Argentina sigue impactada. Conmocionada aún por el choque de trenes que causó la muerte de cincuenta pasajeros y heridas a 700, la polémica se ha instalado en la sociedad argentina que discute vivamente sobre la calidad del transporte ferroviario. Ahora salen a la luz manifestaciones de distintos dirigentes políticos que cuestionan el servicio que ofrecen las operadoras ferroviarias. El tren argentino no aguanta hoy el examen al que le ha sometido la sociedad.
«Realizamos un informe en 2008 sobre deficiencias en el ferrocarril Sarmiento. La situación era desastrosa; y pésimo el sistema de frenos», dijo a radio Mitre Leandro Despouy, titular de la Auditoría General de la Nación (AGN). «Desde entonces no ha cambiado demasiado (el servicio). La autoridad del Estado no ha actuado ni ha aplicado sanciones graves. Trenes de Buenos Aires (TBA, empresa concesionaria) ya ha protagonizado varios incidentes», explicó Despouy.
En una declaración que mereció un aluvión de réplicas en Twitter, el secretario de Transporte del gobierno federal, Juan Pablo Schiavi, afirmó que si el accidente «hubiera ocurrido el martes (festivo en la capital), habría sido una cosa menor». Sin embargo, el tren accidentado iba lleno de pasajeros. Dos mil personas viajaban completamente hacinadas en el convoy que, por un posible fallo en los frenos, chocó violentamente contra las toperas de la estación Once. El impacto provocó que el segundo coche se incrustara en el primero, que iba abarrotado de gente. A consecuencia del accidente, 50 pasajeros murieron entre el amasijo de hierros de los primeros coches y 700 permanecen heridos. La mayoría de los fallecidos viajaba en el primer y el segundo coche de la formación, donde el rescate de víctimas aprisionadas duró casi cuatro horas.
Pasajeros habituados a viajar en condiciones deficientes, volvieron ayer a subir al tren, apretujados como a diario aunque evitando los primeros coches. «Viajamos igual que siempre, apretados, pero hubo un poco menos de gente en los primeros vehículos», relataba ante la televisión una pareja al bajar del tren.
Los empleados de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), concesionario privado del servicio, tienen orden de no hablar con la prensa. El silencio de los empleados se produjo poco después de que Roque Cirigliano, director de material rodante de TBA, se presentara en la estación siniestrada, provocando la reacción de pasajeros que lo insultaron y le gritaron: «¡Asesino!». Roque Cirigliano asegura que el del Sarmiento “es un servicio aceptable. En algunos aspectos hay más inversión que en otras compañías». «Los trenes están bien para viajar, especialmente el sistema de seguridad», indicó el empresario. Y por Radio Continental señaló que la primera hipótesis que manejan “es un error humano”, señalando de este modo al maquinista. Roque Cirigliano también reconoció que el servicio es «regular» porque la demanda supera a la oferta.
Despouy, junto con otras fuerzas de oposición y la central obrera oficialista CGT, reclaman que el gobierno ponga fin a la concesión dada a TBA.
El Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se presentará como querellante en la causa que investiga el accidente de tren, según ha informado el ministro argentino de Planificación, Julio de Vido. “Nos presentaremos como particular querellante en defensa del interés público y acompañaremos a los damnificados que se presenten como querellantes», ha informado De Vido en una rueda de prensa, en la que también ha participado el titular de Transporte, Juan Pablo Schiavi.
De Vido ha garantizado que el Gobierno no emprenderá acciones de tipo administrativo que estén al margen de la justicia, pero ha dejado claro que no permitirán «esquemas de protección para nadie», haciendo alusión a la empresa Trenes de Buenos Aires, a cargo de ese servicio de transporte en la capital argentina.
De Vido ha calificado de «trágico y dramático» el accidente ocurrido en una estación del centro de Buenos Aires. «No hay palabras que puedan describir el dolor que nos embarga a todo el gobierno, a la presidenta en particular», ha expresado.
Aproximadamente un millón trescientas mil personas usan a diario los trenes que unen el conurbano bonaerense con la capital argentina. Son personas que viajan en las peores condiciones imaginables, en trenes destruidos, de pie, a veces hasta colgados del estribo, a veces con las ventanas rotas, según publica “la Nueva Tribuna” de Buenos Aires.
Argentina tuvo el sistema ferroviario más importante de América Latina. Pero la última dictadura militar (1976-1983) lo destruyó y el gobierno de Carlos Menem (1990-2000), acabó la misión. Los militares vaciaron la empresa y Menem la malvendió en el mismo paquete de privatizaciones que acabó con otras empresas estatales, como la petrolera YPF, Aerolíneas Argentinas, la telefónica Entel y las prestatarias de servicios como luz, gas y agua.
Antes de vender la empresa Ferrocarriles Argentinos, Menem amenazaba a los sindicatos que protestaban contra los planes privatizadores con que “ramal que para, ramal que cierra”. Con la privatización se cumplió en parte la amenaza, ya que fueron muchos los tramos que cerraron por no ser rentables para los privados, dejando cientos de pueblos fantasmas. Y también desaparecieron los talleres ferroviarios, que daban empleo a miles de operarios.
Muestra del estado del deterioro del sistema ferroviario argentino es este dato que aportaba hace unos meses el diputado Rodolfo Fernández: cuando los ferrocarriles eran operados por el Estado, los trenes que comunicaban Buenos Aires con Misiones y Posadas, en el noreste del país, alcanzaban una velocidad media ponderada de 91,6 kilómetros por hora; hoy, solo pueden hacerlo a 53,2. Y los kilómetros en actividad representan apenas el 45 %.
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