La Comisión de Peticiones de la Eurocámara reclama que se lleve a cabo una investigación «independiente» con celeridad sobre el accidente ferroviario del Alvia en Angrois, que dejó 80 muertos y 140 heridos el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela. «La Comisión (de Peticiones) se dirige hoy a la Comisión y pide que esta investigación independiente debe ser iniciada y realizada rápidamente con la supervisión de la Comisión Europea», anuncia su presidenta, la eurodiputada sueca liberal Cecilia Wikström, tras debatir las denuncias de las víctimas.
Wikström justifica «la obligación» de la Comisión Europea de garantizar que haya una investigación «independiente» después de constatar que la propia Agencia Ferroviaria Europea (ERA) ha dejado «claro» que la composición del equipo de investigación creado en España «no garantizaba la independencia de la investigación» y no respondió a «preguntas esenciales de las causas en la raíz» del accidente. «El órgano de investigación (español) no cumplió los requisitos de independencia estipulados en el artículo 21 de la directiva sobre seguridad ferroviaria y por tanto la obligación de investigar los accidentes del artículo 19 no se ha cumplido adecuadamente«, esgrime la eurodiputada liberal.
El director ejecutivo de ERA, Josef Doppelbauer, recuerda que la agencia concluyó que el accidente no fue «investigado independientemente» por la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF) y tampoco investigó «adecuadamente» las causas en la raíz del accidente. «No podemos concluir si la evaluación del riesgo se llevó a cabo o no», reconoce, si bien deja claro que la agencia europea no tiene competencias para realizar investigaciones «propias» y se limitó a evaluar «las fortalezas y debilidades» de la investigación en España.
El representante de Transportes de la Comisión Europea, Keir Fitch, defiende la normativa de seguridad ferroviaria y admite que «claramente este nivel de seguridad no se ha mantenido como hubiéramos esperado en este caso», al tiempo que también se ha solidarizado con las víctimas del accidente. «En lugar de tener una actitud de confrontación, estamos trabajando con autoridades españolas y ferroviarias en toda Europa para intentar garantizar que tenemos todos los sistemas donde los precursores, las cosas que van mal aunque no han provocado un accidente, se denuncian eficazmente y que por tanto se dan los pasos adecuados antes de que accidentes catastróficos ocurran», explica el funcionario comunitario.
Fitch deja claro que el papel de la Comisión no es «echar la culpa» y subraya que compete a las autoridades judiciales en España determinar «si hay responsabilidades criminales» en este caso, recordando que hay una investigación judicial abierta. También recuerda que las autoridades españolas han dado «los pasos suficientes» para garantizar la independencia de la CIAF «en el futuro», algo que ha llevado a la Comisión Europea a cerrar el expediente de infracción que le abrió a España en 2013 por «problemas» que identificó respecto a «la independencia» de CIAF y sus obligaciones de informar a las víctimas de los progresos de la investigación. Pero deja claro que el Ejecutivo comunitario se reserva «la opción de tomar acciones futuras si hay pruebas» de que la independencia de CIAF no se está cumpliendo «adecuadamente» en «casos futuros». «Si es necesario lo haremos», zanja.
«Si se hubiera cumplido la normativa europea, el accidente no habría ocurrido, evitando 80 muertos y más de 140 heridos», denuncia Jesús Domínguez, uno de los representantes de la Asociación de Víctimas del accidente, que ha presentado el caso ante la Comisión de Peticiones este martes. «Necesitamos a Europa y que se abra una verdadera investigación independiente», reclama tras denunciar que se «han violado» sus derechos esenciales «a la vida y la seguridad». «Si Europa falla, la Unión Europea no tiene sentido», alerta Domínguez.
La Asociación de Víctimas del Alvia ha denunciado el incumplimiento del Estado español de varias normativas europeas, entre ellas la directiva de seguridad ferroviaria de 2004, así como la directiva de 2005 que regula las práctica desleales de empresas frente al consumidor, al considerar que han sido víctimas de la publicidad engañosa sobre la seguridad de la línea por parte de las autoridades españolas. La investigación del accidente, explica Domínguez, «no fue independiente» ya que de las empresas públicas «implicadas» en el accidente -Renfe, Adif e Ineco- formaba parte del equipo de investigación y sus responsables fueron «los mismos» que desconectaron el sistema de seguridad porque generaba «retrasos» y «no ahonda en las causas profundas». Además, «no se evaluó el riesgo» en «tres ocasiones» como se debería haber hecho en virtud de la normativa europea: cuando se hizo un cambio del proyecto original y no se instaló el sistema de seguridad de frenado ERTMS «en el punto más peligroso del trazado», tal y como si lo contemplaba el proyecto original; pero también cuando el jefe de maquinistas advirtió por escrito en un correo a sus superiores del «peligro» existente «en la curva de Angrois» en diciembre de 2011 sin que se hiciera «nada» tras ello, tal y como indica el informe de la ERA; y en tercer lugar, cuando se desconectó el sistema de seguridad «porque generaba retrasos».
También critican que se declarara la línea interoperable «sin el certificado de la Unión Europea» y «sin el sistema de seguridad ERTMS», uno de los requisitos de la normativa europea y deja claro que «no hay constancia de la homologación del tren en su conjunto», ni del cumplimiento de las especificaciones técnicas de interoperabilidad a las que debía ajustarse su diseño, algo que, según la ERA, podría haber tenido «un papel importante en las consecuencias del accidente».
Por su parte, Teresa Gómez-Limón, también de la Asociación, denuncia el «engaño» del Gobierno español en la publicidad «oficial» tras recordar que el entonces ministro de Fomento, José Blanco, presentó el tren de alta velocidad «con el sistema de seguridad ERTMS» y también «engañó a la Unión Europea» al asegurarle en un informe en 2013 que la línea estaba equipada con el ERTMS.
Todos los grupos políticos en la Eurocámara han apoyado a las víctimas y han respaldado, con la excepción del PP, que se abra una nueva investigación «independiente» del accidente. La eurodiputada popular Rosa Estaràs asegura que lo «importante» es la investigación judicial abierta y dice que la abogacía del Estado ya ha dicho «que no es competente para volver a pedir un informe» del accidente. «Tampoco el Gobierno puede abrir una comisión de investigación. Es el legislativo. Estamos mezclando poderes», explica.
Tras escuchar el posicionamiento de los eurodiputados, las víctimas han aplaudido el respaldo de la institución y han confiado en que ello fuerce a la Comisión Europea a ejercer «presión» sobre el Gobierno español para que «abra una investigación lo antes posible». «La Comisión nos ha explicado que legalmente no puede abrir una investigación, pero sí presionar, y esperamos que cumpla su palabra», declara Domínguez.
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