Endurecer las penas. La ministra de Fomento, Ana Pastor, defiende el agravamiento de las penas por robos que afecten a servicios públicos de interés general, tras el supuesto sabotaje en el sistema de cableado de fibra óptica en el recorrido del AVE en Barcelona que tuvo lugar el pasado jueves. Pastor califica este hecho como «el más grave que se ha producido en las vías españolas». La ministra recuerda que su propuesta «ya está en la ley».
«Robar es gravísimo siempre, pero cuando se afecta a un servicio público de interés general es lo más grave que se puede hacer», advierte en Pontevedra la titular de Fomento, argumentando que «el que está cometiendo el delito sabe que no es lo que roba y lo que cuesta, sino que está afectando a miles de personas«.
Ana Pastor confirma la presentación de una denuncia por el supuesto sabotaje en la línea del AVE en cataluña, que provocó la interrupción del servicio durante tres horas, y expresa su confianza en que tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como la Justicia actúen «con gran eficacia» para «descubrir quién es capaz de hacer estos actos vandálicos o delitos».
«Para llamar a las cosas por su nombre, esto es un acto delictivo que ha afectado a miles de personas que se han levantado a las seis de la mañana para ir a su trabajo y se encuentran el tren parado», lamenta Ana Pastor. La titular de Fomento sostieneo que «hay que investigarlo y los que lo han hecho tienen que pagar» por ello.
La ministra explica que ha encargado a los servicios técnicos la reparación «inmediata» de la fibra óptica dañada, que se ha restablecido «en el menor tiempo posible» para «procurar dar a los ciudadanos el mejor servicio». Sobre los detalles del robo, Ana Pastor señala que el corte de fibra óptica, «que transmite las señales y comunicaciones a los trenes», se ha producido «en las dos vías del tren, en dos tramos separados 35 metros».
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, insiste en que el presunto sabotaje sufrido en el AVE el pasado jueves es «susceptible de encajar en el delito de terrorismo» porque afectó «gravemente» al normal funcionamiento de una infraestructura básica, y provocó una «alteración grave de la paz social» porque afectó a más de 13.000 usuarios.
Sobre el robo de cable de cobre en Cataluña, Fernández Díaz apunta que, «sin ánimo de polemizar», «los datos son los que son». El ministro destaca que se sustrajeron un total de 141 kilómetros de cable en 2014, frente a los poco más de 50 kilómetros que se robaron en la segunda comunidad de la lista, Castilla-La Mancha. Fernandez Díaz aplaude, sin embargo, el esfuerzo hecho en los últimos meses, que se traduce en un descenso del 35% en los kilómetros de cable de cobre robado en lo que va de 2015. Pero subraya que habría que lograr un retroceso del 80% para equipararse al resto de comunidades.
(Imagen El Correo. Jaume Sellart)
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