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El Pleno del Congreso de los Diputados celebra este jueves el debate de totalidad del proyecto de Ley del Sector Ferroviario, iniciativa a la que han presentado enmiendas de devolución el Grupo Socialista, la Izquierda Plural, PNV, ERC y BNG. Entre otras medidas, la nueva ley contempla la eliminación del canon que aplica Adif a los operadores para acceder a la prestación de servicios ferroviarios con el objetivo de incrementar el uso de estas infraestructuras. Los grupos de la oposición alegan, además, que la liberalización planteada es «precipitada», ya que la UE aún sigue negociando este asunto. También consideran que al texto le falta rigor, coordinación, transparencia y consenso.

Los socialistas creen «reprochable esta forma de legislar» lo que ha impedido recabar todos los informes preceptivos al proyecto de ley o realizar un estudio económico sobre la nueva regulación y su incidencia en la economía general. Además, el estudio sobre el efecto de los cánones que prevé en proyecto de ley en el sistema tributario general es «palmariamente insuficiente» a juicio del PSOE. Pero además de estas cuestiones de forma, al principal partido de la oposición tampoco le gusta el fondo de esta propuesta de la ministra Ana Pastor.

El PSOE ve una «clara contradicción» entre los objetivos de incrementar la oferta y mejorar la calidad y la accesibilidad al sistema ferroviario cuando el texto que defiende el Gobierno pasa por un «recorte de la oferta, la calidad y la accesibilidad» cuando «criterios de simple rentabilidad económica lo aconsejen» y haciendo «prevalecer los criterios economicistas sobre la debida atención a las necesidades sociales». Además, rechaza la «senda de liberalización» del sector que continúa esta norma «sin esperar» a que la UE lo exija a los estados miembros y «sin conocer cómo se va a materializar la futura normativa» del cuarto paquete ferroviario, actualmente en tramitación en Bruselas. Una apertura «anticipada y precipitada» que puede colocar a Renfe en una «posición de riesgo», al no preparar al operador público para competir.

La Izquierda Plural comparte el rechazo a las «excesivas prisas» con las que el Ejecutivo afronta este proyecto y critica el «desprecio» a la gestión pública que muestra al «apostar por la iniciativa privada a costa» del derecho de los ciudadanos a un sistema ferroviario «de calidad y seguro» en todo el país. La coalición cree que no se resuelve la «necesidad de equilibrar» la oferta ferroviaria, «desmedidamente» sesgada hacia la alta velocidad en detrimento del transporte de cercanías y media distancia o de las mercancías. «Esta apuesta por un modo de transporte elitista y poco rentable a nivel económico, social y ambiental es un despropósito», considera IU-ICV, que alerta de una «burbuja ferroviaria» por el «exceso» de inversión en determinadas líneas de «escaso uso».

El PNV considera que el Gobierno vulnera competencias autonómicas imponiendo el criterio de interés general al territorial en contra del criterio del Tribunal Constitucional (TC) y mostrando así una «intencionalidad manifiestamente abusiva en la utilización del concepto de interés general». Además, recuerda que «la lealtad institucional obliga a primar el escrupuloso respeto al orden de competencias», lo que «no sólo significa que cada nivel territorial debe fundamental debidamente su competencia» sino que también ha de «facilitar el ejercicio de las de los demás, sobre todo cuando las de éstos han de ejercerse en el marco de aquéllas».

Los nacionalistas vascos mantienen su rechazo a la definición de la Red Ferroviaria de Interés General, sobre la que «no se produce ninguna variación relevante» y por la que el Gobierno vasco mantiene un «contencioso» con el Ministerio de Fomento, al considerar que «no tiene límites precisos ni traza una línea clara sobre la realidad a la que se refiere, al tiempo que elude los pronunciamientos del TC sobre la distribución de competencias».

El rechazo de ERC se justifica en su enmienda tanto en la «urgencia» con que se ha presentado el proyecto, que «no ha permitido contrastar, evaluar e incorporar de manera adecuada» las consideraciones del sector, lo que supone «dejar en falso la regulación» ferroviaria al «no determinar convenientemente las bases de la liberalización». Coincide con otras formaciones de izquierdas en que esta liberalización supone «supeditar la viabilidad de algunas línea con una importante tarea de vertebración territorial a intereses económicos» y reprocha que no se haya aprendido de la experiencia británica y no se incorporen «suficientes garantías sobre la seguridad del empleo, las condiciones laborales o los estándares de calidad y mantenimiento».

En términos similares se pronuncia el BNG, que rechaza que se avance en la liberalización del sistema ferroviario si eso supone «debilitar» la gestión pública en los trayectos con más usuarios para «trasladar importantes inversiones» a la alta velocidad, enfatizando así una «visión economicista» de este sistema de transporte, sin tener en cuenta su valor vertebrador y de cohesión. Los nacionalistas gallegos creen que sería «más oportuno» fortalecer la red de cercanías y media distancia, manteniendo unas «exigentes» obligaciones de servicio público y «vetar cualquier posibilidad de licitar y adjudicar» este tipo de servicios a empresas privadas. Y reprochan que se abra el sector a los privados mientras se mantiene una «férrea estructura centralizada» en el modelo público, sin permitir que las comunidades autónomas puedan acceder a la gestión en su territorio.

El Bloque lamenta la «muy superficial» regulación en materia de seguridad y ve «incomprensible» que no se incorporen mecanismos «concretos y verificables» que obliguen a una inversión mínima tanto en nuevas como en antiguas infraestructuras, que no se definan responsabilidades «claras y directas» en la gestión de fondos públicos para garantizar la seguridad ferroviaria, o que se soslaye una definición «clara» de los procedimientos de investigación de los accidentes ferroviarios para la «justa depuración de responsabilidades».