Alea jacta est. Luz verde a la polémica división de Renfe en cuatro sociedades filiales que empezarán a operar el 1 de enero de 2014, enmarcada dentro del proceso de liberalización del transporte ferroviario de pasajeros. El siguiente paso será la aprobación de esa segregación por parte de la propia compañía a finales de octubre, lo que la convertirá en un ‘holding’ con entidades distintas para cada actividad. Así habrá cuatro sociedades: el referido transporte de viajeros -que la Comisión Europea obliga a abrir a la competencia con el sector privado antes de diciembre de 2019, si bien el Gobierno pretende anticiparse a ese plazo-, transporte de mercancías, fabricación y mantenimiento de trenes y, por último, alquiler de material rodante.
El proyecto liberalizador -en el que aún queda pendiente de resolver el futuro de Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias que también podría quedar dividido en dos sociedades– ha recibido el rechazo generalizado de los sindicatos, entre otras cosas porque incluye la salida ya este mismo año de 500 empleados de Renfe, lo que supone un 4% de la plantilla actual de 14.900 personas. Se hará a través del expediente de regulación de empleo (ERE) «universal y voluntario» que ya está en marcha en la empresa tras recibir el visto bueno de la comisión formada por el Ministerio de Fomento y el de Empleo.
Sigue sin clarificarse las condiciones económicas con las que se irán, dado que Renfe ha anunciado que no entrará en detalles hasta que se abra formalmente la negociación del ERE, aunque no descarta que pueda haber «despidos» directos si no se alcanza la cifra prevista. Fuentes sindicales, no obstante, apuntaron que a priori se contemplan tanto prejubilaciones como bajas incentivadas con 20 días de indemnización por año.
Los sindicatos se muestran muy preocupados porque la compañía no prevé sustituir esas plazas con nuevos trabajadores -aunque tengan sueldos menores-. De todas formas, creen que, en caso de planteárselo, sería a costa de reducir la compensación para las bajas que se registren. Su temor es que, en la práctica, se busque una reducción de empleo y de producción, sensación que se ha visto acrecentada tras las «falsas promesas» de negociación recibidas, critican.
Las posiciones en estos momentos están claramente distanciadas. Las intenciones del Ministerio de Fomento, como responsable último de Renfe, y las propias centrales están en las antípodas. Los sindicatos denuncian que «la amenaza de privatización de los servicios ferroviarios es ya una realidad» y se quejan de que la anunciada internalización de cargas de trabajo (que podrían salir fuera de la compañía con este proceso) «sigue siendo un mero canto de sirena». La respuesta gubernamental es que la vía del diálogo sigue abierta y que se tratará de buscar «el mayor consenso posible» con los representantes de la plantilla, aunque en la práctica apenas ha habido avances en este sentido.
La principal de las nuevas sociedades que se van a crear, Renfe Viajeros, echará a andar con un valor de 2.386 millones de euros, algo más de la mitad de los 4.360 millones de deuda que arrastrará en sus cuentas desde su nacimiento. Buena parte de ese pasivo está vinculado con los nuevos trenes que ha ido adquiriendo la operadora en los últimos años; de hecho, el grueso (84%) del endeudamiento que soporta en la actualidad la empresa matriz: 5.164 millones.
Los ingresos previstos de Renfe Viajeros son de 2.000 millones de euros ya en 2014 -su primer año de funcionamiento-, y otros 1.000 más en el horizonte de 2020. Las otras tres sociedades que se formarán son Renfe Mercancías, Renfe Alquiler de Material Ferroviario y Renfe Mantenimiento y Talleres.
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