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Las víctimas exigen la verdad

Trece años después de los atentados del 11-M, la mayor masacre terrorista de España y Europa, las víctimas han exigido conocer toda la verdad para dejar atrás “las falacias” y despejar las incógnitas de los “misteriosos” informes policiales que recientemente han salido a la luz. Como ocurre cada 11 de marzo, diferentes asociaciones de víctimas del terrorismo han celebrado homenajes de recuerdo en Atocha y el Parque del Retiro, y, como ya sucedió el año pasado, sus líderes han coincidido en la Puerta del Sol en el primer acto de recuerdo organizado por la Comunidad de Madrid.

Una unidad que también han querido trasmitir la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, ya que ambas han asistido a todos los actos que se han celebrado durante la mañana en recuerdo de los 193 asesinados por una célula yihadista que colocó once bombas en cuatro trenes de Cercanías de Madrid hace hoy trece años.

Más de una década en la que las víctimas “no han recibido la justicia que merecen” ni han descansado “en paz”, en palabras del presidente de la AVT, Alfonso Sánchez, quien ha recriminado en El Retiro la existencia de “misteriosos” informes policiales “guardados en cajones” sobre el 11M. “Queremos esos informes. Queremos saber la verdad y queremos justicia“, ha subrayado Sánchez, antes de lamentar que “parece que hace falta que se jubilen los cargos policiales para que tengamos conocimiento de que el 11M es un caso abierto y que se siguió investigando”.

De acuerdo se ha mostrado Ángeles Pedraza, expresidenta de la AVT y madre de una joven asesinada aquel día, para decir que las víctimas se sienten “muy solas” cuando políticos y prensa utilizan “informes secretos como arma arrojadiza”.

Sin referirse directamente a esos informes, y dos horas antes en Atocha, el presidente de la Asociación 11M Víctimas del Terrorismo, Elogio Paz, ha exigido también que se construya “el verdadero relato” de lo que pasó para que las víctimas sepan la verdad y se dejen atrás “las falacias que afloraron un día después del atentado”. Tanto Sánchez como Paz han coincidido en que las víctimas sufren “desamparo” y se sienten “olvidadas”, unos mensajes que han escuchado políticos y los sindicatos CCOO y UGT, que han reclamado a la Administración proporcionar ayuda laboral después de que muchas personas, por sus lesiones, tienen dificultades para acceder a un empleo.

Por ambos escenarios han mostrado su apoyo diferentes representantes. Los ministros de Defensa, María Dolores de Cospedal, y de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, han arropado a la AVT en El Retiro, donde también han participado Mari Mar Blanco; la defensora del Pueblo, Soledad Becerril; el director general de la Policía, Germán López; y algunos portavoces en la Asamblea y el Ayuntamiento madrileños de PSOE, Ciudadanos y Ahora Madrid (Podemos).

Desde el Ejecutivo, Cospedal ha defendido en El Retiro que la responsabilidad de los atentados la tienen “sólo los propios terroristas“, y ha añadido que trasladar esta responsabilidad a otros es un “error” porque se puede “equivocar más o menos” pero “no son los responsables de los asesinatos, lo son los terroristas”.

“El 11-M será siempre una fecha triste para los españoles. En el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, mi recuerdo a su memoria. No os olvidamos”, ha sido el mensaje del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lanzado hoy en su cuenta de Twitter.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha utilizado también esta red social para recordar el 11M y, así, ha subrayado: “En memoria de las víctimas del 11-M y de todas las víctimas del terrorismo. Hay que defender sin complejos la libertad frente a la barbarie“, junto a una foto del monumento de la estación de Atocha.

Mientras, el candidato a secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha expresado su apoyo a las familias de las víctimas con un tuit en el que señala: “En el XIII aniversario del 11-M, mi recuerdo y mi cariño para las víctimas y sus familias”.

En total 193 personas de 17 nacionalidades distintas -la española la más numerosa (143 víctimas)- perdieron la vida en los atentados perpetrados por Al Qaeda: 34 perecieron en el tren que explotó en la estación de Atocha; 63 frente a su paso por la calle Téllez; 65 en el de la estación del Pozo; 14 en el que estaba en la estación de Santa Eugenia y 16 en diferentes hospitales. La última murió en 2014 tras permanecer en coma diez años.

A las 192 víctimas se sumó el policía del GEO Francisco Javier Torronteras tres semanas después, el 3 de abril de 2004, como resultado de las heridas sufridas cuando siete miembros del comando islamista autor de la masacre se suicidaron utilizando los explosivos que almacenaban en un piso de Leganés.

Sobran las palabras. In memoriam.

Víctimas del Alvia reclaman a la Agencia Ferroviaria Europea que haga público su informe

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La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia en Angrois apela al “interés público” para pedir a la Agencia Ferroviaria Europea que “revise su posicionamiento” y traslade el informe que elaboró sobre el siniestro y la labor de España al investigar las causas del mismo. En un escrito dirigido al presidente de la junta de la Agencia Ferroviaria, el presidente de la asociación, Jesús Domínguez, apunta al interés público “superior” que suponen la seguridad y la salvaguarda de la vida e integridad física de las personas en el transporte ferroviario.

A mediados de abril, el colectivo de afectados dio a conocer que este organismo ya había elaborado y enviado a la Comisión Europea un dictamen en el que examina, a su vez, el informe de la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios) al respecto de los motivos del descarrilamiento en la curva de A Grandeira hace ya casi tres años. Ante la inminente resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña a los recursos presentados por las partes contra el cierre da la instrucción judicial -con el maquinista como único imputado-, las víctimas aspiran a que este documento dé “un vuelco” a la investigación, al considerar que supondrá “un revés” para las autoridades españolas.

El 24 de julio de 2013 un tren Alvia descarriló a la entrada de Santiago de Compostela, en el barrio de Angrois, lo que ocasionó 80 muertes (81 según el colectivo de víctimas) y más de 140 heridos. El conductor circulaba distraído tras atender una llamada telefónica y llegó a la curva de A Grandeira con un exceso de velocidad, pero los afectados, así como el abogado del maquinista, alegan que responsables de Adif y de Renfe tomaron medidas que redujeron la seguridad y tuvieron implicaciones en el posterior siniestro, incluso algunas que, de haberse adoptado, habrían evitado que se produjese.

La intención, desde un primer momento, ha sido que se depuren eventuales responsabilidades, políticas y técnicas, al respecto de decisiones que supuestamente minoraron la seguridad en la vía y en el tren.

Tras conocer la existencia de este informe, la plataforma lo solicitó, pero la Agencia Ferroviaria Europea comunicó a finales de abril que no podía aportarlo porque está siendo utilizado “en parte” en el intercambio formal entre la Comisión y las autoridades españolas en el contexto del caso abierto por infracción por falta de transposición de la directiva de seguridad ferroviaria correctamente.

Ahora, las víctimas se acogen a su derecho a reclamar una “reconsideración” de esta decisión, y lo hacen mediante un extenso escrito en el se basan, como fundamentos de derecho, en la transparencia pública como “conjunto de normas” que, en el ámbito de la Unión Europea, incluye “el derecho de acceso al expediente por parte del interesado o afectado”.

A este respecto, reconocen las “excepciones a la transparencia” con las que la Agencia justifica no facilitarles el dictamen, pero inciden en que precisamente los dos artículos en los que se ampara este ente determinan que se denegará el acceso a un documento “salvo que su divulgación revista un interés público superior“. “No hay mayor interés público que el salvaguardar la vida e integridad física de las personas”, proclama en su recurso la Plataforma Víctimas Alvia 04155.

Los afectados recuerdan que la propia Agencia Europea de Seguridad Ferroviaria, en el ejercicio de sus funciones, defiende que “las investigaciones de los accidentes han de ser públicas e independientes“. “Determinar y divulgar todas las causas y circunstancias de los accidentes es imprescindible para que se puedan tomar medidas preventivas adecuadas e impedir que un hecho similar vuelva a ocurrir”, apuntan.

“Las víctimas y familiares, como afectados directos y como ciudadanos europeos, reclamamos toda la información relativa no solo al accidente, sino también todos los documentos referentes al cumplimiento de la normativa en materia de seguridad ferroviaria por parte del estado español y de la administración española implicada”, expone la plataforma.

La investigación de las causas y circunstancias de los accidentes, prosigue, así como los métodos y órganos implicados en su realización, “son determinantes en el resultado, y, por tanto, vitales para garantizar la seguridad futura en el transporte ferroviario”. “El informe que solicitamos está directamente relacionado con el método utilizado en la investigación de los accidentes de ferrocarril en España y los organismos implicados y con el grado de cumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria por parte del estado español y de los organismos de la administración española competentes en esta materia”, concluyen.

Familiares y víctimas recuerdan la tragedia de Once ocurrida hace cuatro años en Argentina

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Víctimas y familiares de fallecidos conmemoran el cuarto aniversario de uno de los peores accidentes ferroviarios ocurridos en Argentina, la tragedia de Once, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos, con reclamaciones para que los responsables cumplan sus penas en cárceles comunes. A las 8.32 horas (11.32 GMT), el momento en el que un tren se empotró contra un andén de la transitada estación porteña de Once en febrero de 2012, sonaron las sirenas para recordar un año más a las víctimas, entre pancartas y camisetas con peticiones de “justicia” y palomas de papel colgadas de los techos.

Durante el acto central se leyeron los nombres de todos los fallecidos, a los que los cientos de asistentes concentrados en el andén de Once contestaron con voces de “presente”. También hubo un pequeño homenaje musical y se leyó un fragmento de un texto del papa Francisco. “Hace exactamente cuatro años la corrupción política y empresarial nos empujaba a transitar este camino. Sin saberlo, esos minutos transformaban nuestras vidas y la historia de la nación para siempre. Bajo una mole de fierros podridos se quedaban para siempre sueños sin concretar y tantas palabras sin decir”, dijo durante el acto Paolo Menghini, padre de Lucas, uno de los fallecidos.

Este es el primer aniversario después de que la Justicia emitiese las sentencias en la causa que investigaba las responsabilidades por el accidente, por la que fueron condenados los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime (2003-2008) y Juan Pablo Schiavi (2008-2012), a seis y ocho años de cárcel respectivamente. El fallo judicial, emitido el pasado 30 de diciembre, impuso además penas de cárcel para varios directivos de Trenes de Buenos Aires (TBA) -que tenía la concesión de la línea siniestrada- y estableció que Julio de Vido, ministro de Planificación durante la Presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández (2007-2015), también deberá ser investigado.

Sin embargo, ninguno de los condenados ha ingresado en prisión, ya que la sentencia aún no es firme. “Vamos a seguir exigiendo justicia hasta que las condenas queden en firme y hasta ver a los condenados tras las rejas y en una cárcel común”, apoyó por su parte María Luján Rey, madre de Lucas y hoy también voz de los afectados.

El tribunal que juzgó la tragedia también condenó a tres años y seis meses de cárcel al maquinista que conducía el tren, Marcos Córdoba. Durante el acto, los familiares también aseguraron que buscarán que los pocos imputados que resultaron absueltos sean condenados.

Una multitud arropa a la Asociación de Víctimas del Metro de Valencia y reclama investigación y justicia

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Una multitud solidaria. Varios miles de personas han apoyado a la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio (AVM3J) que, como cada día 3 desde que se produjo el accidente en 2006, se concentra para reivindicar una nueva investigación y pedir responsabilidades por el siniestro. La Plaza de la Virgen de Valencia se ha quedado pequeña ante la respuesta masiva que, especialmente a través de las redes sociales, ha tenido la convocatoria, a la que han acudido representantes de los grupos de la oposición y ciudadanos a título particular. La petición online iniciada por la Asociación en 2011, que reclama al president de la Generalitat, Alberto Fabra, una investigación “veraz” sobre el accidente, ha recibido ya cerca de 80.000 firmas de apoyo.

El 3 de julio de 2006 se produjo el accidente de la Línea 1 de MetroValencia, en el que murieron 43 personas y resultaron heridas otras 47, el siniestro de estas características “más grave que se ha producido en Europa”, según la Asociación. Desde entonces, todos los días 3 de cada mes se concentran para exigir una investigación del accidente “real y sin vetos ni direccionamientos” y que se asuman “la responsabilidades por la mala gestión de MetroValencia” y por la “estrategia de silencio impuesta tras el accidente”.

Tras guardar cinco minutos de silencio se ha leído un manifiesto en el que la Asociación ha recordado que han estado siete años “denunciando las irregularidades de la investigación” y las “mentiras del Gobierno valenciano”. Tanto la lectura del manifiesto, a cargo de Rosa Garrote, secretaria de la Asociación, como la intervención posterior de la presidenta de la entidad, Beatriz Garrote, ha sido interrumpida en numerosas ocasiones con aplausos y gritos como “Justicia”, “Queremos responsables” o “Cotino dimisión”, en referencia al presidente de Les Corts Valencianes y exconseller, Juan Cotino.

Los familiares de las víctimas se han mostrado visiblemente emocionados por el apoyo que han recibido de los valencianos, que además de abarrotar la plaza, han llegado a colapsar las calles adyacentes. “Con vuestro apoyo somos mas fuertes, sí que nos van a hacer caso”, ha afirmado Beatriz Garrote, quien ha destacado que seguirán buscando la verdad “en los tribunales y en las instituciones políticas”. Además, ha avanzado que instarán a que se presenten mociones en todos los ayuntamientos por donde pasa la Línea 1 de MetroValencia, así como en la Diputación y en Les Corts para pedir la reapertura de la comisión de investigación. Garrote ha invitado a los ciudadanos a participar en la próxima concentración, el 3 de junio, si antes “no hemos tenido respuesta ni se ha vuelto a abrir la comisión de investigación”.

Tras las últimas informaciones aparecidas en los medios de comunicación sobre el accidente, los grupos de la oposición han pedido una nueva comisión de investigación en Les Corts e incluso el alcalde de Onda (Castellón), Salvador Aguilella (PP), dijo en su cuenta personal de Twitter que la Fiscalía “debería reabrir el caso de Metro Valencia de manera inminente”.

Por su parte, el Gobierno valenciano considera que la Justicia ya aclaró los motivos del accidente del metro , aunque insta a acudir a la Fiscalía, si hay alguna cuestión que no se tuvo en cuenta.

En el manifiesto leído instan a los trabajadores de MetroValencia a “sacar a la luz” los “fallos de mantenimiento y las actas del Comité de Seguridad que establecían que la curva era un punto negro de la circulación”. “Vuestros jefes os dan permiso para que digáis todo lo que habéis estado callando durante casi 7 años”, concluye el manifiesto, en el que recuerdan que Fabra ha dicho que si “alguien tuviera indicios de otras posibles causas, que los ponga a disposición de la Justicia”.

La Asociación exige la reapertura de la comisión de investigación “sin vetos, sin prisas, sin ataduras y con garantías para que realmente se investigue qué pasó antes, durante y después del accidente”.

(Imagen Jesús Signes)

La Justicia decidirá sobre el cobro de las mantas en los trenes rusos

Con un ritual ceremonioso, una azafata entregaba a los pasajeros la ropa de cama por el que cobraba una pequeña cantidad que, dependiendo de la categoría, no superaba los 200 rublos (4,4 euros) hace cuatro años. La escena se repetía en los trenes rusos que cubrían su trayecto no solo en horario nocturno. Un gesto muy apreciado (que incluía el tradicional té, minutos después de la entrega del billete y del pasaporte) y que la compañía estatal de ferocarriles rusos (RZHD) decidió suprimir en 2006 al incluir el uso de la roma de cama en el precio final del billete para los pasajeros de sus coches cama. Recueden que los viajes de larga distancia son los más habituales, no solo porque Rusia los trayectos tengan un largo recorrido, sino por la velocidad de los transportes.

Mantas y sábanas limpias dan “prestigio e higiene”, aseguran en la compañía de ferrocarriles para defender su decisión, cuestionada en los tribunales de justicia de Moscú, donde el Servicio Antimonopolio de la Federación considera que se vulnera el derecho del pasajero a decidir libremente. El juego de ropa de cama de los trenes rusos incluye sábanas y una manta, además de dos toallas y fundas para las almohadas.

El tren sigue siendo el principal medio de transporte público en Rusia, pese a que en ellos últimos años ha sufrido un pequeño retroceso . En el 2007, el 37,4% de los viajes de pasajeros se efectuaron por ferrocarril, frente a un 25,4% en autobús y un 23,9% en avión, según la información que el Servicio Estatal de Estadística de Rusia ofrece en su página web. Ese año se realizaron en todo el país 1.278 millones de viajes en tren. Además de los coches cama, en los trenes rusos de largo recorrido se puede viajar en platskart (litera en un vagón sin departamentos cerrados) o sentado.

El Servicio Antimonopolio Federal argumentó el 21 de agosto que si de día el pasajero no necesita una manta no podrá rechazar este servicio, como sucedía antes. La disputa continuará, ya que los Ferrocarriles Rusos han anunciado que interpondrán recurso ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú.

(Fuente La Vanguardia)