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ACS y Eiffage intentan evitar la liquidación del túnel del AVE bajo los Pirineos

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ACS y Eiffage han presentado una propuesta de convenio de acreedores para «reestructurar» la deuda de la conexión AVE entre España y Francia bajo los Pirineos, con el fin de que esta infraestructura supere el concurso de acreedores en el que está inmersa desde septiembre de 2015 y evitar así su liquidación. La propuesta se presenta dos días antes de que el próximo lunes, 20 de junio, venza el plazo establecido por Juzgado de lo Mercantil de Girona.

Los acreedores del AVE transfronterizo tienen hasta el próximo 15 de septiembre para decidir si aceptan la propuesta y evitan así la quiebra de la concesionaria de la infraestructura. No obstante, el grupo que preside Florentino Pérez y la constructora francesa ha solicitado al Juzgado un aplazamiento de esta junta, sobre el que el juez titular se pronunciará próximamente.

TP Ferro, la sociedad conjunta que ACS e Eiffage constituyeron para construir y explotar el AVE hispano-galo, garantizó que, pese a su actual situación, continuará prestando servicio. «La presentación de una propuesta de convenio tiene como objetivo reestructurar la deuda y no afectará a la continuidad del servicio ferroviario que TP Ferro continuará explotando con el máximo nivel de seguridad, fluidez y regularidad», asevera la firma en un comunicado.

España y Francia ya han acordado quedarse con la operación del túnel del AVE bajo los Pirineos en caso de que ACS y Eiffage decidieran dejar de prestar servicio. El acuerdo de los dos países se está fraguando a través de sus respectivas compañías públicas gestoras de las redes ferroviarias, Adif y la Réseau Ferré de France (RFF), según fuentes del sector. Con este AVE transfronterizo se daría así el caso contrario a lo sucedido con otras infraestructuras que están también en quiebra, como son varias autopistas de peaje.

El carácter «estratégico y único» del túnel del AVE bajo los Pirineos, esto es, el hecho de que no tenga otra alternativa, es el factor que ha llevado a los dos Estados a establecer «este plan de contingencia», según detallan las mismas fuentes.

ACS y Eiffage se adjudicaron en 2003 el contrato de construcción y posterior explotación del que constituye el primer tramo de AVE transfronterizo y una de las grandes obras mundiales de ingeniería civil. Se trata de un tramo de AVE de 44,4 kilómetros de longitud, de los que 8,3 kilómetros corresponden a un túnel construido bajo los Pirineos.

El proyecto supuso una inversión de 1.000 millones de euros, de los que unos 600 millones correspondieron a financiación pública aportada por España, Francia y la UE. Con su declaración de concurso, este túnel se sumó al listado de otras grandes infraestructuras construidas en los últimos años que también han quebrado o han resultado inviables, como son ocho autopistas de peaje, el almacén de gas Castor o los aeropuertos de Castellón y Ciudad Real, este último promovido por la iniciativa privada.

Se reabre la instrucción del Alvia; el juez debe comprobar si Adif evaluó el «peligro» en la curva

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Varapalo a la instrucción del ‘caso Alvia’. La Audiencia Provincial de A Coruña ordena reabrir la instrucción que investiga las causas del accidente del tren Alvia que provocó la muerte de 80 pasajeros y más de un centenar de heridos el 24 de julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois. La sala estima los recursos de apelación interpuestos por varias de las partes en contra de la decisión del juez, Andrés Lago, que el pasado octubre cerró la investigación judicial con el maquinista Francisco Garzón como único imputado. Cuando instruía la causa Luis Aláez, que imputó a la responsables de Adif hasta en dos ocasiones, la Audiencia levantó las imputaciones.

Tras deliberar sobre una causa que suma más de 25.000 folios, los magistrados piden determinar «si ha existido y era normativa y técnicamente necesaria una evaluación integral del riesgo de la línea 082 -de Ourense a Santiago- que tuviera en cuenta la situación de peligro concretamente existente en la curva donde se produjo el accidente«. La Audiencia ordena ratificar el informe que elaboró el ingeniero de telecomunicaciones holandés Frans Heijnen, designado como perito por parte de QBE, la aseguradora de Renfe. También se debe revisar el documento que elaboró el catedrático Enrique Castillo Ron a petición de un perito judicial.

Pese a los reproches de las partes durante la instrucción, Lago tomó declaración únicamente a los tres peritos nombrados judicialmente: el ingeniero industrial José Manuel Lamela, el ingeniero de caminos Juan Carlos Carballeira y el ingeniero de telecomunicaciones César Mariñas. La Audiencia estima necesario «que se lleven a cabo las demás diligencias que se consideren necesarias para determinar» si hubo esa «evaluación integral del riesgo», y también reclama «la corrección de las evaluaciones de riesgo realizadas en los informes de Castillo y Heijnen y la determinación del nivel de riesgo resultante en la curva y su aceptabilidad técnica».

Tras analizar las demandas de nuevas diligencias -que incluían declaraciones de diferentes responsables relacionados con el caso-, los magistrados las desestiman, al ver, por ejemplo, «inocua a efectos del accidente» alguna cuestión como la desconexión del sistema de control de velocidades ‘ERTMS’ embarcado en el convoy.

En el auto se ve «ausencia de indicios de relevancia penal» en aspectos denunciados por los afectados y la defensa del maquinista que tienen que ver con la señalización, el balizamiento, la velocidad del vuelco, el peso del tren, la ubicación de la transición de ‘ERTMS’ al sistema ‘Asfa’, la supuesta existencia de delitos contra la seguridad de los trabajadores y de publicidad engañosa y de estafa, entre otros.

Con todo, la Audiencia admite, en el apartado referido a las exigencias relativas a la homologación del modelo ‘S730’, que «ciertamente hay base normativa para discutir que la decisión haya sido técnicamente correcta y para sostener que el tren debería contar con tal condición interoperable al circular por una línea de alta velocidad de nueva creación», pero concluye que este aspecto, como otros, es «insuficiente desde la perspectiva del derecho penal».

La clave de la reapertura para por la evaluación de riesgos. La Audiencia Provincial de A Coruña estima que «resulta indiciariamente» que la reducción del riesgo «no era impracticable, como de hecho se llevó a cabo eficazmente después del accidente, sin instalar el sistema ‘ERTMS». El auto constata que «existe un deber normativo de realización de una correcta valoración de riesgo» y asume las críticas del perito de QBE y del profesor a la metodología de Adif para hacer la evaluación. Este último consideró el procedimiento del administrador ferroviario «demasiado general y poco preciso» y advirtió de que «solo sirve para detectar riesgos pero no para evaluarlos debidamente».

Los magistrados hablan de una evaluación «fragmentaria» y hecha por «las empresas contratistas de cada elemento o conjunto de elementos suministrados e instalados». Observan también indicios en los avisos del peritaje de la compañía que asegura a la operadora ferroviaria acerca de que «la transferencia de la mitigación del riesgo no se ha gestionado» como exige la norma correspondiente. Este es, precisamente, otro de los puntos que acuerdan esclarecer: «la corrección de la exportación de riesgos al maquinista o Renfe en los términos en que fue efectuada».

El auto precisa que es necesario aclarar «si es cierto que, como se alude por el informe de Heijnen, existía un consenso técnico entre los expertos sobre la necesidad de protección de las transiciones significativas de velocidad mediante sistemas de control continuo o puntual». También se insta al juez Andrés Lago a examinar «otros aspectos relacionables causalmente con el accidente en el caso de aportarse alegaciones o datos nuevos relativos a otras materias que justificaran incidir en líneas de averiguación ya intentadas o en la apertura de otras nuevas».

Víctimas del accidente del Metro de Valencia insisten en que se investigue a directivos de FGV

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La Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J) piden a la juez de Instrucción número 21 de Valencia que cite a declarar en calidad de investigados a la que fuera gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) Marisa Gracia y a cinco directivos de la empresa en el momento del siniestro, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, para comprobar si se cumplía la Ley de Riesgos Laborales.

La asociación requiere a la juez que llame a los siguientes directivos de FGV: el responsable de Auditoría y Seguridad en la Explotación, Juan J. Gimeno; el director de Operaciones, Manuel Sansano; el jefe de Mantenimiento de Instalaciones Fijas, Gonzalo Romero; el de talleres de Valencia Sud, Luis Miguel Alepuz y el jefe de la Línea 1, Sebastián Argente. Según la AVM3J, todos ellos estaban «legalmente obligados» de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos laborales a prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador y a garantizar la seguridad en todos los aspectos relacionados con el trabajo.

En cumplimiento con el mandato de la Audiencia Provincial a la hora de reabrir la causa, FGV aportó una serie de documentos como el pliego de condiciones de la licitación para la adquisición del material o sistema de frenado automático para los trenes de las líneas 1 y 2 -fechado el 19 de febrero de 1996- sobre señales luminosas o semáforos, balizas o caja negra; el documento que Siemens aportó para concurrir a la licitación, de fecha 27 de mayo de ese mismo año y que analiza los riesgos definidos por FGV y el documento de esta mercantil de 10 de julio de un año después, sobre el sistema de frenado.

Sobre los documentos de Siemens, la asociación entiende que con él se «contradice» la versión defendida por FGV acerca de que era esa empresa quien estableció y definió los riesgos y que, conforme a esa valoración, propuso los sistemas de frenado. La AVM3J incide en que los documentos no analizan los riesgos sobre el lugar de la Línea 1 donde se produjo el accidente; ninguno de los informes estudia la geometría de la vía ni FGV aporta el análisis de riesgos en ese punto, realizado con posterioridad al accidente.

La asociación cree que queda demostrado que FGV «incumplía» la Ley de Protección de Riesgos laborales y para establecer la responsabilidad pide la investigación de los hechos y que se cite a declarar a las personas que conformaban la dirección de FGV cuando sucedieron los hechos.

El maquinista del Alvia descarrilado en Angrois tenía «asumido» que sería «el pagano» del accidente

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El juez del caso del Alvia accidentado en Angrois el 24 de julio de 2013 cerrado la instrucción y señala al maquinista Franciscos Garzón Amo como único imputado. El magistrado le atribuye 80 delitos de homicidio por «imprudencia grave profesional» y 144 de lesiones. El conductor del fatídico tren tenía «asumido» hacía tiempo que sería «el pagano» del caso, cuyo cierre por parte del juez instructor recurrirá su abogado, Manuel Prieto.

El magistrado da un paso clave con vistas a que la Audiencia Provincial de A Coruña fije fecha para el juicio oral de uno de los siniestros ferroviarios más graves de la democracia española. Durante la primera etapa de la instrucción, el juez (distinto al que lleva ahora el caso) imputó hasta en dos ocasiones a exaltos cargos de Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, encargado de velar por la seguridad en las vías. Sin embargo, la Audiencia Provincial levantó las imputaciones. Aunque es recurrible el auto judicial, ahora sólo el maquinista resulta definitivamente imputado.

La defensa va a recurrir el auto, para lo que dispone de un plazo de tres días a contar desde este jueves, pero no tiene «mucha confianza» en que el recurso prospere. «Era un auto anunciado de la misma forma que era un accidente anunciado», critica el letrado, que recuerda el aviso que dio en su día, después de la inauguración de la línea, un jefe de maquinistas, que alertó de la peligrosidad de la curva de A Grandeira, donde descarriló el tren, sin el sistema de ERTMS implantado y con la necesidad de reducir la velocidad con una señalización que este profesional consideraba insuficiente.

El abogado del maquinista censura la actuación del juez al no admitir las pruebas que pidieron tanto él como los representantes de las distintas víctimas y lamenta que tampoco se hayan considerado los informes periciales de parte. El letrado sigue queriendo que los dos peritajes que aportó a la causa sean ratificados, con el objeto de «aclarar» distintas cuestiones, aunque el magistrado lo ha rechazado en el auto que ha trasladado este miércoles a las partes.

Prieto insiste en la relevancia de que acudan a declarar en los juzgados expertos en el área, de forma que traten de evidenciar su tesis. «Que vengan y lo declaren», recalca. También considera que también eran «procedentes» otras diligencias como la comparecencia en calidad de testigo del director de seguridad de Renfe. Sin embargo, en el auto se alega que «el hecho de que hubiere declarado ante una comisión parlamentaria no es razón que haga necesaria su declaración en este ámbito judicial, pues los objetivos de la presente instrucción no guardan relación alguna con los de una comisión parlamentaria».

La defensa del maquinista lamenta, asimismo, que el juez sostenga que las diligencias reclamadas no van «en pro de la defensa, sino en la de imputar a nuevas personas». «Las dos cosas están entrelazadas», asegura Prieto quien subrayar que, «aunque fuera así», lo que le interesa al juez es «averiguar toda la verdad«, y estas actuaciones también las piden las acusaciones.

El letrado explica que su cliente «sabía que todo el mundo del poder iba a hacer que él fuese el pagano. Lo tiene asumido, desde el momento en el que lo metieron en los calabozos con las costillas rotas mientras el ministro hacía una rueda de prensa».

El magistrado sostiene en reiteradas ocasiones en su autor que «la causa directa, inmediata, y que decididamente ha desencadenado el desgraciado accidente» fue «el exceso de velocidad«. Además resta importancia a los posibles defectos de señalización de la vía, a la llamada que pudo provocar el despiste del maquinista y a la desconexión del ERTMS en fechas precedetes al accidente.

El juez examinará el día 10 las conclusiones de los tres peritos judiciales sobre el accidente del Alvia

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El juez que instruye la investigación por el accidente ferroviario de Angrois, Andrés Lago Louro, ha citado para el próximo 10 de junio a José Manuel Lamela (ingeniero industrial), Juan Carlos Carballeira Rifón (ingeniero de caminos) y César Mariñas Davila (ingeniero de telecomunicaciones), los tres peritos judiciales que intervienen en la causa con el objetivo de que ratifiquen sus informes y se sometan a contradicción por las partes personadas. Los tres remitieron a los juzgados de Fontiñas sus informes definitivos sobre el accidente del Alvia.

El ingeniero de caminos reconocía «deficiencias en la señalización» en la curva de A Grandeira, el experto en telecomunicaciones aseguraba que con el ERTMS el accidente «no se habría producido» y el ingeniero industrial certificó que el material rodante y los frenos del convoy eran correctos.

Juan Carlos Carballeira Rifón apuntaba en su informe la existencia de «algunas deficiencias en la señalización» de la zona de A Grandeira, donde se produjo el accidente del Alvia el 24 de julio de 2013. El experto consideraba que la colocación de señales de limitación permanente de velocidad «podría haber servido para alertar al maquinista de la reducción de velocidad» y «podría haber producido una recuperación de su atención». El perito aseguraba que, si el día del accidente hubiese estado operativo el sistema de seguridad ERTMS para cubrir el cambio de velocidad máxima en la zona donde se produjo el siniestro, «es probable que el accidente no se hubiera producido por la misma causa».

A pesar de considerar que la seguridad aportada por el sistema ASFA digital es «análoga» a la del sistema ERTMS-ASFA del proyecto inicial, Carballeira Rifón afirmaba que, «ya que se ha hecho una inversión costosa en los dos sistemas» -ASFA y ERTMS-, y que han surgido «problemas importantes en la transición de uno a otro, podrían haberse utilizado los dos simultáneamente, ya que ello hubiera mejorado aún más la seguridad». No obstante, reconoce que el «maquinista, obviamente, debería haber reducido la velocidad tal como está establecido» en el libro horario, teniendo en cuenta «la instrucción» recibida y que «disponía de suficiente experiencia en la línea como para conocer sus características». Sobre la llamada telefónica que se produjo en las cercanías de la curva donde tuvo lugar el accidente, el perito cree que «fue muy probablemente la causa de la distracción del maquinista», tal y como -añade- «se deduce de las grabaciones registradas».

El informe de César Mariñas Dávila plantea que si el sistema de control de velocidades ERTMS hubiese estado instalado y activo, como estaba previsto en el proyecto inicial de la línea Ourense-Santiago, el accidente del Alvia «no se hubiera producido». Para este perito la modificación del proyecto original de la línea «supuso el cambio de aspectos fundamentales del plan inicial, lo cual dio como resultado una variación significativa de los diseños originales en relación con la señalización, control y sistemas de protección de trenes». Este experto determina que «algunos de estos cambios afectaron de forma determinante las causas y circunstancias del accidente». Y establece que «de haberse desplegado la infraestructura ERTMS de vía necesaria para poder operar bajo supervisión completa del ETCS nivel 1 -el que va embarcado en el tren para conectar con la vía- hasta la misma estación de Santiago, tal y como estaba previsto en el proyecto original, y operando por tanto en este modo, el accidente no se hubiera producido«.

«El control continuo de velocidad ofrecido por el sistema ETCS hubiese originado una intervención del mismo para adecuar la velocidad o produciendo un frenado de emergencia llegado el caso, tanto en las proximidades de la curva de Angrois como en cualquier otro punto del trayecto protegido, si se superase la velocidad permitida en los márgenes establecidos», asegura en su escrito. Además apunta a que, como fruto de la modificación del proyecto, se planteó una nueva situación respecto al sistema ERTMS, «afectando a los puntos de entrada y salida», una cuestión que, aunque respeta la norma, no eleva al máximo la seguridad.

Sobre los procedimientos de autorización de puesta en servicio y de circulación del tren, que se
realizaron en dos fases, el tercer estudio concluye que «se ajustaron y cumplieron, en todo momento, con las normas reguladoras de estos procedimientos». Sin embargo, el ingeniero industrial José Manuel Lamela puntualiza que, a su entender, hubiera sido «conveniente la participación ‘externa’ de un organismo de certificación«, cuya participación externa podría «proporcionar una perspectiva diferente al proceso de validación», y el «informe elaborado por el organismo de certificación» se incorporaría «al resto de documentación».

A la vista del informe elaborado por Talgo sobre la frenada, señala que del estudio se deduce que las prestaciones de frenado «han sido correctas«. El escrito constata que la excesiva velocidad que llevaba el tren al entrar en la curva de A Grandeira «fue la causa que provocó la salida del tren de la vía, aunque la información completa sobre las circunstancias -puntualiza- en que se produjo el descarrilamiento se podrán concretar con mayor precisión al disponer de los datos y de los informes técnicos que se obtengan de la simulación dinámica de la marcha del tren Alvia».

La adherencia de las ruedas con el carril «fue buena«, porque el registrador no detecta la activación del sistema de antideslizamiento; y que ninguna de las actividades de mantenimiento no realizadas adecuadamente, ni en conjunto, ni cada una de ellas por separado, «pueden incluirse como causas que hayan podido contribuir al descarrilamiento», certifica este tercer perito.

«Se ríen de nosotros», dicen indignadas las víctimas del accidente de Angrois, al ver un único imputado

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Indignadas. «Se están riendo de nosotros». Las víctimas del accidente de Angrois están muy enfadadas. No les satisface la decisión del juez que ha decidido inculpar únicamente al maquinista del Alvia por el accidente que causó la muerte de 79 viajeros el 24 de julio de 2013, y dejar sin efecto las de 12 cargos de Adif.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, no ha compartido la visión del juez Luis Aláez acerca de que con más medidas de seguridad se habría evitado un siniestro previsible, por lo que ha dejado sin efecto las imputaciones a las personas que formaban parte de la cúpula de la empresa pública en 2011, cuando se puso en servicio la línea entre Santiago y Ourense.

«Estamos indignados y tristes con este tema. Lo que no entendemos es que cuando los peritos señalan responsabilidades porque hubo un cambio de proyecto y se desconectó el sistema ERTMS, la Audiencia retira la imputación a los responsables«, destaca uno de los portavoces de la Plataforma Víctimas Alvia 01455. Jesús Domínguez explica que siempre intenta creer en la Justicia, «pero cuando se llega a altas instancias, se ve que están politizadas y no es independiente». «Las responsabilidades políticas no se asumen«, afirma, en alusión a su reiterada reclamación de apertura de una comisión de investigación, que ha sido rechazada tanto por el PP como por el PSOE en Madrid. «Es una vergüenza, se ríen en la cara de las víctimas, como en el caso del metro de Valencia», sostiene. «Sabemos que el maquinista tiene parte de culpa y, de hecho, es el único que lo ha reconocido y ha pedido perdón», pero cree que debe haber más inculpados.

La otra de las asociaciones constituidas tras el siniestro, la Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario del Alvia (Apafas), apunta que sus abogados estudian qué medidas tomar, después de un auto que era «esperado» pero llega «tarde» y con el que, lamenta, «el juez se queda solo». Su portavoz, Cristóbal González, critica que el auto de los magistrados, que atienden al recurso interpuesto por la Fiscalía y la Abogacía de Estado, haya «tardado tanto». «Es un tiempo que se ha perdido. Nos han dejado con la lejana esperanza de que resolviese a nuestro favor y ahora tenemos que acelerar el proceso«, subraya. «Estamos convencidos de que la única causa no ha sido el error humano y ha habido otros elementos que podrían haber evitado el accidente. El ERTMS, las balizas, la señalización, el tren , el trazado de la curva, el tiempo de aviso para reducir a 80 kilómetro por hora…», dice el representante de Apafas.

Ambos apuestan por continuar peleando para que se sepa la verdad sobre las causas del descarrilamiento, «en la vía judicial y en la indemnizatoria», según llama la atención González, y también en Europa, a donde la plataforma de Domínguez llevará las supuestas irregularidades del Estado español en materia ferroviaria.

El maquinista, Francisco José Garzón Amo, es en este momento, y de nuevo, el único imputado, después de que la Audiencia Provincial de A Coruña, ya en otra ocasión anterior, exonerase a los miembros del consejo de administración del gestor ferroviario Adif y a los cinco técnicos responsables de la seguridad en la circulación. La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, cree que no hay base normativa «que permita entender» que la ausencia de instalación de ERTMS, el sistema que supervisa de modo constante la velocidad del tren en la infraestructura, suponga una «infracción de un deber legal». Los magistrados concluyen que la ausencia de ERTMS evidencia una conducta peligrosa, pero matizan que si este riesgo se mantiene dentro de un nivel «que haya de considerarse permitido», no existe una infracción del deber de diligencia.

Del maquinista, indican que es «sencillamente absurdo» que por su experiencia profesional, puesto que conducía ese tren desde hacía meses, tuviese duda alguna sobre cuáles eran sus obligaciones o acerca de qué normativa había de cumplir, sobre todo, en lo relativo a que tenía que llegar al punto de cambio de velocidades con ésta rebajada.

El alcalde de Girona quiere que un juez decida si Adif se precipitó al abrir las vías inundadas del AVE

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En manos del juez. El alcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha decidido llevar ante el juzgado de guardia a Adif por reabrir el servicio del AVE sin haberle entregado los informes de los trabajos realizados en el túnel. El consistorio cree que Adif no tendría que haberse precipitado porque se trata de un túnel en el que no es fácil evacuar si ocurre algún incidente. La circulación del AVE entre Girona y Figueres se restableció en la tarde del domingo después de quedar suspendida el pasado lunes debido a una inundación del túnel por las fuertes lluevias caídas en la zona.

Puigdemont insiste en que Adif debe avalar su decisión con informes técnicos y no políticos. Sobre todo debe justificar que no hay ningún tipo de peligro para los usuarios, ya que, según sostiene el regidor, mientras el ayuntamiento hace estudios técnicos sobre las causas de la inundación y las deficiencias del sistemas, «Adif solo hace declaraciones». El alcalde de Girona califica de «frívolo» que Adif y el Ministerio de Fomento quieran «eludir» sus responsabilidad. El regidor gerundense exige un peritaje «técnico y riguroso» que permita decir «con rotundidad» que no ha habido ningún sistema técnico crítico afectado por esta incidencia y denuncia que hace años que arrastran «una serie de incumplimientos y por eso ha pasado lo que ha pasado».

El subdelegado del Gobierno en Girona, Juan Manuel Sánchez Bustamante, dice por su parte que no entiende «de ninguna manera» los motivos que han llevado al Ayuntamiento de Girona a denunciar ante el juzgado al gestor de infraestructuras Adif por reanudar el servicio del AVE y que pedirá explicaciones. En declaraciones a Catalunya Informació, Sánchez Bustamante ha dicho que no entiende los motivos que pueden justificar este escrito y ha asegurado que pedirán explicaciones y que espera que el juez sea «coherente».

El anuncio del restablecimiento del servicio lo hizo el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, que se desplazó a Girona para ver sobre el terreno los trabajos de reparación de la infraestructura. Gómez Pomar y el director general de Adif, Antonio Gutiérrez, comparecieron ante los periodistas en el lugar en el que se había producido la entrada de agua, el pozo que en su día fue utilizado para instalar el punto de ataque de la tuneladora sur, relata ‘El Periódico’. Los altos cargos de Fomento y Adif explicaron que el endeble muro de ladrillos que había cedido por el empuje del agua, dando paso a la riada, ha sido sustituido por una barrera de bloques de hormigón. Gutiérrez reconoció que la inundación a causa de las fuertes lluvias les cogió en un estado de «provisionalidad», pues las obras del pozo aún no están acabadas.

«Para los ingenieros es una cuestión controvertida que debe estudiarse, porque el pozo puede ser útil en situaciones de emergencia para evacuar a los usuarios o para hacer entrar ambulancias y otros equipos», explicaron. Lo que sí se va a hacer para solucionar «definitivamente» el problema es modificar ligeramente el cauce del río Güell para evitar el giro que hace al llegar al pozo (debido a una modificación anterior con el fin de construir el cajón de la tuneladora) y canalizar el río y el colector que confluyen en ese punto para evitar que una crecida de ambos cursos dañe la instalación.

El informe de varios peritos coincide: con el ERTMS no se habría producido el accidente de Angrois

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Y van tres. «Si el ERTMS hubiera estado instalado y activo hasta el kilómetro 88, como inicialmente estaba previsto, el accidente nunca habría tenido lugar«. La frase, contudente, forma parte del informe del perito holandés designado por la aseguradora QBE. Frans Heijnen ha entregado al juez su dictamen (76 folios) donde no deja lugar a dudas. Su conclusión coincide con la del ingeniero de telecomunicaciones, César Mariñas Dávila (55 folios), que no comparte la regla de ingeniería que emplea Adif para justificar el cambio de ERMTS a ASFA. La documentación de un tercer técnico, Angel Luis Sanz Cubero también apuntaba (77 folios) el fatal desenlace a la carencia del ERTMS. Son conclusiones priliminares. Aún faltan otos textos por llegar al juzgado que podrían ir en la misma dirección.

El perito holandés se explaya en las preguntas que el juez hacía sobre la norma de cambio de velocidad máxima. «Sin duda alguna existe una importante contradicción entre la señalización reflejada en la documentación del tren y la realidad de la que está instalada en la vía», asegura tajante. Frans Heijnen opina que «una transición tan brusca de velocidad debería estar respaldada por un sistema de seguridad susceptible de proteger contra el fallo (…) obrando, por tanto, con un sistema de supervisión y protección continua». «Estas características (…) solo son predicables del ERTMS/ETCS», advierte. Pero aún va más lejos cuando afirma que «de hecho, esta era la finalidad del proyecto original, pues dicho sistema de seguridad se encontraba implementado hasta el kilómetro 88, es decir, después de rebasar la estación de Santiago de Compostela». «Esta protección adicional que, en mi opinión, era exigible, debió ser prevista por Adif antes del 24 de julio«, sentencia. «Una transición significativa de velocidad pasando de 300 a 80 kilómetros por hora debería bastar para prever un riesgo y adoptar medidas adicionales de seguridad», incide, antes de remarcar que «seguridad y señalización han de ir siempre unidos». El especialista holandés no deja lugar a la duda. «La opción idónea sería instalar el sistema ERTMS/ETCS como sobre puesto -overlay- hasta la estación de Santiago, para esos trenes equipados con el ERTMS/ETCS de a bordo».

Una conclusión similar transmitió en su informe otro especialista. El ingeniero César Mariñas Dávila hace constar en su escrito que «sin duda es más seguro» el escenario contemplado en el proyecto original, en que la cobertura del sistema ERTMS «alcanza hasta la misma estación». «De haberse desplegado la infraestructura ERTMS de vía necesaria para poder operar bajo la supervisión completa del ETCS nivel 1 hasta la misma estación de Santiago, tal y como estaba previsto en el proyecto original, y operando por tanto en este modo, el accidente no se hubiera producido» porque el sistema habría frenado el tren, afirma. Mariñas sostiene que una vez autorizada la desconexión del ERTMS donde sí estaba operativo, se deberían haber tomado medidas complementarias para mitigar la «degradación» del nivel de seguridad que, a su juicio, se producía.

«La curva cerrada de Angrois debería haber tenido una mayor protección de la existente por el brusco frenazo que requería tomarla. La señalización era incoherente. El control constante de la velocidad (sistema ERTMS) iba desconectado en el Alvia y podría haber frenado automáticamente el tren cuatro kilómetros antes». Estas son las tres conclusiones más importantes del primer informe pericial elaborado por Ángel Luis Sanz Cubero, experto maquinista nombrado perito por el juez Luis Aláez a propuesta del abogado del conductor accidentado. El perito, de 52 años, fue maquinista de 1980 a 2011. Desde entonces se dedica a formar a otros conductores. También fue asesor de seguridad de Cercanías de Madrid.

En su informe, Sanz Cubero desgrana errores y contradicciones de relevancia en varias señales. Incoherencias que a su juicio «puede haber afectado negativamente a la seguridad. El ERTMS habría obligado al maquinista a pulsar un botón antes de cinco segundos y habría frenado el tren y la pérdida humana se habría impedido», aclara el preliminar.

El juez encargó un peritaje a seis expertos que aún llevará varios meses y les pidió un dictamen preliminar. Hasta ahora también ha sido trasladado al magistrado el informe del ingeniero industrial, José Manuel Lamela, perito judicial que apuntó que el material rodante era correcto en el trayecto del Alvia. Faltan por llegar al Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago el del ingeniero de caminos Juan Carlos Carballeira Rifón -el tercero judicial- y el de José Luis Pinel, designado por el administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif).

El accidente ferroviario de Santiago de Compostela de 2013 se produjo el 24 de julio de 2013 en la curva A Grandeira, en la parroquia de Angrois, cerca de la estación de Santiago de Compostela, cuando un tren Talgo Serie 730 que cubría un servicio Alvia con ocho coches y dos cabezas tractoras descarriló con 218 pasajeros a bordo. Murieron 79 viajeros. El accidente es el segundo más grave del ferrocarril español, tras el de Torre del Bierzo (1944).

La juez pide a FGV que informe sobre piezas del metro accidentado en julio de 2006 en Valencia

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Se reactiva el caso del metro de Valencia. La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de la capital del Turia, que dirige la causa del accidente de metro reabierta el pasado 21 de enero, ha reclamado a Ferrocarrils de la Generalitat que informe sobre si posee piezas de la unidad siniestrada y, en caso afirmativo, sobre su tamaño. En varias providencias hechas públicas ayer por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, la jueza Nieves Molina también reclama a FGV el libro de incidencias del puesto de mando. Una fotocopia del mismo fue aportada por el Sindicato Independiente Ferroviario a la causa.

El 3 de julio de 2006 se produjo el accidente de la Línea 1 de MetroValencia, en el que murieron 43 personas y resultaron heridas otras 47, el siniestro de estas características “más grave que se ha producido en Europa”. La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia decidió reabrir la investigación el 31 de enero pasado, con la declaración de dos funcionarios de la brigada de Policía Judicial que hicieron su informe quince días después de la tragedia. La titular del citado juzgado decidió tomar declaración como testigos a los mecánicos y personal del taller que revisaron la unidad siniestrada en 2005 y 2006. Requeriró a Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) el listado de maquinistas que tuvo esa unidad desde el 20 de junio de 2006 y, en concreto, cuáles la conducían en los descarrilamientos previos que sufrió. FGV tendrá también que remitir copia del informe de la avería en los frenos de la unidad siniestrada, y el Sindicato Independiente Ferroviario hacer lo mismo con la documentación que disponga sobre esa incidencia, ocurrida entre el 20 y el 21 de junio.

Según explicaba la jueza en su escrito, constan reparaciones efectuadas el 20 de junio de 2006, tras un descarrilamiento sufrido trece días antes del accidente que costó la vida a 43 pasajeros. Sin embargo, resulta imposible saber el número de la unidad que sufrió la avería en los frenos, dado que la fotocopia está cortada y no deja ver el último número. Asimismo, indica la jueza que en las fotocopias aportadas por FGV respecto del mismo libro resulta legible la totalidad del número de la unidad reparada, «que no coincide con la siniestrada». Por ello, requiere a FGV para que aporte el libro de incidencias al objeto de que sea comprobado por las partes

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha enviado documentación al juzgado, donde se incluye «todos» los datos disponibles sobre averías y mantenimiento efectuado en la UTA 3736 -la unidad del accidente- en fechas próximas al siniestro, que reflejan un problema con la megafonía de la unidad el 18 de junio de 2006. De acuerdo con un informe del jefe del área técnica de FGV, los datos extraídos del sistema informático SAP indican que el último aviso de avería registrado en el listado de intervenciones realizadas por avisos del OAM para la UTA 3736 es previo al día 20 de junio de 2006 y muestra un problema con la megafonía dos días antes, lo que queda confirmado por el libro de entradas y salidas de material móvil del taller de Valencia Sud, «sin que consten averías posteriores».

De acuerdo con el sistema informático, la última operación de mantenimiento para la UTA muestra una revisión periódica P2 el 27 de junio de ese mes, una operación de mantenimiento reflejada en el libro de entradas y salidas de material móvil del taller Valencia Sud, «sin que consten intervenciones posteriores».

La documentación también comprende un escrito en respuesta a la petición del juzgado de una «copia del informe de la avería en los frenos de la UTA 3736 que ‘pudo producirse’ los días 20 ó 21 de junio de 2006″, en el que se informa a la juez de que «no hay constancia de que se produjera la supuesta avería ni existe registro o indicio alguno sobre la misma en los archivos de FGV».

La operadora ha transmitido a la juez que no dispone de grabaciones de ese día «debido al proceso de sobre-escritura del sistema de registro y en el que solo se guardaban para su posterior análisis aquellas conversaciones que presentaban datos de relevancia para la explotación».

También se ha enviado datos sobre operaciones realizadas en las ventanas o marcos de la unidad siniestrada. FGV le señala que es «habitual» que los trenes sufran actos de vandalismo por lanzamiento de objetos sobre las ventanas, en especial por apedreamientos. El espesor del cristal, de 4,4 milímetros, provocaba que en algunos casos el objeto llegara a penetrar en el compartimento, con «riesgo evidente» para la seguridad en los viajeros, por lo que en 1991 se hizo una primera modificación para incorporar láminas antivandálicas en el cristal y en 1997 una segunda para sustituir los originales por dos laminados y lámina antivandalismo en medio, que daba mayor espesor. También se cambiaron los marcos, que fueron sustituidos por otros diseñados para el nuevo cristal.

Las dudas sobre el accidente del Alvia en Angrois se mantienen tras seis meses de investigación

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La curva de A Grandeira donde se produjo uno de los accidentes más graves del ferrocarril español sigue dando de qué hablar, con 79 pasajeros fallecidos. A punto de cumplirse medio año de la fatídica fecha, mientras avanza la investigación judicial, las dudas siguen sin disiparse. Nadie niega que el exceso de velocidad provocara el fatal desenlace, pero los profesionales del sector saben que en un accidente concurre una concatenación de causas, no solo una. No se puede confiar la seguridad a una sola persona; es necesario disponer de mecanismos de ayuda que palíen un posible (e inevitable) error.

Los maquinistas estaban convencidos de que había evidencias sobre la peligrosidad de la zona. En estos días ha aparecido un escrito del jefe de maquinistas de Renfe en Ourense en el que advertía a los responsables de la operadora de la insuficiente señalización en la curva de A Grandeira. El conductor del Alvia accidentado lo apuntó en sus primeras declaraciones: «Ya le dije al de seguridad que esa curva era peligrosa, que un día nos la íbamos a tragar. Somos humanos y esto podía pasar».

El secretario general del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Jesús García Fraile, se ha mostrado «convencido» de que Renfe «tuvo que elevar a Adif» las actas de la reuniones en las que se trató el informe del jefe de maquinistas. García Fraile cree «muy importante» que se haya conocido la existencia de este informe, remitido en diciembre de 2011 a través de un correo electrónico por el jefe de maquinistas de la provincia de Ourense, José Ramón Iglesias Mazaira, a su superior, el jefe de Producción y Medios de la Gerencia de Mercado Norte de Renfe, José Luis Rodríguez Vilariño.

«Recién iniciada la explotación de ese trayecto ya avisaba de que eso era peligroso«, destaca, en alusión a las recomendaciones que hacía Iglesias Mazaira de una mayor señalización, pues la línea Ourense-Santiago -decía- conforma «una transición descendente» que pasa de 300 kilómetros por hora a 80 «de una forma brusca, sin un aviso previo por señalización de la vía y sin el amparo del ERTMS«.

El Semaf tiene «muchas dudas» de que a Adif no se le «haya sido comunicado ese escrito» y, por tanto, que sus dirigentes no tengan conocimiento del documento. «Que Renfe lo trató está claro», resalta, en alusión a unas actas que, según subraya, «se van a ver» pues el juez las ha pedido a la operadora ferroviaria «y no se las puede negar». Tanto el presidente de Adif como el de Renfe mantuvieron durante su comparecencia en el Congreso que no existían informes que señalaran la peligrosidad de la curva.

El próximo martes concluye el plazo dado por el juez Luis Aláez a Renfe para que aporte toda la documentación sobre la posible reacción a este escrito del jefe de maquinistas de Ourense. Dada la experiencia de este técnico y su relevancia, los profesionales del sector creen que es imposible que su advertencia fuese a la papelara sin más. Es muy posible que su aviso generara un debate en la cúpula de la operadora, y en la de Adif, aunque hasta el momento se ha nmegado por activa y por pasiva que existiera un documento de este tipo.

La curva que no pudo salvar Francisco José Garzón Amo el 24 de julio solo contaba con una señal que de poco valdría en caso de que el factor humano fallase. Y la carta que redactó el jefe de maquinistas año y medio antes de la tragedia expresaba bien a las claras que algo podía ocurrir si no se tomaban medidas adicionales. De no reducir «previamente la velocidad, nada se podrá hacer ya», alertaba José Ramón Iglesias Mazaira.

Al parecer, en el documento se recomendaba «un preanuncio de parada, con una baliza que obligue a bajar la velocidad a tiempo si circulas por encima de la que determina la vía. Con eso frenaría el tren aunque llevara el sistema ASFA -con el que iba en ese momento el Alvia siniestrado- y no el ERTMS, que ya te controla continuamente».

“Este escrito es importantísimo», asegura García Fraile que siempre ha defendido la profesionalidad de Garzón. El jefe de maquinistas expresaba por escrito la preocupación que había en el colectivo para adoptar medidas que aminoraran o eliminaran el riesgo de un accidente en la curva de A Grandeira.

El abogado del maquinista imputado, que trabaja con el Semaf, confía ahora que la nueva documentación aportada ante el magistrado demuestre que «la responsabilidad del accidente es diferente». Algunos profesionales creen que «la llamada del jefe del tren fue clave» para que el conductor se despistara y perdiera la noción exacta sobre el punto por donde circulaba el Alvia. Esa circunstancia aparece en la línea de investigación que ha seguido desde un inicio el juez instructor. Aláez apuntaba el accidente de Angrois a una causa múltiple y no únicamente al despiste de una persona, que perdió el control del tren que conducía cerca de Santiago.

«No se puede dejar todo en manos de una persona», inciden los profesionales. En el sector las dudas son más que evidentes y se hacen otra pregunta: «Si todo estaba bien, como se ha dijo tras el accidente, ¿por qué se tomaron de inmediato medidas tan drásticas?».