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Víctimas del Alvia reclaman a la Agencia Ferroviaria Europea que haga público su informe

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La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia en Angrois apela al «interés público» para pedir a la Agencia Ferroviaria Europea que «revise su posicionamiento» y traslade el informe que elaboró sobre el siniestro y la labor de España al investigar las causas del mismo. En un escrito dirigido al presidente de la junta de la Agencia Ferroviaria, el presidente de la asociación, Jesús Domínguez, apunta al interés público «superior» que suponen la seguridad y la salvaguarda de la vida e integridad física de las personas en el transporte ferroviario.

A mediados de abril, el colectivo de afectados dio a conocer que este organismo ya había elaborado y enviado a la Comisión Europea un dictamen en el que examina, a su vez, el informe de la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios) al respecto de los motivos del descarrilamiento en la curva de A Grandeira hace ya casi tres años. Ante la inminente resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña a los recursos presentados por las partes contra el cierre da la instrucción judicial -con el maquinista como único imputado-, las víctimas aspiran a que este documento dé «un vuelco» a la investigación, al considerar que supondrá «un revés» para las autoridades españolas.

El 24 de julio de 2013 un tren Alvia descarriló a la entrada de Santiago de Compostela, en el barrio de Angrois, lo que ocasionó 80 muertes (81 según el colectivo de víctimas) y más de 140 heridos. El conductor circulaba distraído tras atender una llamada telefónica y llegó a la curva de A Grandeira con un exceso de velocidad, pero los afectados, así como el abogado del maquinista, alegan que responsables de Adif y de Renfe tomaron medidas que redujeron la seguridad y tuvieron implicaciones en el posterior siniestro, incluso algunas que, de haberse adoptado, habrían evitado que se produjese.

La intención, desde un primer momento, ha sido que se depuren eventuales responsabilidades, políticas y técnicas, al respecto de decisiones que supuestamente minoraron la seguridad en la vía y en el tren.

Tras conocer la existencia de este informe, la plataforma lo solicitó, pero la Agencia Ferroviaria Europea comunicó a finales de abril que no podía aportarlo porque está siendo utilizado «en parte» en el intercambio formal entre la Comisión y las autoridades españolas en el contexto del caso abierto por infracción por falta de transposición de la directiva de seguridad ferroviaria correctamente.

Ahora, las víctimas se acogen a su derecho a reclamar una «reconsideración» de esta decisión, y lo hacen mediante un extenso escrito en el se basan, como fundamentos de derecho, en la transparencia pública como «conjunto de normas» que, en el ámbito de la Unión Europea, incluye «el derecho de acceso al expediente por parte del interesado o afectado».

A este respecto, reconocen las «excepciones a la transparencia» con las que la Agencia justifica no facilitarles el dictamen, pero inciden en que precisamente los dos artículos en los que se ampara este ente determinan que se denegará el acceso a un documento «salvo que su divulgación revista un interés público superior«. «No hay mayor interés público que el salvaguardar la vida e integridad física de las personas», proclama en su recurso la Plataforma Víctimas Alvia 04155.

Los afectados recuerdan que la propia Agencia Europea de Seguridad Ferroviaria, en el ejercicio de sus funciones, defiende que «las investigaciones de los accidentes han de ser públicas e independientes«. «Determinar y divulgar todas las causas y circunstancias de los accidentes es imprescindible para que se puedan tomar medidas preventivas adecuadas e impedir que un hecho similar vuelva a ocurrir», apuntan.

«Las víctimas y familiares, como afectados directos y como ciudadanos europeos, reclamamos toda la información relativa no solo al accidente, sino también todos los documentos referentes al cumplimiento de la normativa en materia de seguridad ferroviaria por parte del estado español y de la administración española implicada», expone la plataforma.

La investigación de las causas y circunstancias de los accidentes, prosigue, así como los métodos y órganos implicados en su realización, «son determinantes en el resultado, y, por tanto, vitales para garantizar la seguridad futura en el transporte ferroviario». «El informe que solicitamos está directamente relacionado con el método utilizado en la investigación de los accidentes de ferrocarril en España y los organismos implicados y con el grado de cumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria por parte del estado español y de los organismos de la administración española competentes en esta materia», concluyen.

Víctimas exigen que se investiguen los contratos de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago

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La Plataforma Víctimas Alvia 04155 reclaman la apertura de una investigación sobre «todas y cada una» de las adjudicaciones, operaciones y facturación para la puesta en funcionamiento de la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago, donde el descarrilamiento de un tren en julio de 2013 provocó la muerte de 81 personas y más de un centenar de heridos. La plataforma se pregunta «si también la corrupción ha contribuido a una tragedia que dejó 81 muertos y más de 140 heridos». Al respecto, alude a «los numerosos casos de corrupción» para alertar de «un problema estructural del que Renfe y Adid no parecen ser ajenos».

La plataforma de víctimas del siniestro ferroviario de Angrois señala que «visto lo visto», sería necesario proceder a una auditoría externa independiente, tanto de Adif como de Renfe, para conocer «cualquier tropelía, ilegalidad o abuso que haya podido cometerse en todos estos años, y que podría de nuevo poner en riesgo la vida de los viajeros». Basan su petición en las informaciones sobre constructoras que habrían regalado viajes de placer a exmiembros de Adif encargados de adjudicar y certificar los trabajos de la alta velocidad en Cataluña

Las víctimas recuerdan que el presidente de Adif, Gonzalo Ferré, aseguró que el sistema de frenado automático, ERTMS, habría evitado el accidente, al igual que los peritos, y que el gestor de infraestructuras anunciaba en su página web e informó a la UE de que la línea de Ourense-Santiago contaba con este sistema de seguridad en sus 87 kilómetros, incluida la curva de Angrois.

No obstante, después del accidente se comprobó que sólo estaba instalado hasta el kilómetro 80, mientras que el tramo «más peligroso» carecía del sistema ERTMS. Pese a que la plataforma lo denunció en la UE y pidió los pliegos de prescripciones técnicas y de condiciones administrativas y las facturas correspondientes, tanto al Ministerio de Fomento, como al portal de transparencia, recibió por respuesta «evasivas». «Seguimos sin información y con la sospecha de que podría ocurrir que se facturasen 87 kilómetros, mientras se instalaron sólo 80 kilómetros», alerta la plataforma de víctimas del siniestro ferroviario.

Los afectados vuelven a quejarse de que se haya cerrado la instrucción judicial y denuncian «intereses espurios por ocultar la verdad de lo ocurrido», de forma que comparan el siniestro de Angrois con casos como el del metro de Valencia, el del Madrid Arena, el del Yak-42 o el del accidente de Spanair. Denuncian «el temor que tienen el Gobierno, el PP y el PSOE, y las diferentes administraciones o la Fiscalía acerca de realizar cualquier tipo de investigación independiente, o solicitar todas las pruebas necesarias para conocer todos los detalles que causaron la catástrofe de Angrois».

Sobre los supuestos pagos de constructoras de viajes a excargos de Adif fue consultada este sábado la ministra en funciones de Fomento, Ana Pastor, durante un acto público en Redondela (Pontevedra), pero ésta se limitó a señalar que el caso es del año 2009, cuando ella aún no dirigía este departamento ministerial. «Eso es del año 2009 y tiene usted que preguntarle a quien tuviese responsabilidad en aquel entonces. Eso no me corresponde a mí», ha respondido. El gallego José Blanco dirigió la cartera de Fomento desde abril de 2009 hasta diciembre de 2011.

Las víctimas de Angrois se hacen oír en Bruselas

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El BNG lleva a las víctimas del accidente de Angrois a Bruselas para apoyar su petición de «verdad» y «que se llegue hasta el fondo» en la investigación de las causas del segundo siniestro más grave del ferrocarril español. Representantes de la Plataforma Víctimas Alvia 04155 se entrevistarán este martes con responsables de la Eurocámara y de la Comisión en materia de transporte.

Las víctimas explican que se «necesita analizar con objetividad» los motivos por los que se produjo el descarrilamiento en la curva de A Grandeira. Nadie duda de que aquel día el maquinista conducía despistado y por eso llegó al punto donde se produjo el descarrilamiento con exceso de velocidad. Pero al margen del despiste, implicados en la causa desvelan durante la instrucción judicial otras circunstancias como cambios en el proyecto original de la línea, que los afectados aseguran que fueron determinantes por la minoración de seguridad en la vía.

«Existen responsabilidades políticas y son evidentes los fallos y las deficiencias de seguridad«, aseguran las víctimas. «Muchos expertos señalan que, de estar operativo el ERTMS, el accidente no habría sido de la misma envergadura», sostiene la europarlamentaria del BNG Ana Miranda. Asegura que el Bloque «continuará demandando justicia», al entender que se lo debe «a todas las víctimas», que «merecen la verdad y que se llegue hasta el fondo».

Las víctimas harán oír su voz en Bruselas, algo que aquí no han podido hacer. El programa de la visita prevé un primer encuentro con un responsable de la Dirección General de Transporte (DG Move) de la Comisión Europea, Olivier Onidi. Será a las 10.30 horas, en la sede de la comisión.

La plataforma pidió reiteradamente, y sin éxito, al juez instructor, que ya dio carpetazo al caso, la comparecencia en sede judicial de Karel Vinck, coordinador del comité director del ERTMS, organismo de la Comisión que se ocupa de la implantación de este sistema interoperable en los diferentes estados. La denegación de esta y otras declaraciones solicitadas en calidad de testigos es parte de la argumentación del recurso de las víctimas, y también del abogado del maquinista, para el que la Fiscalía pide cuatro años como único imputado.

Los miembros de la plataforma harán declaraciones a los medios de comunicación en la parte exterior de la entrada del edificio Berlaymont (sede de la CE), sobre las 13.00 horas. Cinco horas después está previsto el encuentro con el presidente de la comisión de transporte del Parlamento, Michael Cramer; y finalmente, a las 18,45 horas, la Eurocámara podrá ver el documental ‘Frankenstein-04155’ con la presencia de su director, el ourensano Aitor Rei, con posterior debate.

La asociación de víctimas recuerda que su viaje a las instituciones europeas se producirá un año después de la presentación de dos denuncias. La primera se interpuso «por incumplimientos del estado español de la normativa que afecta a la seguridad ferroviaria y, más concretamente, a la seguridad de la alta velocidad». Las víctimas plantearon «falta de independencia de los organismos de investigación, ausencia de control de riesgos, ausencia de nueva verificación al producirse cambios sustanciales en la seguridad y ausencia de documentos que acrediten la homologación del material rodante», entre otros aspectos.

La segunda denuncia tiene que ver con el supuesto delito de publicidad engañosa, al considerarse engañados «gravemente» todos los ciudadanos «respecto a la seguridad y características de la alta velocidad». «El Ministerio de Fomento y sus empresas publicitaron de manera engañosa que los ciudadanos contábamos en ese tren y en esa línea con la última tecnología y con sistemas de conducción automática (ERTMS)», recuerdan ahora.

Las víctimas hablarán del tema con los máximos responsables de las instituciones europeas. Con Olivier Onidi abordarán precisamente el sistema de control de velocidades ERTMS, desconectado abordo del Alvia que descarriló y retirado de la línea en sus últimos ocho kilómetros por la modificación del proyecto original. Después, protagonizarán un acto «simbólico» a las puertas de la Comisión Europea. Además de las declaraciones, apuntan que han solicitado una reunión con los 54 europarlamentarios españoles.

‘Frankenstein-04155’ pesa 32 toneladas más que el modelo original del S-730

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Un accidente nunca se produce por una sola causa. La velocidad fue uno de los elementos que provocaron el descarrilamiento del Alvia en la curva de A Grandeira, pero no es el único factor que pudo influir en el siniestro. El tren pesa 32 toneladas más de lo que permite Renfe en su propia documentación, según revela el documental ‘Frankenstein-04155’. Según un avance de la cinta, el informe técnico de la operadora ferroviaria para la serie 730 del Alvia, fabricado por Talgo y Bombardier, establece que la masa total de este vehículo en plena carga puede ser como máximo 40 toneladas superior a la del 130 original, cuya tara se sitúa en 312 toneladas.

La película, dirigida por Aitor Rei, desvela que el manual de conducción del modelo de Alvia que se siniestró hace ya más de dos años a la entrada de Santiago sitúa su peso en 384 toneladas, 72 más que el 130 y, por tanto, con un sobrepeso de 32 toneladas sobre el tope fijado por la operadora ferroviaria. El Alvia incorpora dos furgones generadores -al respecto de los cuales el film denuncia un exceso de peso- después y antes de las locomotoras, y por este motivo se presenta con tres centros de gravedad.

En el argot ferroviario fue conocido desde su nacimiento como ‘Frankenstein’ y el ministro de Fomento José Blanco, en su día, lo erigió en un tipo de tren «pionero» en Europa y el mundo, por su carácter «mixto» y su capacidad de circular por ancho variable y con diesel. Es un «mamotreto», no obstante, y «un aborto de la ingeniería» que obedece «a necesidades e influencias políticas», incluso, para expertos cuyo testimonio recoge el documental, que se presentará en exclusiva a finales de este mes en la 60 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (‘Seminci’).

En en el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital gallega, esta misma semana, el juez Andrés Lago, que heredó la causa de manos de Luis Aláez, cerró el caso con el maquinista como único imputado, al que atribuye un delito de 80 homicidios por imprudencia profesional grave y 144 de lesiones. El cierre se produjo el miércoles y las víctimas, que critican que se ha hecho «en falso», respondieron con una protesta el viernes, por la perplejidad e indignación que les provoca este hecho.

Se quejan de que el magistrado rechazó admitir numerosas pruebas y declaraciones que ellos, como el abogado que defiende a Francisco Garzón, reclamaban para tratar de demostrar que en este accidente hay más responsabilidades que la del conductor. Así, al margen del despiste de Garzón, que aquel día alcanzó la curva de A Grandeira a una velocidad próxima a los 190 kilómetros por hora después de atender una llamada del teléfono corporativo, los afectados del mayor accidente ferroviario de la democracia española denuncian la merma de seguridad que, como mantenía Aláez, generaron los cambios efectuados en el proyecto inicial de la línea 082, que es la que une Ourense con Santiago.

Las víctimas hacen hincapié en que hubo avisos sobre la peligrosidad de la curva de A Grandeira, como la que hizo un jefe de maquinistas al poco de la puesta en servicio de la línea, por lo brusco de la reducción de velocidad que hacía necesaria y la escasa señalización previa, deficiencias que Lago, a pesar de su decisión, también observa.

El maquinista del Alvia descarrilado en Angrois tenía «asumido» que sería «el pagano» del accidente

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El juez del caso del Alvia accidentado en Angrois el 24 de julio de 2013 cerrado la instrucción y señala al maquinista Franciscos Garzón Amo como único imputado. El magistrado le atribuye 80 delitos de homicidio por «imprudencia grave profesional» y 144 de lesiones. El conductor del fatídico tren tenía «asumido» hacía tiempo que sería «el pagano» del caso, cuyo cierre por parte del juez instructor recurrirá su abogado, Manuel Prieto.

El magistrado da un paso clave con vistas a que la Audiencia Provincial de A Coruña fije fecha para el juicio oral de uno de los siniestros ferroviarios más graves de la democracia española. Durante la primera etapa de la instrucción, el juez (distinto al que lleva ahora el caso) imputó hasta en dos ocasiones a exaltos cargos de Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, encargado de velar por la seguridad en las vías. Sin embargo, la Audiencia Provincial levantó las imputaciones. Aunque es recurrible el auto judicial, ahora sólo el maquinista resulta definitivamente imputado.

La defensa va a recurrir el auto, para lo que dispone de un plazo de tres días a contar desde este jueves, pero no tiene «mucha confianza» en que el recurso prospere. «Era un auto anunciado de la misma forma que era un accidente anunciado», critica el letrado, que recuerda el aviso que dio en su día, después de la inauguración de la línea, un jefe de maquinistas, que alertó de la peligrosidad de la curva de A Grandeira, donde descarriló el tren, sin el sistema de ERTMS implantado y con la necesidad de reducir la velocidad con una señalización que este profesional consideraba insuficiente.

El abogado del maquinista censura la actuación del juez al no admitir las pruebas que pidieron tanto él como los representantes de las distintas víctimas y lamenta que tampoco se hayan considerado los informes periciales de parte. El letrado sigue queriendo que los dos peritajes que aportó a la causa sean ratificados, con el objeto de «aclarar» distintas cuestiones, aunque el magistrado lo ha rechazado en el auto que ha trasladado este miércoles a las partes.

Prieto insiste en la relevancia de que acudan a declarar en los juzgados expertos en el área, de forma que traten de evidenciar su tesis. «Que vengan y lo declaren», recalca. También considera que también eran «procedentes» otras diligencias como la comparecencia en calidad de testigo del director de seguridad de Renfe. Sin embargo, en el auto se alega que «el hecho de que hubiere declarado ante una comisión parlamentaria no es razón que haga necesaria su declaración en este ámbito judicial, pues los objetivos de la presente instrucción no guardan relación alguna con los de una comisión parlamentaria».

La defensa del maquinista lamenta, asimismo, que el juez sostenga que las diligencias reclamadas no van «en pro de la defensa, sino en la de imputar a nuevas personas». «Las dos cosas están entrelazadas», asegura Prieto quien subrayar que, «aunque fuera así», lo que le interesa al juez es «averiguar toda la verdad«, y estas actuaciones también las piden las acusaciones.

El letrado explica que su cliente «sabía que todo el mundo del poder iba a hacer que él fuese el pagano. Lo tiene asumido, desde el momento en el que lo metieron en los calabozos con las costillas rotas mientras el ministro hacía una rueda de prensa».

El magistrado sostiene en reiteradas ocasiones en su autor que «la causa directa, inmediata, y que decididamente ha desencadenado el desgraciado accidente» fue «el exceso de velocidad«. Además resta importancia a los posibles defectos de señalización de la vía, a la llamada que pudo provocar el despiste del maquinista y a la desconexión del ERTMS en fechas precedetes al accidente.

Cantabria levanta su voz contra la supresión de la parada del Alvia de Renfe en Reinosa

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Protestas y críticas. La reducción hasta hasta de 32 minutos del tiempo de viaje del Alvia semidrecto entre Madrid y Santander anunciada por Renfe ha encontrado fuerte oposiciòn en Cantabria. El objetivo es conseguir que en 2015 -coincidiendo con la puesta en servicio de la alta velocidad entre Palencia y Valladolid- el viaje de Santander a Madrid dure tres horas y media (ahora, el mejor de los tiempos, es de cuatro horas y 25 minutos). Pero esta reducción pasa por eliminar Reinosa como parada, lo que ha encendido a la comunidad cántabra.

El jefe del Ejecutivo cántabro, Ignacio Diego, se reunirá este lunes con el presidente de Renfe, Pablo Vázquez, un encuentro que, según el Gobierno, constituye «un paso más en su anunciada intención» de defender que se mantenga la parada de Reinosa. El Ejecutivo explica que la inminente reunión con el presidente es «fruto de las conversaciones mantenidas en las últimas horas».

El presidente anuncia que el Gobierno de Cantabria va a exigir a Renfe la devolución de la parada en Reinosa y dice que espera conseguirlo «con razones y argumentos» porque de esa forma «se garantiza la movilidad a todos los ciudadanos de Campoo y una mejor combinación para las personas que habitualmente viajan a Madrid y Santander por motivos de trabajo o por turismo».

El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, asegura que es «impresentable e inaceptable» que se pretenda reducir los tiempos de viaje a Madrid quitando paradas y servicios, cuando, en su opinión, lo que se debe impulsar es que Cantabria cuente con las infraestructuras de un tren de alta velocidad, como el resto de las comunidades autónomas.

El líder regionalista considera que se trata de «un nuevo engaño» del Gobierno de Rajoy y ha exigido a Diego que «luche» y «defienda» los intereses de los cántabros y «deje de ser el mayor pelota del jefe porque están «en juego el futuro y el desarrollo de nuestra comunidad autónoma», apostilla.

Revilla subraya que Cantabria «no sólo no aparece en los planes de futuro del Tren de Alta Velocidad, sino que ahora también nos reducen y eliminan los mínimos servicios que debemos tener garantizados». «Mienten y engañan a los cántabros todos los días, sin ningún pudor, con el único fin de tapar la peor gestión de un Gobierno de Cantabria incapaz de dar solución a ninguno de los problemas que se presentan», asegura.

También la secretaria general del PSC-PSOE, Rosa Eva Díaz Tezanos, rechaza la decisión de Fomento y Adif de acortar el tiempo de viaje del Alvia «a costa» de suprimir la parada en Reinosa y critica la «nula» capacidad del presidente, Ignacio Diego, para defender los intereses de los cántabros.

En la asamblea abierta que se ha celebrado en Orejo ha expresado «todo» su apoyo a la movilización ciudadana de la comarca de Campoo contra el recorte del servicio ferroviario convocada este lunes por el Ayuntamiento de Reinosa y los sindicatos CC.OO., UGT, CSIF, USO y CGT. «No se trata de defender que el tren pare en la capital de Campoo, lo que debe hacer el presidente regional es exigirlo, aunque dudo que lo haga, porque ya sabemos que Diego siempre hace lo que manda Madrid para no molestar a Rajoy», señala.

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El juez examinará el día 10 las conclusiones de los tres peritos judiciales sobre el accidente del Alvia

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El juez que instruye la investigación por el accidente ferroviario de Angrois, Andrés Lago Louro, ha citado para el próximo 10 de junio a José Manuel Lamela (ingeniero industrial), Juan Carlos Carballeira Rifón (ingeniero de caminos) y César Mariñas Davila (ingeniero de telecomunicaciones), los tres peritos judiciales que intervienen en la causa con el objetivo de que ratifiquen sus informes y se sometan a contradicción por las partes personadas. Los tres remitieron a los juzgados de Fontiñas sus informes definitivos sobre el accidente del Alvia.

El ingeniero de caminos reconocía «deficiencias en la señalización» en la curva de A Grandeira, el experto en telecomunicaciones aseguraba que con el ERTMS el accidente «no se habría producido» y el ingeniero industrial certificó que el material rodante y los frenos del convoy eran correctos.

Juan Carlos Carballeira Rifón apuntaba en su informe la existencia de «algunas deficiencias en la señalización» de la zona de A Grandeira, donde se produjo el accidente del Alvia el 24 de julio de 2013. El experto consideraba que la colocación de señales de limitación permanente de velocidad «podría haber servido para alertar al maquinista de la reducción de velocidad» y «podría haber producido una recuperación de su atención». El perito aseguraba que, si el día del accidente hubiese estado operativo el sistema de seguridad ERTMS para cubrir el cambio de velocidad máxima en la zona donde se produjo el siniestro, «es probable que el accidente no se hubiera producido por la misma causa».

A pesar de considerar que la seguridad aportada por el sistema ASFA digital es «análoga» a la del sistema ERTMS-ASFA del proyecto inicial, Carballeira Rifón afirmaba que, «ya que se ha hecho una inversión costosa en los dos sistemas» -ASFA y ERTMS-, y que han surgido «problemas importantes en la transición de uno a otro, podrían haberse utilizado los dos simultáneamente, ya que ello hubiera mejorado aún más la seguridad». No obstante, reconoce que el «maquinista, obviamente, debería haber reducido la velocidad tal como está establecido» en el libro horario, teniendo en cuenta «la instrucción» recibida y que «disponía de suficiente experiencia en la línea como para conocer sus características». Sobre la llamada telefónica que se produjo en las cercanías de la curva donde tuvo lugar el accidente, el perito cree que «fue muy probablemente la causa de la distracción del maquinista», tal y como -añade- «se deduce de las grabaciones registradas».

El informe de César Mariñas Dávila plantea que si el sistema de control de velocidades ERTMS hubiese estado instalado y activo, como estaba previsto en el proyecto inicial de la línea Ourense-Santiago, el accidente del Alvia «no se hubiera producido». Para este perito la modificación del proyecto original de la línea «supuso el cambio de aspectos fundamentales del plan inicial, lo cual dio como resultado una variación significativa de los diseños originales en relación con la señalización, control y sistemas de protección de trenes». Este experto determina que «algunos de estos cambios afectaron de forma determinante las causas y circunstancias del accidente». Y establece que «de haberse desplegado la infraestructura ERTMS de vía necesaria para poder operar bajo supervisión completa del ETCS nivel 1 -el que va embarcado en el tren para conectar con la vía- hasta la misma estación de Santiago, tal y como estaba previsto en el proyecto original, y operando por tanto en este modo, el accidente no se hubiera producido«.

«El control continuo de velocidad ofrecido por el sistema ETCS hubiese originado una intervención del mismo para adecuar la velocidad o produciendo un frenado de emergencia llegado el caso, tanto en las proximidades de la curva de Angrois como en cualquier otro punto del trayecto protegido, si se superase la velocidad permitida en los márgenes establecidos», asegura en su escrito. Además apunta a que, como fruto de la modificación del proyecto, se planteó una nueva situación respecto al sistema ERTMS, «afectando a los puntos de entrada y salida», una cuestión que, aunque respeta la norma, no eleva al máximo la seguridad.

Sobre los procedimientos de autorización de puesta en servicio y de circulación del tren, que se
realizaron en dos fases, el tercer estudio concluye que «se ajustaron y cumplieron, en todo momento, con las normas reguladoras de estos procedimientos». Sin embargo, el ingeniero industrial José Manuel Lamela puntualiza que, a su entender, hubiera sido «conveniente la participación ‘externa’ de un organismo de certificación«, cuya participación externa podría «proporcionar una perspectiva diferente al proceso de validación», y el «informe elaborado por el organismo de certificación» se incorporaría «al resto de documentación».

A la vista del informe elaborado por Talgo sobre la frenada, señala que del estudio se deduce que las prestaciones de frenado «han sido correctas«. El escrito constata que la excesiva velocidad que llevaba el tren al entrar en la curva de A Grandeira «fue la causa que provocó la salida del tren de la vía, aunque la información completa sobre las circunstancias -puntualiza- en que se produjo el descarrilamiento se podrán concretar con mayor precisión al disponer de los datos y de los informes técnicos que se obtengan de la simulación dinámica de la marcha del tren Alvia».

La adherencia de las ruedas con el carril «fue buena«, porque el registrador no detecta la activación del sistema de antideslizamiento; y que ninguna de las actividades de mantenimiento no realizadas adecuadamente, ni en conjunto, ni cada una de ellas por separado, «pueden incluirse como causas que hayan podido contribuir al descarrilamiento», certifica este tercer perito.

Víctimas del Alvia entregan en el Congreso 115.000 firmas para investigar el accidente de Angrois

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Mientan e intentan taparlo. La plataforma ‘Víctimas del Alvia 04155’ ha presentado este martes en el Congreso de los Diputados más de 115.000 firmas para pedir una comisión de investigación y responsabilidades a los gobiernos que «tuvieron que ver» con el accidente ferroviario del Alvia en Angrois en 2013 que costó la vida a 81 personas (dos fallecieron días después a consecuencia de las heridas).

Con estas 115.000 firmas, los afectados reclaman su derecho a «conocer todos los datos y a todos los responsables de seguridad» de un accidente «evitable«; y «el derecho a exigir responsabilidades políticas» a los gobiernos que han tenido que ver con el sinistro, PP y PSOE». «Exigimos que no sigan premiando a los responsables políticos del Ministerio de Fomento y de las empresas públicas con puestos cada vez de mayor relevancia», reclama el comunicado al que ha dado lectura Javier García, portavoz de la plataforma y padre de Curro García, fallecido a los 27 años en el accidente que tuvo lugar el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela. Las víctimas han mantenido una concentración en la Plaza de Neptuno, antes de proceder a la entrega de las firmas. «Se está tapando, se está ocultando y se está mintiendo, como mintió el presidente de Adif cuando dijo que la línea no era de Alta Velocidad. Están mintiendo para taparlo», denuncia la asociación.

Las víctimas señalan a los «responsables políticos» que han sido «premiados» , entre los que figuran, según aseguran, el exministro de Fomento socialista y actual eurodiputado, José Blanco; el exsecretario de Estado ‘popular’ y actualmente ministro de Justicia, Rafael Catalá; el expresidente de Renfe y actualmente secretario de Estado del Ministerio de Fomento, Julio Gómez-Pomar; o el expresidente de Ineco y actualmente presidente de Renfe, Pablo Vázquez. La treintena de afectados han estado acompañados por los disputados del BNG Rosana Pérez; de la Izquierda Plural, Ascensión de las Heras; y de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, en representación de sus Grupos.

Los afectados portaban pancartas con fotos de varios de los políticos a los que culpan de su situación, acompañadas por el lema ’81 fallecidos y más de 140 heridos. Accidente de Santiago. Niegan Comisión de Investigación’, también reclaman «el deber del Gobierno y del PSOE de pedir perdón y dar a las víctimas una explicación por las negligencias, mentiras y chapuzas cometidas en la Alta Velocidad de Galicia». «Lo único que quieren todos ellos es, como han hecho desde el principio, ocultar la verdad, negar la evidencia, tapar a los responsables y no poner en riesgo el negocio de la Alta Velocidad», lamenta García.

Los afectados reclaman con las firmas recogidas «la creación de una comisión de investigación parlamentaria donde se depuren responsabilidades políticas» y «que el Gobierno y el PSOE pidan perdón y destituyan inmediatamente de sus cargos a todos aquellos que ocuparon puestos de responsabilidad en Fomento y en las empresas públicas Renfe , Adif e Ineco, cuya mala gestión, inacción o negligencia permitió que se produjera esta tragedia».

Víctimas del Alvia buscan en Europa que el Estado español sea corresponsable del accidente

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Que Europa intervenga «ante la indefensión». La plataforma que aglutina a las víctimas del accidente de tren ocurrido en Santiago de Compostela en julio de 2013 han presentado dos denuncias ante el Parlamento Europeo (PE), una porque consideran que se incumplió la normativa europea sobre seguridad ferroviaria y otra por publicidad engañosa. La Comisión Europea puede abrir procesos de infracción por incumplimiento de la normativa y exigir resarcimientos.

La asociación denuncia al Estado español por «engañar gravemente» a los ciudadanos respecto a la seguridad de la alta velocidad, diciendo que contaba con la última tecnología y sistemas de conducción automática (ERTMS). «Pero el tren lo único que tenía de alta velocidad era la velocidad, que además dependía de una única persona», según ha explicado Teresa Gómez Limón, portavoz de la plataforma y diputada en la Asamblea de Madrid por el grupo de no adscritos, ya que tras el accidente abandonó el PP.

También denuncia a España por incumplir la normativa europea, ya que al poner en marcha esa línea con esos trenes «no se hizo una evaluación de riesgos» ni se verificó su seguridad tras la desconexión del sistema ERTMS en 2012, ni tampoco consta la homologación del convoy. «Todo está cerrado y absolutamente oscuro y nos vamos a Europa para ver si tenemos más suerte y son más democráticos, porque aquí no se cumplen las más mínimas normas de democracia», resume Gómez Limón.

En la misma línea, Javier García Municio, padre de un joven de 27 años fallecido en el siniestro, explica que denuncian en Europa porque en España «no hay luz sobre el asunto» y asegura: «Es una batalla larga y estamos dispuestos a resistir hasta el final, porque yo incineré a mi hijo pero no van a incinerar la verdad».

García ha anunciado que han decidido hacer un documental sobre la tragedia que ahora tratan de financiar mediante crowdfunding o micromecenazgo. Ya han elegido productora y ahora esperan recaudar el dinero necesario.

La misma sensación que las víctimas han expresado las diputadas de IU Caridad García, de UPyD Elvira García Piñeiro y del BNG Ana Miranda Paz, que coinciden que, además de la responsabilidad penal que pueda tener el conductor del tren, si así lo determina el juez, hay que dilucidar las responsabilidades políticas. La tres han criticado que el PP haya «vetado» en varias ocasiones una comisión de investigación en el Congreso sobre el accidente y han dicho que seguirán prestando su apoyo a los afectados.

Ana Miranda, portavoz del BNG en Europa, ha explicado que la denuncias interpuestas hoy se enviarán a Bruselas y entrarán en el orden del día de la Comisión Europea dentro de tres o cuatro meses, dándose una resolución para el próximo verano, previsiblemente.

Miranda, que ha sido eurodiputada del BNG y lo será en la próxima legislatura, ha anunciado que el presidente de la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo, Michael Cramer, ya le ha expresado su apoyo.

«Se ríen de nosotros», dicen indignadas las víctimas del accidente de Angrois, al ver un único imputado

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Indignadas. «Se están riendo de nosotros». Las víctimas del accidente de Angrois están muy enfadadas. No les satisface la decisión del juez que ha decidido inculpar únicamente al maquinista del Alvia por el accidente que causó la muerte de 79 viajeros el 24 de julio de 2013, y dejar sin efecto las de 12 cargos de Adif.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, no ha compartido la visión del juez Luis Aláez acerca de que con más medidas de seguridad se habría evitado un siniestro previsible, por lo que ha dejado sin efecto las imputaciones a las personas que formaban parte de la cúpula de la empresa pública en 2011, cuando se puso en servicio la línea entre Santiago y Ourense.

«Estamos indignados y tristes con este tema. Lo que no entendemos es que cuando los peritos señalan responsabilidades porque hubo un cambio de proyecto y se desconectó el sistema ERTMS, la Audiencia retira la imputación a los responsables«, destaca uno de los portavoces de la Plataforma Víctimas Alvia 01455. Jesús Domínguez explica que siempre intenta creer en la Justicia, «pero cuando se llega a altas instancias, se ve que están politizadas y no es independiente». «Las responsabilidades políticas no se asumen«, afirma, en alusión a su reiterada reclamación de apertura de una comisión de investigación, que ha sido rechazada tanto por el PP como por el PSOE en Madrid. «Es una vergüenza, se ríen en la cara de las víctimas, como en el caso del metro de Valencia», sostiene. «Sabemos que el maquinista tiene parte de culpa y, de hecho, es el único que lo ha reconocido y ha pedido perdón», pero cree que debe haber más inculpados.

La otra de las asociaciones constituidas tras el siniestro, la Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario del Alvia (Apafas), apunta que sus abogados estudian qué medidas tomar, después de un auto que era «esperado» pero llega «tarde» y con el que, lamenta, «el juez se queda solo». Su portavoz, Cristóbal González, critica que el auto de los magistrados, que atienden al recurso interpuesto por la Fiscalía y la Abogacía de Estado, haya «tardado tanto». «Es un tiempo que se ha perdido. Nos han dejado con la lejana esperanza de que resolviese a nuestro favor y ahora tenemos que acelerar el proceso«, subraya. «Estamos convencidos de que la única causa no ha sido el error humano y ha habido otros elementos que podrían haber evitado el accidente. El ERTMS, las balizas, la señalización, el tren , el trazado de la curva, el tiempo de aviso para reducir a 80 kilómetro por hora…», dice el representante de Apafas.

Ambos apuestan por continuar peleando para que se sepa la verdad sobre las causas del descarrilamiento, «en la vía judicial y en la indemnizatoria», según llama la atención González, y también en Europa, a donde la plataforma de Domínguez llevará las supuestas irregularidades del Estado español en materia ferroviaria.

El maquinista, Francisco José Garzón Amo, es en este momento, y de nuevo, el único imputado, después de que la Audiencia Provincial de A Coruña, ya en otra ocasión anterior, exonerase a los miembros del consejo de administración del gestor ferroviario Adif y a los cinco técnicos responsables de la seguridad en la circulación. La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, cree que no hay base normativa «que permita entender» que la ausencia de instalación de ERTMS, el sistema que supervisa de modo constante la velocidad del tren en la infraestructura, suponga una «infracción de un deber legal». Los magistrados concluyen que la ausencia de ERTMS evidencia una conducta peligrosa, pero matizan que si este riesgo se mantiene dentro de un nivel «que haya de considerarse permitido», no existe una infracción del deber de diligencia.

Del maquinista, indican que es «sencillamente absurdo» que por su experiencia profesional, puesto que conducía ese tren desde hacía meses, tuviese duda alguna sobre cuáles eran sus obligaciones o acerca de qué normativa había de cumplir, sobre todo, en lo relativo a que tenía que llegar al punto de cambio de velocidades con ésta rebajada.