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Colau insiste en el tranvía de la Diagonal

Ada Colau vuelve a la carga. En el próximo pleno, el equipo de gobierno de Barcelona volverá a someter a votación la conexión del tranvía por la avenida Diagonal, un plan que ya volvió al cajón en mayo del año pasado después de que toda la oposición salvo el PSC votara en contra del mismo. Muy probablemente, la corporación volverá a tumbar el plan de la Alcaldía.

La oposición acusa a la alcaldesa de intentar tapar “el fracaso de su gestión” y “el rechazo ciudadano” con el anuncio de que Barcelona en Comú (BComú) llevará su propuesta de conexión del tranvía por la avenida Diagonal al pleno de enero. La teniente de alcaldía, Janet Sanz, ha alegado que el 62,9% de los ciudadanos quiere esta infraesctructura. Lo dice el barómetro municipal presentado este jueves por el Ayuntamiento, el mismo que arroja que la principal preocupación de los barceloneses es la inseguridad y que ha empeorado la percepción ciudadana sobre el gobierno municipal.

El presidente del PDeCAT, Xavier Trias, denuncia que Ada Colau intenta “tapar desesperadamente el fracaso de su gestión” y recuerda que “no hay consenso técnico” y que el único acuerdo político que existe se concreta en “poner en marcha en la Diagonal la línea D30 de la nueva red de buses”. Por su parte, el alcaldable de ERC, Ernest Maragall, destaca que están a favor de “tirar adelante la conexión del tranvía” pero no “a golpe de rueda de prensa” ni con “precipitación y frivolidad”, después que Janet Sanz haya apelado directamente a su partido en esta cuestión.

Ernest Maragall también rechaza un pronunciamiento político en el pleno a favor del tranvía ya que, según él, “no hace falta volver a votar cada dos días a favor de un problema que no se está resolviendo bien” y que necesita “responsabilidad institucional”. Por su parte, la presidenta del grupo municipal de Ciudadanos, Carina Mejías, destaca que “Colau pretende tapar el fracaso de su gestión recuperando proyectos fallidos” y lo tilda de “clara estrategia electoralista”. Manuel Valls no ve el tranvía como una prioridad.

El PSC ha pedido en un comunicado a BComú que “no utilice el tranvía como arma electoral por segunda vez” y reclama que solo lo lleve al pleno si tiene “una mayoría que le de apoyo”. Los socialistas también califican la iniciativa de “cortina de humo para tapar los desastrosos resultados de la gestión de Colau“.

“Estoy a favor de la unión del tranvía Llobregat-Besós, pero cuestiono que sea por la Diagonal y que sea la prioridad, ya que la L9 no se ha acabado y no ha entrado en servicio la línea D30 de bus. Además, Colau quiere pagar los 150 millones de euros de la infraestructura cuando es competencia de la Generalitat”, escribe en un tuit, el presidente del grupo del PP, Alberto Fernández Díaz. También con un tuit el concejal no adscrito Gerard Ardanuy muestra su apoyo a la propuesta y proclama su “voto a favor de unir el tranvía por la Diagonal”.

El equipo de Colau lanzó durante los primeros meses de 2018 una ofensiva en defensa de la unión del tranvía por la Diagonal. El Ajuntament encargó un estudio al Institut Cerdà sobre el impacto del tranvía por la Diagonal sobre los comercios y, según los datos, en algunos tramos podrían registrarse aumentos en la facturación entre un 2% (tramo Francesc Macià-paseo de Gràcia) y un 22% (tramo Sardenya-Badajoz) gracias al aumento previsto de clientes potenciales. En enero, entidades vecinales y sindicales se unieron para crear la plataforma ‘Unamos los tranvías’ para reclamar la conexión del TramBaix y el TramBesòs por la Diagonal. La plataforma defiende que el tranvía “es el transporte público más accesible y mejor valorado por la ciudadanía y los usuarios del transporte público”.

Otro estudio, esta vez encargado por BComú -el partido de Colau-, asegura que unir el tranvía por la Diagonal podría evitar 6 muertes anuales en Barcelona por contaminación, mejorará la calidad de vida y la seguridad de los ciudadanos. Las universidades de Barcelona, la UPF, la UPC y la UOC han defendido que la unión de los tranvías permitiría el desplazamiento entre los diversos campus universitarios sin cambiar de medio de transporte. Afirman ademá que la conexión generaría una visión de una Barcelona verde, sostenible y pensada paras las personas y la mejora de la calidad de vida.

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Más voces piden no ampliar el tranvía de Vitoria

Prosigue la polémica por la ampliación del tranvía en Vitoria. El último en pronunciarse es el exalcalde José Ángel Cuerda (PNV) quien es partidario de paralizar la ampliación del tranvía hacia el sur de la ciudad y hacer “un estudio de unas características diferentes al que se ha hecho ahora” sobre esta infraestructura. El que fuera alcalde de la capital alavesa entre 1979 y 1999 participó hace unos días en el foro municipal de movilidad que debatía esta ampliación, a la que se opone una plataforma vecinal que aboga por aplazar las obras para acometerlas de manera conjunta con el soterramiento de las vías del tren anunciada por Adif.

Cuerda insta al Gobierno municipal de Vitoria, integrado por PNV y PSE, a “pensar en los ciudadanos” y analizar la sostenibilidad del trazado desde el punto de vista medioambiental, económico y social. En su opinión, el proyecto en este momento tiene “una serie de inconvenientes muy serios“, como “la falta de un análisis de lo que es el tranvía en Vitoria y la necesidad previa de abordar la envergadura económica y ciudadana” de su ampliación.

“A mí me parecería una medida muy prudente que existiera ahora una paralización del proyecto para poder estudiar a fondo estas circunstancias” y después “tomar las decisiones que en su caso procedan”, sostiene el exalcalde. “Yo preferiría que este proyecto se paralizara y hacer un estudio de unas características diferentes al que se ha hecho ahora”, concluye.

La posible paralización del tranvía de Vitoria para estudiar la obra de manera conjunta con el soterramiento de la alta velocidad ferroviaria a su paso por la ciudad ya se debatió el mes pasado en el Parlamento vasco. Los populares defendieron ese aplazamiento por entender que el trazado del tren ligero hasta la Universidad supone una “invasión del espacio peatonal” de los barrios de Adurza y San Cristóbal, y no responde a las necesidades reales de la ciudad. La iniciativa, apoyada en parte por Elkarrekin Podemos, no salió adelante al oponerse el PNV, EH Bildu y PSE-EE, los mismos grupos que en el Ayuntamiento pactaron la financiación de la infraestructura.

Mientras, el pleno municipal aprueba por unanimidad una petición a Euskotren para que estudie la viabilidad de implantar un servicio de tranvía nocturno los fines de semana y los días festivos en la ciudad, como ya sucede durante las Fiestas de La Blanca y la Aste Nagusia bilbaína. Tanto el equipo de gobierno (PNV-PSE) como las formaciones de la oposición (PP, EH Bildu, Podemos e Irabazi) han apoyado la moción, presentada a debate por todos los grupos municipales salvo el PP, en la que piden a esta empresa pública que aborde junto a la compañía municipal de transportes Tuvisa este estudio.

La moción aprobada contempla que este análisis se coordine con el servicio municipal de tráfico y con el Departamento municipal de Medio Ambiente y que incida en la posible afección acústica de los convoyes a las viviendas que se encuentran en el trazado del metro ligero. La petición de un servicio nocturno de tranvía los fines de semana y festivos en Vitoria es una reivindicación histórica en la ciudad desde que hace 7 años se implantase durante las fiestas de La Blanca, con la que se busca equiparar este medio de transporte al “gautxori” nocturno de los autobuses urbanos, que verían liberadas rutas y vehículos con la llegada del metro ligero nocturno.

La Corporación municipal ha dado el primer paso para solicitar a Euskotren este servicio, a través de la elaboración de este estudio que, según dicta la moción, deberá someterse al examen de los consejos vecinales afectados por este servicio. Actualmente, el servicio de tranvía finaliza alrededor de las 23.00 horas durante los fines de semana y festivos, a excepción de las fiestas de La Blanca. En ellas Euskotren ofrece servicios del 4 al 9 de agosto de manera ininterrumpida toda la noche, a excepción del 9 de agosto, jornada en la que el servicio finaliza a las 3.37 horas de la madrugada.

El tren vertebrado de Goicoechea para Canarias

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El ingeniero vasco Alejandro Goicoechea es mundialmente reconocido por el nacimiento y desarrollo de los trenes Talgo. Pero el técnico de Elorrio desarrolló durante su vida otros proyectos que no llegaron a cuajar, como el del tren vertebrado de Las Palmas de Gran Canaria que estos días recuerdan en las islas. Este vehículo exigía, por su propio diseño, una vía totalmente incompatible con la red ferroviaria existente, basada en largas vigas de hormigón sobre las que debía rodar la composición apoyada en rodaduras independientes situadas en los costados del vehículo y no en su parte inferior, como es lo habitual en los trenes o automóviles convencionales. Según su inventor, de este modo se lograba que el tren fuera indescarrilable, al situar el centro de gravedad en el mismo plano que las ruedas adicionales de guiado y, por lo tanto, el par de vuelco era nulo. Por otro lado, la disposición de la vía, apoyada en esbeltas columnas sobre el terreno, reducía al mínimo los gastos de expropiación de terrenos, obviaba los problemas con los pasos a nivel comunes en los ferrocarriles convencionales y permitía una más fácil adaptación a las irregularidades del terreno. Con el ultraaligeramiento se esperaba lograr alcanzar las más altas velocidades con un bajo consumo energético.

Aunque el concepto vio la luz entre los años 20-30, lo cierto es que hasta 1971 no se intenta llevarlo a la práctica. Ese año la empresa Transeuropea S.A. presenta ante el Ministerio de Obras Públicas el anteproyecto y la solicitud de concesión de la línea Las Palmas de Gran Canaria-Gando-Maspalomas. Se instala un tendido de kilómetro y medio para demostrar el artiugilo ante los técnicos del Ministerio. antes de que homologara el sistema que iba a permitir la instalación definitiva, que nunca llegó. La estructura estuvo levantada entre 1972 y finales de 1975. Pero no prosperó.

Las pruebas reales comenzaron en 1974. La tardía entrega de los módulos del tren, que arribaron el 25 de mayo a bordo del Monte Berretin, obligaron a los promotores a solicitar varias peticiones de prórroga de las obligadas licencias. Por fin ell 26 de junio el tren circula en la isla. Como testigo directo asiste a estos tets Alejandro Goicoechea, al que acompaña l director general de Transportes Terrestres. La velocidad del artilugio desencantó a los profanos. El empleo un grupo electrógeno portátil y la poca distancia del trazado presvisto para el TV-2 impidieron mayor vistosidad.

Goicoechea plantea unir la capital y el sur de la Isla en unos 25 minutos ya que su dispositivo era capaza de alcanzar los 180 kilómetros por hora y transportar hasta 250 personas por viaje. También pensaba otros dos recorridos: uno entre Las Palmas de Gran Canaria y Maspalomas, que parara sólo en el aeropuerto, y otro con estaciones intermedias. El trazado iba a discurrir paralelo a la GC1 y dentro de su zona de influencia, evitando expropiaciones innecesarias y creaciones de servidumbres, dadas las características elevadas del sistema.

Uno de los principales rechazos del proyecto fue el lugar previsto para su instalación. De la noche a la mañana se pasó de tener una recién inaugurada Avenida Marítima a una bahía que parecía enjaulada por los raíles aéreos. Además hay que añadir la fuerte resistencia de los medios de comunicación, uno de ellos el periódico La Provincia, que obligó a los promotores a lanzar una rectificación en El Eco de Canarias. El director de producción de Guaguas Municipales, Luis Cabrera, cree que si las vías se hubieran levantado en el otro margen de la avenida la ciudadanía, se habría visto el proyecto con mejores ojos.

Alejandro Goicoechea relata en 1979 en Televisión Española cómo este estaba “condenado” a desmontarse. Reconoce que la oposición de la prensa y el desmontaje de ls vías deja una impresión general de “fracaso”. La presión también tuvo que ver con la época. A principios de los 70 llegaba el boom turístico a las Islas y la construcción del tren suponía una amenaza para los empresarios transportistas y también para Salcai que, junto a Utinsa, acababa de nacer en 1973 y se oponían frontalmente a este proyecto.

La prensa de la época aseguraba que la obra, aunque promovida por capital privado, llegó a tener interés por parte de Renfe y que incluso se había estudiado instalarlo en Tenerife con un recorrido entre el barrio de La Salud y Las Teresitas pasando por el barranco de Los Santos. Además de en las dos islas capitalinas, en El Eco de Canarias se llegó a decir que empresarios de Fuerteventura estaban estudiando su construcción entre Jandía y Corralejo. Al final, todas estas ideas quedaron en nada y el ingeniero Goicoechea se fue de Canarias “asqueado”.



(Fuente Iago Otero Paz. Eldiario.es Canarias)

Primer test en el Congreso para la nueva ley del sector ferroviario que repudia la oposición

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El Pleno del Congreso de los Diputados celebra este jueves el debate de totalidad del proyecto de Ley del Sector Ferroviario, iniciativa a la que han presentado enmiendas de devolución el Grupo Socialista, la Izquierda Plural, PNV, ERC y BNG. Entre otras medidas, la nueva ley contempla la eliminación del canon que aplica Adif a los operadores para acceder a la prestación de servicios ferroviarios con el objetivo de incrementar el uso de estas infraestructuras. Los grupos de la oposición alegan, además, que la liberalización planteada es “precipitada”, ya que la UE aún sigue negociando este asunto. También consideran que al texto le falta rigor, coordinación, transparencia y consenso.

Los socialistas creen “reprochable esta forma de legislar” lo que ha impedido recabar todos los informes preceptivos al proyecto de ley o realizar un estudio económico sobre la nueva regulación y su incidencia en la economía general. Además, el estudio sobre el efecto de los cánones que prevé en proyecto de ley en el sistema tributario general es “palmariamente insuficiente” a juicio del PSOE. Pero además de estas cuestiones de forma, al principal partido de la oposición tampoco le gusta el fondo de esta propuesta de la ministra Ana Pastor.

El PSOE ve una “clara contradicción” entre los objetivos de incrementar la oferta y mejorar la calidad y la accesibilidad al sistema ferroviario cuando el texto que defiende el Gobierno pasa por un “recorte de la oferta, la calidad y la accesibilidad” cuando “criterios de simple rentabilidad económica lo aconsejen” y haciendo “prevalecer los criterios economicistas sobre la debida atención a las necesidades sociales”. Además, rechaza la “senda de liberalización” del sector que continúa esta norma “sin esperar” a que la UE lo exija a los estados miembros y “sin conocer cómo se va a materializar la futura normativa” del cuarto paquete ferroviario, actualmente en tramitación en Bruselas. Una apertura “anticipada y precipitada” que puede colocar a Renfe en una “posición de riesgo”, al no preparar al operador público para competir.

La Izquierda Plural comparte el rechazo a las “excesivas prisas” con las que el Ejecutivo afronta este proyecto y critica el “desprecio” a la gestión pública que muestra al “apostar por la iniciativa privada a costa” del derecho de los ciudadanos a un sistema ferroviario “de calidad y seguro” en todo el país. La coalición cree que no se resuelve la “necesidad de equilibrar” la oferta ferroviaria, “desmedidamente” sesgada hacia la alta velocidad en detrimento del transporte de cercanías y media distancia o de las mercancías. “Esta apuesta por un modo de transporte elitista y poco rentable a nivel económico, social y ambiental es un despropósito”, considera IU-ICV, que alerta de una “burbuja ferroviaria” por el “exceso” de inversión en determinadas líneas de “escaso uso”.

El PNV considera que el Gobierno vulnera competencias autonómicas imponiendo el criterio de interés general al territorial en contra del criterio del Tribunal Constitucional (TC) y mostrando así una “intencionalidad manifiestamente abusiva en la utilización del concepto de interés general”. Además, recuerda que “la lealtad institucional obliga a primar el escrupuloso respeto al orden de competencias”, lo que “no sólo significa que cada nivel territorial debe fundamental debidamente su competencia” sino que también ha de “facilitar el ejercicio de las de los demás, sobre todo cuando las de éstos han de ejercerse en el marco de aquéllas”.

Los nacionalistas vascos mantienen su rechazo a la definición de la Red Ferroviaria de Interés General, sobre la que “no se produce ninguna variación relevante” y por la que el Gobierno vasco mantiene un “contencioso” con el Ministerio de Fomento, al considerar que “no tiene límites precisos ni traza una línea clara sobre la realidad a la que se refiere, al tiempo que elude los pronunciamientos del TC sobre la distribución de competencias”.

El rechazo de ERC se justifica en su enmienda tanto en la “urgencia” con que se ha presentado el proyecto, que “no ha permitido contrastar, evaluar e incorporar de manera adecuada” las consideraciones del sector, lo que supone “dejar en falso la regulación” ferroviaria al “no determinar convenientemente las bases de la liberalización”. Coincide con otras formaciones de izquierdas en que esta liberalización supone “supeditar la viabilidad de algunas línea con una importante tarea de vertebración territorial a intereses económicos” y reprocha que no se haya aprendido de la experiencia británica y no se incorporen “suficientes garantías sobre la seguridad del empleo, las condiciones laborales o los estándares de calidad y mantenimiento”.

En términos similares se pronuncia el BNG, que rechaza que se avance en la liberalización del sistema ferroviario si eso supone “debilitar” la gestión pública en los trayectos con más usuarios para “trasladar importantes inversiones” a la alta velocidad, enfatizando así una “visión economicista” de este sistema de transporte, sin tener en cuenta su valor vertebrador y de cohesión. Los nacionalistas gallegos creen que sería “más oportuno” fortalecer la red de cercanías y media distancia, manteniendo unas “exigentes” obligaciones de servicio público y “vetar cualquier posibilidad de licitar y adjudicar” este tipo de servicios a empresas privadas. Y reprochan que se abra el sector a los privados mientras se mantiene una “férrea estructura centralizada” en el modelo público, sin permitir que las comunidades autónomas puedan acceder a la gestión en su territorio.

El Bloque lamenta la “muy superficial” regulación en materia de seguridad y ve “incomprensible” que no se incorporen mecanismos “concretos y verificables” que obliguen a una inversión mínima tanto en nuevas como en antiguas infraestructuras, que no se definan responsabilidades “claras y directas” en la gestión de fondos públicos para garantizar la seguridad ferroviaria, o que se soslaye una definición “clara” de los procedimientos de investigación de los accidentes ferroviarios para la “justa depuración de responsabilidades”.