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Era de esperar. El clamor popular reclamaba una respuesta ante la tragedia. La presidenta argentina, Cristina Fernández, designó ayer un nuevo secretario de Transportes, tal como había pedido la oposición e incluso un sector del oficialismo, tras la tragedia ferroviaria que dejó 51 muertos y en medio de un polémico debate sobre el transporte público en el país. Alejandro Ariel Ramos, un intendente municipal de 36 años, sustituirá a Juan Pablo Schiavi, que renunció al cargo mediante una carta dirigida a la presidenta en la que adujo «estrictas razones de salud» para dejar su cargo.

Schiavi recordó en su carta que aún convalece de la angioplastia a la que fue sometido la pasada semana y que requerirá de 60 días de reposo. Su sucesor, un auténtico desconocido para la mayoría de los argentinos, es un abogado, kirchnerista, de la confianza del ministro de Planificación, Julio De Vido, considerado hasta ahora uno de los hombres fuertes del Gobierno de Fernández. Ramos fue reelegido el pasado octubre como intendente municipal de Granadero Baigorria, en la provincia de Santa Fe (centro), y pedirá excedencia para asumir su nueva función.

Fernández ha acometido el relevo en Transportes catorce días después del accidente de tren que dejó medio centenar de muertos y más de 700 heridos en Buenos Aires y que se convirtió en una de las mayores tragedias ferroviarias del país. La oposición y un sector del oficialismo habían pedido el cese de Schiavi por unas polémicas declaraciones en las que atribuyó la magnitud del siniestro a la costumbre de los viajeros de copar los primeros vagones y comentó que si hubiera ocurrido en festivo se habría reducido el número de víctimas.

El ya exsecretario tiene prohibido salir del país por orden del juez que investiga las responsabilidades del siniestro, Claudio Bonadío, y que ha aceptado la petición del Gobierno de presentarse como querellante en el proceso judicial.

El accidente, que destapó las graves deficiencias del transporte colectivo y la falta de control del Estado sobre el servicio concesionado, ha desgastado la figura de la presidenta, que tardó cinco días en comparecer en público para hablar del siniestro y seis en intervenir Trenes de Buenos Aires (TBA), la empresa concesionaria de la línea accidentada. TBA, propiedad de los hermanos Cirigliano, es uno de los grupos de transporte más poderosos del país y su nombre se relacionó con el exsecretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime, antecesor de Schiavi, y hoy investigado por presunta corrupción.

Medios locales sostienen que las encuestas que se manejaron en el entorno de la Presidencia días después del accidente arrojaron una caída en la imagen de Fernández y un malestar generalizado por el manejo de la tragedia. En medio de la polémica por las pésimas condiciones del servicio ferroviario tras el siniestro, la presidenta se enzarzó en un enfrentamiento con el alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, por la responsabilidad sobre la red de metro (‘subte’) de la ciudad. Fernández ha llevado ante la justicia a Macri por romper unilateralmente un acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la administración municipal el pasado enero para que el Ayuntamiento asumiera la gestión del metro.

El conflicto estalló el lunes, cuando el jefe de Gobierno porteño renunció a asumir la transferencia del servicio de metro, utilizado a diario por más de un millón de usuarios en Buenos Aires, y ha reclamado para su gestión más inversiones y fondos públicos. La polémica entre ambas administraciones ha llegado a tal punto que Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Argentina, hizo el martes un llamamiento a la «madurez política e institucional».