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El juez del ‘caso Alvia’ cita como investigado al exjefe de seguridad de Adif en 2013

El juez que instruye la causa por el accidente del Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois ha citado en calidad de investigado al que era director de seguridad en la circulación de Adif en el momento del siniestro, Andrés Cortabitarte, por supuestos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, determina que Cortabitarte “no cumplió” su cometido en relación con la elaboración del correspondiente análisis de riesgos en la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago. Por ello, y al no contar, en consecuencia, “que haya hecho u ordenado medida alguna destinada a evaluar y gestionar dicho riesgo”, generó y toleró una situación de riesgo “que finalmente cristalizó” en el descarrilamiento, que “costó la vida y la salud a múltiples usuarios” aquel día. En concreto, 80 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas.

“Lo que desde luego no podemos discutir es que la curva representaba un riesgo en sí misma“, asevera el juez, quien destaca que “ese riesgo había sido detectado por la propia UTE -unión temporal de empresas, la encargada de construir la infraestructura- y por Ineco -la consultora ligada al Ministerio de Fomento-“. El magistrado añade que, después, ese riesgo “había sido comunicado a Adif explicitando las limitaciones del subsistema suministrado para mitigar o conjurar dicho riesgo y que, finalmente, por parte de Adif nada se hizo para evaluar y reducir dicho riesgo a parámetros de tolerancia conforme a las exigencias de las normas Cenelec”.

Para tomar su decisión de citar en calidad de investigado al que era jefe de seguridad de Adif en el momento del descarrilamiento del tren, en esta “segunda fase”, el instructor se basa en los últimos informes periciales aportados a la causa, y en concreto, fundamentalmente, en el elaborado por el ingeniero César Mariñas. Este experto, nombrado tras un sorteo y considerado por varias partes como el único independiente, determinó que no hubo análisis integral y que, si lo hubiera habido, el peligro en la curva de A Grandeira sería “más que evidente”.

Con todo, el juez advierte que el hecho de que no hubo una evaluación de riesgos previa a la puesta en funcionamiento de la línea es una idea coincidente en todos los peritos, tanto los de la aseguradora QBE -de Renfe-, como en Mariñas y Juan Carlos Carballeira y Enrique Castillo Ron -toda vez que el de José Manuel Lamela se ceñía al material rodante-. La divergencia entre el de Mariñas y el de Carballeira -a Castillo Ron le encargó un informe este último- estriba en si era o no necesaria esa evaluación de riesgos, normativa y técnicamente. Al respecto, el auto de Lago Louro indica que mientras Mariñas cree que sí, Carballeira “se limita a negar” la necesidad normativa pero “guarda silencio respecto del punto de vista técnico”.

“Sorprendente”, resalta el juez, “cuando lo que se espera de un perito es que sustente sus afirmaciones en razones de índole técnico, pues ese es esencialmente la razón de ser de su nombramiento”. De ahí que valore la contestación de Mariñas como “más completa”, y agrega que además es compartida por los peritos Heijnen y Catmur -los de la aseguradora de Renfe- y por Castillo Ron. El magistrado niega la práctica de nuevas diligencias por ahora. En lo referente a la ratificación de otros dos peritajes aportados por el abogado del maquinista, porque “no se estima necesaria”.

En cuanto a la solicitud del fiscal para que se citase a los técnicos de la UTE, el instructor recalca que “no existe motivo alguno”, al no constar incumplimiento alguno por su parte. “Al contrario, fueron ellos quienes detectaron los riesgos derivados de las limitaciones del subsistema de control, mando y señalización suministrado y lo pusieron en conocimiento de Adif”, llama la atención, en alusión al registro de amenazas o ‘Hazar log’ -aportado al sumario por el propio Adif-.

La instrucción del accidente del Alvia estuvo a cargo inicialmente del juez Luis Aláez, quien imputó hasta en dos ocasiones -actualmente citación en calidad de investigados- a varios responsables de Adif, entre ellos al propio Cortabitarte. Sin embargo, la Audiencia Provincial de A Coruña echó abajo sus intenciones por dos veces, al igual que ordenó al actual instructor, Andrés Lago, reabrir la investigación cuando este pretendió cerrarla con el maquinista como único presunto responsable de los 80 homicidios y los delitos de lesiones.

El juez insta a Adif a presentar el plan de seguridad del tramo donde se produjo el accidente del Alvia

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El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, da un plazo de dos días a Adif para que presente el plan general de seguridad del tramo de alta velocidad que conecta Ourense con la capital gallega, en la que se produjo el accidente del tren Alvia en el que murieron 80 personas y más de 100 resultaron heridas. Lago Louro hace esta petición en un auto con fecha de 9 de enero, tras la demanda realizada el pasado 22 de diciembre por el ingeniero de telecomunicaciones César Mariñas.

Ni Mariñas ni los otros dos peritos judiciales –Juan Carlos Carballeira y José Manuel Lamela– han entregado el nuevo informe pericial (o informes, a la luz de su falta de consenso) que les demandó el juez el 1 de septiembre. “A día de hoy no consta aportado a los autos pese a que ya ha transcurrido el plazo fijado a tal fin”, critica el instructor en el auto. Explica que Mariñas recabó el “auxilio” del juzgado a través de un escrito el pasado día 22, y es este documento el que motiva al juez a pedir ahora a Adif el plan general de seguridad de la línea Ourense-Santiago, plan al que, según destaca, “se hace referencia en el ‘safety case’ y en otros documentos del dossier de seguridad”.

La nueva fecha límite para la aportación de la pericial o periciales fija el próximo día 27 de enero, y afirma que “una vez se disponga de tales informes -en plural- se resolverá sobre la práctica de ulteriores diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal y demás partes”. Estas diligencias hacen referencia a la solicitud de un informe a la Agencia Ferroviaria Europea sobre su opinión acerca de si Adif y Renfe evaluaron de manera correcta el riesgo en la curva de A Grandeira -lo pidieron tanto las víctimas como el fiscal y el abogado defensor del maquinista- y a la citación de los técnicos de la UTE e Ineco que realizaron “evaluaciones de esta índole” -lo solicitó el Ministerio Público-. Lago argumenta que, “sin descartar la práctica” de estas diligencias, solo podrá decidir sobre ellas “en el momento en que disponga” de los informes de los peritos.

Tras la ratificación de los peritos de parte de QBE y Enrique Castillo Ron -que elaboró otro estudio por encargo de Carballeira-, el magistrado señala que “han coincidido en manifestar que, de la documentación examinada, incluida la presentada días antes de la mentada ratificación por parte de Adif, no se desprende la existencia de una evaluación integral de riesgo de la línea LAV 082″. “Han discrepado los peritos sobre la necesidad de la misma y sobre los resultados de dicha evaluación, en caso de haberse realizado”, agrega.

En este momento de la investigación del siniestro ferroviario, “lo que realmente interesa es saber si, en efecto, ya no solo desde el punto de vista normativo, sino también desde el punto de vista técnico (…) y teniendo en cuenta variables concurrentes y sabidas de antemano (…) era necesario o no realizar tal evaluación integral con carácter previo a la puesta en funcionamiento de la citada línea y con posterioridad a la misma en caso de sobrevenir algún cambio sgnificativo”. Contra esta resolución cabe recurso de reforma y apelación.

El magistrado da por presentados varios escritos de la defensa del conductor del convoy, Francisco José Garzón Amo -actualmente único imputado-, la plataforma y la asociación de víctimas y varios afectados particulares. El juez admite a trámite y en un solo efecto, entre otros, el recurso de apelación interpuesto por el abogado Manuel Prieto -defensor del maquinista- contra la resolución de 14 de diciembre que desestimaba, a su vez, el recurso de reforma interpuesto contra una providencia anterior, de 15 de septiembre, con la que pedía varias diligencias, como la ratificación de los peritos por él propuestos.

Maquinistas portugueses informarán sobre su experiencia de conducción en el ‘Tren Celta’

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La comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF) tiene previsto realizar la semana que viene en Vigo entrevistas en relación con el accidente del ‘Tren Celta’ el pasado 9 de septiembre a la llegada de la estación de O Porriño (Pontevedra). Un jefe de maquinistas portugués y un compañero del conductor fallecido -también luso- serán algunos de los entrevistados, que están citados en la estación de Guixar. Cuatro personas y más de 40 resultaron heridas, en el descarrilamiento de un convoy que, al ser desviado a una vía secundaria, debía haber reducido la velocidad desde los 120 kilómetros por hora a los 30.

Estas tareas van en la línea de lo que establece la normativa europea para la elaboración del correspondiente informe sobre las causas de un siniestro ferroviario. Y es que la labor de la CIAF fue puesta en tela de juicio en su día por la Agencia Ferroviaria Europea por su aportación en el siniestro de Angrois, tras las demandas trasladadas a Bruselas por el colectivo de víctimas.

Este lunes, un perito judicial y un responsable de la CIAF trabajaron sobre el terreno para recabar datos que permitan elaborar una simulación del accidente, que se prevé que esté lista en el plazo de unos dos meses. Estas labores se desarrollan antes de que Adif repare la vía, algo para lo que ya ha recibido el permiso de la jueza, y que quiere iniciar cuanto antes. Tras la renuncia del ingeniero industrial José Manuel Lamela, va a ser designado otro perito en la causa. La jueza pide un ingeniero de telecomunicaciones. La Xunta debe dedidir si designa a uno o si recurre a la lista del colegio.

Las primeras inspecciones del tren siniestrado concluyeron que el sistema de frenado funcionaba correctamente, pero lo cierto es que el maquinista no aminoró la marcha, a pesar de que recibió dos avisos ‘L1’ (para reducir la velocidad) y confirmó que los había recibido. Los técnicos siguen desarrollando su labor y, además del tren, estudian las condiciones de la vía y de elementos concretos, como los enclavamientos (los sistemas que hacen que los trenes vayan por una vía y no por otra).

En la vía secundaria a donde fue desviado el tren se estaban realizando comprobaciones, puesto que el día anterior se había detectado una anomalía. El desvío a esa vía secundaria obligaba al tren a circular a 30 kilómetros por hora. El convoy no tenía parada prevista en O Porriño y, en circunstancias normales, por la vía principal, atraviesa ese tramo férreo a unos 120 kilómetros por hora. Adif defiende que estas pruebas son “habituales” y asegura que se desarrollan casi diariamente en distintos puntos de la red ferroviaria española.

Insólito Adif: entrega ahora más de 300 folios “relevantes” sobre la seguridad en Angrois

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Tres años tarda Adif en entregar documentos “relevantes” en el juzgado que investiga el accidente del tren Alvia en la curva de Angrois. La actuación resulta, cuando menos, sorprendente. Dos días antes de la vista en la que los peritos expertos en gestión de riesgos ratificarán sus informes ante el juez y las partes del caso Alvia, Adif vuelve a sorprender a todo el mundo. Ahora decide presentar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago unos 300 folios relacionados con el análisis de riesgos en la línea en la que descarriló el Alvia 04155 ocasionando la muerte a 80 personas y más de un centenar de heridos. El accidente, el segundo más grave en la historia ferroviario española, ocurrió el miércoles 24 de julio de 2013 en la curva ‘A Grandeira’ en Angrois, a unos 3 kilómetros de la estación de Santiago de Compostela

La iniciativa, que algunos abogados ya han calificado como «vergonzosa», resulta insólita. La Audiencia Provincial de A Coruña ordenó reabrir la instrucción del caso para comprobar si se realizó una evaluación de riesgo de la línea Santiago-Ourense que tuviera en cuenta la situación de peligro en la curva de Angrois. Los peritos judiciales están ya trabajando en un informe al respecto que entregarán en algo menos de tres meses y, de repente, la Abogacía del Estado presenta un dosier de más de 300 folios relativos a los estudios previos de seguridad que «se omitieron por error» -alega la abogada del Estado en su escrito- en la documentación presentada al inicio de la instrucción.

Entre estos documentos se incluyen los análisis preliminares de riesgos de la línea, que Adif califica de «relevantes» para la vista que se celebrará este miércoles en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, en la que comparecerán los peritos de la aseguradora de Renfe -que cuestionan la evaluación de riesgo del Adif- y el catedrático Enrique Castillo Ron. En paralelo, el administrador ferroviario remite al juzgado toda la información relativa al control de los cambios significativos de velocidad, unas medidas que se tomaron con posterioridad al accidente que costó la vida a 80 personas y provocó 144 heridos.

Adif sostiene que acaba de enterarse ahora de que “por error” no había entregado aún documentación relevante en el juzgado que investiga el accidente, informa Diario.es. La empresa pública gestora de la red tiene documentación sobre el análisis de riesgos que supuestamente realizó sobre la línea de AVE Ourense-Santiago antes de su puesta en funcionamiento, evaluación puesta en entredicho por varios peritos y partes de la causa. Adif pretende que esos más de 300 folios sean analizados y tenidos en cuenta en dos días por los dos peritos que este miércoles están llamados a ratificar sus conclusiones, elaboradas sin contar con estos documentos. Abogados de las partes ya estudian pedir que se retrase esa comparecencia para poder estudiar mejor la nueva documentación.

Adif y Renfe siempre han mantenido que ninguna norma exigía más medidas de seguridad, que se implantaron después, y que el riesgo había quedado “exportado” correctamente al maquinista, único responsable de controlar en todo momento la velocidad. La Audiencia Provincial de A Coruña consideró en mayo que se debían analizar mejor las dudas expresadas por varios de los peritos sobre si Adif había cumplido o no las normas al realizar el análisis de riesgos que había derivado toda la responsabilidad al maquinista. Documentación que ahora, tres años después, se entrega en el juzgado

Más luces que sombras sobre el accidente del ‘Tren Celta’ en O’Porriño

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Nuevas revelaciones en torno al accidente de O Porriño arrojan más luz -y más dudas también- sobre los trabajos que estaba realizando el Adif en la estación porriñesa el día del descarrilamiento. El desvío del ‘Tren Celta’ no se debió a trabajos en la vía general por la que tenía que transitar este convoy. El tren accidentado fue obligado a pasar por vía desviada -en la que la velocidad máxima es a 30 por hora- para comprobar si los dos desvíos, especialmente el primero, tenían alguna anomalía. El ‘Celta’ suele pasar a una velocidad cercana a los 120 por hora cuando circula por esta estación, una parada que fue eliminada, junto con otras, cuando hace tres años se decidió ganar tiempo en el viaje entre Vigo y Oporto.

El ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, considera “prematuro” e incluso “irresponsable” anticipar las conclusiones al informe que debe elaborar la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios) y a la resolución que adopte el juzgado en la causa por el descarrilamiento en O Porriño (Pontevedra), el pasado 9 de septiembre. Así se ha pronunciado cuando se revela que Adif (el administrador de infraestructuras ferroviarias) usó el tren de O Porriño para probar si funcionaba el desvío.

Los técnicos que trabajan estos días sobre el terreno para tratar de esclarecer los hechos -peritos judiciales y miembros de la propia CIAF- fueron informados de que en la vía no se estaba realizando obra alguna, sino que se estaba comprobando si funcionaban bien las instalaciones, después de detectarse una anomalía en la vía a la que se desvió el ‘Tren Celta’ el día del siniestro. Esta vía obliga al convoy a reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora, cuando, previamente, circula a unos 120 kilómetros por hora y desde hacía tiempo el ‘Celta’, que conecta Vigo con Oporto, no tenía parada ya en O Porriño. Las mismas fuentes consultadas subrayan que este tipo de comprobaciones “entran dentro de las labores de mantenimiento” y no son “nada extraño”, y recuerdan que el maquinista recibió el aviso de disminución de la velocidad a través de la correspondiente señalización.

Catalá recurerda que esta tragedia ferroviaria, en la que murieron cuatro personas, es la segunda que le toca afrontar -después de la de Angrois, en Santiago, donde fallecieron 80-, subaraya que “lo responsable” es “esperar a la resolución y a conocer la visión oficial”. “Y, por tanto, no especular”, añade. Defiende el “estudio minuciosísimo” que se elabora a partir de los datos de la caja de registro, del estudio de la vía, el cuadro de velocidades y las instrucciones del conductor. “Por eso, anticipar las conclusiones a esos informes de la CIAF o a la investigación judicial es prematuro, e incluso me atrevería a decir que irresponsable”, dice elministro en funciones.

El titular de Fomento en funciones apela a la “visión oficial” y aplaza su valoración al momento en que tenga “esa información oficial”. Además, como después del accidente del Alvia en la curva de A Grandeira, aboga por “aprender y poner en marcha medidas de mejora si son necesarias para pregarantizar la seguridad”. “El medio ferroviario es seguramente el medio más seguro de todos los nodos de transporte”, apostilla, antes de admitir que “es verdad que cuando sucede una tragedia ferroviaria a todos pega un puñetazo en el pecho y hace cuestionar si los sistemas son suficientes y adecuados o si ha habido un error humano, y saber qué pasó”.

El ministro indica que “los primeros que tienen derecho a saberlo son las víctimas y sus familiares” y resalta que “por eso hay que respetar la investigación y esperar a que haya unas conclusiones judiciales“.

El tren siniestrado circuló a 118 por hora en el momento del descarrilamiento, la velocidad a la que iría normalmente si circulara por vía general. A pesar de reconocer los avisos de precaución, no redujo la velocidad por causas que aún se desconocen. La caja negra también desvela un exceso de velocidad anterior en otra limitación a 30.

El juez Andrés Lago Louro, que instruye la causa por el accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois hace algo más de tres años, ha aplazado hasta el próximo 5 de octubre la declaración de los peritos de la aseguradora de Renfe, Frans Heijnen y James Robert Catmur, y del catedrático de la Universidad de Cantabria, Enrique Castillo de Ron. Su comparecencia estaba prevista para este jueves. En un auto emitido el 1 de septiembre, Lago Louro citó a los peritos Heijnen y Catmur -designados por la aseguradora QBE-, así como Castillo Ron -al que el perito judicial Juan Carlos Carballeira encargó un estudio-, para ratificar sus informes, ofrecer aclaraciones y someterlos a contradicción, sobre todo en relación con la existencia o no de análisis de riesgo en la curva de Angrois.

(Imagen Xoan Carlos Gil)

Técnicos de Renfe, Combois y Adif descartan un fallo en los frenos del tren siniestrado en Porriño

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El sistema de frenado del tren que descarriló el pasado 9 de septiembre en la localidad pontevedresa de O Porriño “funcionaba perfectamente”, afirma uno de los peritos designados por la Xunta para la investigación judicial, Juan Carlos Carballeira. Un equipo de técnicos, entre ellos Carballeira, ha realizado este viernes una serie de comprobaciones en el lugar del accidente, en el que murieron cuatro personas y resultaron heridas otras 49. Los técnicos constatan que los frenos “funcionaba perfectamente” antes de que el convoy descarrilara y lo sigue haciendo dos semanas después del siniestro, precisan los especialistas.

Desde primera hora de la mañana de este viernes y hasta pasadas las 13.00 horas, tanto este perito como el resto de técnicos de Adif, Renfe y Comboios de Portugal inspeccionaron los coches segundo y tercero del tren siniestrado, así como las vías. La máquina automotor que encabezaba el convoy “no permite ninguna comprobación”, explica Carballeira quien confirma que, debido al mal estado en el que está el vehículo, se hace imposible la inspección. Sin embargo, el resto del material rodante está “en perfecto estado” como para ser trasladado y no es necesario que permanezca en la estación, aunque ésa es una decisión que corresponde a la jueza de instrucción número 2 de O Porriño, que investiga las circunstancias del siniestro. Durante la jornada se ha hecho una inspección general, comprobaciones de los parámetros de rodadura relacionados con la seguridad, medida del diámetro de la rueda “asociada a la caja negra para chequear la velocidad” y otros exámenes.

Carballeira señala que aún quedan por practicar más pruebas periciales la próxima semana, pero que de momento no se ha detectado ningún fallo técnico. El perito indica que las señales luminosas y las acústicas y las agujas funcionaron, y que en la inspección de este viernes no han encontrado nada irregular en las vías. “De momento, todo ha salido bien, dentro de los parámetros y especificaciones”, abunda el perito designado por la Xunta, que también lo fue en la investigación del accidente del tren que descarriló el 24 de julio de 2013 en la curva de Angrois, en Santiago de Compostela, un accidente en el que murieron 80 personas y resultaron heridas otro centenar y medio.

Carballeira reseña que el tren que descarriló en O Porriño, y que cubría la ruta entre Vigo y Oporto (Portugal) circulaba a excesiva velocidad, ya que iba a 118 kilómetros hora por una vía desviada con limitación a 30 kilómetros por hora, aunque todavía desconocen las causas. El técnico apunta que la información extraída de las ‘cajas negras’, que registran datos técnicos sobre el tren, pone de manifiesto que el maquinista, de nacionalidad portuguesa y fallecido en el siniestro, había reconocido las señales de minoración de velocidad, pero “todavía no se puede hablar” de un fallo humano. “Estamos estudiando todas las posibilidades”, concluye el experto que forma parte de un equipo integrado por una treintena de técnicos de la firma Adif, encargada de la gestión ferroviaria, y de los operadores de trenes español Renfe y luso Comboios de Portugal, así como peritos judiciales.

Todavía están pendientes de efectuar una serie de pruebas como un recorrido de la línea ferroviaria y de comprobaciones sobre los enclavamientos y del sistema de seguridad para que el tren no entrara por una vía por la que no debe. Sobre el traslado del convoy accidentado a unas dependencias de Adif en Redondela, Carballeira ha indicado que no hay inconveniente, pero que depende de la autorización del Juzgado de primera instancia número 2 de O Porriño, que dirige la investigación para determinar las causas del siniestro.

Accidente en O Porriño: el tren iba a 118 km/h, una velocidad excesiva, según la caja negra

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“Circulaba a una velocidad excesiva”. La caja negra del Tren Celta que descarriló el pasado viernes cerca de la estación de O Porriño (Pontevedra) desvela que el convoy circulaba con exceso de velocidad en el momento del accidente. El convoy registra una velocidad de 118 kilómetros por hora, en una zona donde no se podían rebasar los 30 kilómetros a la hora. ¿Por qué no disminuyó la velocidad al pasar a una vía secundaria?

La infomación sobre el exceso de velocidad la confirma uno de los peritos judiciales designados por la Xunta, Juan Carlos Carballeira, que ha asistido este martes al volcado de datos de la caja, realizado en el Juzgado de instrucción número 2 de O Porriño. En ese encuentro han estado presentes también representantes de Renfe, Adif y Comboios de Portugal. Carballeira explica que ya se ha volcado y analizado el contenido de la caja negra instalada por Renfe en el tren y, aunque no ha querido desvelar detalles de los registros, confirma que se trata de información “relevante” y que el tren iba con exceso de velocidad.

Si bien estos trenes circulan habitualmente a unos 120 kilómetros por hora a su paso por esta localidad, el pasado viernes se estaban realizando unos trabajos de mantenimiento en la vía principal que obligaron al tren a desviarse a una secundaria, donde debería haber reducido la velocidad hasta los 30 kilómetros por hora.

El mismo perito indica que los restos del tren siniestrado permanecerán en la estación de O Porriño, a donde él mismo, junto a otro técnico -el ingeniero industrial José Manuel Lamela-, se ha desplazado para estudiar los coches siniestrados. Tanto este ingeniero de caminos como el propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) confirman la existencia de una segunda caja negra del tren, esta instalada por Comboios de Portugal. Sin embargo, Carballeira explica que su contenido no tiene “tanta importancia”. También otro miembro de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF) Edmundo Parras, confirma que la caja negra revela el exceso de velocidad, aunque no quiso entrar en otros detalles.

Los técnicos creen que “en un principio” la señalización y resto de elementos que regulan la circulación funcionaron de forma correcta ese día. La del maquinista sería la única infracción. “El maquinista recibió y cursó recibo de haber recibido (pulsando un botón) dos avisos L1, que significan necesidad de moderar la velocidad”, explica el tribunal. Con todo, las fuentes consultadas apelan a la cautela porque todavía quedan datos por analizar y hay que estudiar todos los aspectos con detenimiento.

Fuentes judiciales informan que, tras algún problema con la documentación, ya se ha podido confirmar la identidad del maquinista portugués fallecido. En las próximas horas se entregará el cuerpo a su familia. El propio vicecónsul de Portugal en Galicia, Manuel Correia Da Silva, que ha estado este martes en los juzgados para reunirse con la jueza, apunta que la repatriación “está resuelta”.

Las otras tres personas que murieron fueron el controlador y un pasajero de 23 años, ambos españoles, y un turista estadounidense. De los 49 heridos, 7 seguían este martes hospitalizados en varios centros de salud de Vigo, indicó la Consejería de Sanidad del gobierno regional, sin que sus vidas corran peligro.

El juez examinará el día 10 las conclusiones de los tres peritos judiciales sobre el accidente del Alvia

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El juez que instruye la investigación por el accidente ferroviario de Angrois, Andrés Lago Louro, ha citado para el próximo 10 de junio a José Manuel Lamela (ingeniero industrial), Juan Carlos Carballeira Rifón (ingeniero de caminos) y César Mariñas Davila (ingeniero de telecomunicaciones), los tres peritos judiciales que intervienen en la causa con el objetivo de que ratifiquen sus informes y se sometan a contradicción por las partes personadas. Los tres remitieron a los juzgados de Fontiñas sus informes definitivos sobre el accidente del Alvia.

El ingeniero de caminos reconocía “deficiencias en la señalización” en la curva de A Grandeira, el experto en telecomunicaciones aseguraba que con el ERTMS el accidente “no se habría producido” y el ingeniero industrial certificó que el material rodante y los frenos del convoy eran correctos.

Juan Carlos Carballeira Rifón apuntaba en su informe la existencia de “algunas deficiencias en la señalización” de la zona de A Grandeira, donde se produjo el accidente del Alvia el 24 de julio de 2013. El experto consideraba que la colocación de señales de limitación permanente de velocidad “podría haber servido para alertar al maquinista de la reducción de velocidad” y “podría haber producido una recuperación de su atención”. El perito aseguraba que, si el día del accidente hubiese estado operativo el sistema de seguridad ERTMS para cubrir el cambio de velocidad máxima en la zona donde se produjo el siniestro, “es probable que el accidente no se hubiera producido por la misma causa”.

A pesar de considerar que la seguridad aportada por el sistema ASFA digital es “análoga” a la del sistema ERTMS-ASFA del proyecto inicial, Carballeira Rifón afirmaba que, “ya que se ha hecho una inversión costosa en los dos sistemas” -ASFA y ERTMS-, y que han surgido “problemas importantes en la transición de uno a otro, podrían haberse utilizado los dos simultáneamente, ya que ello hubiera mejorado aún más la seguridad”. No obstante, reconoce que el “maquinista, obviamente, debería haber reducido la velocidad tal como está establecido” en el libro horario, teniendo en cuenta “la instrucción” recibida y que “disponía de suficiente experiencia en la línea como para conocer sus características”. Sobre la llamada telefónica que se produjo en las cercanías de la curva donde tuvo lugar el accidente, el perito cree que “fue muy probablemente la causa de la distracción del maquinista”, tal y como -añade- “se deduce de las grabaciones registradas”.

El informe de César Mariñas Dávila plantea que si el sistema de control de velocidades ERTMS hubiese estado instalado y activo, como estaba previsto en el proyecto inicial de la línea Ourense-Santiago, el accidente del Alvia “no se hubiera producido”. Para este perito la modificación del proyecto original de la línea “supuso el cambio de aspectos fundamentales del plan inicial, lo cual dio como resultado una variación significativa de los diseños originales en relación con la señalización, control y sistemas de protección de trenes”. Este experto determina que “algunos de estos cambios afectaron de forma determinante las causas y circunstancias del accidente”. Y establece que “de haberse desplegado la infraestructura ERTMS de vía necesaria para poder operar bajo supervisión completa del ETCS nivel 1 -el que va embarcado en el tren para conectar con la vía- hasta la misma estación de Santiago, tal y como estaba previsto en el proyecto original, y operando por tanto en este modo, el accidente no se hubiera producido“.

“El control continuo de velocidad ofrecido por el sistema ETCS hubiese originado una intervención del mismo para adecuar la velocidad o produciendo un frenado de emergencia llegado el caso, tanto en las proximidades de la curva de Angrois como en cualquier otro punto del trayecto protegido, si se superase la velocidad permitida en los márgenes establecidos”, asegura en su escrito. Además apunta a que, como fruto de la modificación del proyecto, se planteó una nueva situación respecto al sistema ERTMS, “afectando a los puntos de entrada y salida”, una cuestión que, aunque respeta la norma, no eleva al máximo la seguridad.

Sobre los procedimientos de autorización de puesta en servicio y de circulación del tren, que se
realizaron en dos fases, el tercer estudio concluye que “se ajustaron y cumplieron, en todo momento, con las normas reguladoras de estos procedimientos”. Sin embargo, el ingeniero industrial José Manuel Lamela puntualiza que, a su entender, hubiera sido “conveniente la participación ‘externa’ de un organismo de certificación“, cuya participación externa podría “proporcionar una perspectiva diferente al proceso de validación”, y el “informe elaborado por el organismo de certificación” se incorporaría “al resto de documentación”.

A la vista del informe elaborado por Talgo sobre la frenada, señala que del estudio se deduce que las prestaciones de frenado “han sido correctas“. El escrito constata que la excesiva velocidad que llevaba el tren al entrar en la curva de A Grandeira “fue la causa que provocó la salida del tren de la vía, aunque la información completa sobre las circunstancias -puntualiza- en que se produjo el descarrilamiento se podrán concretar con mayor precisión al disponer de los datos y de los informes técnicos que se obtengan de la simulación dinámica de la marcha del tren Alvia”.

La adherencia de las ruedas con el carril “fue buena“, porque el registrador no detecta la activación del sistema de antideslizamiento; y que ninguna de las actividades de mantenimiento no realizadas adecuadamente, ni en conjunto, ni cada una de ellas por separado, “pueden incluirse como causas que hayan podido contribuir al descarrilamiento”, certifica este tercer perito.

El informe de varios peritos coincide: con el ERTMS no se habría producido el accidente de Angrois

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Y van tres. “Si el ERTMS hubiera estado instalado y activo hasta el kilómetro 88, como inicialmente estaba previsto, el accidente nunca habría tenido lugar“. La frase, contudente, forma parte del informe del perito holandés designado por la aseguradora QBE. Frans Heijnen ha entregado al juez su dictamen (76 folios) donde no deja lugar a dudas. Su conclusión coincide con la del ingeniero de telecomunicaciones, César Mariñas Dávila (55 folios), que no comparte la regla de ingeniería que emplea Adif para justificar el cambio de ERMTS a ASFA. La documentación de un tercer técnico, Angel Luis Sanz Cubero también apuntaba (77 folios) el fatal desenlace a la carencia del ERTMS. Son conclusiones priliminares. Aún faltan otos textos por llegar al juzgado que podrían ir en la misma dirección.

El perito holandés se explaya en las preguntas que el juez hacía sobre la norma de cambio de velocidad máxima. “Sin duda alguna existe una importante contradicción entre la señalización reflejada en la documentación del tren y la realidad de la que está instalada en la vía”, asegura tajante. Frans Heijnen opina que “una transición tan brusca de velocidad debería estar respaldada por un sistema de seguridad susceptible de proteger contra el fallo (…) obrando, por tanto, con un sistema de supervisión y protección continua”. “Estas características (…) solo son predicables del ERTMS/ETCS”, advierte. Pero aún va más lejos cuando afirma que “de hecho, esta era la finalidad del proyecto original, pues dicho sistema de seguridad se encontraba implementado hasta el kilómetro 88, es decir, después de rebasar la estación de Santiago de Compostela”. “Esta protección adicional que, en mi opinión, era exigible, debió ser prevista por Adif antes del 24 de julio“, sentencia. “Una transición significativa de velocidad pasando de 300 a 80 kilómetros por hora debería bastar para prever un riesgo y adoptar medidas adicionales de seguridad”, incide, antes de remarcar que “seguridad y señalización han de ir siempre unidos”. El especialista holandés no deja lugar a la duda. “La opción idónea sería instalar el sistema ERTMS/ETCS como sobre puesto -overlay- hasta la estación de Santiago, para esos trenes equipados con el ERTMS/ETCS de a bordo”.

Una conclusión similar transmitió en su informe otro especialista. El ingeniero César Mariñas Dávila hace constar en su escrito que “sin duda es más seguro” el escenario contemplado en el proyecto original, en que la cobertura del sistema ERTMS “alcanza hasta la misma estación”. “De haberse desplegado la infraestructura ERTMS de vía necesaria para poder operar bajo la supervisión completa del ETCS nivel 1 hasta la misma estación de Santiago, tal y como estaba previsto en el proyecto original, y operando por tanto en este modo, el accidente no se hubiera producido” porque el sistema habría frenado el tren, afirma. Mariñas sostiene que una vez autorizada la desconexión del ERTMS donde sí estaba operativo, se deberían haber tomado medidas complementarias para mitigar la “degradación” del nivel de seguridad que, a su juicio, se producía.

“La curva cerrada de Angrois debería haber tenido una mayor protección de la existente por el brusco frenazo que requería tomarla. La señalización era incoherente. El control constante de la velocidad (sistema ERTMS) iba desconectado en el Alvia y podría haber frenado automáticamente el tren cuatro kilómetros antes”. Estas son las tres conclusiones más importantes del primer informe pericial elaborado por Ángel Luis Sanz Cubero, experto maquinista nombrado perito por el juez Luis Aláez a propuesta del abogado del conductor accidentado. El perito, de 52 años, fue maquinista de 1980 a 2011. Desde entonces se dedica a formar a otros conductores. También fue asesor de seguridad de Cercanías de Madrid.

En su informe, Sanz Cubero desgrana errores y contradicciones de relevancia en varias señales. Incoherencias que a su juicio “puede haber afectado negativamente a la seguridad. El ERTMS habría obligado al maquinista a pulsar un botón antes de cinco segundos y habría frenado el tren y la pérdida humana se habría impedido”, aclara el preliminar.

El juez encargó un peritaje a seis expertos que aún llevará varios meses y les pidió un dictamen preliminar. Hasta ahora también ha sido trasladado al magistrado el informe del ingeniero industrial, José Manuel Lamela, perito judicial que apuntó que el material rodante era correcto en el trayecto del Alvia. Faltan por llegar al Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago el del ingeniero de caminos Juan Carlos Carballeira Rifón -el tercero judicial- y el de José Luis Pinel, designado por el administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif).

El accidente ferroviario de Santiago de Compostela de 2013 se produjo el 24 de julio de 2013 en la curva A Grandeira, en la parroquia de Angrois, cerca de la estación de Santiago de Compostela, cuando un tren Talgo Serie 730 que cubría un servicio Alvia con ocho coches y dos cabezas tractoras descarriló con 218 pasajeros a bordo. Murieron 79 viajeros. El accidente es el segundo más grave del ferrocarril español, tras el de Torre del Bierzo (1944).