La ampliación del tranvía de Vitoria sigue dando de qué hablar. Mientras una buena parte de los partidos lo defienden, hay ya un movimiento vecinal que plantea la ilegalidad del proyecton y prometen batallar para impwedir las obras, al menos tal y como se han planteado. Mientras, las instituciones vascas defienden el plan, como se ha visto publicamente en una nueva comparecencia. El debate está abierto.
La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, avala la legalidad y utilidad del proyecto de ampliación del tranvía de Vitoria por el sur, una infraestructura que la plataforma de vecinos contraria a su construcción considera «ilegal», un «sinsentido» y un «despilfarro económico». Tapia ha comparecido en una comisión en el Parlamento vasco a petición del PP, una de cuyas parlamentarias, María del Carmen López de Ocáriz, reclama un nuevo análisis del proyecto tras la decisión de soterrar las vías de tren que se pretende llevar a cabo para la entrada de la alta velocidad en Vitoria.
La consejera niega cualquier ilegalidad o irregularidad en el proyecto y asegura que la distancia de 8 metros que la ley de ferrocarril establece entre vías y edificios no es de aplicación en los tranvías, donde rige el plan territorial sectorial de Euskadi que marca una distancia de un metro a cada lado de la traza ferroviaria. Tapia asegura que este proyecto, que espera que para finales de octubre o primeros de noviembre esté adjudicado, no es una «ocurrencia» del Gobierno vasco, sino que está avalado por el Ayuntamiento, y no es ninguna novedad porque ya en 2005 se preveía la ampliación hasta el campus universitario con el apoyo de todos los partidos del consistorio vitoriano.
Tapia explica que se ha tenido en cuenta el soterramiento de las vías férreas ya que en la zona del puente de Las Trianas, que se va a reforzar, se prevé un acceso a la zona del tren para fomentar la intermodalidad. La consejera asegura que el uso del tranvía en Vitoria muestra que el desarrollo de este medio es «factible» e indica que paralelamente a la ampliación por el sur se va a incrementar el número de coches de cada convoy, de 5 a 7, en las dos líneas vigentes para aumentar su capacidad, con un presupuesto de 25 millones de euros.
La consejera afirma que el proyecto cumple a «rajatabla» todos los requisitos medioambientales y explica que el hecho de que haya vecinos a los que no les guste el proyecto no significa que en Vitoria «haya una guerra«. «Hay mucha gente que piensa que esta es una buena obra», resume. También reconoce que antes del comienzo de las obras queda un «pequeño trámite administrativo», la modificación del plan general de ordenación urbanístico, que se va a hacer con la máxima transparencia, porque el Ayuntamiento es el primer interesado en que se hagan bien las cosas.
Previamente han intervenido dos representantes de la plataforma contraria a la ampliación del tranvía, que han pedido que se paralice este proyecto, que el Gobierno vasco no adjudique las obras y que se espere al soterramiento de las vías del tren anunciada por Adif antes de iniciar las obras. Afirman que la ampliación es una «imposición injustificada» que está muy lejos de cumplir los «mínimos requisitos» que exige un «urbanismo riguroso y transparente», y que es «ilegal» porque no respeta la distancia de 8 metros de seguridad con los edificios en determinados puntos que establece la normativa ferroviaria. Aseguran además que es una ampliación «innecesaria», que no la demandan ni los vecinos por donde va a pasar, ni la Universidad pública a la que va a dar servicio; y que además va a suponer la tala de casi 300 árboles.
Los miembros de esta plataforma censuran cómo se ha llevado a cabo el diseño del tranvía en Vitoria, con puntos en los que es difícil que puedan actuar los servicios de emergencia, y afirman que el Gobierno que ejecute esta ampliación y los partidos políticos que lo apoyen serán los «responsables únicos» de los accidentes con víctimas que pudieran ocurrir «por saltarse la legislación vigente y no atender las reivindicaciones vecinales que responden al sentido común». Añaden que en dos meses y medio han reunido más de 4.000 firmas pidiendo la paralización de ese proyecto.
Las obras de ampliación, con 1,4 kilómetros de longitud y cuatro nuevas paradas, se prevé que estén finalizadas en el verano de 2019. El presupuesto es de 10,5 millones de euros, las dos terceras partes las sufraga el Gobierno vasco y el tercio restante se reparte a partes iguales entre la Diputación y el Ayuntamiento. Entre los grupos, EH Bildu, PNV y PSE-EE respaldan en comisión esta infraestructura y su ampliación, mientras que el PP pide un nuevo análisis y Elkarrekin Podemos, que ha defendido la utilidad del tranvía, alerta de la rotura de los consensos políticos y vecinales.
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