Los derechos de los consumidores se ven reforzados, al menos sobre el papel. Los pasajeros de tren tendrán derecho a partir de hoy a solicitar compensaciones por retrasos, cancelaciones o pérdida de equipaje, tras la entrada en vigor de una nueva legislación comunitaria que equipara su situación con la de las personas que viajan en avión. La normativa prevé compensaciones en caso de retraso o cancelación del viaje equivalentes como mínimo al 25 por ciento del precio del billete -cuando la espera sea de entre 60 y 119 minutos- y del 50 por ciento si sobrepasa las dos horas. Cuando el equipaje sea extraviado o resulte dañado, los afectados podrán recibir hasta 1.285 euros por maleta.
La nueva legislación también velará porque no se discrimine a ningún pasajero. «Las personas discapacitadas o con movilidad reducida deben tener los mismos derechos que otros ciudadanos: libre circulación, libertad de elección y no discriminación», señaló en una rueda de prensa el comisario europeo de Transportes, Antonio Tajani.
En relación a las indemnizaciones si se produce un accidente, la normativa prevé que los pasajeros heridos o sus familiares en caso de fallecimiento reciban un mínimo de 21.000 euros para cubrir los gastos más inmediatos.
Las nuevas normas obligan a las compañías a informar a los pasajeros sobre posibles retrasos, a garantizar su seguridad tanto en las estaciones como en los trenes y a fijar un mecanismo para la gestión de quejas y reclamaciones.
El Ejecutivo comunitario explicó también que con estas nuevas reglas espera equiparar la situación de los viajeros del transporte ferroviario a la de las personas que se desplazan en avión. Asimismo, recordó que se están negociando en la UE normativas similares para proteger los derechos de los pasajeros de barcos y autobuses, una medida que Bruselas confía en que pueda ser adoptada el próximo año.
La CE destacó la importancia de la medida en vista de que cada año viajan en tren en la UE casi 8.000 millones de personas, pero explicó que para dar margen a la industria los estados miembros podrán solicitar permiso para no aplicar algunos de los derechos previstos en la legislación dentro del servicio nacional por un periodo de hasta 15 años. Bruselas permite también que los gobiernos puedan solicitar una derogación permanente en la aplicación de la normativa para los servicios ferroviarios urbanos, suburbanos y regionales al entender que tienen un carácter distinto del de las redes transfronterizas.
Las normas que entran hoy en vigor fueron aprobadas hace dos años en el marco del llamado «tercer paquete ferroviario» y además de proteger los derechos de los pasajeros permitirán reforzar la movilidad de los conductores de tren al introducir un permiso de conducir reconocido por todos los estados miembros
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