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Camps y otros miembros de su gobierno declararán en mayo sobre el accidente de Metrovalencia

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El expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps comparecerá el 16 de mayo en la comisión de investigación de Les Corts sobre el accidente de Metrovalencia del 3 julio de 2006, en el que murieron 43 personas, según el nuevo calendario elaborado por el Parlamento. Este calendario, que publica el Boletín Oficial de Les Corts, cambia las fechas de las reuniones de la comisión, que desde marzo pasan de los viernes a los lunes. Ese mismo día de mayo deben comparecer, además de Camps, los exconsellers Juan Cotino y Mario Flores y el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos. Antes de esa fecha intervendrán en la comisión responsables de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Adif, Bomberos de Valencia, Urgencias médicas, Instituto Anatómico Forense y Policía Científica.

El 9 de mayo comparecerán el exsubdelegado del Gobierno Luis Felipe Martínez y la exsecretaria autonómica de Comunicación Nuria Romeral. El 23 de mayo intervendrán miembros de la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio, y el 30 de mayo, el ex director general de Radiotelevisión Valenciana Pedro García y los exdirectivos Lola Johnson y Lluís Motes. Las dos últimas sesiones de comparecencias ante la comisión de investigación, el 6 y el 13 de junio, están reservadas para extrabajadores de Radiotelevisión Valenciana y para trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat.

La comisión de investigación ha mantenido hasta ahora seis encuentros para determinar lo sucedido el 3 de julio de 2006. El nuevo rumbo que se ha dado a la comisión se nota hasta el mínomo detalle y las informaciones que avanzan los comparecientes. Sin ir más lejos, el que fuera jefe del taller Valencia Sud durante el accidente de 2006, Luis Miguel Domingo, ha revelado que borró la ‘caja negra’ registradora de eventos del tren siniestrado de acuerdo a un «protocolo» que aprendió en «un curso de formación impartido hace 17 años (1989) por la empresa proveedora». Sin embargo, insiste en que «no pasó nada raro» en su lectura en la madrugada posterior al suceso y que él estuvo «en segundo plano» junto a Policía Judicial y varios representantes de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) como la exgerente Marisa Grande.

Durante su intervención ha estado acompañado por el asesor Honrado Asensio. El exresponsable de la caja negra explica destaca que se entregó «de inmediato» a un policía nacional, y posteriormente a la Policía Judicial, y que leerla en otro sitio «hubiera requerido más tiempo y material específico«.

Inquirido por su relación con la empresa de comunicación HM Sanchis, el exjefe del taller -que declaró como testigo en 2014 en la causa judicial del accidente- ha explicado que estuvo presente en las dos reuniones del 24 y 25 de julio de 2006 para «decidir quién iba a comparecer» en la comisión de ese año, a la que facilitó «muchísima documentación», y que fue su «única participación» con la consultora. De hecho, ha resaltado que a su responsable, Jorge Feo, lo confundió «con un trabajador de las Corts».

En cuanto al libro de averías, del que ha asegurado que participó «en la creación cuando la compañía pasó a llamarse FGV», ha destacado que la Policía Judicial «no lo encontró un mes después del accidente» cuando visitó el taller donde se alojaba el convoy siniestrado. Ha detallado que se incluían tres hojas: una blanca que permanece en el libro, una amarilla que pasa al jefe de maquinistas y una azul que va al taller.

Miguel Domingo apunta que «en FGV están circulando trenes de viajeros con 50 años de antigüedad» y que, según él, «pueden hacerlo porque han sido sometidos a actualizaciones«, en sus parabrisas o en el aire acondicionado. No obstante, ha matizado que «el mantenimiento no ayuda a mejorar su fiabilidad» y que «por mucho que se revisen, llega un momento que empiezan a fallar«. Insiste en que «las modificaciones eran necesarias para seguir trabajando con las unidades» y que «no hubo relajación porque el informe pericial dice claramente que se hicieron todas las revisiones que tocaban». Según su testimonio, «los cristales no fueron causa ni consecuencia del accidente y se arrancaron por el arrastre sobre la vía».

Familiares y víctimas recuerdan la tragedia de Once ocurrida hace cuatro años en Argentina

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Víctimas y familiares de fallecidos conmemoran el cuarto aniversario de uno de los peores accidentes ferroviarios ocurridos en Argentina, la tragedia de Once, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos, con reclamaciones para que los responsables cumplan sus penas en cárceles comunes. A las 8.32 horas (11.32 GMT), el momento en el que un tren se empotró contra un andén de la transitada estación porteña de Once en febrero de 2012, sonaron las sirenas para recordar un año más a las víctimas, entre pancartas y camisetas con peticiones de «justicia» y palomas de papel colgadas de los techos.

Durante el acto central se leyeron los nombres de todos los fallecidos, a los que los cientos de asistentes concentrados en el andén de Once contestaron con voces de «presente». También hubo un pequeño homenaje musical y se leyó un fragmento de un texto del papa Francisco. «Hace exactamente cuatro años la corrupción política y empresarial nos empujaba a transitar este camino. Sin saberlo, esos minutos transformaban nuestras vidas y la historia de la nación para siempre. Bajo una mole de fierros podridos se quedaban para siempre sueños sin concretar y tantas palabras sin decir», dijo durante el acto Paolo Menghini, padre de Lucas, uno de los fallecidos.

Este es el primer aniversario después de que la Justicia emitiese las sentencias en la causa que investigaba las responsabilidades por el accidente, por la que fueron condenados los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime (2003-2008) y Juan Pablo Schiavi (2008-2012), a seis y ocho años de cárcel respectivamente. El fallo judicial, emitido el pasado 30 de diciembre, impuso además penas de cárcel para varios directivos de Trenes de Buenos Aires (TBA) -que tenía la concesión de la línea siniestrada- y estableció que Julio de Vido, ministro de Planificación durante la Presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) y de Cristina Fernández (2007-2015), también deberá ser investigado.

Sin embargo, ninguno de los condenados ha ingresado en prisión, ya que la sentencia aún no es firme. «Vamos a seguir exigiendo justicia hasta que las condenas queden en firme y hasta ver a los condenados tras las rejas y en una cárcel común», apoyó por su parte María Luján Rey, madre de Lucas y hoy también voz de los afectados.

El tribunal que juzgó la tragedia también condenó a tres años y seis meses de cárcel al maquinista que conducía el tren, Marcos Córdoba. Durante el acto, los familiares también aseguraron que buscarán que los pocos imputados que resultaron absueltos sean condenados.

Víctimas exigen que se investiguen los contratos de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago

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La Plataforma Víctimas Alvia 04155 reclaman la apertura de una investigación sobre «todas y cada una» de las adjudicaciones, operaciones y facturación para la puesta en funcionamiento de la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago, donde el descarrilamiento de un tren en julio de 2013 provocó la muerte de 81 personas y más de un centenar de heridos. La plataforma se pregunta «si también la corrupción ha contribuido a una tragedia que dejó 81 muertos y más de 140 heridos». Al respecto, alude a «los numerosos casos de corrupción» para alertar de «un problema estructural del que Renfe y Adid no parecen ser ajenos».

La plataforma de víctimas del siniestro ferroviario de Angrois señala que «visto lo visto», sería necesario proceder a una auditoría externa independiente, tanto de Adif como de Renfe, para conocer «cualquier tropelía, ilegalidad o abuso que haya podido cometerse en todos estos años, y que podría de nuevo poner en riesgo la vida de los viajeros». Basan su petición en las informaciones sobre constructoras que habrían regalado viajes de placer a exmiembros de Adif encargados de adjudicar y certificar los trabajos de la alta velocidad en Cataluña

Las víctimas recuerdan que el presidente de Adif, Gonzalo Ferré, aseguró que el sistema de frenado automático, ERTMS, habría evitado el accidente, al igual que los peritos, y que el gestor de infraestructuras anunciaba en su página web e informó a la UE de que la línea de Ourense-Santiago contaba con este sistema de seguridad en sus 87 kilómetros, incluida la curva de Angrois.

No obstante, después del accidente se comprobó que sólo estaba instalado hasta el kilómetro 80, mientras que el tramo «más peligroso» carecía del sistema ERTMS. Pese a que la plataforma lo denunció en la UE y pidió los pliegos de prescripciones técnicas y de condiciones administrativas y las facturas correspondientes, tanto al Ministerio de Fomento, como al portal de transparencia, recibió por respuesta «evasivas». «Seguimos sin información y con la sospecha de que podría ocurrir que se facturasen 87 kilómetros, mientras se instalaron sólo 80 kilómetros», alerta la plataforma de víctimas del siniestro ferroviario.

Los afectados vuelven a quejarse de que se haya cerrado la instrucción judicial y denuncian «intereses espurios por ocultar la verdad de lo ocurrido», de forma que comparan el siniestro de Angrois con casos como el del metro de Valencia, el del Madrid Arena, el del Yak-42 o el del accidente de Spanair. Denuncian «el temor que tienen el Gobierno, el PP y el PSOE, y las diferentes administraciones o la Fiscalía acerca de realizar cualquier tipo de investigación independiente, o solicitar todas las pruebas necesarias para conocer todos los detalles que causaron la catástrofe de Angrois».

Sobre los supuestos pagos de constructoras de viajes a excargos de Adif fue consultada este sábado la ministra en funciones de Fomento, Ana Pastor, durante un acto público en Redondela (Pontevedra), pero ésta se limitó a señalar que el caso es del año 2009, cuando ella aún no dirigía este departamento ministerial. «Eso es del año 2009 y tiene usted que preguntarle a quien tuviese responsabilidad en aquel entonces. Eso no me corresponde a mí», ha respondido. El gallego José Blanco dirigió la cartera de Fomento desde abril de 2009 hasta diciembre de 2011.

Las víctimas de Angrois se hacen oír en Bruselas

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El BNG lleva a las víctimas del accidente de Angrois a Bruselas para apoyar su petición de «verdad» y «que se llegue hasta el fondo» en la investigación de las causas del segundo siniestro más grave del ferrocarril español. Representantes de la Plataforma Víctimas Alvia 04155 se entrevistarán este martes con responsables de la Eurocámara y de la Comisión en materia de transporte.

Las víctimas explican que se «necesita analizar con objetividad» los motivos por los que se produjo el descarrilamiento en la curva de A Grandeira. Nadie duda de que aquel día el maquinista conducía despistado y por eso llegó al punto donde se produjo el descarrilamiento con exceso de velocidad. Pero al margen del despiste, implicados en la causa desvelan durante la instrucción judicial otras circunstancias como cambios en el proyecto original de la línea, que los afectados aseguran que fueron determinantes por la minoración de seguridad en la vía.

«Existen responsabilidades políticas y son evidentes los fallos y las deficiencias de seguridad«, aseguran las víctimas. «Muchos expertos señalan que, de estar operativo el ERTMS, el accidente no habría sido de la misma envergadura», sostiene la europarlamentaria del BNG Ana Miranda. Asegura que el Bloque «continuará demandando justicia», al entender que se lo debe «a todas las víctimas», que «merecen la verdad y que se llegue hasta el fondo».

Las víctimas harán oír su voz en Bruselas, algo que aquí no han podido hacer. El programa de la visita prevé un primer encuentro con un responsable de la Dirección General de Transporte (DG Move) de la Comisión Europea, Olivier Onidi. Será a las 10.30 horas, en la sede de la comisión.

La plataforma pidió reiteradamente, y sin éxito, al juez instructor, que ya dio carpetazo al caso, la comparecencia en sede judicial de Karel Vinck, coordinador del comité director del ERTMS, organismo de la Comisión que se ocupa de la implantación de este sistema interoperable en los diferentes estados. La denegación de esta y otras declaraciones solicitadas en calidad de testigos es parte de la argumentación del recurso de las víctimas, y también del abogado del maquinista, para el que la Fiscalía pide cuatro años como único imputado.

Los miembros de la plataforma harán declaraciones a los medios de comunicación en la parte exterior de la entrada del edificio Berlaymont (sede de la CE), sobre las 13.00 horas. Cinco horas después está previsto el encuentro con el presidente de la comisión de transporte del Parlamento, Michael Cramer; y finalmente, a las 18,45 horas, la Eurocámara podrá ver el documental ‘Frankenstein-04155’ con la presencia de su director, el ourensano Aitor Rei, con posterior debate.

La asociación de víctimas recuerda que su viaje a las instituciones europeas se producirá un año después de la presentación de dos denuncias. La primera se interpuso «por incumplimientos del estado español de la normativa que afecta a la seguridad ferroviaria y, más concretamente, a la seguridad de la alta velocidad». Las víctimas plantearon «falta de independencia de los organismos de investigación, ausencia de control de riesgos, ausencia de nueva verificación al producirse cambios sustanciales en la seguridad y ausencia de documentos que acrediten la homologación del material rodante», entre otros aspectos.

La segunda denuncia tiene que ver con el supuesto delito de publicidad engañosa, al considerarse engañados «gravemente» todos los ciudadanos «respecto a la seguridad y características de la alta velocidad». «El Ministerio de Fomento y sus empresas publicitaron de manera engañosa que los ciudadanos contábamos en ese tren y en esa línea con la última tecnología y con sistemas de conducción automática (ERTMS)», recuerdan ahora.

Las víctimas hablarán del tema con los máximos responsables de las instituciones europeas. Con Olivier Onidi abordarán precisamente el sistema de control de velocidades ERTMS, desconectado abordo del Alvia que descarriló y retirado de la línea en sus últimos ocho kilómetros por la modificación del proyecto original. Después, protagonizarán un acto «simbólico» a las puertas de la Comisión Europea. Además de las declaraciones, apuntan que han solicitado una reunión con los 54 europarlamentarios españoles.

‘Frankenstein-04155’ pesa 32 toneladas más que el modelo original del S-730

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Un accidente nunca se produce por una sola causa. La velocidad fue uno de los elementos que provocaron el descarrilamiento del Alvia en la curva de A Grandeira, pero no es el único factor que pudo influir en el siniestro. El tren pesa 32 toneladas más de lo que permite Renfe en su propia documentación, según revela el documental ‘Frankenstein-04155’. Según un avance de la cinta, el informe técnico de la operadora ferroviaria para la serie 730 del Alvia, fabricado por Talgo y Bombardier, establece que la masa total de este vehículo en plena carga puede ser como máximo 40 toneladas superior a la del 130 original, cuya tara se sitúa en 312 toneladas.

La película, dirigida por Aitor Rei, desvela que el manual de conducción del modelo de Alvia que se siniestró hace ya más de dos años a la entrada de Santiago sitúa su peso en 384 toneladas, 72 más que el 130 y, por tanto, con un sobrepeso de 32 toneladas sobre el tope fijado por la operadora ferroviaria. El Alvia incorpora dos furgones generadores -al respecto de los cuales el film denuncia un exceso de peso- después y antes de las locomotoras, y por este motivo se presenta con tres centros de gravedad.

En el argot ferroviario fue conocido desde su nacimiento como ‘Frankenstein’ y el ministro de Fomento José Blanco, en su día, lo erigió en un tipo de tren «pionero» en Europa y el mundo, por su carácter «mixto» y su capacidad de circular por ancho variable y con diesel. Es un «mamotreto», no obstante, y «un aborto de la ingeniería» que obedece «a necesidades e influencias políticas», incluso, para expertos cuyo testimonio recoge el documental, que se presentará en exclusiva a finales de este mes en la 60 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (‘Seminci’).

En en el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital gallega, esta misma semana, el juez Andrés Lago, que heredó la causa de manos de Luis Aláez, cerró el caso con el maquinista como único imputado, al que atribuye un delito de 80 homicidios por imprudencia profesional grave y 144 de lesiones. El cierre se produjo el miércoles y las víctimas, que critican que se ha hecho «en falso», respondieron con una protesta el viernes, por la perplejidad e indignación que les provoca este hecho.

Se quejan de que el magistrado rechazó admitir numerosas pruebas y declaraciones que ellos, como el abogado que defiende a Francisco Garzón, reclamaban para tratar de demostrar que en este accidente hay más responsabilidades que la del conductor. Así, al margen del despiste de Garzón, que aquel día alcanzó la curva de A Grandeira a una velocidad próxima a los 190 kilómetros por hora después de atender una llamada del teléfono corporativo, los afectados del mayor accidente ferroviario de la democracia española denuncian la merma de seguridad que, como mantenía Aláez, generaron los cambios efectuados en el proyecto inicial de la línea 082, que es la que une Ourense con Santiago.

Las víctimas hacen hincapié en que hubo avisos sobre la peligrosidad de la curva de A Grandeira, como la que hizo un jefe de maquinistas al poco de la puesta en servicio de la línea, por lo brusco de la reducción de velocidad que hacía necesaria y la escasa señalización previa, deficiencias que Lago, a pesar de su decisión, también observa.

La Generalitat valenciana quiere ‘cerrar la herida’ y recibe a las víctimas del accidente del metro

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‘Cerrar la herida’. El presidente de la Generalitat de Valencia, Ximo Puig, y la vicepresidenta y portavoz, Mònica Oltra, se han reunido este miércoles con la Asociación de Víctimas del Accidente de Metro del 3 de Julio (AVM3J), que en 2006 costó la vida a 43 personas y causó heridas a otras 47, para que «por fin puedan cerrar una herida«. Este acto pretende ser «el inicio de una reparación porque, a casi nueve años del accidente, es hora de que las víctimas del metro entren por la puerta grande del Palau de la Generalitat», explica Mònica Oltra.

Al encuentro, ha asistido la presidenta de la asociación, Beatriz Garrote, acompañada por otros miembros de la AVM3J. Según han explicado fuentes de Presidencia, en esta reunión se pretendía escuchar a las víctimas y abordar juntos los actos de este viernes, 3 de julio, cuando se cumplen nueve años del accidente. Oltra confía en poder recordar la tragedia «con una resolución en las Cortes». «El duelo tienen que poder cerrarlo y que los días 3 de cada mes que no tengan que ser tan dolorosos, que siempre lo serán, pero que lo sean menos por la parte política», ha aseverado.

La Asociación agradece al nuevo Consell que haya puesto «las primeras piedras» para reparar el «daño moral infligido por el PP», que se negó a recibirlos ni asumió responsabilidades políticas por este accidente. Según los familiares, los representantes del Consell han reiterado su petición de perdón a las víctimas del metro y han agradecido la labor cívica de la Asociación, que cree que este reconocimiento institucional «debería haberse producido hace mucho tiempo por parte de la anterior Gobierno Valenciano, el gobierno del Partido Popular, quienes lamentablemente prefirieron seguir haciendo política de partido en lugar de defender los derechos de los afectados por el accidente».

La AVM3J se muestra satisfecha porque «las primeras piedras que está poniendo el actual gobierno valenciano para reparar el trato deshonesto recibido por las víctimas del accidente de metro y poner las medidas para que un algo así no vuelva a ocurrir. Hoy hemos recibido un gesto para la reparación moral, y en el pleno del próximo día 3 se darán los primeros pasos para garantizar que nunca vuelva a ocurrir un accidente tan lamentable y una gestión tan vergonzosa», han indicado desde la asociación.

El Parlamento autonómico celebrará un pleno en el que se tratará la apertura de una nueva comisión de investigación sobre el accidente de metro, ya que «hay razones de justicia material que llaman a pedir un perdón colectivo», en palabras del portavoz del PSPV en la cámara, Manolo Mata. Tras la reunión de la Junta de Portavoces, Mata destacó que la lucha de nueve años por parte de las víctimas del accidente de metro «tiene que acabar con el perdón y la exigencia de responsabilidad, que no será de persecución, sino de la búsqueda de la verdad», y que ésta es una de las «prioridades» del nuevo Gobierno valenciano y de Ximo Puig.

Víctimas del Alvia entregan en el Congreso 115.000 firmas para investigar el accidente de Angrois

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Mientan e intentan taparlo. La plataforma ‘Víctimas del Alvia 04155’ ha presentado este martes en el Congreso de los Diputados más de 115.000 firmas para pedir una comisión de investigación y responsabilidades a los gobiernos que «tuvieron que ver» con el accidente ferroviario del Alvia en Angrois en 2013 que costó la vida a 81 personas (dos fallecieron días después a consecuencia de las heridas).

Con estas 115.000 firmas, los afectados reclaman su derecho a «conocer todos los datos y a todos los responsables de seguridad» de un accidente «evitable«; y «el derecho a exigir responsabilidades políticas» a los gobiernos que han tenido que ver con el sinistro, PP y PSOE». «Exigimos que no sigan premiando a los responsables políticos del Ministerio de Fomento y de las empresas públicas con puestos cada vez de mayor relevancia», reclama el comunicado al que ha dado lectura Javier García, portavoz de la plataforma y padre de Curro García, fallecido a los 27 años en el accidente que tuvo lugar el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela. Las víctimas han mantenido una concentración en la Plaza de Neptuno, antes de proceder a la entrega de las firmas. «Se está tapando, se está ocultando y se está mintiendo, como mintió el presidente de Adif cuando dijo que la línea no era de Alta Velocidad. Están mintiendo para taparlo», denuncia la asociación.

Las víctimas señalan a los «responsables políticos» que han sido «premiados» , entre los que figuran, según aseguran, el exministro de Fomento socialista y actual eurodiputado, José Blanco; el exsecretario de Estado ‘popular’ y actualmente ministro de Justicia, Rafael Catalá; el expresidente de Renfe y actualmente secretario de Estado del Ministerio de Fomento, Julio Gómez-Pomar; o el expresidente de Ineco y actualmente presidente de Renfe, Pablo Vázquez. La treintena de afectados han estado acompañados por los disputados del BNG Rosana Pérez; de la Izquierda Plural, Ascensión de las Heras; y de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, en representación de sus Grupos.

Los afectados portaban pancartas con fotos de varios de los políticos a los que culpan de su situación, acompañadas por el lema ’81 fallecidos y más de 140 heridos. Accidente de Santiago. Niegan Comisión de Investigación’, también reclaman «el deber del Gobierno y del PSOE de pedir perdón y dar a las víctimas una explicación por las negligencias, mentiras y chapuzas cometidas en la Alta Velocidad de Galicia». «Lo único que quieren todos ellos es, como han hecho desde el principio, ocultar la verdad, negar la evidencia, tapar a los responsables y no poner en riesgo el negocio de la Alta Velocidad», lamenta García.

Los afectados reclaman con las firmas recogidas «la creación de una comisión de investigación parlamentaria donde se depuren responsabilidades políticas» y «que el Gobierno y el PSOE pidan perdón y destituyan inmediatamente de sus cargos a todos aquellos que ocuparon puestos de responsabilidad en Fomento y en las empresas públicas Renfe , Adif e Ineco, cuya mala gestión, inacción o negligencia permitió que se produjera esta tragedia».

«Se ríen de nosotros», dicen indignadas las víctimas del accidente de Angrois, al ver un único imputado

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Indignadas. «Se están riendo de nosotros». Las víctimas del accidente de Angrois están muy enfadadas. No les satisface la decisión del juez que ha decidido inculpar únicamente al maquinista del Alvia por el accidente que causó la muerte de 79 viajeros el 24 de julio de 2013, y dejar sin efecto las de 12 cargos de Adif.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, no ha compartido la visión del juez Luis Aláez acerca de que con más medidas de seguridad se habría evitado un siniestro previsible, por lo que ha dejado sin efecto las imputaciones a las personas que formaban parte de la cúpula de la empresa pública en 2011, cuando se puso en servicio la línea entre Santiago y Ourense.

«Estamos indignados y tristes con este tema. Lo que no entendemos es que cuando los peritos señalan responsabilidades porque hubo un cambio de proyecto y se desconectó el sistema ERTMS, la Audiencia retira la imputación a los responsables«, destaca uno de los portavoces de la Plataforma Víctimas Alvia 01455. Jesús Domínguez explica que siempre intenta creer en la Justicia, «pero cuando se llega a altas instancias, se ve que están politizadas y no es independiente». «Las responsabilidades políticas no se asumen«, afirma, en alusión a su reiterada reclamación de apertura de una comisión de investigación, que ha sido rechazada tanto por el PP como por el PSOE en Madrid. «Es una vergüenza, se ríen en la cara de las víctimas, como en el caso del metro de Valencia», sostiene. «Sabemos que el maquinista tiene parte de culpa y, de hecho, es el único que lo ha reconocido y ha pedido perdón», pero cree que debe haber más inculpados.

La otra de las asociaciones constituidas tras el siniestro, la Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario del Alvia (Apafas), apunta que sus abogados estudian qué medidas tomar, después de un auto que era «esperado» pero llega «tarde» y con el que, lamenta, «el juez se queda solo». Su portavoz, Cristóbal González, critica que el auto de los magistrados, que atienden al recurso interpuesto por la Fiscalía y la Abogacía de Estado, haya «tardado tanto». «Es un tiempo que se ha perdido. Nos han dejado con la lejana esperanza de que resolviese a nuestro favor y ahora tenemos que acelerar el proceso«, subraya. «Estamos convencidos de que la única causa no ha sido el error humano y ha habido otros elementos que podrían haber evitado el accidente. El ERTMS, las balizas, la señalización, el tren , el trazado de la curva, el tiempo de aviso para reducir a 80 kilómetro por hora…», dice el representante de Apafas.

Ambos apuestan por continuar peleando para que se sepa la verdad sobre las causas del descarrilamiento, «en la vía judicial y en la indemnizatoria», según llama la atención González, y también en Europa, a donde la plataforma de Domínguez llevará las supuestas irregularidades del Estado español en materia ferroviaria.

El maquinista, Francisco José Garzón Amo, es en este momento, y de nuevo, el único imputado, después de que la Audiencia Provincial de A Coruña, ya en otra ocasión anterior, exonerase a los miembros del consejo de administración del gestor ferroviario Adif y a los cinco técnicos responsables de la seguridad en la circulación. La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, cree que no hay base normativa «que permita entender» que la ausencia de instalación de ERTMS, el sistema que supervisa de modo constante la velocidad del tren en la infraestructura, suponga una «infracción de un deber legal». Los magistrados concluyen que la ausencia de ERTMS evidencia una conducta peligrosa, pero matizan que si este riesgo se mantiene dentro de un nivel «que haya de considerarse permitido», no existe una infracción del deber de diligencia.

Del maquinista, indican que es «sencillamente absurdo» que por su experiencia profesional, puesto que conducía ese tren desde hacía meses, tuviese duda alguna sobre cuáles eran sus obligaciones o acerca de qué normativa había de cumplir, sobre todo, en lo relativo a que tenía que llegar al punto de cambio de velocidades con ésta rebajada.

Víctimas del accidente del metro recuerdan al Gobierno que debe proteger a los ciudadanos

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Tercer día de mes. Como cada día 3 la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J) acudirá a la plaza de la Virgen de Valencia para «exigir justicia» y que los encargados de la seguridad en la Línea 1 de MetroValencia «asuman su responsabilidad» por el accidente de de 2006 que causó la muerte de 43 personas y heridas a otras 47.

«El hecho de coger un transporte público no puede ser causa de muerte», afirma la asociación en un comunicado quien cree que la Generalitat «debía haber garantizado la seguridad» en la circulación ferroviaria, y, «si no cumplió con su deber, debe responsabilizarse por ello». Los asociados quieren recordar hoy que el Gobierno central «está obligado» a proteger a los ciudadanos cuando exista un riesgo para su vida, así como de realizar una investigación del accidente «eficaz y con todas las garantías».

La Asociación de Víctimas del Metro recuerda que el artículo segundo del Comité Europeo de Derechos Humanos recoge la obligación de los Estados de proteger a los ciudadanos cuando exista un riesgo para su vida», así como la de realizar «una investigación eficaz» en caso de accidentes como el de Valencia. En esa investigación, las autoridades han de emplear «todas las medidas a su disposición para conseguir los elementos de prueba pertinentes», y asegurar a los ciudadanos «su derecho a un proceso con todas las garantías, un juez imparcial y a la custodia de pruebas». También recuerda que la investigación debe conciliar el derecho a la vida de las víctimas con la obligación del Estado de «procesar y castigar a quienes resulten responsables». «Si nuestros gobernantes no cumplen con su obligación, aquí estamos nosotros para recordarles esta obligación que es nuestro derecho», advierten la Asociación.

Varias asociaciones se han unido y creado la Red de víctimas españolas denominada ‘Revés’, nombre que «simboliza el revés que sufren las vidas de las víctimas de catástrofes», siendo «la mayoría de veces sus familias doblemente victimizadas al tener que añadir al dolor por la pérdida humana la frustración e impotencia que supone el abandono del Gobierno». La Plataforma ‘Revés’ surge, según han añadido, de la «necesidad de reparar los errores cometidos por los Gobiernos contra los ciudadanos afectados por una catástrofe, y garantizar sus derechos».

Preguntas, quejas, malestar y dolor al cumplirse un año de la tragedia ferroviaria de Angrois

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Un año. Y siguen las preguntas. Y se mantienen las quejas. No hay aún respuestas para conciliar a las víctimas. Hoy es un día para el recuerdo. Con dolor y rabia. La plaza del Obradoiro concentrará a los miembros de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, una de las dos asociaciones de afectados por el accidente de Angrois. La cita será a las 11.30 horas. El colectivo se siente «obligado» a realizar dicha concentración, después de 12 meses de «mentiras» y sin que «ningún responsable haya dimitido».

«No queremos que instrumentalicen el dolor los mismos que se niegan a hacer una comisión de investigación y no colaboran para que se sepa la verdad y se depuren responsabilidades de todo tipo», asevera el colectivo que se opone a la entrega de condecoraciones en esta fecha y a recibir una, «porque -subraya- las víctimas lo único que hicimos fue subir a un tren que no cumplía las mínimas condiciones de seguridad«.

Al cumplirse un año del descarrilamiento del Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol continúan sin conocerse los motivos del accidente que costó la vida a 79 personas y dejó a 146 heridas. La investigación se ralentizará aún más ya que Andrés Lago, el juez instructor del caso desde que su predecesor Luis Aláez pidiera el traslado el pasado junio a un tribunal de lo penal, ha solicitado una moratoria para estudiar el expediente del caso. Sobre la mesa tiene un sumario que ya alcanza los 47 tomos y más de 20.000 folios.

Trece personas permanecen imputadas. El principal encausado es el maquinista, Francisco José Garzón Amo, al que se acusa de 79 delitos de homicidio imprudente. El propio Garzón reconoció en su declaración pocos días después de la tragedia «el despiste» que le llevó a circular a 179 kilómetros por hora en una zona limitada a tan solo 80. También admitió que hablaba por teléfono unos instantes antes del accidente.

Pero la investigación judicial mantiene la hipótesis de que Garzón no es el único responsable. Además del maquinista, ha imputado a doce exdirectivos de Adif por un delito contra la seguridad colectiva y como presuntos partícipes en los de homicidio y lesiones. Aláez les atribuye la negligencia de que en el tramo de Angrois donde se produjo el accidente no estuviera activo el sistema de conducción ERTMS, que hubiera frenado el convoy ante el exceso de velocidad del conductor.

En contra de la opinión de las acusaciones, la Plataforma Víctimas Alvia 04155 defiende la culpabilidad de los exdirectivos de Adif. Su abogado, Manuel Alonso, apunta a la empresa pública e insiste en que con el ERTMS el tren no se habría salido de la vía, opinión que han corroborado varios peritos. Por su parte, el letrado de Garzón, Manuel Prieto, también es partidario de mantener la imputación de los exdirectivos.

La Plataforma Víctimas Alvia 04155 ha anunciado que no acudirá a los actos de homenaje que se celebrarán este jueves en la Catedral de Santiago y en Angrois, el barrio donde se produjo el siniestro. En su lugar se concentrarán en el monte Gaiás, en Santiago, a modo de protesta contra la Xunta de Galicia. El otro colectivo de víctimas, la Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario del Alvia de Santiago (Apafas) muestra una postura menos beligerante y sí acudirá a los actos de homenaje. Aunque ha expresado su voluntad de que los cargos públicos «no monopolicen» la ceremonia y que se tenga a los afectados en «la consideración que merecen».