Hace cuatro años un tren Alvia en el que viajaban 218 personas descarriló en la curva de A Grandeira, a escasos kilómetros de la estación de Santiago. Allí, viajeros, vecinos del barrio de Angrois y otros ciudadanos que junto a los servicios de emergencias se lanzaron a socorrer a las víctimas, vivieron momentos de enorme tensión, con el resultado final de 80 fallecidos y 144 heridos. Una tragedia que se producía a pocas horas de la celebración del día grande del Día de Galicia.
El convoy procedía de Madrid-Chamartín y se dirigía a Ferrol, pero tenía prevista su parada en Compostela minutos antes de las nueve de la noche. Pasadas las 20,40 horas, el exceso de velocidad con el que circulaba el maquinista tras atender una llamada del interventor -que le indicaba por dónde entrar en Pontedeume para que se pudiese bajar una familia- provocó el descarrilamiento.
Este lunes, la comunidad gallega conmemorará el cuarto aniversario del siniestro ferroviario más grave de la democracia española, que se produce en un contexto marcado por dos frentes más claros ahora que nunca en estos últimos cuatro años: el judicial y el político. En los juzgados, al conductor, Francisco Garzón, se le ha unido el exdirector de seguridad en la circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, al que el juez también atribuye 80 supuestos delitos de homicidio y 144 de lesiones por imprudencia profesional grave.
Cortabitarte obtuvo la calidad de investigado en la causa en marzo de este año, aunque anteriormente ya había sido imputado por el primer instructor, Luís Aláez, en septiembre de 2013 y en mayo de 2014. En esas dos ocasiones se libró de lo que Aláez le atribuía a él y a otras 21 y 11 personas, respectivamente -todos ellos altos cargos o excargos de Adif-, por la decisión de la Audiencia Provincial. Los mismos magistrados que, sin embargo, el pasado 28 de junio confirmaron la investigación a Cortabitarte por el nuevo juez, Andrés Lago, al ver «indicios de una actuación deficiente, por incompleta y parcial, en la evaluación de riesgos».
El pasado 4 de abril, el hombre al que Adif ha reubicado en una subdirección de nueva creación -y al que las víctimas del accidente de metro de Valencia cuestionan por su papel como perito en aquel caso- se acogió a su derecho a no declarar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago. Este 27 de julio, tres días después del aniversario, vuelve a estar citado en sede judicial. Algunas fuentes dan por hecho que otra vez optará por no declarar o que, si lo hace, solo responderá a su abogado. Otras fuentes, no obstante, tienen la impresión de que sí intervendrá, algo que creen que preocupa a su letrado, por lo que pueda decir sobre las implicaciones de otros dirigentes o empresas públicas como Renfe.
La conmemoración este 24 de julio se da, además, con un cambio fundamental sobre el tablero político: el PSOE, que en su día votó que no, apoya ahora y de hecho ya ha registrado una petición de comisión de investigación política en el Congreso de los Diputados. La reivindicación, justamente, por la que clama la plataforma de víctimas desde un primer momento, para conocer «la verdad» y que se haga «justicia», y que le llevó a las calles ya el 17 de diciembre de 2013, precisamente frente a las Cortes.
Podemos y en concreto En Marea -el partido instrumental en el que se integran Anova, Esquerda Unida y la formación morada, que impulsó la iniciativa la pasada legislatura y también esta, pero dio con el veto de la Mesa del Congreso- ya ha mostrado su disposición a votar a favor de la iniciativa socialista, y ni siquiera descarta una actuación conjunta.
La pelota está sobre el tejado de Ciudadanos, del que los afectados quieren saber si volverá a favorecer el veto a esta solicitud en la Mesa, que controla el Partido Popular junto a esta organización. Todo esto se resolverá en septiembre, a la vuelta de las vacaciones de los parlamentarios.
Si el primer aniversario será recordado por la polémica de las Medallas de Galicia a las víctimas y el cambio del día de su entrega al 24 -movimiento en el que estas vieron una utilización política-, el segundo se conmemoró poco antes de que el juez cerrase la causa con el maquinista como único imputado (en octubre de 2015) y el tercero coincidió con la reapertura del caso (en mayo de 2016) y el impulso que supuso el informe de la Agencia Ferroviaria Europea, crítica con la investigación que realizó España del siniestro. Este cuarto año desde el accidente de Angrois será el primero con un cargo de Adif investigado al que ratificó la Audiencia, y también el más cercano a una eventual comisión de investigación en la Cámara Baja.
El presidente de la plataforma de afectados, Jesús Domínguez, cree que es un momento de «sentimientos encontrados»: «La gente está por una parte muy ilusionada y esperanzada, porque parece que ya se empieza a destapar todo; pero, a la vez, ese día, para quien ha perdido a un familiar…», reflexiona. La sensación entre los afectados es «que se está cambiando el discurso», puesto que «antes» estaba centrado en la responsabilidad del maquinista y el dinero para indemnizar a las víctimas y «ahora Europa avala» su «lucha» por la «verdad». Pero, advierte, «no quita para que aún se esté muy lejos» de conocerla.
Después de «tanto sufrimiento», Domínguez indica que «ya era hora» de contar con «alguna buena noticia», como el giro de los socialistas, o la carta que acaban de dirigir a la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios). «Que se pongan colorados» los responsables de la seguridad ferroviaria a los que acusan de poner «trabas» a la justicia es algo que, reconoce, también provoca «satisfacción», e incluso ver que la defensa de Adif es ahora hasta burda, al alegar que los Estados miembro tuvieron «dificultades» en aplicar las normas.
Las víctimas y familiares del Alvia 04155 no olvidan y este lunes conmemorarán el cuarto aniversario del accidente con una marcha por las calles céntricas de Santiago de Compostela. «Justicia y verdad» será la reivindicación de una movilización que afrontan con el ánimo renovado tras el cambio en la causa, tanto político como judicial. La manifestación concluirá en la Plaza del Obradoiro pero partirá de la estación de tren de la capital gallega, una forma con la que los afectados por el accidente quieren hacer visibles la responsabilidad que según ellos tienen Renfe y Adif por la falta de sistemas de seguridad en el propio convoy y en la vía al no tener instalado el mecanismo de seguridad ERTMS, con el que el tren nunca habría llegado tan rápido a la curva de A Grandeira.
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