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Casi aun año ya y sigue la polémica. Aunque desde el Gobierno se asegura que se han puesto en marchas medidas para evitar un accidente como el ocurrido en Angrois, en el sector se pone en duda el grado «real» de ejecución de las medidas de seguridad. Sindicatos ferroviarios ven «lejos de ser un hecho» la aplicación de las medidas para reforzar la seguridad que anunció en el Congreso de los Diputados la ministra de Fomento, Ana Pastor, quince días después del siniestro de Angrois, del que se cumple el primer aniversario este próximo jueves.

«Queda mucho por hacer», señala el secretario general del Semaf, Jesús García Fraile. Apunta principalmente a las transiciones entre sistemas de seguridad, un trabajo que, según reconoció el secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño González, hace 15 días en la Cámara Baja, requiere «grandes inversiones» y se realizará «escalonadamente». También asegura que ve «muy lejos de su aplicación real y efectiva» el nuevo reglamento de circulación. El Gobierno «tiene que llegar a un consenso» y, a continuación, recibir el «visto bueno» de Europa, explica García Fraile.

Renfe ha prohibido que se realicen llamadas al móvil del maquinista salvo en determinados supuestos de emergencia. Y es que Francisco Garzón Amo, que conducía el Alvia el pasado 24 de julio, circulaba despistado tras recibir una llamada del interventor y no frenó a tiempo antes de la curva de Angrois, a la entrada de Santiago, en la que descarriló a cerca de 200 kilómetros por hora cuando debía tomarla a 80. La operadora ferroviaria ha comenzado las pruebas de validación del sistema de manos libres. El Semaf apunta al «rechazo generalizado» de los representantes de los trabajadores a la grabación de vídeo en cabina, que consideran una vigilancia del maquinista injustificada, aunque sí ven «bien», indica, la relativa al audio.

García Fraile considera la «falta de recursos humanos» y la necesaria inversión no solo por parte de Fomento, sino también por Renfe y Adif principales causas de «la lentitud» en la mejora de la seguridad en la red. Otra crítica que plantea es que «solo se proponen para la Alta Velocidad», por lo que reclama su extensión a Media Distancia, Cercanías y otros servicios.

Continúa el trabajo de auditoría de todo el sistema ferroviario, a partir de las recomendaciones de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios (CIAF), dependiente de Fomento, y de la comisión científico-técnica del ministerio. La instalación de las balizas definitivas y los cartelones informativos en 349 puntos de la red en que hay cambios significativos de velocidad se ha completado y se han incorporado los cambios al cuadro de velocidades. Los sistemas satelitales, por su parte, comenzarán a implantarse en los trenes de Renfe a partir de noviembre.

Desde CGT ase apunta a que «muchas de las medidas anunciadas nunca se llegarán a poner en marcha». La protección de los equipajes en el interior de los coches está en fase de estudio tras hacerse una simulación en 3D con tres prototipos, pero comenzará a instalarse en julio en un modelo estático funcional para analizar cómo se comportan.

«Cuando ocurre una tragedia de este tipo se anuncian medidas que a veces es como legislar en caliente«, expresa CGT. Por ello entiende que «lo que se hizo el día después del accidente fue adoptar la medida básica», que era ubicar un sistema de seguridad en el punto en el que se produjo el accidente.

Todos los sindicatos, al igual que las víctimas, reclaman que la CIAF goce de independencia, algo para lo que este viernes, también, el Gobierno aprobó una norma que elimina la posibilidad de reelección y eleva de cuatro a seis años el mandato. Además, recoge los supuestos de cese en el cargo de los miembros del pleno de la comisión y las funciones de su presidente, que designará al equipo de investigación para cada caso y la posibilidad de recurrir a peritos internos o externos.

Este mismo viernes, el Consejo de Ministros aprobó por decreto un nuevo plan integral de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios que incluye un cambio en el seguro obligatorio de viajeros por el que se duplican las indemnizaciones para dichas víctimas. Según apunta la operadora, supera los 6,29 millones de euros, de los que casi 4,52 millones corresponden al seguro obligatorio de viajeros -que gestiona Allianz, 4,44 millones por fallecimiento y 79.633 euros por secuelas- y algo más de 1,77 millones responden a anticipos del seguro de responsabilidad civil -gestionado por QBE-. Respecto a este último seguro, de los 80 fallecidos que contabiliza Renfe, a 10 de junio se ha solicitado la gestión de 55 anticipos (68,8%) y de los 145 casos restantes se han pedido 109 anticipos (75,2%).

Subraya Renfe, así, que han sido pagadas un total de 158 solicitudes de anticipo gestionadas (más de 1,77 millones de euros). «Sobre el total de casos, se han solicitado un 72,89% de anticipos, de los que el 70,22% ya han sido pagados», resume.