debía ajustarse su diseño, algo que, según la ERA, podría haber tenido “un papel importante en las consecuencias del accidente”.

Por su parte, Teresa Gómez-Limón, también de la Asociación, denuncia el “engaño” del Gobierno español en la publicidad “oficial” tras recordar que el entonces ministro de Fomento, José Blanco, presentó el tren de alta velocidad “con el sistema de seguridad ERTMS” y también “engañó a la Unión Europea” al asegurarle en un informe en 2013 que la línea estaba equipada con el ERTMS.

Todos los grupos políticos en la Eurocámara han apoyado a las víctimas y han respaldado, con la excepción del PP, que se abra una nueva investigación “independiente” del accidente. La eurodiputada popular Rosa Estaràs asegura que lo “importante” es la investigación judicial abierta y dice que la abogacía del Estado ya ha dicho “que no es competente para volver a pedir un informe” del accidente. “Tampoco el Gobierno puede abrir una comisión de investigación. Es el legislativo. Estamos mezclando poderes”, explica.

Tras escuchar el posicionamiento de los eurodiputados, las víctimas han aplaudido el respaldo de la institución y han confiado en que ello fuerce a la Comisión Europea a ejercer “presión” sobre el Gobierno español para que “abra una investigación lo antes posible”. “La Comisión nos ha explicado que legalmente no puede abrir una investigación, pero sí presionar, y esperamos que cumpla su palabra”, declara Domínguez.

Vías en desuso, un potencial más allá de las vías verdes para su reutilización

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Una investigación de la UPV/EHU demuestra que muchas de las vías de tren en desuso del País Vasco tienen potencial para ser usadas más allá de las vías verdes. El ferrocarril Vasco-Navarro que cubría alrededor de 150 kilómetros, además de ser usado como vía verde puede ir un paso más allá y ser utilizado para viajes diarios relativamente cortos que se pueden realizar tanto a pie como en bicicleta (viajes al trabajo, escuela, tienda, etc), según un estudio del Departamento de Arquitectura de la UPV/EHU. El objetivo de la investigación es analizar todas esas antiguas líneas ferroviarias en desuso y definir una metodología de análisis para proponer soluciones adecuadas para su futura reutilización.

En los siglos XIX y XX se construyeron cientos de kilómetros de vías de tren en el País Vasco y tuvo gran repercusión en el desarrollo de los pueblos de alrededor. El ferrocarril organizó y jerarquizó el territorio, modernizando de cierta manera los pueblos en los que pasaba y dejando de lado el resto. A finales del siglo XX, sin embargo, debido a la decadencia de la industria y la competencia del transporte por carretera, fue testigo del cierre de muchos kilómetros de líneas ferroviarias. Hoy en día, son más de 500 kilómetros las vías de tren en desuso en el País Vasco y Navarra.

La investigación se ha centrado en el estudio del ferrocarril Vasco-Navarro que en sus 150 kilómetros cruzaba los territorios de Gipuzkoa, Álava y Navarra. Para ello, se han definido los tipos de recorrido que dicha línea ferroviaria puede llegar a tener en cada zona. Es decir, se ha estudiado el potencial que tiene dicho eje para los viajes diarios relativamente cortos, además de para el ocio y el turismo. A través del estudio de la accesibilidad, se han valorado las relaciones existentes entre la línea de ferrocarril en desuso y el territorio de alrededor. El estudio se ha realizado en tres escalas o niveles diferentes y utilizando una metodología adaptada para cada una de ellas, con el fin de analizar las distintas zonas que pueden existir en el entorno de la línea; un enfoque regional, referido a las ciudades y pueblos conectados por la línea ferroviaria en desuso; un enfoque interurbano relacionado con las áreas cercanas a la línea; y un enfoque urbano referido a las áreas de núcleos urbanos o rurales alrededor de la línea.

“Existen numerosos ejemplos de reutilizaciones exitosas de líneas de ferrocarril en desuso, tales como el parque High Line de New York o los programas Greenway o Vía Verde. De todas formas, todas ellas son infraestructuras principalmente relacionadas con el ocio y el turismo”, explica Arritokieta Eizaguirre, investigadora del Departamento de Arquitectura de la UPV/EHU. “En este trabajo se argumenta que las líneas de ferrocarril en desuso pueden ir un paso más allá organizando el territorio a su alrededor como ejes no motorizados que operan a escala urbana o interurbana y están relacionados con las actividades y usos diarios (viajes al trabajo, escuela, tienda, etc), además de para el ocio y el turismo”, subraya.

Hoy en día gran parte del ferrocarril Vasco-Navarro es utilizado como vía verde. El estudio realizado en esta investigación ha concluido que el ferrocarril Vasco-Navarro tiene potencial para los desplazamientos a pie o a bicicleta, además del uso como vía verde, prácticamente a lo largo de toda la línea. “La frontera entre Gipuzkoa y Álava (la zona de Leintz-Gatzaga” es el único tramo que no presenta potencial para dicha actividad” señala Eizaguirre. “Existen zonas que pueden ser ejes para los desplazamientos diarios y otros que podrían funcionar en un futuro” añade.

El análisis de las principales ciudades muestra que las zonas cercanas a Gipuzkoa tienen los niveles de accesibilidad más altos. Sin embargo, si se tienen en cuenta todos los núcleos urbanos, los resultados muestran que el pueblo Andollu es el más accesible. Por lo tanto, “los futuros recorridos que podrían surgir en el primer caso estarían directamente relacionados con las principales ciudades y núcleos urbanos, mientras que en el segundo caso tendrían mayor influencia en el desarrollo rural”, comenta la investigadora. Por último, el estudio urbano ha facilitado el análisis de la relación entre el núcleo urbano y su entorno.

A través de la metodología propuesta, “esta investigación nos ha permitido definir el potencial del transporte no motorizado del ferrocarril Vasco-Navarro”, concluye Arritokieta Eizaguirre.

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Referencia bibliográfica: Eizaguirre-Iribar, A., Etxepare Igiñiz, L., Hernández-Minguillón, RJ.(2016). A multilevel approach of non-motorised accessibility in disused railway systems: The case-study of the Vasco-Navarro railway. Journal of Transport Geography, 57, 35-43.
Este trabajo forma parte de un una investigación que estudia las líneas de ferrocarril en desuso de la CAPV y Navarra. La investigación es subvencionada por el Gobierno vasco a través de una beca Predoc.