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Los agentes de la Guardia Civil que han participado en la investigación de la ‘operación Rocket’, que indaga sobre la presuntamente ilegal gestión de los fondos Miner en Peñarroya-Pueblonuevo bajo el mandato de la exalcaldesa Luisa Ruiz (PSOE), lo tienen claro. Desde su concepción «todo estaba amañado». El proyecto estrella, la puesta en marcha del ‘tren de Guadito’, era un completo fiasco. Las subvenciones nunca llegaron a su destino; los concursos públicos fueron amañados; los firmantes de los documentos ni aparecen o cuando lo hacen ni se dan por aludidos; los supuestos ingenieros que encabezaban la idea no tienen titulación: y, sobre todo, los trenes con los que la comarca pretendía salirse económicamente nunca llegaron a las vías. Lo dicho, un completo chasco.

La intrahistoria aparece en la edición local del ABC de Sevilla. Es lo que tienen este tipo de sucesos. No importa la cantidad defraudada; solo importan los nombres de los implicados. Cuanto más famosos, más mediático. Y si los personajes se alejan del conocimiento popular, el tema se condena a páginas interiores. Pero el exhaustivo informe que ha preparado el instituto armado no tiene desperdicio. Los investigadores han analizado expedientes administrativos cruzados con numerosos correos electrónicos, cartas y los propios testimonios de los imputados, más de una docena. La conclusión es que la primera fase del proyecto tiene tal grado de irregularidades que no se queda en una cuestión administrativa -dicen los agentes- sino en una trama para eludir la ley.

Según publica el diario en su edición de Córdoba, de los casi 1,5 millones de euros del Miner que se destinaron al ‘Tren del Guadiato’, unos 600.000 se corresponden con trabajos realizados. Pero algo más de 600.000 euros fueron a parar a las empresas con las que Luisa Ruiz concertó el desarrollo del proyecto. Empresarios catalanes, imputados, de las entidades Cehfe (Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español) y CFGT (Compañía General de Ferrocarriles Turísticos) recibieron una buena parte de esa cantidad, sin que se sepa bien el concepto. El resto corresponde a fondos que cobró como comisión, sorprendentemente, una empresa municipal, de nombre Pivag. La Guardia Civil dice que no se explica por qué razón se abonó ese dinero -160.000 euros- ni dónde fue. El concepto eran «gastos generales» cuyo porcentaje, explica un testimonio, fijaba personalmente la exalcaldesa. Todo ese dinero se cargaba después a las subvenciones del Miner.

Tampoco los procedimientos administrativos se ajustaban a la ley. El consistorio convocó un concurso por 224.000 euros para reparar la locomotora la MZA-1701, que la Guardia Civil cree que estaba más que amañado. Los investigadores han comprobado que fue el empresario C. G. (siglas en cumplimiento reclamado de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre-) el jefe en Cehfe y CFGT- quien le dijo a la exalcaldesa a quién tenían que invitar al concurso ya que eran necesarias tres ofertas. Además, los investigadores tienen pruebas de que fue el citado individuo quien redactó las cartas de las empresas que declinaron quedarse con el contrato por una supuesta carga de trabajo, al parecer, inexistente. Este sujeto aparece en cada movimiento -y fueron muchos. que daba el Ayuntamiento andaluz. Al parecer, asesoraba a los munícipes y movía documentos y facturas, por las que cobraba una comisión.

C. G. llegó a cerrar el contrato de reparación de la locomotora MZA-1701 en Talleres Celeda antes incluso de que el Ayuntamiento diera su conformidad al proyecto. El empresario catalán también pretendía sacar tajada del obrador leonés. «Si la locomotora ha llegado a Talleres Celada para su restauración no ha sido algo caído del cielo». El propietario del taller zanjó la pretendida maniobra. «Las amenazas me entran por un oído y me salen por otro». La Guardia Civil sostiene que nunca ha existido tal asesoramiento. Aún así, Cehfe y CGFT cobraron por este concepto 150.000 euros del consistorio.

La restauración de la locomotora nunca llegó a concluirse. «Los informes están plagados de falsedades a juicio policial», explican los investigadores en su minucioso análisis. La clave es que era dinero que se pagaba y se pasaba luego al Miner se hicieran los trabajos o no. Y el Gobierno abonaba puntualmente las ayudas sin preguntar. El Tren Turístico del Guadiato tenía un presupuesto global de 14,4 millones de euros que nunca se desarrolló porque el proyecto quedó paralizado.

No hay indicios que prueben que la exalcaldesa supiera que el empresario citado cobraba comisiones, pero sí existen documentos de que estaba al tanto de otros líos de la trama. Incluso se ha podido verificar correos electrónicos donde la exregidora comprometía el nombre del consistorio en diversos pagos.

El daño no ha sido solamente económico. El mundo ferroviario ha visto durante años como Cehfe y CFGT se afianzaban en este campo pese a su bisoñez y se hacían con algunas de las joyas más cotizadas del patrimonio español. Las sospechas eran más que evidentes, pero nadie se atrevía a vocear lo que muchos comenzaban a vislumbrar. No es oro todo lo que reluce. Y menos aún, no hay próceres dispuestos a invertir su capital sin obtener nada a cambio. Hay quien llegó a temer por la locomotora de Guadix (140-2054) que al final de la temporada del Tren de la Fresa de 2012 llegó a sus manos. Otras máquinas se han perdido en el limbo. Quizá la ‘operación Rocket’ logre saber su destino. Pero parece ya demasiado tarde.

(Cristina Fernández)