Objetivo: blindar la Alta Velocidad. El Congreso reafirmará la apuesta por la Alta Velocidad y blindará las inversiones pendientes declarándolas «estratégicas». El PP está molesto con las iniciativas que adoptan algunas fuerzas políticas, que cuestionan el modelo AVE. No le acaban de gustar que partidos como Ciudadanos pongan en solfa la necesidad de invertir en el AVE. Tampoco le satisface que Tribunal de Cuentas califique como insostenible el modelo de financiación.
La ministra de Fomento es la política que con más vehemencia defiende el AVE. Y no solo porque le vaya en el cargo. Ana Pastor asegura que las voces críticas que se levantan contra la Alta Velocidad ferroviaria proceden de comunidades donde esta infraestructura ya existe. «Es la prueba del algodón. Analicen, todos tiene AVE, todos son de ciudades que tiene ya AVE «, sostiene la titular de la cartera. Incluso se atreve a ser más explícita y vehemente. «La justicia social se la pasan algunos por el forro«, afirma aun consciente de «ser vulgar».
No es la única en defender el AVE. La unanimidad es total en el PP. O eso parece. Los populares sostienen que «la apuesta por construir una nueva red ferroviaria para alta velocidad fue decisiva para optar por el ancho internacional» y que esa decisión permite a España integrarse en las redes transeuropeas de transporte. «En la actualidad, la alta velocidad ferroviaria es un medio de transporte moderno, competitivo y, para unas distancias como las españolas, constituye una alternativa al transporte aéreo. Además, es mucho más respetuosa con el medio ambiente -argumenta el PP-. Otro beneficio añadido, máxime en estos momentos, es que el AVE reactiva la obra civil«.
El partido que lidera Rajoy asegura que «la inversión en infraestructuras de transporte genera efectos sobre el crecimiento económico y el empleo, pudiéndose distinguir dos tipos de efectos sobre la economía: a corto plazo, a través de la actividad constructora; a largo plazo, mediante la influencia de la infraestructura sobre la capacidad productiva de la economía y el subsiguiente efecto sobre la competitividad, riqueza y empleo«.
Como si de un mantra se tratara, los populares destacan el incremento de pasajeros en nuestro país a partir de la última política de precios aplicada por Renfe y los contratos internacionales que están logrando empresas españolas en líneas de alta velocidad.
Y el PP quiere que el Congreso reconozca «el carácter estratégico» de las inversiones en alta velocidad y que se inste al Gobierno a «mantener el nivel de inversión necesario para culminar a la mayor brevedad posible las conexiones ferroviarias de alta velocidad ya planificadas, de manera que se impulse la cohesión territorial, se active el crecimiento económico y se genere empleo».
Tampoco se muestra contento con el informe que el Tribunal de Cuentas dio a concer la pasada semana. El organismo fiscalizador considera que el actual modelo de financiación de las líneas ferroviarias de Alta Velocidad arroja una «importante incertidumbre sobre la sostenibilidad económica a largo plazo» de esta infraestructura, dado su «elevado endeudamiento«. La institución fiscalizadora advierte además de que esta situación podría agravarse en el futuro, una vez venzan los periodos de carencia de los préstamos que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha concedido a Adif, promotor y gestor de la red ferroviaria.
Sin cuestionarlo públicamente, la ministra Pastor interpreta el informe a su manera. «Recoge que se está mejorando y se está haciendo lo que hay que hacer, que es buscar el equilibrio de las cuentas públicas». La titular de Fomento explica, con paciencia franciscana, que Adif ha puesto en marcha un nuevo plan de infraestructuras, para «seguir con esas vías modernas del siglo XXI» pero no «en el modelo en que se ha estado durante años», que ha identificado con «el despilfarro, de estaciones de miles de metros cuadrados, de hacer aeropuertos que tenían capacidad suficiente para 30 años». «Estamos es en una nueva era y con una planificación totalmente diferente«, mantiene la ministra.
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