La huelga de los trabajadores ferroviarios ha costado ya «un centenar de millones de euros» (123 millones de dólares) a la SNCF, la compañía estatal de ferrocarriles francesa, declaró este lunes su director general Guillaume Pepy. El costo de la huelga «es de unos 20 millones de euros diarios«, explicó Pepy, en declaraciones a la radio RMC y la televisión BFM.
Los franceses volvieron a vivir una jornada caótica porque, pese a que el número de huelguistas se redujo (el 24,9 % frente al 29,7 % del pasado día 4), fue de tres cuartos entre los maquinistas, lo que impidió que circularan la mayor parte de los trenes. Es una estrategia clásica en Francia en huelgas que se anuncian largas concentrar los paros en los puestos claves para que la mayor parte de los trabajadores no se vean penalizados en sus salarios, mientras se crean fondos subsidiarios para ayudar a los huelguistas. Solo circuló un tren de alta velocidad de cada cinco, uno de cada tres regionales y uno de cada cinco ferrocarriles clásicos de larga distancia. Se anuló únicamente una de cada cuatro conexiones internacionales, aunque en el caso de España solo se mantuvo una de cada cinco previstas.
Las organizaciones de trabajadores del sector que convocaron la huelga protestan contra una reforma anunciada por el gobierno de Emmanuel Macron que prevé modificar los estatutos de le empresa estatal de ferrocarriles y de sus trabajadores. Los sindicatos tienen programado un total de 36 días de huelga intermitente, a razón de dos días por semana, hasta finales de junio. Las manifestaciones empezaron el 3 de abril. Este lunes, cuarto día de huelga, apenas uno de cada cinco trenes de alta velocidad (TGV) circulaban en Francia.
El gobierno asegura que no retrocederá en su reforma. Los sindicatos afirman contar con un amplio apoyo público, con más de 510.000 euros prometidos en un fondo para compensar la pérdida de salarios de los trabajadores en huelga. El presidente Emmanuel Macron, que no ha hablado públicamente sobre el conflicto desde que inició, dará una entrevista el jueves.
El movimiento de protesta de los ferroviarios franceses contra la reforma de la empresa pública de ferrocarriles que promueve el presidente del país, Emmanuel Macron, no se detiene y mantiene la presión, el mismo día en el que los diputados comenzaron a estudiar la propuesta del Ejecutivo. La cuarta jornada de paros en el pulso que los sindicatos han lanzado al Gobierno no ha hecho cambiar los planes del mandatario, dispuesto a llevar el duelo al campo de batalla de la imagen.
De esa forma, se repitieron, por cuarta vez en una semana, las imágenes de estaciones ferroviarias atestadas de pasajeros bloqueados, con el corolario de autopistas con largos atascos, que en la región de París superaron los 400 kilómetros, más del doble que en condiciones normales. Los ferroviarios se manifestaron, además, frente a la Asamblea Nacional, donde los diputados comenzaron el examen de los textos que reformarán la empresa pública SNCF.
El líder del sindicato CGT, Philippe Martinez, considerado el rostro de la protesta, reprochó al Ejecutivo su falta de voluntad de diálogo, mientras el presidente de la Asamblea Nacional, François de Rugy, rechazaba todo diálogo sobre el fondo de la reforma. Frente al peligro de que el movimiento de protesta se eternice, el Gobierno ha comenzado a dar ya la batalla de la imagen, para tratar de desacreditar las peticiones de los ferroviarios.
Macron saltará a la palestra el jueves próximo, en vísperas del quinto día de huelga, en una extensa entrevista en el telediario de la tarde de la cadena TF1 para explicar su reforma. Se trata de un informativo muy seguido entre sectores de bajos ingresos y en territorios rurales, los más afectados por los paros de trenes, lo que se considera una maniobra para desacreditar las peticiones de los sindicatos.
Mientras, quien dio la cara hoy fue el presidente de la SNCF, Guillaume Pepy, que en declaraciones al canal de televisión BFMTV aseguró que las huelgas han costado ya 100 millones de euros a sus cuentas e importantes problemas de abastecimiento a empresas del país, ante la escasez de trenes de mercancías. Pepy defendió la reforma del estatuto de sus trabajadores como imprescindible para que la SNCF pueda afrontar con garantías la apertura a la competencia del tráfico ferroviario que exige Bruselas. Los sindicatos denuncian que es un paso previo a la privatización de la empresa, lo que negó la ministra francesa de Transportes, Élisabeth Borne, quien afirmó que el Ejecutivo ya ha hecho algunas concesiones a los sindicatos.
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