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Más materia. Sigue la investigación. El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Santiago de Compostela, Luis Aláez, ha emitido un auto en el que requiere a Adif documentación adicional sobre estudios, informes y evaluaciones relacionados con el sistema de frenado ASFA y sobre la investigación de descarrilamientos de trenes en tramos en curva. El siniestro del Alvia se saldó con 79 muertes y más de 150 heridos.

El juez que instruye la investigación del descarrilamiento del Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol el pasado 24 de julio requiere a Adif una copia de las actas de las reuniones y demás documentación que recoja los estudios y análisis realizados por las comisiones de seguridad en la circulación de Renfe en 1990 y 1991. En aquellas reuniones se determinó la necesidad de relacionar con el sistema ASFA las señales temporales de limitación de velocidad y se definieron los apartados alusivos al mismo en el manual de circulación de 1997. Adicionalmente, el juez instructor solicita cualquier documentación que almacene los posibles estudios, debates y análisis de las conductas de los maquinistas ante cambios o limitaciones permanentes de velocidad. Asimismo, requiere de la operadora Adif una copia de los informes de la comisión investigadora de accidentes ferroviarios relacionados con los descarrilamientos de trenes en tramos en curva desde la publicación del reglamento general de circulación de 2006 hasta el día del accidente en Angrois.

En su auto, el juez Aláez señala que entre la documentación remitida, Adif aporta el manual de circulación dedicado al ASFA como sistema que aumenta la seguridad porque disminuye o anula el posible fallo humano del maquinista, al asegurar automáticamente la detención del tren en caso de actuación incorrecta.

El juez sostiene que lo que se pretendía, cuando requirió documentación a Adif, era conocer los factores que llevaron a la conclusión de la previsibilidad de una actuación incorrecta del maquinista ante una limitación temporal de velocidad y el peligro que para la vida e integridad física ello podía suponer. Asimismo, se interesaba por los motivos que llevaron a los responsables de la seguridad de la circulación a considerar que el modelo previsto reglamentariamente era insuficiente y, en consecuencia, a establecer nuevas pautas para controlar o neutralizar riesgos.

Como quiera que Adif remitió en su respuesta al estudio y análisis de las comisiones de seguridad en la circulación de Renfe entre 1990 y 1991 pero no aportó documentación relativa alguna, solicita copia de las actas de aquellas reuniones.

En el mismo auto, el juez Aláez también admite la intervención, a solicitud de QBE Insurance, de Fran Heijnen para que participe en el acto pericial acordado el 6 de agosto de 2013. Por contra, desestima en otro auto el recurso presentado por la defensa de Margarita V.M. que pedía la nulidad de las actuaciones judiciales relativas a la designación como peritos de técnicos de la Xunta para la realización de un informe sobre las causas del descarrilamiento del Alvia.

El juez Aláez se remite al reglamento de asistencia Jurídica Gratuita de Galicia, que establece que antes de recurrir a peritos privados debe acreditarse la inexistencia de técnicos capacitados en la administración pública. En tal sentido, la Subdirección General de Medios de la Administración de Justicia alegó la posibilidad de que existiesen técnicos cualificados en la Xunta o en organismos o entidades dependientes tras dictar el juez un auto en el que resolvió designar a profesionales colegiados en las escuelas o colegios de Galicia.

La investigación sigue su curso, pero las víctimas no están satisfechas. El presidente de la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155, Víctor Taibo, acusa al Gobierno «y a los intereses económicos que hay detrás» de querer «enterrar este accidente, enterrar lo que ha ocurrido y que no se sepa nada más». Taibo no entiende por qué «en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento de Galicia hay una oposición constante» tanto del PP como del PSOE a que se abra una comisión de investigación. La plataforma reclama además la dimisión del presidente de Renfe, Julio Gómez Pomar; del de Adif, Gonzalo Ferre;y del secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá.

La plataforma afirma que es necesario aclarar algunos puntos, como por qué se responsabiliza únicamente al conductor del tren o por qué no funcionaba el sistema de seguridad Ertms en el lugar del accidente y exige la apertura de otra comisión, en este caso de carácter técnico, que estaría integrada por peritos independiente ya que, señalan, el Ministerio de Fomento no puede ser «juez y parte».

El maquinista, Francisco José Garzón Amo, poseedor de un expediente intachable, es en este momento el único imputado después de que la Audiencia Provincial de A Coruña exonerase a los miembros del consejo de administración del gestor ferroviario Adif y a los cinco técnicos responsables de la seguridad en la circulación.

El auto con el que el órgano de apelación levantó la imputación de estos cargos supuso que la instrucción judicial retornase al punto en el que se encontraba a los cuatro días del suceso, con el conductor, -que no redujo la velocidad del convoy-, acusado de homicidio imprudente. No obstante, no se cierra la puerta a que se siga investigando para comprobar si en ese tramo, con una reducción drástica de velocidad de 200 a 80 kilómetros por hora, se necesitaban medidas adicionales de seguridad y así se determina por consenso técnico, puesto que en caso contrario tal apreciación es «prematura y carente de base suficiente».

El juez instructor Luis Aláez, que consagra sus días de forma concienzuda a este caso, ha seguido desde un inicio una línea de investigación que apuntaba a una causa múltiple y no únicamente al despiste de una persona que relevó a otro compañero en Ourense y perdió el control tras atender una llamada del interventor de a bordo, Antonio Martín Marugán.