El Consejo de Ministros dio este viernes luz verde al proyecto de Ley del Sector Ferroviario. Entre otros objetivos destaca «propiciar la apertura de la red para potenciar el uso de la alta velocidad». Las empresas del sector consideran que aunque se ha avanzado respecto a los planes iniciales del Ministerio de Fomento, los cambios introducidos en el texto son todavía «insuficientes». No les queda claro el éxito que se presume para la liberalización del corredor de AVE de Levante, que augura Fomento.
El texto aprobado por el Gobierno apenas contiene novedades respecto al del pasado 13 de marzo. Eso inquieta y molesta a las empresas que aspiran a entrar en el negocio ferroviario. En estos dos meses se ha consultado a los principales actores del sector: las propias compañías, las asociaciones representativas y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La música suena bien, pero discrepaban de la letra de la partitura. Suena igual que antes.
Los cánones de Adif se modifican en parte; desaparece el de acceso a la red aunque se crean otros dos nuevos: uno por acceder a instalaciones de energía eléctrica de tracción, necesarias para que los trenes puedan rodar, y otra por uso de zonas de carga y descarga para mercancías. Se pasa de un total de nueve prestaciones forzosas a ocho. Poco cambio. Además hay tres cánones por utilización de las líneas ferroviarias y otros cuatro por el uso que los viajeros hacen de las estaciones que, aunque cambian en parte de nombre que tenían antes, mantienen básicamente el mismo fin. La novedad es que para dos de ellos, el que pagará una compañía ferroviaria (Renfe y un posible competidor en su caso) en función de la capacidad de red que se le adjudique y el correspondiente a la utilización de las líneas, se prevé un sistema de bonificaciones «para que quienes realicen una mayor actividad tengan también un retorno más elevado».
El problema es que los futuros operadores privados -hasta 27 empresas cuentan hoy con la licencia ferroviaria correspondiente, la mitad de ellas habilitante para transportar viajeros- desconocen todavía la letra pequeña. Desconocen el total de los descuentos y tampoco saben hasta cuánto llegarán. ACS, Acciona, Ferrovial, Globalia, Alsa y el grupo Planeta (a través de su sociedad Veli Rail), entre otras, piden una rebaja de entre el 40% y el 50%, al menos para la empresa que vaya a competir en el corredor de Levante con Renfe . Y es que, según sus cuentas, casi dos tercios de su gasto (el 62%) tendrán que dedicarse a sufragar los cánones.
Fomento maneja llegar como máximo al umbral del 35% en la rebaja de los costes por el uso de las líneas ferroviarias. El Ministerio prevé publicar este mes en el BOE las condiciones del concurso para que entre en esas líneas -que conectan Madrid con Cuenca, Albacete, Valencia, Castellón, Alicante y Murcia- un único operador privado para competir con Renfe en los próximos siete años, transcurridos los cuáles se estudiará si se abre la puerta a más compañías. La selección final se hará en otoño y después el ganador tendrá seis meses para comenzar a prestar servicio, es decir, para la primavera de 2016.
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