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Era ya un clamor. La construcción de nuevas líneas ferroviarias de Alta Velocidad (AVE) deberá estar avalada por ley por un estudio previo de su retorno social y económico. La nueva Ley Ferroviaria fijará este tipo de informes obligatorios y otros requisitos para promover nuevos trabajos en la Alta Velocidad, algo que se venía reclamando ya desde diversos sectores. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) asegura que estas infraestructuras no son rentables «ni para las empresas ni para la sociedad» españolas.

El Consejo de Ministros aprobó este viernes definitivamente la nueva norma ferroviaria promovida por Fomento, que puede iniciar su tramitación parlamentaria. «Una vez que entre en vigor, no se va a hacer ni una sola línea de tren sin realizar un análisis previo y profundo de su retorno social y económico«, asegura la ministra Ana Pastor.

El Ministerio introduce la exigencia legal de estas planificaciones coincidiendo con el debate actualmente abierto sobre la conveniencia de la inversión en determinadas infraestructuras como el AVE. La nueva Ley Ferroviaria tiene como objetivo aglutinar toda la normativa sobre el sector y flexibilizar los cánones para favorecer la entrada de nuevos operadores privados que compitan con Renfe en transporte de viajeros en tren. El texto establece la obligación de realizar una planificación «rigurosa» de la construcción de nuevas infraestructuras a través de tres instrumentos.

La Ley encomienda al Ministerio de Fomento la elaboración de la denominada ‘Estrategia Indicativa’, con que el Departamento debe realizar una planificación de las infraestructuras, tanto de su desarrollo, como de su mantenimiento y renovación. Adif deberá diseñar su ‘Programa de Actividad’, un plan a cinco años en el que concretarán todas las actuaciones y obras que deberán acometer y fijará una «previsión orientativa» de los cánones que cobrarán en ese periodo a los operadores ferroviarios por usar las vías de tren, las estaciones y el resto de las infraestructuras. Fomento y Adif firmarán convenios en los que se establezcan los objetivos a alcanzar en la ejecución de dichos programas de infraestructuras y las aportaciones económicas que realizará el Estado.

Además de obligar a realizar esta planificación para construir nuevas líneas de tren, la Ley Ferroviaria flexibiliza el sistema de cánones para fomentar la entrada de operadores que compitan con Renfe justo cuando Fomento ultima abrir a nuevas empresas el AVE a Levante.

Los investigadores de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) concluyen que ninguna línea española de alta velocidad es rentable. Los informes de Fedea determinan que, ni considerando los beneficios indirectos, como los derivados de los ahorros de tiempo, la descongestión en las carreteras, o el coste evitado en trayectos de avión, se compensa la multimillonaria inversión realizada. La clave, aducen, es que el nivel de demanda no es, ni será, suficiente para generar los ingresos precisos.

En España hay pocos viajeros para tantos kilómetros de alta velocidad. Como destacan los investigadores de Fedea, el despliegue ha tenido un coste multimillonario para las arcas públicas, pese a que el coste por kilómetro de vía es de los más bajos del mundo: se han gastado más de 40.000 millones de euros solo en la construcción de las líneas, con obras programadas que sumarán 12.000 millones más. “Nuestros resultados ponen de manifiesto la falta de justificación económica que existe para acometer las inversiones de alta velocidad en España”, arguye Fedea.