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Técnicos de Adif investigan el origen de la avería en el control de tráfico de trenes en Barcelona

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Determinar el origen de la avería. El gestor de infraestructuras Adif tiene abierta una investigación para determinar las causas de la incidencia que durante la mañana de este viernes afectó al control central de tráfico de trenes de Barcelona y que causó demoras de una media hora en buena parte de la red ferroviaria de Cataluña. La avería informática no interrumpió la circulación de trenes, aunque provocó importantes retrasos debido a que los procesos de operación funcionaron con mayor lentitud.

A primera hora de la mañana, hacia las 06.20 horas, técnicos de este control centralizado detectaron una «ralentización» en las operaciones de gestión del tráfico, procesos que están completamente informatizados. Los técnicos reiniciaron los sistemas y constataron que había archivos dañados que habían afectado tanto al servidor principal como al secundario, por lo que dieron aviso de la incidencia a la empresa responsable de la tecnología, Schneider-Telvent, que también investiga el origen del problema.

Este control de tráfico centralizado es el encargado de gestionar la circulación de los trenes de ancho convencional de las provincias de Barcelona y Girona y, parcialmente, también de Tarragona y Lleida. La avería afectó a todas las líneas de Rodalies y en los trenes regionales, con retrasos de unos 30 minutos de media.

Pasadas las 08.00 horas se restableció el correcto funcionamiento de los equipos y se normalizó la circulación ferroviaria, si bien los retrasos se mantuvieron más tiempo porque se fueron recuperando de forma progresiva.

Además de las operaciones en el propio control de tráfico, Adif desplazó a técnicos especialistas a las estaciones y puntos más importantes de la red para agilizar el movimiento de los trenes y garantizar la seguridad del tráfico.

El objetivo de Adif es esclarecer, junto a Schneider-Telvent, por qué se han dañado los archivos informáticos, afectando a los dos servidores de control de tráfico, y determinar qué medidas hay que adoptar para evitar que esta situación vuelva a repetirse.

Este control centralizado de tráfico entró en servicio por fases en los años 90 y hasta la fecha Adif ha invertido en él casi 4 millones de euros en mejoras de carácter tecnológico, de comunicación o energía. En los próximos meses, Adif tiene previsto ejecutar nuevas actuaciones de mejora por un importe de 2,5 millones de euros.

Víctimas del Alvia entregan en el Congreso 115.000 firmas para investigar el accidente de Angrois

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Mientan e intentan taparlo. La plataforma ‘Víctimas del Alvia 04155’ ha presentado este martes en el Congreso de los Diputados más de 115.000 firmas para pedir una comisión de investigación y responsabilidades a los gobiernos que «tuvieron que ver» con el accidente ferroviario del Alvia en Angrois en 2013 que costó la vida a 81 personas (dos fallecieron días después a consecuencia de las heridas).

Con estas 115.000 firmas, los afectados reclaman su derecho a «conocer todos los datos y a todos los responsables de seguridad» de un accidente «evitable«; y «el derecho a exigir responsabilidades políticas» a los gobiernos que han tenido que ver con el sinistro, PP y PSOE». «Exigimos que no sigan premiando a los responsables políticos del Ministerio de Fomento y de las empresas públicas con puestos cada vez de mayor relevancia», reclama el comunicado al que ha dado lectura Javier García, portavoz de la plataforma y padre de Curro García, fallecido a los 27 años en el accidente que tuvo lugar el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela. Las víctimas han mantenido una concentración en la Plaza de Neptuno, antes de proceder a la entrega de las firmas. «Se está tapando, se está ocultando y se está mintiendo, como mintió el presidente de Adif cuando dijo que la línea no era de Alta Velocidad. Están mintiendo para taparlo», denuncia la asociación.

Las víctimas señalan a los «responsables políticos» que han sido «premiados» , entre los que figuran, según aseguran, el exministro de Fomento socialista y actual eurodiputado, José Blanco; el exsecretario de Estado ‘popular’ y actualmente ministro de Justicia, Rafael Catalá; el expresidente de Renfe y actualmente secretario de Estado del Ministerio de Fomento, Julio Gómez-Pomar; o el expresidente de Ineco y actualmente presidente de Renfe, Pablo Vázquez. La treintena de afectados han estado acompañados por los disputados del BNG Rosana Pérez; de la Izquierda Plural, Ascensión de las Heras; y de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, en representación de sus Grupos.

Los afectados portaban pancartas con fotos de varios de los políticos a los que culpan de su situación, acompañadas por el lema ’81 fallecidos y más de 140 heridos. Accidente de Santiago. Niegan Comisión de Investigación’, también reclaman «el deber del Gobierno y del PSOE de pedir perdón y dar a las víctimas una explicación por las negligencias, mentiras y chapuzas cometidas en la Alta Velocidad de Galicia». «Lo único que quieren todos ellos es, como han hecho desde el principio, ocultar la verdad, negar la evidencia, tapar a los responsables y no poner en riesgo el negocio de la Alta Velocidad», lamenta García.

Los afectados reclaman con las firmas recogidas «la creación de una comisión de investigación parlamentaria donde se depuren responsabilidades políticas» y «que el Gobierno y el PSOE pidan perdón y destituyan inmediatamente de sus cargos a todos aquellos que ocuparon puestos de responsabilidad en Fomento y en las empresas públicas Renfe , Adif e Ineco, cuya mala gestión, inacción o negligencia permitió que se produjera esta tragedia».

Una jueza de Palma investiga la compra de varias unidades para Servicios Ferroviarios de Mallorca

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El gerente de Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM), José Ramón Orta, prestará declaración este lunes ante la jueza de Instrucción número 5 de Palma, Ana San José, en calidad de denunciante de supuestas irregularidades en una compra de trenes durante la pasada legislatura 2007-2011. En esta causa se investiga la adquisición de varias unidades de tren eléctrico sin concurso público y mediante contrato por dependencia técnica.

La declaración de José Ramón Orta tendrá lugar a partir de las 11.30 horas, a petición de la fiscal Anticorrupción Ana Lamas, después de que el pasado 3 de diciembre se suspendiera la declaración de cuatro responsables de Movilidad y de SFM de la pasada legislatura imputados en esta causa, que presentaron un informe jurídico que avalaba la adquisición.

Entre los cuatro imputados cuya declaración se anuló temporalmente figura el ex director general de Movilidad y actual portavoz de MÉS en Palma, Antoni Verger, quien aseguró que «parece que quien tendrá que dar explicaciones a partir de ahora será José Ramón Orta», por no haber incluido en su denuncia el informe jurídico. Verger defiende que la compra fue «una operación impecable desde un punto de vista técnico, jurídico y económico» y que la denuncia se presentó «simplemente para atacar y denigrar a adversarios políticos».

El informe del 25 de julio de 2008, firmado por el jefe de los servicios jurídicos y de contratación de SFM, José Antonio Casado, avaló una opción de compra suscrita por el Govern en 2005 para adquirir 6 unidades de tren, al no encontrar inconveniente legal, así como la idoneidad de que el resto de los coches necesarios para ampliar el parque ferroviario se adquiriesen mediante «un procedimiento negociado sin publicidad por dependencia técnica». Según el informe, la compra encaja en el artículo 59 de la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones (SCSE).

El consejo de administración de SFM acordó el 31 de julio de 2008 la compra por 54 millones de varias unidades de tren para la línea Palma-Inca que llegaron a Mallorca a partir de 2011, basándose en dicho informe. Los vehículos eran los que iban a cubrir las líneas de ferrocarril una vez se completara la electrificación hasta Sa Pobla y Manacor, pero ésta finalmente no se llevó a cabo, de manera que ahora se utilizan en la parte de la línea que sí está electrificada, entre Palma e Inca.

Adif comparte estudios con empresas japonesas sobre eficiencia y almacenamiento energéticos

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Adif ha compartido experiencias con representantes de las operadoras japonesas ferroviarias Japan Railways East (JR-East) y Japan Railways West (JR-West) acerca de aspectos como la eficiencia y el almacenamiento de energía. Este intercambio de información se ha producido en unas jornadas en las que se han presentado los proyectos SA2VE y Ferrolinera de Adif, los volantes de inercia del Ciemat, y las baterías de iones de litio de Japan Railways East y Japan Railways West.

El objetivo del proyecto SA2VE es desarrollar sistemas avanzados de almacenamiento de energía para mejorar su gestión en aplicaciones muy diferentes: el transporte ferroviario, la edificación y la calidad de suministro eléctrico. Está formado por cuatro subprogramas: TECNO_SA2VE, FERRO_SA2VE, INFO_SA2VE y ECO_SA2VE. IMDEA Energía participa en este último subprograma colaborando en el desarrollo de condensadores electroquímicos, o supercondensadores, para el almacenamiento de energía en edificios, por una parte, para el aprovechamiento de tarifas nocturnas y, por otra parte, para la mejor gestión de las propias energías generadas en edificios bioclimáticos.

El proyecto Ferrolinera 3.0 de Adif, que persigue la recarga de vehículos eléctricos utillizando la energía recuperada del frenado de los trenes, aprovechará también la energía solar procedente de las marquesinas fotovoltaicas de las estaciones. Tanto la energía recuperada del frenado de los trenes como la energía solar fotovoltaica disponible en las marquesinas de los aparcamientos permiten la carga de baterías de los vehículos, a través de un sistema de almacenamiento de la energía eléctrica híbrido y distribuido en cada punto de recarga.

El objetivo de esta jornada, desarrollada en las instalaciones delCentro de Formación y el Laboratorio de Energía de Adif, en Madrid, es compartir el conocimiento adquirido en los diferentes desarrollos sobre eficiencia energética y sistemas de almacenamiento que se han llevado a cabo en Japón y España.

El Ciemat ha presentado sus nuevos desarrollos basados en volantes de inercia, mientras que las compañías japonesas han aportado información acerca de sus experiencias con baterías de iones de litio. En el caso de la JR-East, estas baterías se han instalado en la subestación de Haijima, y en el caso de JR-West, en sistemas de energía de tracción de corriente continua.

El fiasco del tren turístico de Guadiato y los avances en la investigación de la ‘operación Rocket’

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Los agentes de la Guardia Civil que han participado en la investigación de la ‘operación Rocket’, que indaga sobre la presuntamente ilegal gestión de los fondos Miner en Peñarroya-Pueblonuevo bajo el mandato de la exalcaldesa Luisa Ruiz (PSOE), lo tienen claro. Desde su concepción «todo estaba amañado». El proyecto estrella, la puesta en marcha del ‘tren de Guadito’, era un completo fiasco. Las subvenciones nunca llegaron a su destino; los concursos públicos fueron amañados; los firmantes de los documentos ni aparecen o cuando lo hacen ni se dan por aludidos; los supuestos ingenieros que encabezaban la idea no tienen titulación: y, sobre todo, los trenes con los que la comarca pretendía salirse económicamente nunca llegaron a las vías. Lo dicho, un completo chasco.

La intrahistoria aparece en la edición local del ABC de Sevilla. Es lo que tienen este tipo de sucesos. No importa la cantidad defraudada; solo importan los nombres de los implicados. Cuanto más famosos, más mediático. Y si los personajes se alejan del conocimiento popular, el tema se condena a páginas interiores. Pero el exhaustivo informe que ha preparado el instituto armado no tiene desperdicio. Los investigadores han analizado expedientes administrativos cruzados con numerosos correos electrónicos, cartas y los propios testimonios de los imputados, más de una docena. La conclusión es que la primera fase del proyecto tiene tal grado de irregularidades que no se queda en una cuestión administrativa -dicen los agentes- sino en una trama para eludir la ley.

Según publica el diario en su edición de Córdoba, de los casi 1,5 millones de euros del Miner que se destinaron al ‘Tren del Guadiato’, unos 600.000 se corresponden con trabajos realizados. Pero algo más de 600.000 euros fueron a parar a las empresas con las que Luisa Ruiz concertó el desarrollo del proyecto. Empresarios catalanes, imputados, de las entidades Cehfe (Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español) y CFGT (Compañía General de Ferrocarriles Turísticos) recibieron una buena parte de esa cantidad, sin que se sepa bien el concepto. El resto corresponde a fondos que cobró como comisión, sorprendentemente, una empresa municipal, de nombre Pivag. La Guardia Civil dice que no se explica por qué razón se abonó ese dinero -160.000 euros- ni dónde fue. El concepto eran «gastos generales» cuyo porcentaje, explica un testimonio, fijaba personalmente la exalcaldesa. Todo ese dinero se cargaba después a las subvenciones del Miner.

Tampoco los procedimientos administrativos se ajustaban a la ley. El consistorio convocó un concurso por 224.000 euros para reparar la locomotora la MZA-1701, que la Guardia Civil cree que estaba más que amañado. Los investigadores han comprobado que fue el empresario C. G. (siglas en cumplimiento reclamado de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre-) el jefe en Cehfe y CFGT- quien le dijo a la exalcaldesa a quién tenían que invitar al concurso ya que eran necesarias tres ofertas. Además, los investigadores tienen pruebas de que fue el citado individuo quien redactó las cartas de las empresas que declinaron quedarse con el contrato por una supuesta carga de trabajo, al parecer, inexistente. Este sujeto aparece en cada movimiento -y fueron muchos. que daba el Ayuntamiento andaluz. Al parecer, asesoraba a los munícipes y movía documentos y facturas, por las que cobraba una comisión.

C. G. llegó a cerrar el contrato de reparación de la locomotora MZA-1701 en Talleres Celeda antes incluso de que el Ayuntamiento diera su conformidad al proyecto. El empresario catalán también pretendía sacar tajada del obrador leonés. «Si la locomotora ha llegado a Talleres Celada para su restauración no ha sido algo caído del cielo». El propietario del taller zanjó la pretendida maniobra. «Las amenazas me entran por un oído y me salen por otro». La Guardia Civil sostiene que nunca ha existido tal asesoramiento. Aún así, Cehfe y CGFT cobraron por este concepto 150.000 euros del consistorio.

La restauración de la locomotora nunca llegó a concluirse. «Los informes están plagados de falsedades a juicio policial», explican los investigadores en su minucioso análisis. La clave es que era dinero que se pagaba y se pasaba luego al Miner se hicieran los trabajos o no. Y el Gobierno abonaba puntualmente las ayudas sin preguntar. El Tren Turístico del Guadiato tenía un presupuesto global de 14,4 millones de euros que nunca se desarrolló porque el proyecto quedó paralizado.

No hay indicios que prueben que la exalcaldesa supiera que el empresario citado cobraba comisiones, pero sí existen documentos de que estaba al tanto de otros líos de la trama. Incluso se ha podido verificar correos electrónicos donde la exregidora comprometía el nombre del consistorio en diversos pagos.

El daño no ha sido solamente económico. El mundo ferroviario ha visto durante años como Cehfe y CFGT se afianzaban en este campo pese a su bisoñez y se hacían con algunas de las joyas más cotizadas del patrimonio español. Las sospechas eran más que evidentes, pero nadie se atrevía a vocear lo que muchos comenzaban a vislumbrar. No es oro todo lo que reluce. Y menos aún, no hay próceres dispuestos a invertir su capital sin obtener nada a cambio. Hay quien llegó a temer por la locomotora de Guadix (140-2054) que al final de la temporada del Tren de la Fresa de 2012 llegó a sus manos. Otras máquinas se han perdido en el limbo. Quizá la ‘operación Rocket’ logre saber su destino. Pero parece ya demasiado tarde.

(Cristina Fernández)

FGV detallará los trenes, sistema de seguridad y balizas a la juez que investiga el accidente del metro

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La investigación sigue en curso. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) deberá dar nuevos detalles al juzgado que instruye el accidente más grave del metro de Valencia. La juez reclama a la operadora información sobre el sistema de seguridad automático de control de tráfico, la planimetría del trazado, la ubicación de las balizas y el modelo y características de las unidades que circularon el día del accidente. El 3 de julio de 2006 descarriló un tren de Metrovalencia y provocó la muerte de 43 pasajeros y heridas de diversa consideración a otras 47 personas.

La magistrada del juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, requiere todo tipo de detalles sobre la distancia de las balizas en la vía y la finalidad de cada una de ellas, así como información sobre las curvas del trazado donde se produjo la tragedia.

Toda la documentación debe remitirse de inmediato al juzgado y a las partes personadas para que estudien todos los datos técnicos relacionados con el trazado de la Línea 1, con las medidas de seguridad existentes, así como las características y modelos de las unidades ferroviarias». La magistrada cree que estos datos servirán para agilizar los interrogatorios, que «deberán centrarse en otros extremos ajenos a los incorporados documentalmente».

La magistrada ha emitido una segunda providencia a FGV sobre el cambio de las ventanas de origen de la UTA siniestrada. La juez reclama el proyecto de ingeniería relativo al citado cambio de ventanas, y de existir, la homologación del cambio de cristales. También quiere que la operadora aporte las instrucciones técnicas facilitadas al taller relativas al montaje y colocación de los nuevos cristales y la formación facilitada a los operarios responsables de la ejecución del cambio de ventanas.

FGV deberá entregar toda la documentación que custodie sobre el plan de mantenimiento de la línea 1 de metro en la fecha del accidente e identifique nominalmente a la persona responsable que elaboró o validó el proyecto, así como la persona responsable de su cumplimiento. Igualmente FGV tendrá que identificar el departamento y las personas responsables que recibían y valoraban las lecturas de las balizas instaladas para programar y regular el tráfico ferroviario de la línea 1. La lista deberá detallar también el departamento y las personas responsables del funcionamiento, organización y gestión del tráfico ferroviario de la línea 1 entre el 1 de enero de 2006 y 3 de julio de 2006.

La magistrada requiere que se acredite documentalmente la relación de mantenimientos, revisiones, reparaciones, programaciones y todo tipo de actuaciones realizadas desde su puesta en funcionamiento sobre la baliza 1680 instalada en el trayecto de la línea 1 del metro entre las estaciones de Plaza de España y Jesús.

La juez pide a FGV que informe sobre piezas del metro accidentado en julio de 2006 en Valencia

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Se reactiva el caso del metro de Valencia. La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de la capital del Turia, que dirige la causa del accidente de metro reabierta el pasado 21 de enero, ha reclamado a Ferrocarrils de la Generalitat que informe sobre si posee piezas de la unidad siniestrada y, en caso afirmativo, sobre su tamaño. En varias providencias hechas públicas ayer por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la jueza Nieves Molina también reclama a FGV el libro de incidencias del puesto de mando. Una fotocopia del mismo fue aportada por el Sindicato Independiente Ferroviario a la causa.

El 3 de julio de 2006 se produjo el accidente de la Línea 1 de MetroValencia, en el que murieron 43 personas y resultaron heridas otras 47, el siniestro de estas características “más grave que se ha producido en Europa”. La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia decidió reabrir la investigación el 31 de enero pasado, con la declaración de dos funcionarios de la brigada de Policía Judicial que hicieron su informe quince días después de la tragedia. La titular del citado juzgado decidió tomar declaración como testigos a los mecánicos y personal del taller que revisaron la unidad siniestrada en 2005 y 2006. Requeriró a Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) el listado de maquinistas que tuvo esa unidad desde el 20 de junio de 2006 y, en concreto, cuáles la conducían en los descarrilamientos previos que sufrió. FGV tendrá también que remitir copia del informe de la avería en los frenos de la unidad siniestrada, y el Sindicato Independiente Ferroviario hacer lo mismo con la documentación que disponga sobre esa incidencia, ocurrida entre el 20 y el 21 de junio.

Según explicaba la jueza en su escrito, constan reparaciones efectuadas el 20 de junio de 2006, tras un descarrilamiento sufrido trece días antes del accidente que costó la vida a 43 pasajeros. Sin embargo, resulta imposible saber el número de la unidad que sufrió la avería en los frenos, dado que la fotocopia está cortada y no deja ver el último número. Asimismo, indica la jueza que en las fotocopias aportadas por FGV respecto del mismo libro resulta legible la totalidad del número de la unidad reparada, «que no coincide con la siniestrada». Por ello, requiere a FGV para que aporte el libro de incidencias al objeto de que sea comprobado por las partes

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha enviado documentación al juzgado, donde se incluye «todos» los datos disponibles sobre averías y mantenimiento efectuado en la UTA 3736 -la unidad del accidente- en fechas próximas al siniestro, que reflejan un problema con la megafonía de la unidad el 18 de junio de 2006. De acuerdo con un informe del jefe del área técnica de FGV, los datos extraídos del sistema informático SAP indican que el último aviso de avería registrado en el listado de intervenciones realizadas por avisos del OAM para la UTA 3736 es previo al día 20 de junio de 2006 y muestra un problema con la megafonía dos días antes, lo que queda confirmado por el libro de entradas y salidas de material móvil del taller de Valencia Sud, «sin que consten averías posteriores».

De acuerdo con el sistema informático, la última operación de mantenimiento para la UTA muestra una revisión periódica P2 el 27 de junio de ese mes, una operación de mantenimiento reflejada en el libro de entradas y salidas de material móvil del taller Valencia Sud, «sin que consten intervenciones posteriores».

La documentación también comprende un escrito en respuesta a la petición del juzgado de una «copia del informe de la avería en los frenos de la UTA 3736 que ‘pudo producirse’ los días 20 ó 21 de junio de 2006″, en el que se informa a la juez de que «no hay constancia de que se produjera la supuesta avería ni existe registro o indicio alguno sobre la misma en los archivos de FGV».

La operadora ha transmitido a la juez que no dispone de grabaciones de ese día «debido al proceso de sobre-escritura del sistema de registro y en el que solo se guardaban para su posterior análisis aquellas conversaciones que presentaban datos de relevancia para la explotación».

También se ha enviado datos sobre operaciones realizadas en las ventanas o marcos de la unidad siniestrada. FGV le señala que es «habitual» que los trenes sufran actos de vandalismo por lanzamiento de objetos sobre las ventanas, en especial por apedreamientos. El espesor del cristal, de 4,4 milímetros, provocaba que en algunos casos el objeto llegara a penetrar en el compartimento, con «riesgo evidente» para la seguridad en los viajeros, por lo que en 1991 se hizo una primera modificación para incorporar láminas antivandálicas en el cristal y en 1997 una segunda para sustituir los originales por dos laminados y lámina antivandalismo en medio, que daba mayor espesor. También se cambiaron los marcos, que fueron sustituidos por otros diseñados para el nuevo cristal.

Las dudas sobre el accidente del Alvia en Angrois se mantienen tras seis meses de investigación

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La curva de A Grandeira donde se produjo uno de los accidentes más graves del ferrocarril español sigue dando de qué hablar, con 79 pasajeros fallecidos. A punto de cumplirse medio año de la fatídica fecha, mientras avanza la investigación judicial, las dudas siguen sin disiparse. Nadie niega que el exceso de velocidad provocara el fatal desenlace, pero los profesionales del sector saben que en un accidente concurre una concatenación de causas, no solo una. No se puede confiar la seguridad a una sola persona; es necesario disponer de mecanismos de ayuda que palíen un posible (e inevitable) error.

Los maquinistas estaban convencidos de que había evidencias sobre la peligrosidad de la zona. En estos días ha aparecido un escrito del jefe de maquinistas de Renfe en Ourense en el que advertía a los responsables de la operadora de la insuficiente señalización en la curva de A Grandeira. El conductor del Alvia accidentado lo apuntó en sus primeras declaraciones: «Ya le dije al de seguridad que esa curva era peligrosa, que un día nos la íbamos a tragar. Somos humanos y esto podía pasar».

El secretario general del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Jesús García Fraile, se ha mostrado «convencido» de que Renfe «tuvo que elevar a Adif» las actas de la reuniones en las que se trató el informe del jefe de maquinistas. García Fraile cree «muy importante» que se haya conocido la existencia de este informe, remitido en diciembre de 2011 a través de un correo electrónico por el jefe de maquinistas de la provincia de Ourense, José Ramón Iglesias Mazaira, a su superior, el jefe de Producción y Medios de la Gerencia de Mercado Norte de Renfe, José Luis Rodríguez Vilariño.

«Recién iniciada la explotación de ese trayecto ya avisaba de que eso era peligroso«, destaca, en alusión a las recomendaciones que hacía Iglesias Mazaira de una mayor señalización, pues la línea Ourense-Santiago -decía- conforma «una transición descendente» que pasa de 300 kilómetros por hora a 80 «de una forma brusca, sin un aviso previo por señalización de la vía y sin el amparo del ERTMS«.

El Semaf tiene «muchas dudas» de que a Adif no se le «haya sido comunicado ese escrito» y, por tanto, que sus dirigentes no tengan conocimiento del documento. «Que Renfe lo trató está claro», resalta, en alusión a unas actas que, según subraya, «se van a ver» pues el juez las ha pedido a la operadora ferroviaria «y no se las puede negar». Tanto el presidente de Adif como el de Renfe mantuvieron durante su comparecencia en el Congreso que no existían informes que señalaran la peligrosidad de la curva.

El próximo martes concluye el plazo dado por el juez Luis Aláez a Renfe para que aporte toda la documentación sobre la posible reacción a este escrito del jefe de maquinistas de Ourense. Dada la experiencia de este técnico y su relevancia, los profesionales del sector creen que es imposible que su advertencia fuese a la papelara sin más. Es muy posible que su aviso generara un debate en la cúpula de la operadora, y en la de Adif, aunque hasta el momento se ha nmegado por activa y por pasiva que existiera un documento de este tipo.

La curva que no pudo salvar Francisco José Garzón Amo el 24 de julio solo contaba con una señal que de poco valdría en caso de que el factor humano fallase. Y la carta que redactó el jefe de maquinistas año y medio antes de la tragedia expresaba bien a las claras que algo podía ocurrir si no se tomaban medidas adicionales. De no reducir «previamente la velocidad, nada se podrá hacer ya», alertaba José Ramón Iglesias Mazaira.

Al parecer, en el documento se recomendaba «un preanuncio de parada, con una baliza que obligue a bajar la velocidad a tiempo si circulas por encima de la que determina la vía. Con eso frenaría el tren aunque llevara el sistema ASFA -con el que iba en ese momento el Alvia siniestrado- y no el ERTMS, que ya te controla continuamente».

“Este escrito es importantísimo», asegura García Fraile que siempre ha defendido la profesionalidad de Garzón. El jefe de maquinistas expresaba por escrito la preocupación que había en el colectivo para adoptar medidas que aminoraran o eliminaran el riesgo de un accidente en la curva de A Grandeira.

El abogado del maquinista imputado, que trabaja con el Semaf, confía ahora que la nueva documentación aportada ante el magistrado demuestre que «la responsabilidad del accidente es diferente». Algunos profesionales creen que «la llamada del jefe del tren fue clave» para que el conductor se despistara y perdiera la noción exacta sobre el punto por donde circulaba el Alvia. Esa circunstancia aparece en la línea de investigación que ha seguido desde un inicio el juez instructor. Aláez apuntaba el accidente de Angrois a una causa múltiple y no únicamente al despiste de una persona, que perdió el control del tren que conducía cerca de Santiago.

«No se puede dejar todo en manos de una persona», inciden los profesionales. En el sector las dudas son más que evidentes y se hacen otra pregunta: «Si todo estaba bien, como se ha dijo tras el accidente, ¿por qué se tomaron de inmediato medidas tan drásticas?».

El Gobierno busca inversores para garantizar la viabilidad del anillo ferroviario de Antequera

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Se buscan socios que aporten capital. El Gobierno busca inversores privados que garanticen la viabilidad del Anillo Ferroviario de Antequera (Málaga), proyecto que tiene como objetivo crear el Centro de Ensayos de Alta Velocidad Ferroviaria (CEATF), el banco de pruebas de trenes de alta velocidad más grande del mundo. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar, ha explicado que se ha hecho una invitación con una primera licitación, pero «desafortunadamente no hubo ofertas con garantías suficientes».

La instalación, constituida de circuitos de ensayos y conexiones ferroviarias de vías de ensayos singulares, un Centro Integral de Servicios Ferroviarios y una subestación multitensión, permitirá realizar pruebas para homologar material rodante y ensayar y experimentar en proyectos relacionados con el ferrocarril. El trazado permitirá alcanzar velocidades de homologación de 450 kilómetros por hora y máximas puntuales de hasta 520 kilómetros por hora, con una recta de 9 kilómetros y curvas de gran radio para poder realizar ensayos y además incluirá estructuras tipo viaducto y túnel para poder realizar pruebas especializadas.

El Consejo de Ministros autorizó el pasado junio al Ministerio de Fomento la licitación por 386,2 millones de euros, a través de Adif, del contrato para la construcción y explotación del anillo mediante el modelo de Colaboración Público Privada (CPP), proyecto que está declarado de interés estratégico para Andalucía.

Hernández Mollar ha recordado el compromiso que se materializó el año pasado en una puesta en marcha del procedimiento de expropiaciones y, por lo tanto, la voluntad del Gobierno para sacar el proyecto adelante. El subdelagado del Gobierno ha indicado que esta iniciativa ha tenido lugar en unos momentos de dificultad económica y que el Ejecutivo no puede liderarla exclusivamente con los presupuestos del Estado ni con los fondos comunitarios. También ha apuntado que el anillo ferroviario es un objetivo de la ministra de Fomento, Ana Pastor, y que, cuando asume una responsabilidad, «pone toda la carne en el asador para que salga adelante».

Los contactos que se vienen produciendo entre representantes de Adif, primero, y del Ministerio de Fomento, en segundo término, con las constructoras que se interesaron en su día por esta iniciativa no han fructificado, al no existir un acuerdo sobre las condiciones del contrato de colaboración público-privada. A ello, se une la negativa de Fomento a llevarlo a cabo en solitario. Así las cosas, el año ha terminado con el proyecto totalmente estancado y la posibilidad de que el proyecto vuelva a salir a concurso se ve cada vez más lejana. Mientras se ha relevado a uno de los directivos de Adif que impulsaba su construcción.

El anillo ha sido criticado por grupos ecologistas y partidos políticos como IU por suponer un fuerte impacto sobre el medio ambiente andaluz.

Expertos en medicina suecos analizan la labor de Emergencias en el accidente de tren de Santiago

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Experiencia y aprendizaje. Una delegación del Centro de Investigación y Desarrollo en Medicina de Emergencia de la Universidad de Umea (Suecia) permanecerá en Galicia desde hoy y hasta el próximo día 16 para conocer cómo funcionaron los servicios de emergencias tras el descarrilamiento del Alvia en julio de 2013. El próximo 24 de este mes se cumplirá medio año del accidente del tren que cubría la ruta Madrid-Ferrol y que, en la víspera del Día de Galicia, el pasado 25 de julio, a su paso por la curva de A Grandeira, a la altura del compostelano barrio de Angrois, acabó con la vida de 79 personas.

La comitiva desplazada pretende «recopilar y analizar datos y experiencias», con el fin de identificar los factores de «éxito» que puedan minimizar las consecuencias en siniestros de este alcance y mejorar la atención a las víctimas en este tipo de situaciones. A tal efecto, los integrantes de esta expedición se reunirán con profesionales dependientes de la Consellería de Sanidad y del Sergas, entre ellos, el director general de Asistencia Sanitaria del Sergas, Félix Rubial; el director de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, José Antonio Iglesias Vázquez; y el gerente de Xestión Integrada de Santiago, Luis Verde Remeseiro.

También está previsto que esta delegación se desplace al Centro de Atención a las Emergencias 112-Galicia y a la Policía Local de Santiago, y que mantengan encuentros con el director xeral de Emerxencias, Santiago Villanueva; con el gerente de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), Juan José Muñoz; y con la directora del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), Beatriz Otero.

Los expertos suecos buscarán en este tiempo tener un «sólido» conocimiento, ‘in situ’, de los factores claves acerca del rescate y del trabajo médico realizado, así como de las dificultades que se produjeron.

Francisco José Garzón Amo
, el maquinista de ese convoy, un hombre que gozaba de un expediente intachable, es ahora mismo el único imputado en la causa abierta después de que la Audiencia Provincial de A Coruña exonerase a los miembros del consejo de administración del gestor ferroviario Adif y a los cinco técnicos responsables de la seguridad en la circulación.

El auto con el que el órgano de apelación levantó la imputación de estos cargos supuso que la instrucción judicial retornase al punto en el que se encontraba a los cuatro días del siniestro, con el conductor, -que no redujo la velocidad-, acusado de un homicidio imprudente. No obstante, no se cierra la puerta a que se siga investigando para comprobar si en ese tramo, con una reducción drástica de 200 a 80 kilómetros por hora, se necesitaban medidas adicionales de seguridad y así se determina por consenso técnico, puesto que en caso contrario tal apreciación es «prematura y carente de base suficiente».

El Gobierno insiste en que el trazado de la curva de A Grandeira, el punto a las afueras de Santiago de Compostela donde el Alvia procedente de Madrid se salió de la vía y causó la muerte de 79 personas y dejó más de 140 heridos, se planteó desde el primer borrador del proyecto de construcción de la línea, y que nunca se plantearon alternativas a dicho trazado, que tampoco recibió ningún tipo de alegación durante el trámite de información pública.

El Ejecutivo asegura que la señalización en todo ese tramo «se ajusta a lo establecido en el Reglamento General de Circulación» y que la velocidad de este tramo (donde se pasa de 200 kilómetros por hora a 80 en menos de un kilómetro) está recogida en el Cuadro de Velocidades Máximas y en el Libro Horario siguiendo el Reglamento General de Circulación. El Gobierno subraya que la compatibilidad del cambio de velocidad y la curva está recogida en el Estudio Informativo del Proyecto del Acceso Ferroviario a Galicia. Eje Orense-Santiago, que fue redactado «de acuerdo con la normativa técnica vigente y sometido a un proceso de información pública previo a su aprobación». Así, abunda en que «no constan denuncias formales» por verbal o por escrito sobre ninguna percepción de peligrosidad en la reducción de la velocidad en la zona del siniestro.

El Gobierno recuerda que «la seguridad de los trenes depende del maquinista apoyado por los sistemas de seguridad en vía y embarcado, que en este caso concreto son ASFA y el denominado ‘hombre muerto'» a pesar de que el sistema ERTMS nivel 1 (más moderno que el ASFA) está «operativo» en el tramo donde se produjo el accidente desde «la puesta en servicio de la línea en diciembre de 2011» sin que se hayan registrado problemas. Precisa también que el sistema ERTMS entre Orense y Santiago está valorado en el Proyecto de Instalaciones de Seguridad en 13,7 millones de euros y afirma que el mantenimiento de estas instalaciones está encomendado a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Antalsis, S.L., Thales Transporte Signalling and Security Solutions, S.A.V., Cobra Instalaciones y Servicios, S.A., y Dimetronic, S.A.

El Ejecutivo asegura asimismo que la disposición de los coches en el convoy (con el coche generador inmediatamente después de la máquina) está certificada según las características correspondientes y la normativa en vigor.