Apretarse el cinturón. Es la consigna del gabinete que preside Zapatero. No están los tiempos para derrochar, pero habrá decisiones polémicas. El ministro de Fomento, José Blanco, avanzó hoy que al recorte de la inversión estatal en nuevas infraestructuras se va a sumar un plan de cierre de líneas convencionales de tren que cuenten con pocos usuarios, para reducir el elevado coste que acarrea el mantenimiento de esta red. Su coste es «insostenible» y absorbe unos recursos que Blanco cifró en 1.000 millones de euros anuales, dijo durante su intervención en el curso «Tres décadas de economía española» de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).
Blanco matizó que la supresión de líneas ferroviarias sólo se producirá cuando haya vías de comunicación alternativas y puso como ejemplo la que une Madrid con Burgos, que sólo cuenta con una media de cuatro viajeros al día.
Con el mismo argumento, Fomento también estudia el aplazamiento de la construcción de nuevas autovías en las zonas que ya estén conectadas por vías de peaje, además de la suspensión ya anunciada de algunas obras. Según indicó, todavía no hay un cálculo de las obras que tendrán que retrasarse o suspenderse, pero aseguró que se estudian fórmulas alternativas para que las rescisiones «sean las menos posibles».
Las infraestructuras de transporte no pueden ser ajenas a la reducción generalizada del gasto público, ya que «no se puede pedir a los ciudadanos que entiendan los ajustes y al mismo tiempo gastar miles de millones para ahorrar unos pocos minutos de viaje entre ciudades».
Blanco destacó que en los últimos seis años la inversión destinada a modernizar redes de comunicación y transporte ha superado 86.000 millones de euros, más del doble que en cualquier otro país de la Unión Europea, lo que -a su juicio- está «por encima de las posibilidades que un país como España se podía permitir».
En este sentido criticó que el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transportes 2005-2020, diseñado por su predecesora en el cargo, Magdalena Álvarez, primara los millones invertidos o los kilómetros construidos por encima de otras variables como la conectividad, el confort, la seguridad o los tiempos de viaje.
Todo ello no significa que el Ejecutivo no vaya a avanzar en las ‘líneas troncales’ de la alta velocidad ferroviaria, que aún no están terminadas, y que forman parte del objetivo gubernamental de cohesionar y vertebrar para que ninguna capital esté a más de tres horas y media del centro peninsular.
Para mitigar el efecto de los recortes, se está impulsando la financiación público-privada de las infraestructuras, planteamiento acogido con cautela por el sector empresarial a la espera de ver cómo se concreta el retorno de sus inversiones.
A este respecto, el presidente de la concesionaria Abertis, Salvador Alemany, dijo que una de las primeras cuestiones es avanzar hacia una red viaria homogénea en la que se pague por uso, con una tarifa progresiva para el transporte de mercancías, como ya se hace en otros países de la UE.
El empresario catalán alabó además el discurso de Blanco, por ser «el más realista» que ha oído desde que trabaja en el sector de las infraestructuras.
El ministro de Fomento reconoció que, tras la crisis y el recorte del gasto, el sector empresarial de las infraestructuras tendrá que reajustarse, dado que hay muchas compañías y la inversión ya «no va a ser la que era».
Esta consideración la comparte el presidente de FCC, Baldomero Falcones, quien reconoció que dicho ajuste está llevando a las empresas a hacer un esfuerzo de diversificación e internacionalización.
El presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, consideró que las empresas más pequeñas se verán afectadas y que, en lugar de operaciones empresariales, se producirán «sumas de compañías».
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