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Cataluña lleva a Adif a los tribunales

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Tras meses de advertencias, los gobernantes catalanes llevan a Adif ante los tribunales. La Generalitat de Cataluña ha presentado este viernes una demanda contra Adif ante la Audiencia Nacional por el incumplimiento del plan de inversión en Rodalies de 306 millones de euros, al considerar agotada “la vía política”. Curiosamente, el Ejecutivo catalán salva a Renfe y Fomento de sus cuitas judiciales. Desde Cataluña se afirma que en los últimos cuatro años Rodalies ha sufrido 1.500 incidentes.

El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, indica que con esta demanda, por la vía contencioso- administrativa, no se busca defender los intereses de la Generalitat, sino los de los usuarios de la red de Rodalies y Regionales. “Si la infraestructura está en buenas condiciones, los servicios son solventes”, asegura Rull, que ha puesto como ejemplo a los Ferrocarriles de la Generalitat (FGC). “Pactamos (con el Ministerio de Fomento) de buena fe la inversión de 306 millones para garantizar la fiabilidad de la red ferroviaria y se ha incumplido de forma manifiesta”, explica Rull, que ha indicado que entre 2014 y 2016 solo se ha ejecutado el 4,2% de la inversión.

El conseller, que ha comparecido junto al secretario de Infraestructuras y Movilidad, Ricard Font, insiste en que la denuncia la presentan contra Adif porque “está fuera de control”, mientras que con el Ministerio de Fomento y Renfe tienen diálogo y una relación “más fluida”. Recuerda, además, que la Generalitat carece de capacidad para exigir a Adif que ejecute las inversiones pactadas ni puede sancionar al gestor si las incumple, por lo que al agotar la vía administrativa y política, tiene “la obligación de pedir amparo a la Justicia” para que Adif cumpla sus compromisos.

Rull detalla que el pacto de inversión con el Ministerio de Fomento tenía el objetivo “garantizar la fiabilidad del sistema, que los trenes no queden encallados y que los horarios se cumplan”, después de que Rodalies haya sufrido más de 1.500 incidencias en cuatro años. Según el conseller, con este plan se hizo un “ejercicio de pragmatismo, de responsabilidad y negociación política seria” entre Generalitat, Renfe y Adif para identificar qué puntos de esta red ferroviaria necesitaban una inversión urgente.

El conseller asegura que es posible tener un sistema de transporte público ferroviario fiable en Catalunya, como ocurre con los FGC porque la Generalitat “tiene el control de las vías, trenes y estaciones y se ha hecho mucha inversión en infraestructuras, y si la infraestructura está en buenas condiciones, los trenes no se paran”.

La Audiencia Nacional verá el recurso de Montcada contra Fomento por el soterramiento del tren

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La Audiencia Nacional admite a trámite el recurso contencioso administrativo que el Ayuntamiento de Montcada i Reixac (Barcelona) presentó contra el Ministerio de Fomento por incumplimientos del acuerdo que implicaba el soterramiento de la línea de Portbou a su paso por el municipio catalán. El consistorio, que presentó en febrero un requerimiento previo a Fomento y a Adif, ha decidido presentar este contencioso “ante el silencio administrativo” del Gobierno central, explica el Consitorio. La línea divide desde hace décadas la ciudad.

El contrato, firmado en noviembre de 2007 por el Ministerio de Fomento, Adif, la Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat y el Ayuntamiento, establecía que dichas actuaciones “deberían ejecutarse de manera coordinada con las obras de construcción de la Línea de Alta Velocidad“, asegura la administración local.

Esta obra compleja y cara se pactó solemnemente en el 2007 como compensación por el túnel del AVE, en ejecución, que cruza también la población por el mismo corredor. Ayuntamiento y vecinos insisten reclaman desde hace años los trabajos. Pero las dificultades del Estado para pagar nuevas inversiones alteran muchos planes. Fomento (por boca del secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán) decía en 2010 que el proceso de soterramiento seguía delante, pero que el inicio de la obra que se preveía en el 2011 pasaría a 2012. Nada se sabe ahora, tres años después. Además del Ayuntamiento, la plataforma ciudadana Tracte Just Soterrament Total lleva dos décadas luchando para que el tren desaparezca de la superficie.

El proyecto de soterramiento prevía crear un gran paseo en la amplia franja de suelo que ganaría Montcada con la operación. Las obras incluían también la construcción de una nueva estación bajo tierra y un cruce a distinto nivel entre las líneas de Barcelona-Portbou y de Barcelona-Manresa (R-4).

La alcaldesa de la localidad, Mari Carmen Porro, dice que “después de haber agotado todas las vías de negociación con el Estado, el consistorio ha decidido acciones jurídicas” para que se cumplan los compromisos. Esta decisión se suma a la acción conjunta de Montcada, ya que en el pleno de noviembre de 2013 los grupos municipales y la Plataforma Trato Justo-Soterramiento Total, que representa a la ciudadanía, consensuaron la voluntad de soterrar esta línea ferroviaria.