Tras meses de advertencias, los gobernantes catalanes llevan a Adif ante los tribunales. La Generalitat de Cataluña ha presentado este viernes una demanda contra Adif ante la Audiencia Nacional por el incumplimiento del plan de inversión en Rodalies de 306 millones de euros, al considerar agotada «la vía política». Curiosamente, el Ejecutivo catalán salva a Renfe y Fomento de sus cuitas judiciales. Desde Cataluña se afirma que en los últimos cuatro años Rodalies ha sufrido 1.500 incidentes.
El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, indica que con esta demanda, por la vía contencioso- administrativa, no se busca defender los intereses de la Generalitat, sino los de los usuarios de la red de Rodalies y Regionales. «Si la infraestructura está en buenas condiciones, los servicios son solventes», asegura Rull, que ha puesto como ejemplo a los Ferrocarriles de la Generalitat (FGC). «Pactamos (con el Ministerio de Fomento) de buena fe la inversión de 306 millones para garantizar la fiabilidad de la red ferroviaria y se ha incumplido de forma manifiesta», explica Rull, que ha indicado que entre 2014 y 2016 solo se ha ejecutado el 4,2% de la inversión.
El conseller, que ha comparecido junto al secretario de Infraestructuras y Movilidad, Ricard Font, insiste en que la denuncia la presentan contra Adif porque «está fuera de control», mientras que con el Ministerio de Fomento y Renfe tienen diálogo y una relación «más fluida». Recuerda, además, que la Generalitat carece de capacidad para exigir a Adif que ejecute las inversiones pactadas ni puede sancionar al gestor si las incumple, por lo que al agotar la vía administrativa y política, tiene «la obligación de pedir amparo a la Justicia» para que Adif cumpla sus compromisos.
Rull detalla que el pacto de inversión con el Ministerio de Fomento tenía el objetivo «garantizar la fiabilidad del sistema, que los trenes no queden encallados y que los horarios se cumplan», después de que Rodalies haya sufrido más de 1.500 incidencias en cuatro años. Según el conseller, con este plan se hizo un «ejercicio de pragmatismo, de responsabilidad y negociación política seria» entre Generalitat, Renfe y Adif para identificar qué puntos de esta red ferroviaria necesitaban una inversión urgente.
El conseller asegura que es posible tener un sistema de transporte público ferroviario fiable en Catalunya, como ocurre con los FGC porque la Generalitat «tiene el control de las vías, trenes y estaciones y se ha hecho mucha inversión en infraestructuras, y si la infraestructura está en buenas condiciones, los trenes no se paran».
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