El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) analiza una modificación de la normativa que suponga un cambio en las condiciones en que los operadores ferroviarios presten su servicio, para que sea más respetuoso con el medio ambiente, y que exista una cobertura específica con un seguro de responsabilidad civil para daños ambientales que puedan ocasionar los operadores ferroviarios. Así se desprende de una respuesta del Gobierno al senador Carles Mulet, del grupo parlamentario Izquierda Confederal, en relación con la investigación que se ha abierto para esclarecer lo sucedido con los vagones de Renfe pertenecientes a un tren descarrilado en Sobradelo, Carballeda de Valdeorras (Ourense), que presuntamente el pasado agosto fueron arrojados al Sil, río a cuyo cauce llegaron.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de O Barco abrió diligencias penales en el caso de los vagones que el personal de Adif arrojó el pasado 2 de agosto al cauce del río Sil después del descarrilamiento el pasado 28 de julio de un tren de mercancías -25 vagones que circulaba vacíos- a la altura del Sobradelo (Carballeda de Valdeorras. La jueza insta a la Consellería de Medio Ambiente a emprender acciones por daños medioambientales y económicos y pide a la Fiscalía de Ourense -abrió diligencias informativas el pasado mes de agosto- que le entregue toda la documentación recopilada durante la investigación que llevó a cabo por estos hechos.
En la respuesta del Gobierno se indica que la investigación «continúa avanzando y se están documentando todas las circunstancias que condujeron a la caída de los vagones, teniendo en cuenta que en las actuaciones de encarrilamiento ha primado siempre la seguridad y la salud de los trabajadores». Indica que una vez que se disponga de todos los datos, «se determinarán, en su caso, las responsabilidades pertinentes», y añade que Adif «promoverá una revisión de sus protocolos para reforzar y mejorar todos los controles y que esta situación no vuelva a repetirse«. Asimismo, explica que se van a reforzar los protocolos que tiene Adif con el resto de operadores ferroviarios.
Concluye la respuesta al senador indicando que esta entidad pública dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana «seguirá colaborando con todas las administraciones públicas competentes (Xunta, Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y Fiscalía) que están tramitando diferentes procedimientos que afectan a este suceso, esperando que se resuelvan lo antes posible y que se valore la rápida y adecuada acción para revertir los efectos de la caída de los vagones».
Adif informa además de que la restauración ambiental de la zona afectada por el descarrilamiento está pendiente del estudio que recogerá las medidas definitivas para su información a la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. La propuesta diseñada inicialmente por Adif para recuperar el entorno y subsanar los daños causados contempla la restauración ambiental del área afectada, un planteamiento que ya recibió el visto bueno del organismo responsable de la cuenca. El proyecto prevé actuar sobre el talud de dominio público ferroviario «afectado por el deslizamiento», aludiendo a la polémica retirada de dos vagones hacia el río Sil, uno de los cuales no se detuvo hasta alcanzar su cauce. La propuesta plantea el extendido de 30 centímetros de tiera vegetal para, a continuación, colocar sobre ella una malla orgánica de yute.
En todo caso, Adif está a la espera de saber si son aceptadas las alegaciones que presentó contra los expedientes abiertos por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda y por la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. Ambos organismos culpan a la empresa de que uno de los vagones fuese a caer a las aguas del Sil, y cuantificaron sus multas en 35.000 y 50.000 euros, respectivamente. A su vez, Adif anunció la apertura de una investigación para depurar posibles responsabilidades en la retirada de las unidades.
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