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Víctimas del Alvia reclaman a la Agencia Ferroviaria Europea que haga público su informe

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La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia en Angrois apela al “interés público” para pedir a la Agencia Ferroviaria Europea que “revise su posicionamiento” y traslade el informe que elaboró sobre el siniestro y la labor de España al investigar las causas del mismo. En un escrito dirigido al presidente de la junta de la Agencia Ferroviaria, el presidente de la asociación, Jesús Domínguez, apunta al interés público “superior” que suponen la seguridad y la salvaguarda de la vida e integridad física de las personas en el transporte ferroviario.

A mediados de abril, el colectivo de afectados dio a conocer que este organismo ya había elaborado y enviado a la Comisión Europea un dictamen en el que examina, a su vez, el informe de la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios) al respecto de los motivos del descarrilamiento en la curva de A Grandeira hace ya casi tres años. Ante la inminente resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña a los recursos presentados por las partes contra el cierre da la instrucción judicial -con el maquinista como único imputado-, las víctimas aspiran a que este documento dé “un vuelco” a la investigación, al considerar que supondrá “un revés” para las autoridades españolas.

El 24 de julio de 2013 un tren Alvia descarriló a la entrada de Santiago de Compostela, en el barrio de Angrois, lo que ocasionó 80 muertes (81 según el colectivo de víctimas) y más de 140 heridos. El conductor circulaba distraído tras atender una llamada telefónica y llegó a la curva de A Grandeira con un exceso de velocidad, pero los afectados, así como el abogado del maquinista, alegan que responsables de Adif y de Renfe tomaron medidas que redujeron la seguridad y tuvieron implicaciones en el posterior siniestro, incluso algunas que, de haberse adoptado, habrían evitado que se produjese.

La intención, desde un primer momento, ha sido que se depuren eventuales responsabilidades, políticas y técnicas, al respecto de decisiones que supuestamente minoraron la seguridad en la vía y en el tren.

Tras conocer la existencia de este informe, la plataforma lo solicitó, pero la Agencia Ferroviaria Europea comunicó a finales de abril que no podía aportarlo porque está siendo utilizado “en parte” en el intercambio formal entre la Comisión y las autoridades españolas en el contexto del caso abierto por infracción por falta de transposición de la directiva de seguridad ferroviaria correctamente.

Ahora, las víctimas se acogen a su derecho a reclamar una “reconsideración” de esta decisión, y lo hacen mediante un extenso escrito en el se basan, como fundamentos de derecho, en la transparencia pública como “conjunto de normas” que, en el ámbito de la Unión Europea, incluye “el derecho de acceso al expediente por parte del interesado o afectado”.

A este respecto, reconocen las “excepciones a la transparencia” con las que la Agencia justifica no facilitarles el dictamen, pero inciden en que precisamente los dos artículos en los que se ampara este ente determinan que se denegará el acceso a un documento “salvo que su divulgación revista un interés público superior“. “No hay mayor interés público que el salvaguardar la vida e integridad física de las personas”, proclama en su recurso la Plataforma Víctimas Alvia 04155.

Los afectados recuerdan que la propia Agencia Europea de Seguridad Ferroviaria, en el ejercicio de sus funciones, defiende que “las investigaciones de los accidentes han de ser públicas e independientes“. “Determinar y divulgar todas las causas y circunstancias de los accidentes es imprescindible para que se puedan tomar medidas preventivas adecuadas e impedir que un hecho similar vuelva a ocurrir”, apuntan.

“Las víctimas y familiares, como afectados directos y como ciudadanos europeos, reclamamos toda la información relativa no solo al accidente, sino también todos los documentos referentes al cumplimiento de la normativa en materia de seguridad ferroviaria por parte del estado español y de la administración española implicada”, expone la plataforma.

La investigación de las causas y circunstancias de los accidentes, prosigue, así como los métodos y órganos implicados en su realización, “son determinantes en el resultado, y, por tanto, vitales para garantizar la seguridad futura en el transporte ferroviario”. “El informe que solicitamos está directamente relacionado con el método utilizado en la investigación de los accidentes de ferrocarril en España y los organismos implicados y con el grado de cumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria por parte del estado español y de los organismos de la administración española competentes en esta materia”, concluyen.

La CNMC reclama a Adif que explique “con detalle” cómo se fija el canon que cobra a Renfe

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) insta a Adif a explicar “detalladamente” los “principios y la metodología” que sigue para fijar el canon que cobra a Renfe por utilizar las vías del tren y el resto de las infraestructuras ferroviarias. Se trata de uno de los puntos de la gestión de la red ferroviaria que el ‘superregulador’ demanda a Adif a aclarar y a ampliar información antes de que concluya el primer semestre del año.

Renfe debe pagar tres cánones por uso de las vía: el canon por adjudicación de capacidad (por el ‘slot’, el tramo de vía y el horario por el que Adif le autorice a prestar servicio), el canon por utilización de la vía y el canon por utilización de instalaciones de energía (por suministro de energía eléctrica para la tracción de los trenes). Además debe satisfacer otros cinco desembolsoss por otros tantos servicios: uso de estaciones de viajeros, por cambio de ancho de vía (instalaciones para que los trenes pasen de una línea de AVE a una convencional), utilización de vías con andén, uso de vías en otras instalaciones de servicio y el canon por utilización de puntos de carga para mercancías.

La compañía promotora y gestora de las infraestructuras ferroviarias realiza y remite a la CNMC todos los años la denominada Declaración sobre la Red, un documento en el que proporciona información para garantizar el acceso a la red ferroviaria de potenciales nuevos competidores de forma transparente y no discriminatoria. En el caso de la declaración correspondiente a 2016, la comisión considera que “no cumple con los requisitos exigidos en la nueva Ley Ferroviaria que entró en vigor a finales de 2015″, con lo que interpela a Adif para que remita una nueva declaración “completando sus tarifas y cánones” en la primera mitad del año.

Uno de los aspectos que la CNMC insta a aclarar es la forma en la que Adif fija sus cánones, el importe que cobra por usar las infraestructuras ferroviarias. Este importe de los cánones es uno de los factores que señalan las compañías interesadas en entrar a competir con Renfe en tráfico de viajeros en tren ante la inminente apertura de este mercado para apuntar la escasa rentabilidad que presenta este negocio.

Entre el resto de puntos que el organismo que preside José María Marín Quemada pide completar a Adif figuran el listado de las instalaciones de servicio y el de las secciones transfronterizas de la red ferroviaria. También reclama explicaciones sobre las condiciones económicas de prestación de servicios auxiliares.

El canon que las operadoras deben pagar a Adif ha sido la principal crítica de las empresas que estudian la posibilidad de comenzar a competir con Renfe, que consideran el pago fijo excesivo como para rentabilizar el servicio. En los últimos siete años el importe de los cánones que Renfe paga a Adif se han multiplicado por cinco.

(Imagen Renfe/Patier)