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El tren convencional necesita atención

El presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Juan Bravo, admite en la comisión de presupuestos del Senado que la red convencional de ferrocarriles “necesita una apuesta decidida” y confirma que están abordando ya los trabajos de planificación. Bravo dice que el presupuesto destinado a Adif es “de transición” y subraya como objetivos principales el inicio de la mejora de la red convencional “como garantía de vertebración del territorio” y completar la red de alta velocidad “como elemento de competitividad en clave de corredores”.

El consejo de administración de Adif autorizó a finales de abril la licitación de un nuevo contrato para su mantenimiento, por importe de 275,9 millones de euros y hasta 2019. También Renfe, a lo largo de 2018, abordará un nuevo plan de infraestructuras con una apuesta por los servicios de cercanías y regionales, que incluye la adquisición de nuevos trenes. Con respecto a la dotación presupuestaria, el presidente de Adif destaca que incluye una nueva propuesta de cánones.

Adif propone renunciar a la subvención de 585 millones de euros que hasta ahora estaba fijada en los Presupuestos Generales del Estado, y que, en su lugar, esa partida se destine a compensar a Renfe, el operador que actualmente se encarga de prestar los servicios ferroviarios de cercanías y media distancia bajo la obligación de Servicio Público. El sistema propuesto por Adif, según el cual recuperará los costes del uso de sus infraestructuras a través de los cánones ferroviarios que cobrará a Renfe (no vía Presupuestos Generales del Estado), será más transparente a la hora de evaluar las obligaciones del Servicio Público.

Bravo apunta a que “por primera vez se ve la posibilidad” de que el tráfico ferroviario de mercancías “vaya sustituyendo” al que se hace por carretera. El ferrocarril juega un peso muy minoritario en el tráfico de mercancías. Su utilización ha sufrido un dramático declive desde mediados del siglo XX, teniendo actualmente una cuota modal inferior al 5%. Muy lejos queda el año 1951 cuando su participación en el transporte terrestre era de un 53%. Cambios en la regulación, como la transferencia de funciones en manos de Fomento a la CNMC, la regulación del alquiler de trenes o cambios en las tarifas de Adif, que promuevan inversiones en infraestructuras, son aspectos en los que conviene incidir para aumentar estos porcentajes.

El presidente de Adif asegura que es “consciente del problema” en el servicio de Cercanías de varias comunidades y añade ya se trabaja en “mejoras que se articularán en un plan general”, al igual que en el norte de España con la línea de ferrocarriles de vía estrecha, para que pasen a ser de ancho métrico. Bravo recuerda que Renfe invertirá un total de 266 millones de euros este año en acometer reformas y mejoras en el parque de trenes con que cuenta la compañía ferroviaria pública para transporte de viajeros, que suma unos 1.360 vehículos. El parque copará así más de la mitad (el 57,7%) del presupuesto inversor total de 461 millones con que la operadora cuenta este 2017.

El robo de metal en las infraestructuras ferroviarias angustia al sector ferroviario que exige medidas

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Preocupación. Los robos de metal en las infraestructuras ferroviarias intranquilizan profundamente al sector ferroviario europeo, que exige una actuación coordinada porque estas acciones provocan la interrupción de servicios de transporte público, ferrocarril, energía y telecomunicaciones. La preocupación es máxima en los organismos que controlan las redes europeas, alarmadas por la reiteración de estas acciones que se producen a diario. Once asociaciones europeas que representan al sector del ferrocarril, el transporte público y la energía firmaron el pasado 26 de mayo una declaración en la que reclaman medidas en toda la Unión Europea para luchar contra el robo de metal en el ferrocarril.

Las redes ferroviarias sufren la acción vandálica a diario. El robo de metal provoca interrupciones en el servio y pone en riesgo la seguridad de los viajeros. No se trata de actuaciones casuales; existen auténticas mafias que no solo controlan la venta del material robado, sino que fomentan los daños en cualquier punto de la red sin importarles las posibles consecuencias para la seguridad de los trenes.

El sector ferroviario europeo exige a los políticos de la Unión Europea que tomen medidas y lo hagan de inmediato. Entre otras decisiones, reclaman medidas legislativas para poner en práctica y reforzar los estándares mínimos para la venta de metales de desecho y chatarra, incluyendo el estudio de nuevas normas en las que se exija a compradores y vendedores que se registren e identifiquen. Consideran necesaria mejorar la cooperación internacional para abordar el robo de metal de naturaleza transfronteriza y demandan disposiciones disuasorias, incluyendo el desarrollo de definiciones comunes en torno a la problemática y sanciones en toda la Unión Europea. El documento recibe el apoyo de la Comunidad de Ferrocarriles Europeos (CER), la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC), la Unión Internacional de Transporte Público (UITP) y la asociación de policía ferroviaria Colpofer.

El grupo asegura que es importante que los políticos reconozcan que el impacto del robo de metal en las empresas, los clientes y la sociedad es mucho mayor de lo que representa el metal robado en sí. Los robos de metal se producen a diario en toda Europa, lo que se traduce en la interrupción de muchos servicios de interés general, como el transporte público, los ferrocarriles, las redes de energía y las telecomunicaciones. Además de provocar grandes pérdidas económicas para las empresas y la sociedad, puede causar también riesgos potenciales para la seguridad de los trabajadores de las compañías y para los ciudadanos, e influye de forma negativa en la calidad de los servicios.

El robo del metal en las vías es un problema acuciante en España. Sin ir más lejos, los Mossos de Esquadra acaban de detener a cinco hombres por robar, presuntamente, 500 kilos de cobre de la línea del AVE Barcelona-Madrid a la altura de Montblanc (Tarragona). Los detenidos, con edades comprendidas entre 20 y 30 años, son vecinos de L’Hospitalet del Llobregat (Barcelona) y acumulan más de veinte antecedentes policiales por hechos similares. Los cinco individuos actuaban, al parecer, de forma organizada para robar cobre. Tomaban precauciones para que no les detectaran, por lo que utilizaban varios vehículos para ir con más rapidez y dificultar que les identificaran.

El pasado 20 de abril los Mossos d’Esquadra lograron identificar a una furgoneta con 500 kilos de cobre de procedencia indeterminada. Los investigadores determinaron que procedía de la línea del AVE y, un mes después de identificar a la furgoneta, detuvieron a los cinco integrantes de esta presunta banda, que quedaron en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial. Adif calcula que el robo les ha supuesto un perjuicio económico de 20.000 euros.