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Víctimas del accidente del Alvia plantean nuevos interrogantes a la Agencia Ferroviaria Europea

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La plataforma de víctimas del accidente del Alvia ocurrido en Angrois en julio de 2013 ha planteado al juez una serie de nuevas preguntas para que las responda la Agencia Ferroviaria Europea, por ser “un organismo independiente, experto en la materia y en la regulación legislativa ferroviaria”. Las cuestiones, que ha presentado este martes el abogado que representa al colectivo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, están relacionadas, entre otros aspectos, con el análisis de riesgos en la línea en la que descarriló el tren, provocando 80 muertos y más de 100 heridos.

El representante legal de los afectados por el siniestro considera que, “por si quedan aún dudas”, el ente ferroviario europeo debe pronunciarse sobre si “era exigible la realización previa de una evaluación integral de riesgos”, del proyecto inicial de la línea Ourense-Santiago, de antes de su puesta en funcionamiento, “cuando se había modificado el proyecto inicial”, y de después de la desconexión del sistema de control de velocidades ERTMS embarcado. “En esos tres momentos debe realizarse un análisis de riesgo integral de la línea, pues así lo dispone la legislación”, asevera el letrado, antes de citar a la Directiva 2004/49/CE, el Real Decreto 810/2007, el Reglamento de la Comisión sobre un método común de seguridad para la evaluación y valoración de riesgo y las normas europeas CENELEC-RAMS 50126 y 50129.

Este documento se le entrega al magistrado instructor de la causa después de que el fiscal solicitara un informe por parte de la Agencia Ferroviaria Europea para clarificar puntos relativos al análisis de riesgos. Al Ministerio Público le respondió primero la defensa del maquinista -único imputado-, que amplió las preguntas y criticó el planteamiento de Antonio Roma, al asegurar que “olvida” aspectos en su escrito. Ahora es el turno de la plataforma de víctimas, que coinciden con el abogado Manuel Prieto, que representa a Francisco Garzón Amo, en que, si el juez accede a llamar a declarar a los responsables de la UTE y de Ineco, que elaboraron informes de evaluación de riesgos, debe citarlos en calidad de investigados, y no como testigos.

Todas estas peticiones se producen después de la reapertura de la investigación que ordenó la Audiencia Provincial de A Coruña, que solicitó al juez dilucidar si se había realizado de manera correcta el análisis del riesgo antes de que se produjese el accidente en la curva de A Grandeira.

Miembros de la plataforma comparecerán en enero en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, para exponer sus dos denuncias, una con la que las víctimas acusan al Estado español de incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria y la segunda sobre un posible delito de publicidad engañosa. Su participación en esta comisión se producirá el 23 o el 24 de enero, toda vez que el PSOE se ha unido a los grupos de Los Verdes-ALE y GUE-NGL (Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica) y votó este lunes a favor de su incorporación en el orden del día. El BNG valora que finalmente “se desbloquea este asunto”, al vincular con las diferentes elecciones la actitud en contra de los socialistas. Además avanza que, coincidiendo con su visita a las instituciones comunitarias en esas fechas, pedirá una tercera reunión de las víctimas con los responsables de la Agencia Ferroviaria Europea.

Representantes de la plataforma viajaron a Bruselas a finales de 2015 y mantuvieron encuentros con distintos cargos relacionados con la seguridad ferroviaria en Europa. Ya en julio de 2016, la mencionada agencia les aportó en persona el informe que elaboró y que es muy crítico con la investigación elaborada sobre el accidente por la CIAF (órgano colegiado del Ministerio de Fomento). Las víctimas expondrán sus denuncias y también participarán, previsiblemente, un director político con competencias en seguridad y un representante de la agencia ferroviaria, para ratificar su posición. A continuación habrá un turno de los grupos y se decidirá en ese momento si el procedimiento queda abierto o si, por el contrario, se cierra.

En el escrito presentado este martes, el abogado traslada una veintena de nuevas cuestiones para que sea la Agencia Ferroviaria la que las responda. Entre otros puntos, pregunta si existe en Europa “consenso técnico” sobre la necesidad de protección de las transiciones significativas de velocidad mediante sistemas de control continuo o puntual y si la construcción de una nueva línea se considera un “cambio significativo” en el sistema ferroviario. También pide concretar “en qué consiste la evaluación de riesgos, cómo se determina el nivel de riesgo y su aceptabilidad técnica y cómo se debe llevar a cabo su documentación y sus diferentes fases”.

Bruselas da un contundente varapalo a la investigación del accidente de Angrois

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Varapalo europeo al Gobierno español. El informe de la Agencia Ferroviaria Europea, encargado por la Comisión Europea, sobre el accidente de tren de Angrois -en el que fallecieron 80 personas y hubo más de un centenar de heridos- concluye que la investigación realizada en España por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) no fue independiente y que en ella no se abordaron “elementos clave”. El informe critica que la investigación de la CIAF “se concentre en la causa directa, un error humano” -el del maquinista del tren- pero “no responde a preguntas esenciales sobre las causas raíz del accidente”.

Bruselas ha hecho público el informe sobre el accidente en una reunión con representantes de las víctimas y con el BNG. En este documento se relatan a lo largo de diferentes puntos “las debilidades” que la Agencia Ferroviaria Europea identifica en la actuación de la CIAF. Entre ellas, reprocha que se centre únicamente en la causa directa del siniestro, “un error humano”, pero no ahonde en las “causas fundamentales y subyacentes” del siniestro, ocurrido en Santiago en julio de 2013, y en “elementos clave” relacionados con la línea y el propio tren que pudieron influir. La ERA aconseja además la apertura de una investigación “que cumpla los requerimientos de independencia y aborde las irregularidades identificadas”

La Agencia Ferroviaria Europea (ERA) cree que la composición de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) “no aseguró la independencia de la investigación” del accidente del Alvia en Angrois (España) en 2013, según su informe. La ERA subraya en sus conclusiones no cumplió con los requerimientos de independencia que establece la directiva comunitaria y que “la obligación de investigar accidentes no se ha cumplido adecuadamente”. En concreto, el documento dice que hay “preguntas sin responder” sobre la inclusión en la investigación de Renfe, Adif e Ineco.

Tras conocer el veredicto de la Agencia Ferroviaria, el presidente de la asociación de víctimas, Jesús Domínguez, pidió la dimisión de la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, porque “hay claramente un incumplimiento de la directiva de seguridad europea” en la investigación del accidente. El líder de la asociación criticó a Pastor por “haber mentido a los familiares” de las víctimas del accidente durante una reunión.

Domínguez declaró que el informe es “demoledor” y que “tira por tierra todo lo que ha dicho el Ministerio de Fomento”. “Hemos tenido que venir hasta Europa porque España nos ha negado la verdad, la justicia y la transparencia“, lamentó la vocal de la asociación Teresa Gómez, quien también instó a Ana Pastor a dimitir. Gómez criticó que Renfe y Adif “actuaron como juez y parte” en la investigación del accidente.

La eurodiputada y portavoz del Bloque Nacionalista Gallego en Europa, Ana María Miranda, expuso que el informe “cuestiona la investigación errónea que ha hecho la CIAF” y que, tras este veredicto, “hay responsabilidades políticas” que deben ser depuradas.

El dictamen de la ERA se produce poco más de un mes después de que la Comisión Europea (CE) cerrara el expediente que abrió a España tras el accidente del Alvia por la independencia de la CIAF, al considerar que ya se cumplían los requisitos que estipula la legislación comunitaria. La propia CE dijo antes de que el informe saliera a la luz (apoyó que no se hiciera público) que las conclusiones de la Agencia Ferroviaria Europea no estaban vinculadas al accidente en sí mismo y que su propósito era “alimentar un procedimiento de infracción anterior al accidente”, según el portavoz comunitario de Transporte, Jakub Adamowicz.

Fuentes de la Agencia Ferroviaria Europea aseguran que se trata de un informe interno que se realizó a partir de una petición de la CE. El siniestro del tren de Alta Velocidad Ourense-Santiago-A Coruña, que descarriló el 24 de julio de 2013 a la altura de la localidad de Angrois, cerca de Santiago de Compostela, causó 81 víctimas mortales y fue el accidente ferroviario más grave de la historia reciente de España.

Víctimas del Alvia reclaman a la Agencia Ferroviaria Europea que haga público su informe

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La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia en Angrois apela al “interés público” para pedir a la Agencia Ferroviaria Europea que “revise su posicionamiento” y traslade el informe que elaboró sobre el siniestro y la labor de España al investigar las causas del mismo. En un escrito dirigido al presidente de la junta de la Agencia Ferroviaria, el presidente de la asociación, Jesús Domínguez, apunta al interés público “superior” que suponen la seguridad y la salvaguarda de la vida e integridad física de las personas en el transporte ferroviario.

A mediados de abril, el colectivo de afectados dio a conocer que este organismo ya había elaborado y enviado a la Comisión Europea un dictamen en el que examina, a su vez, el informe de la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios) al respecto de los motivos del descarrilamiento en la curva de A Grandeira hace ya casi tres años. Ante la inminente resolución de la Audiencia Provincial de A Coruña a los recursos presentados por las partes contra el cierre da la instrucción judicial -con el maquinista como único imputado-, las víctimas aspiran a que este documento dé “un vuelco” a la investigación, al considerar que supondrá “un revés” para las autoridades españolas.

El 24 de julio de 2013 un tren Alvia descarriló a la entrada de Santiago de Compostela, en el barrio de Angrois, lo que ocasionó 80 muertes (81 según el colectivo de víctimas) y más de 140 heridos. El conductor circulaba distraído tras atender una llamada telefónica y llegó a la curva de A Grandeira con un exceso de velocidad, pero los afectados, así como el abogado del maquinista, alegan que responsables de Adif y de Renfe tomaron medidas que redujeron la seguridad y tuvieron implicaciones en el posterior siniestro, incluso algunas que, de haberse adoptado, habrían evitado que se produjese.

La intención, desde un primer momento, ha sido que se depuren eventuales responsabilidades, políticas y técnicas, al respecto de decisiones que supuestamente minoraron la seguridad en la vía y en el tren.

Tras conocer la existencia de este informe, la plataforma lo solicitó, pero la Agencia Ferroviaria Europea comunicó a finales de abril que no podía aportarlo porque está siendo utilizado “en parte” en el intercambio formal entre la Comisión y las autoridades españolas en el contexto del caso abierto por infracción por falta de transposición de la directiva de seguridad ferroviaria correctamente.

Ahora, las víctimas se acogen a su derecho a reclamar una “reconsideración” de esta decisión, y lo hacen mediante un extenso escrito en el se basan, como fundamentos de derecho, en la transparencia pública como “conjunto de normas” que, en el ámbito de la Unión Europea, incluye “el derecho de acceso al expediente por parte del interesado o afectado”.

A este respecto, reconocen las “excepciones a la transparencia” con las que la Agencia justifica no facilitarles el dictamen, pero inciden en que precisamente los dos artículos en los que se ampara este ente determinan que se denegará el acceso a un documento “salvo que su divulgación revista un interés público superior“. “No hay mayor interés público que el salvaguardar la vida e integridad física de las personas”, proclama en su recurso la Plataforma Víctimas Alvia 04155.

Los afectados recuerdan que la propia Agencia Europea de Seguridad Ferroviaria, en el ejercicio de sus funciones, defiende que “las investigaciones de los accidentes han de ser públicas e independientes“. “Determinar y divulgar todas las causas y circunstancias de los accidentes es imprescindible para que se puedan tomar medidas preventivas adecuadas e impedir que un hecho similar vuelva a ocurrir”, apuntan.

“Las víctimas y familiares, como afectados directos y como ciudadanos europeos, reclamamos toda la información relativa no solo al accidente, sino también todos los documentos referentes al cumplimiento de la normativa en materia de seguridad ferroviaria por parte del estado español y de la administración española implicada”, expone la plataforma.

La investigación de las causas y circunstancias de los accidentes, prosigue, así como los métodos y órganos implicados en su realización, “son determinantes en el resultado, y, por tanto, vitales para garantizar la seguridad futura en el transporte ferroviario”. “El informe que solicitamos está directamente relacionado con el método utilizado en la investigación de los accidentes de ferrocarril en España y los organismos implicados y con el grado de cumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria por parte del estado español y de los organismos de la administración española competentes en esta materia”, concluyen.