La plataforma de víctimas del accidente del Alvia ocurrido en Angrois en julio de 2013 ha planteado al juez una serie de nuevas preguntas para que las responda la Agencia Ferroviaria Europea, por ser «un organismo independiente, experto en la materia y en la regulación legislativa ferroviaria». Las cuestiones, que ha presentado este martes el abogado que representa al colectivo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, están relacionadas, entre otros aspectos, con el análisis de riesgos en la línea en la que descarriló el tren, provocando 80 muertos y más de 100 heridos.
El representante legal de los afectados por el siniestro considera que, «por si quedan aún dudas», el ente ferroviario europeo debe pronunciarse sobre si «era exigible la realización previa de una evaluación integral de riesgos», del proyecto inicial de la línea Ourense-Santiago, de antes de su puesta en funcionamiento, «cuando se había modificado el proyecto inicial», y de después de la desconexión del sistema de control de velocidades ERTMS embarcado. «En esos tres momentos debe realizarse un análisis de riesgo integral de la línea, pues así lo dispone la legislación», asevera el letrado, antes de citar a la Directiva 2004/49/CE, el Real Decreto 810/2007, el Reglamento de la Comisión sobre un método común de seguridad para la evaluación y valoración de riesgo y las normas europeas CENELEC-RAMS 50126 y 50129.
Este documento se le entrega al magistrado instructor de la causa después de que el fiscal solicitara un informe por parte de la Agencia Ferroviaria Europea para clarificar puntos relativos al análisis de riesgos. Al Ministerio Público le respondió primero la defensa del maquinista -único imputado-, que amplió las preguntas y criticó el planteamiento de Antonio Roma, al asegurar que «olvida» aspectos en su escrito. Ahora es el turno de la plataforma de víctimas, que coinciden con el abogado Manuel Prieto, que representa a Francisco Garzón Amo, en que, si el juez accede a llamar a declarar a los responsables de la UTE y de Ineco, que elaboraron informes de evaluación de riesgos, debe citarlos en calidad de investigados, y no como testigos.
Todas estas peticiones se producen después de la reapertura de la investigación que ordenó la Audiencia Provincial de A Coruña, que solicitó al juez dilucidar si se había realizado de manera correcta el análisis del riesgo antes de que se produjese el accidente en la curva de A Grandeira.
Miembros de la plataforma comparecerán en enero en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, para exponer sus dos denuncias, una con la que las víctimas acusan al Estado español de incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria y la segunda sobre un posible delito de publicidad engañosa. Su participación en esta comisión se producirá el 23 o el 24 de enero, toda vez que el PSOE se ha unido a los grupos de Los Verdes-ALE y GUE-NGL (Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica) y votó este lunes a favor de su incorporación en el orden del día. El BNG valora que finalmente «se desbloquea este asunto», al vincular con las diferentes elecciones la actitud en contra de los socialistas. Además avanza que, coincidiendo con su visita a las instituciones comunitarias en esas fechas, pedirá una tercera reunión de las víctimas con los responsables de la Agencia Ferroviaria Europea.
Representantes de la plataforma viajaron a Bruselas a finales de 2015 y mantuvieron encuentros con distintos cargos relacionados con la seguridad ferroviaria en Europa. Ya en julio de 2016, la mencionada agencia les aportó en persona el informe que elaboró y que es muy crítico con la investigación elaborada sobre el accidente por la CIAF (órgano colegiado del Ministerio de Fomento). Las víctimas expondrán sus denuncias y también participarán, previsiblemente, un director político con competencias en seguridad y un representante de la agencia ferroviaria, para ratificar su posición. A continuación habrá un turno de los grupos y se decidirá en ese momento si el procedimiento queda abierto o si, por el contrario, se cierra.
En el escrito presentado este martes, el abogado traslada una veintena de nuevas cuestiones para que sea la Agencia Ferroviaria la que las responda. Entre otros puntos, pregunta si existe en Europa «consenso técnico» sobre la necesidad de protección de las transiciones significativas de velocidad mediante sistemas de control continuo o puntual y si la construcción de una nueva línea se considera un «cambio significativo» en el sistema ferroviario. También pide concretar «en qué consiste la evaluación de riesgos, cómo se determina el nivel de riesgo y su aceptabilidad técnica y cómo se debe llevar a cabo su documentación y sus diferentes fases».
treneando 