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El amianto, en los juzgados de Madrid

El Juzgado de lo Social número 10 de Madrid celebra este lunes un juicio para abordar la solicitud de indemnización de casi 400.000 euros cursada contra Metro por parte de los familiares del primer trabajador con enfermedad profesional reconocida por exposición al amianto, ya fallecido. Se trata de Julián M., empleado de mantenimiento del suburbano que murió por asbestosis en octubre del año pasado y cuyo caso derivó en una propuesta de sanción por parte de Inspección de Trabajo de 191.000 euros contra Metro por entender que la compañía no había tomado suficientes medidas contra el amianto. Otro compañero suyo con enfermedad profesional reconocida también murió el año pasado.

Durante el desarrollo de la vista, la Asociación de Víctimas del Amianto de Madrid prepara una concentración de apoyo a la familia del trabajador fallecido. Los sindicatos en Metro convocan también un paro parcial de cuatro horas por turno en apoyo a los allegados del trabajador de mantenimiento. Además, se realizará una concentración desde las 11 a las 15 horas en los juzgados de lo Social de la Plaza de los Cubos, ubicados en la calle Princesa.

La vista oral será en sesión única. El trabajador, tras conocer que desarrolló cáncer por exposición al amianto, registró una denuncia contra la compañía que han continuado su viuda y su hija. “La exposición al amianto no tiene ninguna duda”, detalla el abogado de las víctimas para explicar que su demanda se basa el baremo que se utiliza en los accidentes de tráfico y que, en este caso, aprecian “negligencia muy grave” por parte del suburbano madrileño, dado que Metro va a juicio este lunes por la petición de indemnización de la familia de un trabajador fallecido por amianto. Este material potencialmente cancerígeno estaba prohibido desde el año 2001 y que no se retiró de las unidades de la L6, con el consiguiente riesgo para la salud.

La viuda del trabajador espera que con la celebración de este juicio se “haga justicia” con su marido y su familia mediante la condena a la compañía para que les indemnice. Tras asistir a una de las sesiones de la comisión de investigación sobre la presencia del amianto en Metro, relató a los medios que su marido había sufrido un “infierno” por su enfermedad. Confía en que los tribunales hagan la “justicia que no ha hecho Metro” dado que no se ha producido ninguna dimisión ni cese en la compañía tras la muerte de su esposo y de otro compañero suyo. En total, se han confirmado cuatro casos de empleados con enfermedad profesional reconocida por exposición a asbesto.

También cargó contra la Comunidad de Madrid, en concreto contra la Dirección Provincial de Trabajo, al entender que mantiene “paralizada” la ejecución de las cuatro actas de infracción abiertas por Inspección amparándose en que hay un proceso judicial en curso, cuando en realidad hay unas diligencias de investigación de la Fiscalía.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, defendió el pasado viernes que el Gobierno regional ha hecho “los deberes” con el amianto en Metro de Madrid, trabajando con los sindicatos así como con las personas que trabajan en el suburbano. Ese mismo día la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, dijo que espera que se pueda crear un fondo de indemnización para las familias afectadas y está convencida de que ese ofrecimiento “sincero y claro” va a dar vía libre a que se puede cerrar un “acuerdo que sea histórico” para Metro.

El ‘arte’ del grafiti le sale caro a Renfe

Renfe lleva a la Feria Arco 2019, que se celebra en Madrid hasta el 3 de marzo, la problemática del vandalismo y los grafitis en los trenes. Bajo el lema “Esta obra ha costado 15 millones de euros y la hemos pagado entre todos”, Renfe dispone de un espacio en Arco para la visualización de los daños y la sensibilización social. “Queremos transmitir un mensaje y un ejercicio de concienciación social y ciudadana de lo que representan los grafitis en los trenes”, aseguraba el presidente, Isaías Táboas, que el jueves presentaba en este espacio escénico la puerta grafiteada de un tren.

Con esta iniciativa, la compañía se suma por vez primera a esta importante cita artística y lo hace para trasladar la relevancia social y económica de una actividad delictiva que pone en riesgo la seguridad de los viajeros y que supone cada año un importante coste económico. El gasto anual que asume Renfe, 15 millones de euros, se derivan de la limpieza de trenes, pinturas, agua, disolventes, traslados a talleres o movilización de personal, entre otros conceptos.

A estos costes hay que sumar los gastos anuales en medios destinados en vigilancia y seguridad, que supondrían otros 10 millones de euros adicionales. Un coste total de 25 millones anuales que acaban pagando todos los ciudadanos con sus impuestos. Desde 2008 los grafitis casi se han duplicado. Además del incremento de estos actos se ha detectado que los grafiteros cada vez emplean más violencia y que en muchos casos se trata de grupos organizados. El riesgo es tanto para los propios viajeros como para el personal de Renfe y vigilantes. Incluso los grafiteros ponen en peligro su integridad física cuando atacan un tren en servicio, al saltar a las vías por las que pueden circular otros trenes.

De hecho, el método de accionar indebidamente el aparato de alarma de los convoys cuando están en servicio, lo que produce la detención de emergencia del tren, es uno de los utilizados por las bandas de grafiteros.

Cuando las pintadas se producen en trenes en servicio causan molestias y retrasos. Sólo en Cercanías Madrid las demoras afectaron el año pasado a más de 200.000 viajeros por grafitis en trenes en marcha. Además, un tren grafiteado debe ser limpiado inmediatamente, por lo que se tiene que retirar del servicio, con el consecuente trastorno para la programación de trenes y causando incidencias.

Renfe colabora con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y denuncia todos los actos ante la autoridad competente (Policía Nacional, autonómicas, locales o Guardia Civil). La empresa considera que es esencial la concienciación e implicación de instituciones y ciudadanos para luchar y denunciar estas acciones. La campaa de Arco La campaña tiene continuación en internet y redes sociales a través de www.laobramascara.com y #LaObraMasCara.

Adif denuncia al dueño de un rebaño de ovejas

Adif denuncia por “tráfico indebido por las vías” el propietario del rebaño de ovejas que este martes fue arrollado por un tren Euromed en Mont-roig del Camp (Baix Camp-Tarragona). Según indican fuentes de la compañía, se trata de un trámite habitual en este tipo de casos y la cuestión suele acabar con la imposición de una multa. Los servicios jurídicos de Renfe también analizan el caso por si procede presentar una denuncia ante la autoridad judicial “para proteger los derechos de los clientes” —que sufrieron retrasos de más de una hora—. Fuentes de la operadora señalan que, en este supuesto, correspondería al juez dirimir quién es el culpable.

El incidente se produjo hacia las 11.20 de este martes en un tramo de vía única que no está protegido y se saldó con una sesentena de ovejas muertas. El Euromed que cubría el trayecto entre Barcelona y Alacant sufrió daños poco relevantes en la locomotora, y sus 270 pasajeros salieron ilesos. Como consecuencia del arrollamiento, la circulación de trenes entre Cambrils y Mont-roig quedó interrumpida durante una hora. Varios trenes se vieron obligados a parar en estaciones cercanas, como el que cubre la ruta Murcia-Barcelona, ​​en L’Hospitalet de l’Infant, y el que une Barcelona y Alicante, en Cambrils.Un convoy de la línea R16 (Tortosa-Barcelona) también ha quedado parado en Montroig.

La circulación en la vía quedó normalizada sobre las 12.20 horas, según Adif. Por su parte, el tren que arrolló el rebaño pudo reanudar la marcha a las 12.40 horas con 72 minutos de retraso, tras comprobar que no había sufrido daños materiales.

Adif denunciará al pastor por ocupación indebida de la vía de su rebaño, que pastoreaba por un camino cercano a la vía que no está vallado. Según una portavoz de Adif, la legislación solo obliga a cerrar el paso en caso de vías nuevas, urbanas o en los que los trenes circulen a más de 220 kilómetros por hora. En este caso, no se cumple ninguno de los tres requisitos y la misma fuente señala que la legislación tampoco precisa que sea Adif ni los operadores ferroviarios los responsable de vallar las vías, sino que pueden ser otras instituciones, como los ayuntamientos. Con esta base, Adif presentará una denuncia por ocupación indebida de las vías y, por su parte, los servicios jurídicos de Renfe estudian reclamar al pastor los daños por los retrasos.

Este miércoles, el alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho (PSC), ha recordado que, una vez entre en funcionamiento el Corredor del Mediterráneo, está previsto el desmantelamiento de esta plataforma ferroviaria y su conversión en vía verde.

(Imagen Policia local Mont-roig)

Un juez investiga el descarrilamiento en Arahal

El juzgado de instrucción 1 de Marchena (Sevilla) ha abierto diligencias por el accidente de tren ocurrido el pasado 29 de noviembre en Arahal (Sevilla), en el que 37 pasajeros resultaron heridos, y tras recibir el atestado policial pedirá a Renfe y Adif informes sobre el contenido de la caja negra. Según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la titular del juzgado de instrucción de Marchena pedirá a Renfe y Adif varios informes para conocer el estado del tren que cubría la línea entre Sevilla y Málaga que descarriló en Arahal poco después de que la vía fuera reabierta al tráfico tras ser cerrada por la acumulación de agua y barro sobre las mismas.

Además del estado del tren, la jueza pedirá información al operador ferroviario sobre “la influencia en éste de la situación meteorológica, así como el contenido del visionado de la caja registradora jurídica (caja negra) que indicará, entre otros datos, la velocidad” a la que circulaba el tren. Según fuentes judiciales, estos informes tardarán “unos meses” en llegar a juzgado y con ellos la jueza determinará “si hay base jurídica penal para seguir con la investigación” y citar a declarar a testigos y peritos para esclarecer las circunstancias del accidente en el que resultaron heridas 37 personas, dos de ellas de carácter grave.

Un tren de media distancia de la línea Málaga-Sevilla descarriló el pasado miércoles entre las estaciones sevillanas de El Sorbito y Arahal, en la línea de bifurcación de Utrera-Fuente de Piedra, resultando heridas 37 personas, dos de las cuales fueron ingresadas en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla con heridas de gravedad. Los heridos ingresados en el Virgen del Rocío son un empleado de Adif que sufrió una fractura de pelvis y fue intervenido, así como una mujer que sufrió un traumatismo en la columna y que evoluciona también favorablemente tras ser operada “satisfactoriamente”.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) atribuye el accidente a las fuertes lluvias caídas en la zona que anegaron el tramo donde el tren descarriló. Adif dice que es la primera vez, desde su puesta en servicio hace 26 años, que se producía un fenómeno de estas características que acabó por desbordar el río Guadaíra en el término de Arahal. A la espera de las conclusiones definitivas de la investigación interna, y que se remitirán a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en un plazo de tres meses, “los datos conocidos hasta el momento apuntan a que una gran avenida de agua anegó el cauce y descalzó la vía donde se produjo el descarrilamiento”. Adif continúa con las investigaciones abiertas internamente para esclarecer las causas del descarrilamiento.

Un grupo de afectados por el descarrilamiento del tren ha interpuesto una reclamación colectiva contra Adif y el Ministerio de Fomento, que podría desembocar en un recurso Contencioso-Administrativo. El despacho de la capital hispalense que representa a los cuatro primeros solicitantes, Osuna Abogados, considera que hubo un «mal funcionamiento» del servicio por las fuertes precipitaciones, informa Sur de Málaga.

Ante la situación meteorológica y el escenario de inundaciones que se vivía en el municipio de Arahal, el letrado considera que el tren debió detenerse o andar muy despacio. Según las primeras conclusiones del bufete, «parece ser que nunca se debió acordar que el tren marchase por la vía en las pésimas condiciones en la que se hallaba o, de hacerlo, habría que llevar una velocidad muy reducida. Ninguna de las medidas se adoptó».

Sobre el alegato de Fomento de que el suceso fue por «fuerza mayor», los expertos del despacho Osuna señalan que el supuesto no cumple con los requisitos, en primer lugar, porque no se trata de un suceso ajeno a la propia actividad; y en segundo, porque pudo haberse evitado. Igualmente, se trata de daños que el administrado no tiene el deber jurídico de soportar conforme a la ley. La presunta causa de fuerza mayor, es decir, la lluvia caída en la zona del descarrilamiento, «no libra a la Administración de una posible responsabilidad».

El tren circula ya por el tramo de vía anegado

El tramo de vía ferroviaria entre las estaciones sevillanas de El Sorbito y Arahal que quedó cortado a la circulación el pasado miércoles día 29 de noviembre por el descarrilamiento de un tren ha quedado reabierto este sábado a las 9.00 horas. Un portavoz del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) precisa que, desde esa hora, la vía se encuentra abierta, aunque aún quedan pendientes algunos trabajos para terminar de reparar la señalización de la zona que no impiden la circulación de trenes. Desde Renfe indican que los trenes ya pueden pasar por ese tramo, como lo hizo a mediodía un Media Distancia de la línea Sevilla-Málaga.

Los servicios técnicos de Adif han estado trabajando esta semana en la reposición de la vía afectada por la crecida imprevista del río Guadaira el pasado miércoles y que ha mantenido cortada la circulación ferroviaria en la línea de ancho convencional Bifurcación de Utrera-Fuente de Piedra, que une las provincias de Sevilla y Málaga. Este viernes ya avanzaban que la previsión es que los trenes pudieran empezar a circular este sábado y este fin de semana quedase restablecida la circulación ferroviaria.

Los trabajos se han centrado en la consolidación del terreno afectado por las lluvias, tanto en la vía como en los caminos de acceso, para que puedan actuar los vehículos de obra y los dos trenes taller enviados a la zona, uno por cada lado. En el punto donde los daños son mayores, es necesaria la actuación de un tren de balasto y, posteriormente, de una bateadora.

La operadora explica que, según una estimación inicial, desde que se cortó la circulación ferroviaria en ese tramo el pasado miércoles y hasta este sábado por la mañana desde Renfe se ha transbordado por carretera, en el marco del plan alternativo habilitado al efecto, a los viajeros de un total de 64 trenes. Se trata de viajeros de las líneas Sevilla-Málaga y viceversa, Almería-Granada-Sevilla y viceversa, y de la línea Sevilla-Osuna, que son los trenes que circulan por ese tramo durante la semana.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) asegura que es la primera vez, desde su puesta en servicio hace 26 años, que las lluvias han anegado el tramo donde se produjo el accidente. A la espera de las conclusiones definitivas de la investigación interna, y que se remitirán a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) en un plazo de tres meses, “los datos conocidos hasta el momento apuntan a que una gran avenida de agua anegó el cauce y descalzó la vía donde se produjo el descarrilamiento”. Adif continuará en los próximos días con las investigaciones abiertas internamente para esclarecer las causas del descarrilamiento.

Aemet remitió a Adif avisos específicos sobre la intensidad de lluvia, con una periodicidad de 6 horas y una vigencia de 24, para los puntos identificados en las líneas. Tras varias alertas, a las 6.00 horas del día del siniestro se recibió un aviso sobre inexistencia de alarma por lluvias a partir de las 7.00 en esa línea y se mantuvo la vigilancia en cabina por un tren de la mañana para observar el estado de la línea. Un maquinista de una circulación anterior alertó sobre las 7.30 horas de la existencia de agua en un punto no clasificado como inundable, en el kilómetro 25 (a seis del accidente), se examinó el punto indicado y se suspendió la circulación en este punto.

Posteriormente, desde las 9.23 horas, al detectar que el agua había bajado lo suficiente, se restauró el tráfico a una velocidad limitada de 5 kilómetros por hora, y a las 9.55 se incrementó la velocidad a 30, y con esta limitación de velocidad circuló el tren por este punto, no existiendo otras restricciones de velocidad donde ocurrió el descarrilamiento. Tras el descarrilamiento, a las 12.17, se recibió en el Puesto de Mando de Adif información de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que alertaba de la crecida del Guadaíra en el término de Arahal.

Un grupo de las personas que resultaron heridas -un total 37 y dos de ellos graves- estudia posibles responsabilidades en vía administrativa por mal funcionamiento de la Administración que puedan derivarse del siniestro, es decir, por una acción judicial no penal, la cual llevaría a un juzgado de lo contencioso administrativo, según informó este viernes el Bufete Osuna Abogados, que explicó que el daño ocasionado con el accidente ferroviario “podría derivar en una responsabilidad patrimonial de la entidad pública Adif, que se encarga de la infraestructura de los ferrocarriles, tras la decisión de abrir la vía a pesar del estado de la misma fruto de las malas condiciones climáticas que convirtieron el terreno en un barrizal”.

La Seguridad Social reclama 4,8 millones a Adif

La inspección de trabajo ha destapado que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) no cumplió con las cotizaciones establecidas para determinados trabajadores, entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015. La empresa dio una calificación de personal de oficina a trabajadores que no desempeñaban esas funciones, cotizando por ellos sólo un 1% en lugar de un 2,1%, ahorrándose así un 1,1%. La Seguridad Social le reclama ahora 4,8 millones por cotizaciones irregulares.

Fuentes de la empresa aseguran que el gestor «viene cotizando anualmente a la Seguridad Social más de 166 millones de euros y que se encuentra actualmente al corriente de todos los pagos». No obstante, en cuanto a las actas levantadas tras la inspección, la empresa justifica que se trata de un «primer resultado provisional» contra el que Adif presentó las alegaciones correspondientes, que están aún por resolver. «No cabe, por tanto, hablar de deuda como si esta fuera una decisión firme derivada de la inspección, ya que se está a la espera de los resultados definitivos de dicha inspección y del análisis de las mencionadas alegaciones», defendió el portavoz consultado, que precisó que Adif se ha opuesto a los criterios utilizados por la inspección de trabajo. Es más, contempla recurrir la resolución en caso de que salga en contra de la empresa.

Los diputados de Ciudadanos Sergio del Campo, Fernando Navarro, Saúl Ramírez Freire y José Cano Fuster han registrado una batería de preguntas en las que cuestionan al Ejecutivo si conocía “esta manera de proceder” y las medidas que tiene previsto adoptar para evitar que esta situación se repita. Según relata Ciudadanos, que referencia una información publicada en el diario ‘El Mundo’, la Tesorería de la Seguridad Social reclama en cuatro actas de liquidación de cuotas un importe total de 4,8 millones de euros por “cotizaciones irregulares” entre los años 2011 y 2015, ambos incluidos.

Según estas informaciones, Adif no cumplió con las cotizaciones establecidas para determinados trabajadores, configuró conceptos salariales como dietas y calificó como horas de fuerza mayor horas extraordinarias, obteniendo rebajas en los porcentajes a aplicar a estas horas (siendo la retribución la misma. En 2015, el 80% de las horas extraordinarias fueron consideradas de fuerza mayor, reclamándose un importe de 437.137 euros.

“De confirmarse estos hechos, resultaría alarmante que una empresa estatal hubiera actuado de esta manera, eludiendo el cumplimiento de la normativa laboral”, aseveran los diputados en su iniciativa. Los diputados de la formación naranja también se refieren al conflicto laboral de los trabajadores que prestan servicios en varios de sus trenes, el personal de a bordo de la empresa adjudicataria Ferrovial. Estos trabajadores, apunta Ciudadanos, “han visto cómo han retrocedido sus condiciones laborales en los últimos años, lo que les ha llevado a la huelga”, por lo que también preguntan al Gobierno si conoce la situación de estos empleados y sus reclamaciones.

A instancias de una pregunta parlamentaria del diputado de EH Bildu Oskar Matute, el Gobierno reconoció que el Grupo Renfe acumula un total de 50 infracciones denunciadas por las diferentes Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social desde el 1 de enero de 2015 hasta el 15 de marzo de 2017. Interesándose por “las numerosas multas” impuestas al operador público, Matute denunciaba la existencia de “diferentes irregularidades vinculadas a la relación laboral y contractual que la dirección de Renfe mantiene con sus empleados y empleadas” y por ello preguntaba por el número de denuncias y sanciones recibidas.

El Gobierno confirma que en los últimos dos años la Inspección de Trabajo ha levantado 50 actas de infracción, confirmándose la sanción en tres de ellas, dos en vía administrativa y una en fase judicial. El Ejecutivo apostilla que en otras seis el Grupo Renfe ha presentado demanda, estando pendientes todas ellas de la correspondiente resolución judicial. Sin embargo, el Gabinete que preside Rajoy no da respuesta a dos de las tres preguntas registradas por Matute, que también pedía información por la evolución de las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo al Gobierno en los diferentes organismos autónomos, entidades públicas, empresariales, agencias de comunidades autónomas y entidades locales y el detalle de las imputadas a cada una de las entidades y organismos sancionados.

Billetes para residentes en Sóller

La conselleria de Movilidad del Govern y el Ferrocarril de Sóller llegan a un acuerdo para habilitar unas nuevas tarifas de tren y tranvía para residentes con el fin de sustituir las que fueron declaradas ilegales por las instituciones europeas. El contenido del acuerdo no se dará a conocer hasta que la Comisión Europea dé su visto bueno a la propuesta, según explica el presidente de la compañía, Óscar Mayol.

El tren de Sóller se vio obligado en febrero a retirar el descuento del que se gratificaban los residentes en las islas tras la denuncia presentada ante la Unión Europea (UE) por un ciudadano alemán. La Comisión Europea emplazó al Govern a eliminar este tipo de beneficios porque entendía que se estaba incurriendo en una discriminación por razón de nacionalidad.

El director general de Movilidad, Jaume Mateu, se ha reunido con los responsables del ferrocarril para establecer una solución al problema generado con la resolución europea. Aunque Mayol no quiso dar a conocer las disposiciones alcanzadas en la sesión, el presidente de la operadora explica que “hemos llegado a un acuerdo que ahora deberá ratificar la UE para confirmar que se ajusta a la legalidad”.

En un primer momento se barajó crear unos nuevos abonos basados en la frecuencia de uso del tren y no por la residencia del usuario, con la finalidad de no contradecir la resolución de la UE. El principal problema que presenta esta modalidad de descuentos es que no afecta al billete sencillo, que deberá pagarse en su integridad, de acuerdo con la propuesta. Esta medida es es similar a la que se aplica en otros transportes públicos como el metro o los trenes de SFM.

Tomando únicamente como referencia el ejercicio de 2016, unos 50.000 residentes de la Comunidad hicieron uso del descuento habilitado para proceder a viajar tanto en el tren como en el tranvía de Sóller. Según datos de la compañía, 140.733 pasajeros utilizaron los abonos de residente del tren y del tranvía durante el pasado ejercicio. A partir de estos datos, puede observarse que el 8,81% de pasajeros del tren son residentes, mientras que en el tranvía la cifra se rebaja al 4,57%. En el último ejercicio, el Ferrocarril de Sóller registró 1.992.748 pasajeros, de los que el 59% (1.171.357 pasajeros) lo hicieron con el tranvía. El resto, 821.391 pasajeros, utilizaron el servicio de tren.

El alcalde de Sóller, Jaume Servera, decía hace unas semanas que “para nosotros ya estaba bien el sistema que ahora se eliminará”, aunque avanzó que “sabemos que el Govern ya trabaja para crear otro tipo de abono o tarifa especial para los residentes” con los que “se aplicará algún tipo de descuento“. Por su parte, el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, transmitió un mensaje de “tranquilidad” y aseguró que se estudian “fórmulas que hacen viable que personas que lo utilizan con frecuencia tengan otros precios”.

La denuncia de un alemán obliga a retirar el descuento del Tren de Sóller a los baleares

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Discriminiatorio. El tren turístico de Sóller, que lleva más de un siglo en funcionamiento, dejará de ofrecer a partir de abril el habitual descuento para los residentes de Baleares por la denuncia interpuesta por un ciudadano alemán ante la Unión Europea. La Comisión Europea ha emplazado al Govern balear a eliminar este tipo de beneficios al entender que se está incurriendo en una discriminación por razón de nacionalidad.

En declaraciones a IB3 Radio, el director general de Movilidad del Govern balear, Jaume Mateu, informa de esta denuncia de la Unión Europea (UE), que considera que los descuentos a los residentes suponen un trato desigual a los ciudadanos de otras nacionalidades. El billete sencillo Palma-Sóller tiene un precio de 16 euros y en el caso de los residentes es de 7 euros.

El ferrocarril completa desde 1912 el trayecto entre Palma y Sóller de 27,3 kilómetros y ofrece a los viajeros los paisajes de la Sierra de la Tramuntana. Tras estudiar el caso, los responsables comunitarios avisaron al ejecutivo balear que iniciarían un procedimiento sancionador si no se modificaban los precios.

El director general añade que ahora se está trabajando con la empresa del tren de Sóller en un cambio tarifario que permita premiar, a través de abonos o un sistema similar, a los usuarios que puedan utilizar el servicio más de una vez.

Precisamente este lunes se restablece el servicio de trenes entre Palma y Sóller tras haber estado cerrado tres meses para realizar las obras de mantenimiento y mejora que cada año se llevan a cabo. El primer tren de Palma a Sóller saldrá a las 10.30 horas.

El cierre de invierno ha durado tres meses y ha servido para llevar a cabo las tareas de mantenimiento habituales y de consolidación de los túneles 1, 2 y 3 que atraviesa el tren centenario por la Serra d’Alfàbia. Este año, se adelantó el cierre un mes -al 7 de noviembre- “para hacer los trabajos de compactación de los túneles que sirven para reforzar las estructuras y, en concreto, en el túnel mayor hay que reforzar un tramo de la bóveda con hormigón armado”, según explica Óscar Mayol presidente del Tren de Sóller.

Desde el año 2006 se ha procedido a la renovación completa de unos 23,5 kilómetros de vía, siendo 19 kilómetros en la vía comprendida entre Palma-Sóller y 4,5 km en el tramo comprendido entre Sóller y Port de Sóller.

Cataluña lleva a Adif a los tribunales

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Tras meses de advertencias, los gobernantes catalanes llevan a Adif ante los tribunales. La Generalitat de Cataluña ha presentado este viernes una demanda contra Adif ante la Audiencia Nacional por el incumplimiento del plan de inversión en Rodalies de 306 millones de euros, al considerar agotada “la vía política”. Curiosamente, el Ejecutivo catalán salva a Renfe y Fomento de sus cuitas judiciales. Desde Cataluña se afirma que en los últimos cuatro años Rodalies ha sufrido 1.500 incidentes.

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, indica que con esta demanda, por la vía contencioso- administrativa, no se busca defender los intereses de la Generalitat, sino los de los usuarios de la red de Rodalies y Regionales. “Si la infraestructura está en buenas condiciones, los servicios son solventes”, asegura Rull, que ha puesto como ejemplo a los Ferrocarriles de la Generalitat (FGC). “Pactamos (con el Ministerio de Fomento) de buena fe la inversión de 306 millones para garantizar la fiabilidad de la red ferroviaria y se ha incumplido de forma manifiesta”, explica Rull, que ha indicado que entre 2014 y 2016 solo se ha ejecutado el 4,2% de la inversión.

El conseller, que ha comparecido junto al secretario de Infraestructuras y Movilidad, Ricard Font, insiste en que la denuncia la presentan contra Adif porque “está fuera de control”, mientras que con el Ministerio de Fomento y Renfe tienen diálogo y una relación “más fluida”. Recuerda, además, que la Generalitat carece de capacidad para exigir a Adif que ejecute las inversiones pactadas ni puede sancionar al gestor si las incumple, por lo que al agotar la vía administrativa y política, tiene “la obligación de pedir amparo a la Justicia” para que Adif cumpla sus compromisos.

Rull detalla que el pacto de inversión con el Ministerio de Fomento tenía el objetivo “garantizar la fiabilidad del sistema, que los trenes no queden encallados y que los horarios se cumplan”, después de que Rodalies haya sufrido más de 1.500 incidencias en cuatro años. Según el conseller, con este plan se hizo un “ejercicio de pragmatismo, de responsabilidad y negociación política seria” entre Generalitat, Renfe y Adif para identificar qué puntos de esta red ferroviaria necesitaban una inversión urgente.

El conseller asegura que es posible tener un sistema de transporte público ferroviario fiable en Catalunya, como ocurre con los FGC porque la Generalitat “tiene el control de las vías, trenes y estaciones y se ha hecho mucha inversión en infraestructuras, y si la infraestructura está en buenas condiciones, los trenes no se paran”.

Bombardier demanda al consorcio español, que consigue desatascar su posición con los árabes

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Bombardier cumple su amenaza. El constructor canadiense decide recurrir a los tribunales para solventar sus desavenencias con el consorcio español que construye la línea de Alta Velocidad a La Meca. Los abogados en España de la multinacional se personaron el lunes en los juzgados de plaza de Castilla de Madrid con una demanda en la que ponen en tela de juicio los riesgos multimillonarios que la arena del desierto puede generar en los trenes a partir de la entrada en operación del servicio. La empresa canadiense es subcontratista de Talgo en el suministro y mantenimiento de los sistemas de rodadura de los trenes que cubrirán la línea entre las ciudades santas de Medina y La Meca.

Bombardier desmarca la denuncia del conflicto planteado desde hace meses por el ‘megapedido’ de 2.640 millones destinados a la compra de trenes de alta velocidad en España. El fabricante canadiense ha impugnado el concurso ante la Audiencia Nacional y ha presentado una oferta que no se ajustaba al pliego de condiciones, por lo que ha sido expulsado de la licitación. Tanto en un caso como en otro, el destinatario de las reclamaciones efectuadas por la compañía multinacional es el presidente de Renfe, Pablo Vázquez, quien también ejerce como máximo responsable político del consorcio español que trabaja en el llamado ‘tren de los peregrinos’ en Arabia Saudí.

Todas las partes han ocultado durante esta semana el litigio para evitar más problemas con la visita a España del presidente de la Saudi Railways Organization (SRO), Rumaih Mohammed al-Rumaih. El dirigente árabe, cliente directo del consorcio español, regresó a su país el miércoles tras su entrevista con el ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, a fin de analizar el estado de situación del proyecto. El contrato firmado en 2011 se encuentra ahora sometido a arbitraje internacional, debido al conflicto surgido por el retraso y los sobrecostes de las obras, dos aspectos que están también en el origen del pleito abierto por la multinacional canadiense.

Bombardier lleva dos años largos reclamando a los responsables del consorcio Al Shoula un respaldo legal que permita, al menos, compartir las contingencias que plantea la limpieza permanente de los casi 500 kilómetros de vía férrea por el desierto. En realidad, el tramo más afectado se extiende a lo largo de 100 kilómetros, una distancia que puede verse fácilmente deteriorada por la acumulación de arena, lo que obligará a un recambio automático de las ruedas. El contrato inicial con Talgo establece la renovación cada dos años, pero la mayor erosión de esta infraestructura ferroviaria puede obligar a un mantenimiento mucho más intenso, con un sobrecoste que se estima entre 20 a 40 millones de euros.

La enorme complejidad del proyecto de alta velocidad en Arabia Saudi, intensificada por los conflictos de interés que enfrentan a los diversos contratistas principales, ha dificultado el acuerdo con Bombardier, que incluso llegó a ofrecer en vano una solución de arbitraje hace poco más de un año. La demanda en los juzgados de primera instancia constituye una salvaguarda ante la posibilidad de que un relevo en la cúpula ejecutiva de las empresas públicas dependientes del Ministerio de Fomento pueda propiciar la llegada de un nuevo responsable político al frente del AVE a La Meca.

La construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad Haramain, que enlazará La Meca y Medina, sigue adelante, pese a todos los impedimentos que van surgiendo. La Saudi Railways Organisation (SRO) y Al Shoula (nombre del consorcio de empresas de mayoría española que lo ejecutan y que se encargarán de su posterior operación) han acercado sus posiciones en los dos asuntos que los enfrentan desde hace meses: el calendario de entrega, que todo apunta a que se ampliará, y el pago de los sobrecostes de la obra, que se reconocerá, al menos en parte. En el proyecto trabajan doce compañías españolas, entre ellas Renfe, Adif, Talgo, Ineco, OHL, ACS, Copasa e Indra. El proyecto para la construcción de la superestructura, el suministro de los trenes y la operación se adjudicó por 6.736 millones de euros.

El consorcio Al Shoula planteó un alargamiento del plazo de entrega de 24 meses, de modo que quedaría fijado en enero del 2019 en vez de enero del 2017, como consta en el contrato. Las constructoras esgrimen que los retrasos acumulados se deben, principalmente, a que la obra previa –la construcción de la plataforma, que corresponde al grupo de Al Rajhi, liderado por empresas chinas– no ha cumplido su calendario. La SRO está dispuesta a dar 17 meses, tres meses más de los que ya planteó en mayo pasado, con lo que la línea debería estar lista en la primavera del 2018. Este plazo sería suficiente, según las firmas españolas que trabajan en el proyecto. Es clave que esta ampliación supone no tener que pagar penalizaciones por demoras.

Fomento informa de que se ha ejecutado el 65% de las obras y que la fabricación de los trenes avanza a buen ritmo. En algunas zonas se están haciendo pruebas. La obra civil está prácticamente finalizada en cuatro tramos y se trabaja con intensidad en otros dos.