Los Estados español y francés ‘rescatarán’ conjuntamente el túnel que conecta España y Francia por Alta Velocidad, al declararse en liquidación TP Ferro, la empresa privada participada por ACS y Eiffage que lo gestionaba, tras no lograr un acuerdo con los bancos para refinanciar la deuda de 557 millones de euros que soporta la infraestructura. Adif y SNCF Réseau, empresas públicas de infraestructuras ferroviarias, constituirán una sociedad conjunta para asumir la gestión de la conexión transfronteriza.
El grupo presidido por Florentino Pérez y la constructora francesa constataron el rechazo de la banca al plan de rescate que propusieron para la infraestructura durante la junta de acreedores celebrada a primera hora de este jueves. TP Ferro no podrá superar el concurso de acreedores en que está inmersa desde hace un año y el Juzgado de lo Mercantil de Girona declarará en unos días la liquidación de la sociedad.
ACS y Eiffage se retirarán de la gestión de la infraestructura, que primero asumirá la administración concursal y, posteriormente, la sociedad pública hispano-francesa que se hará cargo de su explotación «bajo la autoridad de los dos Estados». Esta empresa pública asumirá a todos los trabajadores del túnel y tendrá como fin «garantizar la continuidad del servicio ferroviario entre España y Francia con las mismas prestaciones y nivel de seguridad y calidad», para que la conexión «crezca y se convierta en el vector de desarrollo socioeconómico que debería haber sido desde hace años», según indica TP Ferro en un comunicado.
El proyecto se diseñó para recuperar la inversión con el canon que TP Ferro cobraba a cada tren que cruce el túnel. No obstante, el retraso en conectar el AVE español con el túnel, la falta de continuidad de la red de Alta Velocidad francesa y el escaso tráfico que registra constituyen la causa del desequilibrio económico y financiero de la compañía, que la abocaron al concurso, al que se acogió hace justo un año, en septiembre de 2015, y que finalmente no ha superado.
La compañía de ACS y Eiffage asegura haber «intentado hasta el último momento refinanciar la concesión, tratando de acercar posiciones de las distintas posiciones y explorando todas las soluciones posibles». Las dos constructoras, a través de TP Ferro, se adjudicaron en 2003 el contrato de construcción y posterior explotación del que constituyó el primer tramo de Alta Velocidad transfronterizo, además de una de las mayores obras mundiales de ingeniería civil.
La conexión, que supuso una inversión de 1.000 millones de euros, es un tramo de Alta Velocidad de 44,4 kilómetros de longitud, de los que 8,3 kilómetros corresponden a un túnel bajo los Pirineos. Para acometer la obra, ACS e Eiffage acudieron a la banca para lograr financiación de 400 millones. Los 600 millones restantes provinieron de financiación pública aportada por España, Francia y la UE.
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